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Opinión

Ejercer el periodismo crítico es una actividad de riesgo en el amplio sentido de la expresión. Quienes lo ejercen (lo ejercemos) suelen ser víctimas de campañas de estigmatización, de posverdades (mentiras mezcladas con datos ciertos) y, en casos extremos, de amenazas cumplidas o no contra su integridad personal. Son los gajes del oficio y el costo que hay que pagar para decir “no” cuando se debe decir “no”.

El primer valor de quien ejerce profesionalmente la libertad de expresión es su patrimonio moral. Una suerte de espejo de ese concepto es lo que se conoce como credibilidad o confiabilidad en el público objetivo; es decir, que éste percibe como atendible o cierto lo que el comunicador afirma o sostiene. De entrada, siempre hay un conflicto entre quien formula la crítica y quien es objeto de análisis sin concesiones.

En esta ocasión Proyecto Puente, que dirige el periodista Luis Alberto Medina en Sonora, es víctima de una campaña progubernamental para minar su prestigio, restarle credibilidad y, con ello, generar disuasivos al momento de poner en práctica un periodismo independiente, comprometido sólo con los datos y abocado a temas de interés público.

De ello se da cuenta el propio medio, que afirma ser “objeto de amenazas, campañas negras en redes sociales y acoso judicial por parte del gobierno de Sonora”. Bajo una presunta denuncia “ciudadana” anónima que, además, no ha sido ratificada, se desató una rapidísima actuación de la Fiscalía del Estado, que después adujo que había sido presentada por Morena. Sin embargo, la dirigencia de ese partido desmintió la afirmación gubernamental. (https://proyectopuente.com.mx/2019/03/07/amenaza-gobierno-de-sonora-a-luis-alberto-medina-cita-fiscalia-anticorrupcion-al-periodista-por-denuncia-anonima/)

Estoy convencido, por supuesto, de que la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites o fronteras claramente establecidas en la Constitución, las leyes y la deontología informativa.
Conviene recordar que a mayor exposición pública por ocupar una función pública o realizar actividades de trascendencia social hay un umbral menor en la esfera de los derechos a la vida privada, al honor y a la propia imagen. Ello, sobra decirlo, no significa de ningún modo que un servidor público, un artista o un deportista famoso deban soportar una invasión sistemática a sus derechos de la personalidad. En la ley y en la jurisprudencia se admite una intromisión en esos derechos siempre y cuando haya una razón de interés público que la justifique y que deba ponderarse de forma casuística.

Proyecto Puente y su director han podido respetar esa división entre lo público y lo privado. Esta iniciativa mediática tiene el mérito de haber sido el primer medio sonorense en hacer periodismo televisivo por internet. En una sociedad mínimamente democrática Luis Alberto Medina sería reconocido como un contrapeso informativo al ejercicio del poder. En Sonora, en cambio, con un gobierno que reproduce las formas más deplorables del quehacer político, es un gran enemigo personal. Ahí, como en gran parte del país, la crítica es vista como un afrenta directa por quienes en general son objeto de escrutinio público en razón de su quehacer profesional.

El cambio más fácil para aniquilar la libre deliberación pública es mirar para otro lado cuando quienes tienen el valor de hablar con la verdad, sobre todo en el interior del país, son blanco de campañas, de desprestigio en el mejor de los casos. Por el contrario, seguro estoy de que en la medida en que se alce la voz frente a estas agresiones no sólo se estarán protegiendo y reivindicando espacios como Proyecto Puente y su director, sino que se ampliará el derecho de la sociedad a estar informada desde el mayor número de perspectivas y criterios, de suerte tal que al final del día la ciudadanía pueda formarse una opinión razonada sobre los más distintos temas de la agenda pública.

La precarización y la debilidad orgánica de la ética informativa han propiciado que haya medios y periodistas que, gozosos, se han convertido en un vehículo para cercar al verdadero periodismo independiente e impedir que florezca. Vaya paradoja. Y en buena medida esto sucede porque los recursos púbicos se usan para fines privados, como hoyo pasa en Sonora.

Estoy convencido de que la presente administración federal debe distinguir la paja del trigo al momento de asignar pautas publicitarias. Bienvenida la independencia de la línea editorial, pero no hay que confundir ese valor democrático de pluralidad y diversidad, que enriquece la vida democrática, con el sesgo periodístico como consigna para desinformar con una alergia congénita a observar el mandato de la Constitución y la ley.

Ante este cerco contra Proyecto Puente, Jesús Ramírez y Jesús Cantú deberían tomar cartas en el ámbito de sus atribuciones, pues nunca más debe volver a alimentarse la perversa relación entre medios y el Estado mexicano característica de los anteriores regímenes políticos.

Columna tomada de Proceso
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es Investigador del IIJUNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM Columnista en (Proceso, Aristegui Noticias, SDP Noticias y Noroeste), Escritor.

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Ernesto Villanueva

Seguridad y justicia transicional 

“¿Cómo resolver este presente que se ha caracterizado por la violencia a lo largo y ancho del país?”

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Análisis

El concepto de justicia transicional no es un unívoco, pero si tiene elementos que deben aplicarse caso por caso: responsabilidad penal, búsqueda de la verdad, resarcimiento de las víctimas y garantías de no repetición.

Hay, por supuesto, diferentes modelos de esta política pública y reforma normativa; lo que puede funcionar en unos países podría ser inaceptable en otros. Incluso en un mismo país deben concretarse mecanismos que pueden tener algunas diferencias por regiones. La idea es aplicar ese vocablo, que agrupa varios rubros, para pasar de un régimen a otro, generalmente de un estado de derecho fallido o una dictadura a otro que no lo sea, a efecto de lograr la paz social y el cumplimiento gradual de la ley. En México esa política, que deberá tener su propio diseño para que funcione, es una iniciativa de la Academia Iberoamericana de Justicia Transicional, con sede en la Ciudad de México y cuyo presidente, el jurista Sergio Arturo Ramírez Muñóz, ubica al gobierno de Felipe Calderón como un punto de quiebre que desató la imparable violencia en el país.

Recuerda que “el pasado 11 de junio se cumplieron 12 años y medio de aquel 11 de diciembre de 2006 en el que se anunció el inicio de la política de Felipe Calderón para combatir al crimen organizado. El entonces secretario de Gobernación, Javier Ramírez Acuña; el de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván; el de la Marina, almirante Mariano Francisco Saynez; el de Seguridad Pública Genaro García Luna; y el titular de la Procuraduría General de la República Eduardo Medina Mora, presentaron ante los medios de comunicación la llamada operación conjunta Michoacán, que marcó el comienzo de lo que el mismo Calderón denominó posteriormente la guerra contra el narcotráfico. Sin importar los argumentos divergentes, el gobierno federal elaboró el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, en el que se estableció la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, y que mandató el despliegue de operativos conjuntos en Michoacán, Tijuana, Guerrero, Sierra Madre (Chihuahua, Durango y Sinaloa), Nuevo León- Tamaulipas, Culiacán- Navolato, Cancún, Aguas Calientes, Tamaulipas, La Laguna ( Torreón- Lerdo y Gómez Palacio), Veracruz, San Luis Potosí, y en las fronteras norte y sur, creando Grupos de Trabajo sobre violencia fronteriza.

“Estos operativos conjuntos implicaban la colaboración de la Defensa Nacional, La Marina, La PGR, la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades de seguridad pública y justicia para el desmantelamiento de los principales cárteles de drogas, ubicando y abatiendo a las cabezas de estos.

“Esto fue solo el inicio de una política fallida aplicada en los sexenios de Calderón y Peña Nieto y que tuvo como resultado miles de muertos y desaparecidos, comunidades enteras desplazadas y el debilitamiento de las instituciones de justicia y seguridad del Estado. La captura de algunas de las cabezas visibles de los cárteles fue una victoria pírrica”, sintetiza Ramírez Muñoz en su diagnóstico de porqué pasa lo qué pasa hoy en día. 

¿Cómo resolver este presente que se ha caracterizado por la violencia a lo largo y ancho del país? No basta con el cumplimiento mecánico del sistema legal vigente, porque nunca estuvo diseñado para entrenar la circunstancia que hoy se padecen de manera simultánea en diversas zonas del país. Para Ramírez Muñóz la solución pasa por “la posibilidad de recuperar la cohesión del tejido social, de sane el dolor social a través de la generación de la memoria histórica de los errores cometidos, de la dignificación  de las victimas y del abrazo colectivo de sus deudos. De limpiar las instituciones de corrupción y generar nuevas condiciones para el futuro; en resumen: lograr justicia para las víctimas y lograr un orden las justo y democrático para el pueblo de México”.

No será el modo alguno, una tarea sencilla; antes bien, será sinuosa y complicada, pero parece ser la vía adecuada para dar un giro a lo que se ha hecho en estos últimos años, pues no se han ofrecido soluciones sino ilusiones ópticas transitorias para regresar a la realidad que está convirtiendo la violencia en una conducta internalizada en cada vez una porción más amplia de la sociedad.

Veo con razonable expectativa que el modelo de justicia transicional puede ser el medio para recuperar gradualmente la paz perdida y la seguridad que se ha convertido en islas en un mar de violencia de que no cede. Hay que esperar que la propuesta de la Academia Iberoamericana de Justicia Transicional ofrezca razonablemente una forma distinta para transformar la realidad y generar cambios profundos en el sistema nervioso central de la sociedad mexicana. El diagnóstico y la propuesta de solución de Sergio Arturo Ramírez Muñóz y su institución abren- espero- caminos para dar un giro de 180 grados a los cotados de ánimos de todos, para reencauzarlos por el bien de México.

@evillanueva.mx 

ernestovillanueva@hushmail.com 

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Ernesto Villanueva

La solución que nadie ve

“Este científico tiene todo un plan para reducir de manera importante los contaminantes que emiten los vehículos automotores en la CDMX”

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Análisis

La calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) va de mal en peor.
Las contingencias ambientales dejan de ser episodios eventuales para insertarse como parte del paisaje cada vez con mayor frecuencia. Por lo anterior se incrementado el programa Hoy no Circula a los engomados cero y doble cero. De seguir así, en poco tiempo será convertido en el programa Hoy sí Circula, en perjuicio de los capitalinos. Las autoridades buscan todo tipo de medidas para hacer frente a este reto que amenaza la integridad personal de millones de personas. El camino adoptado hasta ahora va a agotar su capacidad de contención, so pena de que la CDMX quede paralizada al movimiento vehicular estrictamente indispensable.
Miientras eso pasa, las autoridades no saben o no quieren saber que México tiene uno de los grandes expertos mundiales en el combate a la contaminación ambiental.
Se trata del doctor julio Mancilla, quien busca crear el Centro Nacional de Tecnología Vehicular en su institución académica de adscripción; el Instituto Politécnico Nacional. México, como en muchas áreas, asiste a la lógica del absurdo como política pública. Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera se le informó al doctor Mancilla que su idea era muy buena, pero ponerla en práctica afectaría presupuestalmente el fondo de capitalidad que recibe el gobierno de la CDMX, increíble, pero cierto. No sólo eso. A partir de que presentó su proyecto, el ameritado  doctor Mancilla fue objeto de presión para que no avanzara en su iniciativa, a solicitud del gobierno de la capital mexicana.
Con el cambio de gobierno él apostaba al sentido común y a que la salud de quienes vivimos en la zona metropolitana sería una prioridad. Las cosas empero, no han seguido esa ruta. Al menos hasta ahora.
Hasta el día de hoy no ha sido consultado, ni siquiera lo han llamado. Este científico tiene todo un plan para reducir de manera importante los contaminantes que emiten los vehículos automotores en la CDMX. De igual forma posee una propuesta de rediseño de los topes a lo largo de la ciudad-que, por ciento, han crecido sin ningún estudio, sino como mera-, ocurrencia,- de suerte tal que haya una sinergia con el proyecto anterior para reducir la inyección de combustible a los automotores que hacen que con ello se desprendan partículas de ozono.
Me dice el doctor Mancilla que con su  proyecto se podría reducir la contaminación ambiental a tal nivel, que gradualmente el programa Hoy no Circula dejaría de ser necesario. Por el contrario, si las cosas siguen como van el futuro inmediato (tres o cuatro años) es sombrío. Aparecerían nubes de contaminantes en diversas zonas de la CDMX, afirma, lo que haría peligroso vivir ahí y, por supuesto, niños y mujeres embarazadas tendrían que ser canalizadas a otras áreas de manera recurrente porque esas nubes se moverían primero de unas secciones de algunas colonias a otras; después crecerían esas nubes de tóxicos a colonias enteras, más tarde a toda una alcaldía hasta abarcar porciones no menores de la ciudad. También me comenta que lo anterior traería consigo un aumento sustantivo del cáncer y de diversas enfermedades autoinmunes que pondrían en jaque aquí la vida en la zona metropolitana. Ante ese escenario, resultó sumamente irresponsable la decisión del gobierno de Mancera de priorizar los negocios y el dinero público sobre la salud de quienes habitamos en la CDMX.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien tiene un perfil científico, debería tomar cartas en el asunto, valorar y apoyar la iniciativa del doctor Mancilla como un proyecto estratégico. Este científico, dicho sea de paso, colabora en la comunidad internacional con las principales figuras de la lucha contra la contaminación, incluido el ex vice presidente de Estados Unidos, Al Gore.
De igual modo, es de los muy escasos científicos mexicanos que, en lugar de enviar a sus doctorandos al extranjero a países del Primer Mundo, provoca lo contrario: hace que de universidades del Primer Mundo vengan doctorandos a formarse a México con él.
Esto pone de relieve el reconocimiento internacional de este científico que sufre un día sí y otro también porque lo oyen pero no le escuchan diversos funcionarios de la CDMX y del ámbito federal.
Los gobiernos, aun con la austeridad, gastan en muchísimas cosas, pero no lo hacen en el valor más importante: la vida humana, la salud son daños de pronóstico reservado; cada día que pasa el problema crece y, como es evidente, lo que se hace es contener en la medida posible la contaminación ambiental.
Hasta donde sé no hay proyecto alguno que prevea que se va a reducir gradual pero puntualmente el problema de la contaminación ambiental. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad serían las primeras víctimas si no se da un golpe de timón, ¡ya!.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
Este artículo fue publicado en la revista Proceso el día 26 de mayo de 2019
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Ernesto Villanueva

Contra los niños ¡no!

“Las lecciones que deben ser aprendidas son varias“

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Análisis

Una de las escasas medidas para reducir la asimetría entre ricos y pobres, para dar vida a la movilidad social, económica y cultural de los mexicanos (de suerte tal que quien nazca en una cuna humilde no esté casi condenado a morir igual) son los libros de texto gratuito que, desde 1959, con la creación de lo que hoy es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), se entregan ahora en preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, escuelas indígenas y en braille. Esa decisión fue, con todo y sus limitaciones uno de los instrumentos dirigidos a generar igualdad de oportunidades.
Celebro y comparto la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción.
Me parece que ese ánimo se inscribe la centralización de las compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder efectuar adquisiciones en las mejores condiciones del mercado (Se incluyen aquí las que hacían directamente los estados, donde había sobreprecios significativos en perjuicio del erario); representa, por ende, un parteaguas con el pasado inmediato y sus abusos endémicos.
 El diagnóstico es correcto, el camino adecuado, pero los tiempos y la planeación estratégica tienen varias oportunidades de mejoramiento. Eso pasa con los libros de texto gratuito.
En el caso de primaria se llevan seis libros por grado, lo que equivale a 36 libros anuales con tiraje de 2 millones 576 mil ejemplares, aproximadamente. La Conaliteg tiene una sola planta en Querétaro, con la que genera entre 15 y 18% del total requerido, La inmensa mayoría de los libros (poco más de 80 millones) se asigna a contratistas privados mediante licitaciones públicas, que en este caso organiza Hacienda a partir del presente gobierno con varios mecanismos de control para reducir la corrupción a su mínima expresión.
Esta nueva atribución de la SHCP no fue acompañada, sin embargo, de la reforma a la estructura del personal dedicado a la gestión de compras en la Oficialía Mayor de esa dependencia. y ello ha generado un cuello de botella con efectos negativos.
Estoy convencido de que existen las mejores intenciones, pero los resultados amenazan con ser inversamente proporcionales al propósito inicial. En efecto, la concentración de compras de los más diversos rubros requiere de un trabajo simultáneo como si fuera, valga el comparativo, un circo de cinco pistas, no de una, como era antes en el diseño institucional del régimen anterior. Ahora debe adaptarse a la política pública del nuevo.
Tradicionalmente el ciclo de producción, traslado y entrega de los libros de texto se  iniciaba en octubre del año anterior. para que estuvieran en las manos de todas las familias mexicanas con hijos en escuelas públicas o privadas el primer día de agosto del año siguiente.
Es entendible que por el cambio de gobierno y régimen hubiera modificaciones en este ciclo, pero ello debió haberse atendido desde los primeros días de diciembre del año pasado y no se hizo.
no fue sino hasta el 15 de marzo de este año cuando se empezó con la primera parte del ciclo.
La convicción (que comparto) de que había moches en el anterior régimen llevó a que se optara por reducir el costo de la compra de los libros.
El problema aquí fue de precisión.
No había datos puntuales sobre los montos exactos del moche, razón por la cual se optó por esperar el mayor tiempo para ver qué empresas eran las bajaban sus precios.
El problema es que lo que no se tenía era tiempo.
Si el Aeropuerto de la Ciudad de México se construye en  2021 o en 2024, el impacto directo percibido en las familias mexicanas de menores ingresos, que son la gran mayoría, es menor que si se trata de los libros de texto gratuitos que saben que llegan siempre a sus manos en agosto, o antes, de cada año.
Esas negociaciones tardaron del 15 de marzo al 29 de abril para adjudicar los primeros cinco títulos, con 10 diferimientos de los 18 licitados. Pero los cinco ya adjudicados no podían ser impresos porque la carátula y el primer pliego no habían sido autorizados por la SEP que tardó hasta el jueves 9 para autorizar la impresión de esos libros.
Ese mismo jueves finalmente fueron adjudicados los libros restantes a un costo aproximado de 15 pesos por ejemplar.
Si todo sale bien, los niños de las zonas más alejadas del país- y por ello las más marginadas- tendrán sus libros en noviembre de este año, tres meses después del inicio de clases, y los que viven en las zonas urbanas, en el curso de octubre, no en agosto cómo había sido la regla.
Primero se intentó que los niños de segundo año de primaria donaran a los de primero los libros que habrían utilizado, pero resulta que la mayor parte de ellos son cuadernos de trabajo y recortables, por lo que la solución no era viable, al menos en la actual factura.
Después se quiso regresar a los libros de papel periódico, a una tinta y sin barniz en la carátula, el ahorro era mínimo, porque en México no hay fábricas que produzcan altos tonelajes de ese papel, que se hubieran tenido que importar de Canadá o Suecia; el ahorro de colores a una tinta es prácticamente simbólico porque todas las máquinas de las imprentas con esa capacidad de tiraje en los tiempos requeridos tienen capacidad para ocho tintas, cuatro de frente y cuatro de vuelta. Al final el ahorro se evaporaría por el costo de fletes, además del impacto negativo desde el punto de vista pedagógico en perjuicio de la niña es mexicana.
Las lecciones que deben ser aprendidas son varias, entre ellas: a) el País no puede darse el lujo de esperar, en la curva de aprendizaje, tiempos no razonables de los tomadores de decisiones; b) sí hay cambios (y qué bueno que los haya) debe actuarse en consecuencia para que todo el proceso funcione y no sufra afectaciones de ningún tipo; y C) lo más grave es que jamás, en ningún caso, los niños -y además los más necesitados- deben estar sujetos a la política de la austeridad aplicada incorrectamente. Es de esperar que no se repita este error que, paradójicamente, agravia a quienes deberían ser la prioridad del nuevo régimen y de la sociedad entera.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
Este artículo fue publicado en la Revista Proceso el día 12 de mayo de 2019.

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