El Juglar de la Red
Desde la visión de la presidencia de la República, los políticos que se encuentran presos por actos de corrupción cometidos durante su estancia en el poder, en realidad son presos políticos, víctimas de una persecución, blancas palomas que se convirtieron en objeto de venganza por quienes les sucedieron en el poder.
El caso más ejemplificante de esa visión es el de Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, quien recién salió del Reclusorio Oriente para enfrentar los dos procesos judiciales federales en libertad, sin que eso signifique este exonerado, pero además con varios procesos locales que lo pueden llevar de nuevo a la cárcel.
Padrés Elías estuvo 2 años, 2 meses y 21 días en la cárcel, un tiempo relativamente corto si se considera que su desaseada administración en Sonora genera efectos que van a durar muchos años más.
El ex gobernador de Sonora, llegó a presumir una riqueza exultante: sembradíos de nogales en un rancho de su propiedad donde también construyó una presa la que finalmente dinamitó; caballos de raza con valor de varios millones de pesos; caballerizas con clima artificial e instalaciones para adiestrar equinos dignas de un jeque árabe; cuentas millonarias de sus hijas e hijos; incluso su defensa legal es una de las más costosas que una figura pública hubiera contratado en Sonora.
No hay forma de explicar esa riqueza porque antes de asumir el Gobierno de Sonora, Padrés Elías era un político cuyas empresas familiares estaban “quebradas”; lo acosaban los cobradores y enfrentaba varios procesos de embargos.
Durante los seis años de su gobierno (2009-2015), no solamente Guillermo Padrés se embolsó miles de millones de pesos; muchos de sus funcionarios también se beneficiaron de sus posiciones gubernamentales para obtener dinero público o ligado a negocios ilícitos cometidos con socios, amigos y compadres.
Destacan los casos de Jorge Morales Borbón, en Secretario Comunicación Social a quien se le acusó de extorsión y durante un año estuvo en la cárcel con un proceso que aún continúa; Roberto Francisco Ávila Quiroga, quien fuera Coordinador de Auditoría Fiscal también fue detenido tras comprobarse favores especiales para empresas de amigos y socios de Guillermo Padrés, se estima que operó “perdones fiscales” para 574 contribuyentes en un desfalco estimado en 705 millones de pesos, todo con la venia del ex Gobernador.
El ex Secretario de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomani, también fue detenido, este por utilizar recursos de programas de apoyo al campo para beneficiar a sus empresas y a las de sus familiares.
El hijo de Guillermo Padrés, Guillermo Padrés Dagnino también fue detenido el mismo día que su padre fue internado en el Reclusorio Oriente, se le acusó de los delitos de lavado de dinero y defraudación agravada, aunque resulto exonerado y recuperó su libertad varios meses después.
El empresario Mario Humberto Aguirre Ibarra también fue detenido y sus declaraciones ante la PGR fueron los argumentos más sólidos para mantener a Guillermo Padrés en la cárcel; Aguirre Ibarra fue uno de los empresarios que entregaba “moches” a cambio de ganar las licitaciones para la elaboración de los uniformes escolares que el gobierno de Sonora entrega de manera gratuita a los estudiantes.
También fueron detenidos por distintas razones el ex secretario de gobierno, Roberto Romero López; el apoderado legal de Guillermo Padrés, Mario Ramón Olivarría Mendoza a quien se le acusó de lavado de dinero, depósitos de dinero en triangulaciones internacionales y delincuencia organizada; su ex secretario de Hacienda, Carlos Manuel Villalobos Organista también fue asegurado por autoridades de Estados Unidos.
El Secretario particular de Padrés Elías, Agustín Rodríguez también enfrenta procesos penales y se ha salvado de pisar la cárcel gracias a que tuvo fuero como diputado federal.
Para Sonora, el gobierno de Guillermo Padrés fue un festín de corrupción; que ahora salga libre solamente pueden festinarlo quienes fueron beneficiados de esos actos ilegales y ya se han exhibido.
En Sonora, a diferencia de la expresión del presidente López Obrador, no se considera exista una persecución política en contra de Guillermo Padrés, lo que hay es un marcado agravio social ante un personaje al que se le han “congelado” bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias con valor de más de 600 millones de pesos.
Guillermo Padrés Elías jamás fue un preso político, en todo caso fue un político preso al que el nuevo gobierno le abrió las puertas de la cárcel para que disfrute toda la riqueza que logró como gobernante.
Lo anterior deja el antecedente de que otros políticos en condiciones similares pueden sonreír ante la actitud benigna de la 4T.
Rafael Cano Franco es reportero y conductor de noticias, además preside el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.
