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Análisis

El pasado 15 de octubre, fue aprobado en el Senado el Proyecto de Decreto de Reforma Constitucional que adiciona una muy polémica figura de democracia directa, la revocación de mandato, impulsada por el Presidente bajo la consigna de que “el pueblo pone y el pueblo quita”.
A través de un enfoque constitucional comparado, con relación a los regímenes presidenciales del continente americano, conviene destacar que sólo los países de Bolivia, Ecuador y Venezuela contemplan este mecanismo de conclusión anticipada del mandato, siendo éste último país el primero en inaugurarlo en 2004 –con Hugo Chávez como Presidente–. No obstante, en todos estos países, se dispone que todo funcionario electo popularmente podrá ser objeto de este mecanismo [¿por qué en México sólo el Presidente puede ser sometido a dicho dispositivo, sin incluirse a los legisladores?]. Por otro lado, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Venezuela, contemplan la posibilidad de que funcionarios locales puedan destituidos del cargo mediante revocación de mandato. Al respecto, es importante señalar que 20 estados de la Unión Americana contemplan este mecanismo, con importantes matices en cada uno de ellos, al establecerse para todos los funcionarios públicos electos popularmente que integran los tres poderes [en E.E.U.U. se elige democráticamente a impartidores de justicia].
Efectivamente, uno de los principales ‘problemas’ o ‘debilidades’ que adolece el presidencialismo respecto del parlamentarismo o semipresidencialismo tiene que ver con la rigidez del periodo fijo del mandato del Titular del Poder Ejecutivo –como sostenía el politólogo Juan Linz–. De esta manera, en sistemas parlamentarios, la “moción de censura”, ante la excitativa y votación de los legisladores, implica la terminación anticipada o la ‘caída’ de todo un Gobierno [tanto del Primer Ministro como de su Gabinete], lo que ulteriormente motiva a convocar a nuevas elecciones. En sistemas presidenciales, el juicio político es la figura homogénea que hace las veces de una moción de censura en los sistemas parlamentarios: la inhabilitación y/o destitución es la sanción política que recibe el Poder Ejecutivo en ambos.
A excepción de México, prácticamente todos los sistemas presidenciales de América han recurrido a esta figura ya sea con el inicio o culminación de dicho procedimiento [ahora mismo, Donald Trump, enfrenta un proceso de impeachment]. No obstante, en virtud de que es a todas luces evidente la ineficacia del juicio político en nuestro país, para concluir anticipadamente el periodo de un funcionario público electo popularmente o nombrado por el congreso, que hoy se acude a este dispositivo de rendición de cuentas. Ahí radica precisamente su importancia, toda vez que si bien es cierto el Título Cuarto de Constitución General de la República establece el régimen de responsabilidades de los servidores públicos [penales (desafuero); políticas (juicio político); administrativas (sancionadas por las Contralorías y los Tribunales de Justicia Administrativa); y civiles], ha derivado en ‘letra muerta’, pues los diputados y senadores son los principales promotores de todo un robusto sistema de corrupción e impunidad que tiene como lema “tapaos los unos a los otros”; y los titulares del poder ejecutivo, federal y local, en un evidente conflicto de interés, son auditados por sus subordinados (¿’), los Contralores. ¡Enhorabuena!

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

¿Cuáles son los lugares con mayor riesgo de contagio?

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Gabriel Torres Espinoza*

De acuerdo a datos del “Panorama epidemiológico, del sistema “Radar Jalisco”, que integra los datos de la Secretaría de Salud Federal y los registrados en Jalisco, del 17 al 23 de mayo, se reportaron 540 casos por semana. Pues bien, en los últimos siete días, del 5 al 11 de julio de 2020, los casos de covid-19 por semana aumentaron a tres mil 660. Se trata de 6.7 veces más contagios por semana. El dato alarmante es que, durante las últimas tres semanas, se sumaron nueve mil 742 casos, es decir, el 53% del total de casos registrados en Jalisco desde el inicio de la pandemia (18 mil 407 en total). Sobre los muertos por covid-19, Jalisco llegó a los mil un decesos. Pero también, en las últimas tres semanas ocurrió el 56% de los fallecimientos desde el inicio de la pandemia: 560 decesos en las últimas tres semanas. Radar Jalisco advierte sobre los factores de ALTO RIESGO para el contagio de covid-19, y destaca las evidencias científicas del peligro en espacios cerrados. De forma que las actividades de alto riesgo para el contagio de covid-19, señala el documento de ‘Radar Jalisco’, suma cuatro factores decisivos: 1) Encontrarse en un espacio cerrado, poco ventilado; 2) Expuesto a múltiples personas; 3) Al ser espacios cerrados y poco ventilados, la cercanía con otras personas es mayor; 4) Las actividades en espacios cerrados, suelen alentar un mayor tiempo de exposición con algún infectado por el covid-19. Estos cuatro componentes elevan sustancialmente el riesgo de contagio. Esto coincide con un artículo publicado en The New York Times el 6 de julio de 2020, donde 223 científicos, provenientes de 32 países, advierten a la Organización Mundial de la Salud sobre la transmisión aérea del covid-19: “El coronavirus encuentra nuevas víctimas en todo el mundo, en bares y restaurantes, oficinas, mercados y casinos, lo que ha dado lugar a preocupantes focos de infección que confirman de manera cada vez más evidente lo que los científicos han dicho durante meses: el virus permanece en el aire en INTERIORES e infecta a las personas cercanas. Si la transmisión aérea es un factor significativo en la pandemia, especialmente en espacios abarrotados con escasa ventilación, las consecuencias para la contención serán importantes”.

En respuesta, la Organización Mundial de la Salud publicó en su Web respecto de la posibilidad de transmisión aérea del covid-19, precisamente bajo condiciones en espacios cerrados. En su sitio oficial reconoce “ser posible, principalmente en entornos cerrados y en determinadas circunstancias”. Los lugares que debieran ser considerados como de mayor riesgo son teatros, cines, restaurantes, clubes nocturnos, templos, oficinas, casinos, mercados y lugares de trabajo cerrados y poco ventilados. Se advierte que “se han producido brotes de covid-19 en ciertos lugares cerrados, donde la gente estaba gritando, hablando o cantando, en los que la transmisión por vía aérea no puede ser descartada”. Los científicos indican que el riesgo de contagio es hasta 19 veces más alto en espacios interiores. De forma que, especialmente la población y la mesa de ‘reactivación’, deberían considerar los factores de alto riesgo que implica las actividades en espacios cerrados. 

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Gabriel Torres Espinoza

En justicia, el semáforo es rojo

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Gabriel Torres Espinoza*

En materia de procuración e impartición de la justicia, en Jalisco el semáforo marca rojo. El Índice de Estado de Derecho en México 2018  realizado por el World Justice Project (WJP) mide el Estado de Derecho por medio de ocho variables: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil; 8) justicia penal. Este ranking coloca a Jalisco en la posición 23 del tablero nacional. Ahora bien, el Índice de Impunidad Subnacional en México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), advierte que Jalisco tiene un “grado de impunidad alto”, ubicándose en el lugar N° 13 del tablero nacional. Los indicadores se clasifican en grados de impunidad “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”.

Efectivamente, una de las asignaturas pendientes en México, y en el estado Jalisco, en materia de reformas constitucionales, es la correspondiente a la procuración e impartición de justicia. Especialmente en las prácticas de los actores políticos. Sin embargo, aunque se realizara una reforma constitucional, de esas que los entusiastas del diseño institucional llaman como “estructurales” o “de gran calado”, de nada serviría, con la paupérrima y raquítica calidad de los perfiles que integran el Poder Judicial y la Fiscalía. Especialmente hoy que se devela que, a pesar de las reformas, la designación de los integrantes del Poder Judicial sostiene un grotesco reparto de ‘cuates y cuotas’, pero sin perfiles profesionales idóneos. Lo de menos sería que fueran los ‘cuates’ de los diputados, si por lo menos se asegurara un adecuado perfil y trayectoria. Debido a ello, es que el mismo Congreso, tuvo que violar la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y su propia convocatoria, para regresar al ‘sistema de complicidades’, que atiende la nociva lógica de gente ‘incondicional’, pero sin perfil calificado.

Para ejemplos están los paradigmáticos casos de Armando García Estrada y Alberto Barba, otrora integrantes “suertudotes” del TAE, y que con el “reformón” efectista, de auténtico “relumbrón”, que dio lugar al Sistema Anticorrupción, pasaron a integrar el Tribunal de Justicia Administrativa: un Tribunal con un papel protagónico para combatir la corrupción de la vida pública en Jalisco, en manos de los más cuestionados y principales “enemigos públicos” de la metrópoli. Igualmente, emblemático resultó el caso de Vega Pámanes, que llegó a titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

El caso de la reciente designación y nombramiento de los consejeros de la judicatura, es la “cereza del pastel” en el cinismo que envuelve a la impartición de la justicia en Jalisco: el órgano interno de control del Poder Judicial, esto es, el Consejo de Judicatura, está conformado ahora precisamente por quienes violentaron una convocatoria y el método de elección previsto en la Constitución. Mientras esto no cambie, no habrá #ReformaQueSirva (así como las consignas de #FiscalíaQueSirva). En todo caso, pasarán a sumarse a la larga lista de reformas ‘gatopardistas’: de esas que todo cambian en la norma, para que la normalidad siga siendo la misma.

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Gabriel Torres Espinoza

La deuda pública ¿bien aplicada?

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Gabriel Torres Espinoza*

La reforma al Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2020, aprobada por el Congreso del Estado el 22 de mayo, contempló modificaciones al gasto público por un monto de tres mil 520 millones de pesos. Estos cambios tendrían como destino la partida presupuestal 4418, denominada “Ayuda para erogaciones imprevistas (Pandemia Covid-19)”.

De acuerdo al portal web oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, Transparencia Focalizada Covid-19, a la fecha ya han sido asignados tres mil 491 millones 087 mil 001 pesos para la atención de la pandemia (¿?), de los tres mil 520 millones de pesos reasignados para ello. Es decir, ya se encuentra comprometido el 99.17% del monto reasignado en el Presupuesto de Egresos 2020 para la gestión de la pandemia. Únicamente quedan por ejercer 28 millones 912 mil 999 pesos (nada) para la atención del coronavirus en Jalisco, justo cuando la curva epidemiológica se encuentra en su ‘pico’ más alto. No se trata de una apreciación subjetiva. El propio Gobierno del Estado, a través de su comunicación institucional en redes sociales, reconoce que “viene lo peor”. El director general de la OMS, señala que la pandemia “no está ni cerca de terminar”. La Universidad Johns Hopkins advierte que la fecha estimada de ‘pico’ en México será en agosto.

Un grupo de científicos tanto del CIDRAP, de la Universidad de Minnesota, como de la Escuela de Salud Pública TH Chan, de la Universidad de Harvard, predicen que son tres los escenarios probables en cuanto a la forma gráfica que tendrán las ‘olas’ epidemiológicas del SARS-CoV-2 en el Mundo: Escenario 1. Una primera ‘ola’ pronunciada que podría colapsar el sistema de salud en algunos países, seguido de ‘olas’ más pequeñas hasta el 2022. Escenario 2. Advierte una primera ‘ola’ considerable, seguida de una segunda ‘ola’ de mucha mayor magnitud en el otoño-invierno de 2020, y ‘olas’ más pequeñas hasta 2022. Escenario 3. Advierte un número indeterminado de ‘olas’ y rebrotes epidemiológicos, que son cíclicos y de igual magnitud, hasta 2022. Como quiera que sea, todo lo anterior indica que, en efecto, lo peor está aún por venir.

De forma que, ¿cuántos recursos públicos harán falta para amortiguar el impacto de una pandemia que advierte un largo y sombrío derrotero? Un gobierno estatal con un alto nivel de endeudamiento –utilizado para financiar proyectos insustanciales–, y con un eventual déficit fiscal, complica aún más el cruento panorama sanitario que se avecina.

Los seis mil 200 millones de pesos del endeudamiento que tendrán como destino el “Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021” [nótese que el plan de endeudamiento es únicamente para contener el impacto económico con obras, en su mayoría prescindibles; no para ampliar sustancialmente la infraestructura de Salud], apenas erogará 384 millones 600 mil pesos en “infraestructura para prestación de servicios de atención médica”. Esto es, ¡apenas el 6.2% del monto del endeudamiento autorizado! Los cinco mil 815 millones 400 mil pesos restantes tendrán un destino que NO corresponde a una desafiante realidad: Enfrentar los desafíos de un enorme problema de salud pública. El mayor de los últimos 100 años.

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