Gabriel Torres Espinoza
La migración a Estados Unidos ha moldeado de manera significativa el rostro económico y social de Jalisco, una entidad que, si bien no lidera los flujos migratorios nacionales, sí ocupa un lugar destacado por la cantidad de municipios expulsores de población, junto a estados como Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato. Según datos recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Jalisco registró la salida de más de 60,000 personas hacia el extranjero en 2020, de las cuales 79 de cada 100 eligieron Estados Unidos como su destino. Este fenómeno ha convertido al estado en un actor central, particularmente por su participación en la recepción de remesas, un recurso vital para miles de hogares y, por ende, para la economía estatal y nacional.
En 2023, las remesas enviadas desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, representaron más de 66 mil millones de dólares para México, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas, sólo superadas por las exportaciones no petroleras. En el caso de Jalisco, el tercer trimestre de 2024 posicionó a la entidad como la tercera mayor receptora de remesas a nivel nacional, captando el 8.5 por ciento del total. Guadalajara lideró este ingreso con 174.6 millones de dólares, seguido por Zapopan y Tepatitlán con 102.7 millones cada uno. Este flujo económico, que ha mostrado un crecimiento sostenido desde la ‘Gran Recesión’ de 2007-2009, no sólo refuerza el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, sino que también resalta la dependencia estructural de las familias jaliscienses respecto al dinero enviado por sus migrantes. El 30 por ciento de los hogares más pobres aumentaron sus ingresos en un 22 por ciento, gracias a las remesas, mientras que el incremento para el 10 por ciento más rico fue de apenas 5.7 por ciento.
Una reducción drástica de las remesas podría disminuir su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) mexicano del 3.5 por ciento al 2.6 por ciento, con pérdidas que superarían los 13 mil millones de dólares. Para Jalisco, esto significaría una contracción significativa en los ingresos de miles de hogares, especialmente en los municipios rurales que dependen, casi exclusivamente, de los recursos enviados por los migrantes.
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