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Indicador Político:

Si se parte de la certeza de que el presupuesto de egresos de la federación es política pura, entonces los jaloneos por la distribución de los dineros entre grupos corporativos organizados y la asignación directa podría ser el primer gran paso de la 4T para construir su propio sistema político.
En los hechos, se estaría pasando del corporativismo cardenista de organización de las clases en gremios subordinados al Estado a un presidencialismo unitario de relación directa con los beneficiarios. El primero constituyó la estructura de organización del PRM en tres sectores –el militar fue disuelto en 1941– que representaban a las clases obrera, campesina y profesional, base de organización del partido del Estado para negociar con la clase empresarial burguesa, pues el PAN como oposición a la Revolución Mexicana nació después de la expropiación petrolera.
El modelo de corporaciones de clase dentro del partido del Estado constituyó la fuerza política y social operativa del presidencialismo, pues enfrentaba a las diferentes expresiones de la burguesía. Pero el corporativismo fue eliminado por el neoliberalismo para sacar al presidencialismo del arrinconamiento de intereses. El último que usó el corporativismo como instrumento de lucha contra la clase empresarial fue Echeverría.
Los organismos de intermediación del Estado eran funcionales al modelo sistémico mexicano con el PRI como la caja negra –propuesta de David Easton– en cuyo seno se resolvían las contradicciones y disputas para llegar resueltos al ejecutivo. En este sentido, el presidencialismo mexicano se fortaleció por facultades constitucionales o metaconstitucionales o de fuerza autoritaria, pero también por la existencia de cuando menos dos instancias de intermediación: las corporaciones sociales y las cámaras industriales. De manera paralela, el Estado tuvo otro espacio de intermediación social: las organizaciones sociales que derivaron en organismos autónomos del Estado y en organizaciones no gubernamentales con poder de negociación con las instituciones.
En este contexto, el presidencialismo fue reduciendo su movilidad atrapado en una pinza de grupos sociales corporativos y organizaciones sociales. Y la reestructuración del presidencialismo lopezobradorista en el modelo de Estado unitario –centralizado, sin intermediaciones grupales– tiene que pasar por la anulación de interlocutores y la negociación directa con los beneficiarios del gasto público.
Este modelo político es el que explica la decisión presidencial de eliminar los organismos de intermediación de la presidencia con la sociedad, lo mismo en derechos humanos que en asignación de gasto. El enfoque presidencial tiene toda la razón: los organismos autónomos se burocratizaron y convirtieron en constructores de poderes fácticos reales y las agrupaciones sociales de intermediación también derivaron en grupos de presión ajenos a sus representados. Lo que queda por ver es la eficacia de un presidencialismo unitario manejando todos los asuntos del Estado de manera directa.
El debate del gasto no debería centrarse en las organizaciones campesinas que quieren intermediar el gasto al campo, sino en la reasignación del gasto para quitarles a unos y dárselos a otros. La decisión presidencial enfatiza en disminuir salarios, prestaciones y plazas, para aumentar el gasto asignado a sus programas asistencialistas a sectores vulnerables no productivos.
Pero el modelo de la cobija de zapa –versión Balzac– aporta datos de que esas reasignaciones no constituyen multiplicadores de demandas y por tanto no incidirán en el crecimiento ni en la producción. El PIB de 0.0 a -0.5% para 2019 y de 0.5 a 1% en 2020 no creará empleo ni bienestar; peor aún, tampoco aportará fondos fiscales para éstos y otros programas.
Los problemas de estructura del sistema se están probando en la realidad: los grupos campesinos de representación corporativa están usando la presión social de sus agremiados para doblar al Estado. De ahí que el conflicto entre organizaciones y el presidente López Obrador va a constituir la primera prueba de fuerza de la 4T, pero al mismo tiempo tendrá que mostrar mecanismos de relaciones sociales directas que fortalezcan al Estado.
Lo mismo ocurrirá con los organismos autónomos: la CNDH, el INE y otros se burocratizaron y se convirtieron en propiedad de una casta de poderes fácticos con recursos crecientes del Estado; su reorganización era necesaria, pero el riesgo está a la vista: convertirlos en apéndices del Estado unitario que no respondan a intereses sociales; es decir, pasar de una dependencia a otra, aumentando los problemas de movilidad de la presidencia de la república.
 
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Política para dummies: O la política es no ver… viendo.
 

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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Agenda México-EE. UU. (1): narco como seguridad nacional y soberanía

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Carlos Ramírez*

 

A Jorge Suárez Vélez y

a la memoria de la tía Tere

Si en el gobierno del presidente Joseph Biden van a regresar los viejos halcones de la política de inteligencia, seguridad nacional y espionaje, entonces el narcotráfico será en los próximos cuatro años el problema número uno en las relaciones de la Casa Blanca con Palacio Nacional.

Los otros temas de la agenda –cambio climático, comercio internacional, migración centroamericana y mexicana, inestabilidad geopolítica en América Latina y el Caribe, penetración de China, Irán, Rusia y Corea del Norte en la región y el ciclo populista– pasarán a segundo término. En esa agenda la Casa Blanca suele no negociar con los países involucrados.

En las primeras semanas podrían conocerse los marcos de referencia de las agencias de seguridad en el sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca y el margen de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional. A nivel de gobierno operan las estructuras de alta burocracia en el área de inteligencia, seguridad nacional y defensa.

Los responsables de esas áreas regresarán a recuperar el espacio de reflexión, inteligencia y acción que les negó el presidente Trump por desconfianza y porque sólo saben operan en lógicas intervencionistas y bélicas, en tanto que él como empresario prefería el campo de batalla del comercio y la economía. En los cuatro años de gobierno Trump tuvo a cinco jefes de inteligencia nacional –la oficina que coordina y de manera supuesta controla a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares– y cuando consejeros de seguridad nacional, ambas dependientes de manera directa de la Casa Blanca.

La agenda de narcotráfico EE. UU.-México se mueve en tres parámetros: la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente en turno, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Estrategia de Control de la Frontera Sur. Las tres son injerencistas. Y el presidente Biden envío ya un mensaje codificado; la designación de la embajadora Roberta Jacobson –el último año de Obama y los dos primeros de Trump– como czar de la frontera México-EE. UU., aunque adscrita a la oficina de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional. La primera clave se localiza en la función no policiaca sino estratégica-política de la funcionaria.

La estrategia de la Casa Blanca en el tema del narco tiene dos puntos fundamentales: el combate a las adicciones dentro de los EE. UU. y la persecución de los cárteles en sus madrigueras de sus países de origen. En este escenario se deben analizar las relaciones de seguridad de Washington con Ciudad de México: el papel de la DEA dentro de México, ahora mismo en operaciones oficiales y secretas para atrapar y llevarse a los EE. UU. al Mencho, presunto jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y responsable en el Cártel de Sinaloa del área de drogas sintéticas de fentanilo que están matando a consumidores estadunidenses.

De ahí que buena parte de las relaciones bilaterales se vayan a redefinir en el tema del narco en dos campos: el de la cooperación mexicana para permitir el funcionamiento de la DEA sin restricciones –aunque cuidando no cometer errores como el del general Salvador Cienfuegos Zepeda– y el de las nuevas relaciones entre los ejércitos de los dos países y ahora con el dato mayor de que el secretario de Defensa de la Casa Blanca es un general que tuvo hasta hace poco mandos operativos en Irak y Afganistán y con poca experiencia en el manejo de la burocracia civil y sobre todo legislativa.

Si los EE. UU. han otorgado al tema del naco un rango de seguridad nacional estratégica, en México el tema del crimen organizado se mira como policiaco. Sin embargo, el impulso desde la Cancillería mexicana a reformas a la Ley de Seguridad Nacional para meter en cintura a los agentes antinarcóticos estadounidenses significó un salto cualitativo al asumir las relaciones de seguridad con nuevos marcos referenciales de una doctrina de seguridad nacional estratégica de México para salirse del paraguas condicionante de la seguridad nacional de los EE. UU.

En este sentido, las nuevas relaciones México.EE. UU. en la agenda López Obrador-Biden son más estratégicas que policiacas, tienen que ver con la soberanía y por primera vez involucran las doctrinas de Estado en defensa nacional, autonomía militar y, sobre todo, control estricto sobre la soberanía ante los abusos de las agencias de espionaje de Washington.

 

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Política para dummies: La política es un juego del gato y el ratón, donde la clave está en el perro.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- En el capitolio, ruptura del consenso imperial

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Carlos Ramírez* 

Ya habíamos aprendido, en relecturas de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso de hace casi 2,500 años, que las grandes potencias crecen cuando hay unidad interna de objetivos y se derrumban cuando comienzan las divisiones en la sociedad. Ahora se calificó la protesta del 6 de enero como “terrorismo doméstico” y los demócratas preparan leyes para criminalizar el disentimiento.

Los EE. UU. se cimbraron en 1967-1972 con las protestas internas contra la guerra de Vietnam, aunque en 2001 Bush Jr. encontró la salida de unidad del consenso interno al convertir al terrorismo radical islámico como el gran enemigo histórico del imperio. Hoy el presidente Donald Trump le ha dado sentido irreconciliable y conflictivo al modelo bipartidista que ha promediado 60% demócratas y 40% republicanos, con periodos de republicanos en la presidencia.

Pero lo que era un modelo pendular –oscilando presidencias demócratas y republicanas– se descompuso en la confrontación violenta. El asalto de hordas de la ultraderecha al Capitolio fue operado con el objetivo de provocar una crisis constitucional al impedir el proceso de votación de colegios electorales para convertir de manera oficial al demócrata Joseph Biden en presidente electo. Ahí reventó el modelo conciliatorio bipartidista de democracia representativa dominada por los lobbies de poder real.

La peor crisis de protestas sociales contra la guerra en Vietnam ocurrió en dos tiempos. En 1967 miles de jóvenes irrumpieron en las instalaciones centrales del Pentágono en Washington –entonces con poca vigilancia restrictiva–, llegó al colapso con el bonzo que se prendió fuego en el estacionamiento principal de esas oficinas y en 1968 con las protestas contra la convención presidencial demócrata en Chicago en 1968 y el arresto de siete dirigentes juveniles que fueron juzgados, hecho acaba de revivir en la película “El juicio contra los siete de Chicago”. La protesta juvenil fue el punto de inflexión que mostró que la participación estadunidense se enfilaba a un fracaso y la salida nada elegante de las tropas en 1973.

Los comportamientos de los seguidores de Trump no inventaron alguna forma nueva de protesta; sólo dejaron asentado que no eran de exhibición. sino que buscaron crear una crisis constitucional al impedir la consolidación de los tiempos legales de la victoria de Biden.

Detrás de las protestas no hubo sólo el enojo de los seguidores de Trump y la reacción esperada al discurso del presidente azuzando a la turbamulta, sino la expresión de signos de ruptura. No se necesita invocar indicios de una latente guerra civil –que algunos han hecho–, ni advertir que esa violencia en el Capitolio mostró la ineficacia de las reglas institucionales de la democracia, ni ver en directo el agotamiento de la vieja cortesía en la que el candidato derrotado “concedía” la victoria a su adversario, inclusive en aquel incidente que pudo haber llevado a la ruptura en el 2000 cuando la elección llegó a la Corte Suprema y el demócrata Al Gore hubo de aceptar, sin convencimiento, su derrota para evitar las fracturas al régimen político.

Ahora hemos visto el choque interno entre masas armadas con los representantes del modelo de democracia de lobbies. Y la respuesta demócrata alimento los indicios de quiebra del acuerdo fundador de la nación: el juicio contra Trump sin aportar investigaciones o procedimientos político-judiciales, sino sólo con informes periodísticos y enojos de la líder demócrata Nancy Pelosi.

Lo de menos será la imposibilidad práctica, por tiempos políticos, para completar un verdadero procedimiento de impeachment legal, sino con el afán de bloquear por anticipado cualquier posible intento de Trump por querer regresar a alguna estructura de poder por la inhabilitación del juicio político. Nada más antidemocrático que usar las leyes políticas para cerrar el espacio a la competencia y participación entre diferentes posiciones políticas e ideológicas.

Si el sistema político estadounidense se declara, en los hechos, incapaz de resistir otra participación directa de Trump, entonces ese régimen carece de legitimidad. Y de nada servirá que el presidente en funciones Biden, a partir de hoy 20 de enero, trate de bloquear el juicio contra Trump, aunque no por voluntad democrática sino para sentar las bases de una unidad nacional que quedó inservible el pasado 6 de enero.

La imagen de la catedral simbólica de la democracia estadunidense, el Capitolio donde se cocinan las grandes intervenciones, guerras y avales para derrocar otros gobiernos, siendo asaltada por turbas violentas sin sentido de guerra civil quedará para las argumentaciones externas cuando la Casa Blanca quiera intervenir en procesos políticos en otros países. Los EE. UU. como faro de la democracia perdieron valor y presencia, porque el colapso provocado por Trump seguirá un tiempo más si acaso Pelosi quiere ir hasta el fondo con la inhabilitación o si Trump quiere regresar a la política de manera atrabancada.

La fuerza política en el exterior de los EE. UU. estaba en el consenso interno, aún de los sectores progresistas que a veces con rubor rechazaban la exacción de recursos de otras naciones o las decisiones para derrocar gobiernos o los casos de líderes políticos asesinados en aras de una estabilidad autoritaria. Esos sectores progresistas, en el poder, disfrazaban radicalismo con reformas sociales populares y sociales, aunque siguieran explotando a naciones pobres para consolidad su american way of life.

La crisis del 6 de enero fue una quiebra del consenso interno y no se ve en el corto plazo algún liderazgo que logre pegar los pedazos rotos en el Capitolio.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Biden: unidad interna… para reconstruir el imperio; “ya no nos temen”: halcones

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Carlos Ramírez*

Si la lectura progresista del mensaje del presidente Joseph Biden en torno a la unidad interna se leyó en modo Trump, en realidad el sesgo más importante radica en el hecho de que la fractura social doméstica le restólegitimidad al papel de los EE. UU. como el imperio dominante mundial.

A eso se refirieron, en septiembre pasado, los casi quinientos exfuncionarios de inteligencia, seguridad nacional y defensa de los EE. UU. cuando circularon una carta de apoyo al modelo de política exterior dura de Biden, frente al repliegue blando de Trump. En el texto de esa misiva dejaron su principal crítica al presidente republicano: “ya no nos temen”.

De todos los medios mexicanos, solo Excélsior entendió la lógica del conflicto doméstico en los EE. UU. Por ello presentó el discurso inaugural de Biden con este titular: “Unidos, EE. UU. volverá a ser la fuerza principal del mundo”.

Trump careció de un pensamiento estratégico y arribó al poder como un empresario anti Estado, anti fisco y anti seguridad nacional. La renegociación del tratado comercial con México fue un prototipo: no enfatizar la dominación estratégica de seguridad nacional, sino redinamizar los negocios dentro de los EE. UU.

Biden, en cambio, se forjó en la burocracia legislativa y fue durante muchos años presidente de la todopoderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, uno de los tres pivotes de la estructura imperial, junto al Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.

En este sentido, el discurso de Biden fue muy tucididiano, basado en el modelo de visión de seguridad nacional que narró Tucídides en la Guerra del Peloponeso en el siglo V a. C.: unidad interna para combatir a Esparta porque los espartanos se preparaban para superar a los atenienses en fuerza militar. Guerra estratégica preventiva, le dicen ahora.

Al sacar a los EE. UU. de los grupos multipolares de decisiones estratégicas, Trump debilitó la esencia imperial de la Casa Blanca. El caso central fue la OTAN: Trump vio a este organismo como una especie de fuerza militar subsidiaria de la comodidad de los países europeos para disminuir gasto militar, dejando a Washington con el peso de fondos y tropas. Trump obligó a los países de la Unión Europea a hacerse cargo de gastos y tropas, aunque con ello disminuyó el dominio imperial militar sobre esa parte estratégica del paneta.

Por lo tanto, Biden no estaba pensando en el modelo idealista de unidad nacional para encarar la crisis local, sino para regresarle la legitimidad al poder estadunidense basado en el apoyo interno. Durante decenios los estadunidenses, aun los progresistas y pacifistas, aceptaron el enfoque imparcial proactivo de la Casa Blanca porque era el único camino para consolidar el modelo del american way of life o modo de vida estadounidense; es decir, que el “sueño americano” de confort y riqueza se basaba en la explotación imperial de los EE. UU. de otros países del mundo, comenzado por el petróleo que ha animado la policía exterior estadounidense desde los años posteriores a la segunda guerra mundial.

La carta de exfuncionarios de inteligencia, defensa y seguridad nacional de septiembre estaba firmada por personal de los gobiernos militaristas de Reagan, Bush Sr., Clinton, Bush Jr., Obama y por los que renunciaron a la administración Trump por la falta de un espíritu estratégico imperial. Trump exploró la vía no militar con Rusia, China, Corea del Norte e Irán, aunque el asesinato del general Qasem Soleimani habría sido decisión no de Estado sino de la comunidad de seguridad nacional para reventar el plan nuclear de Trump para Irán.

La estrategia de seguridad nacional de Biden será la clásica militarista, de intervención en otros países y de dominación del discurso bipolar ante la amenaza rusa y china de apoderarse del mundo. En este sentido, Biden analizó el modelo Trump como una amenaza contra la estrategia de seguridad nacional militarista tradicional de intimidación del mundo y su tarea será la unidad interna para regresar a los EE. UU. al dominio de las estrategias de coexistencia imperial en el planeta.

El primer aviso de la militarización imperial de la estrategia de la Casa Blanca estuvo en la designación del general Lloyd Austin, recién retirado, como secretario de Defensa que de manera normal estaba bajo la dirección de un secretario civil. Esa designación fortaleció el poder militar de Biden.

 

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Política para dummies: La política es, de suyo, poder; por tanto, la dominación del otro.

 

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