Opinión
Francis Fukuyama expone en su ensayo El Fin de la Historia que los estados, tarde o temprano, terminarán transitando a una democracia liberal. De acuerdo al autor, eso sucede, entre otras cosas, porque este sistema político es el único que permite el reconocimiento de distintas comunidades en un territorio determinado y en una estructura política, social y económicas que, a través de mecanismos institucionales reducen las fricciones entre actores. Bajo este discurso liberal, los derechos humanos son un pilar esencial para que esto suceda.
A pesar de que este ensayo fue publicado en 1992, casi 26 años después, el reconocimiento de pueblos indígenas como la comunidad de Tonalá o los Coca en Chapala, la comunidad LGBTTTI en México y otras partes del mundo, las comunidades autónomas como los Kurdos en Iraq, comunidades radicales como el Estado Islámico, los dreamers o, incluso la permanente lucha por el reconocimiento de la comunidad afroamericana con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, son algunos ejemplos contemporáneos sobre conflictos por reconocimiento que vivimos día a día en el mundo.
Dicho esto, pensemos en Estados Unidos: el país que ha sostenido el bastión de valores democráticos desde su independencia, la guerra civil u hoy, la intervención en Siria. Por otro lado, la Revolución Francesa, la abolición de la esclavitud, la revolución industrial y la época temprana de la descolonización, los derechos civiles o la tecnología han hecho de este país un valle potencial y sensible a estos cambios globales. Sin duda, el Destino Manifiesto o la Doctrina Monroe, políticas americanas de siglo XIX (al menos ya con esa definición) que hoy día siguen marcando su política exterior, con el fin de asegurar su seguridad e intereses nacionales.
Sin embargo, como lo podemos ver hoy en día con la intervención en Siria, así como la afgana, iraquí, vietnamita o chilena en su momento, o su política migratoria o económica caen en el dilema entre su “responsabilidad divina”, su “Doctrina de intervención” con, los principios del derecho internacional como el de no intervención en política interna de otros países, libre determinación de los pueblos o, la resolución de conflictos a través del diálogo y el consenso, con, los derechos humanos expuestos en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre que nace en 1949 por la iniciativa de Eleonor Roosevelt.
A lo largo de la historia independiente de Estados Unidos, bajo el discurso de la protección de derechos humanos, valores democráticos, el mandato divino, los Principios de Wilson y claro, su poder relativo (militar, económico y político), EUA ha roto principios del derecho internacional y violado la protección de derechos humanos. Simplemente la muerte de más de 20 millones de personas en 37 intervenciones para la protección de estados, en busca o en riesgo de perder su sistema democrático, nos indica una grave contradicción.
Dicho esto, este país hegemónico cae en una disyuntiva moral: violar el derecho internacional, así como los derechos humanos para garantizar su seguridad e intereses nacionales. Tal vez este debate nos recuerde a la guerra fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos luchaban por evitar la expansión de sus sistemas político-económico en sus respectivas zonas de influencia, y, sobre todo, al desarrollo y apogeo de la política exterior agresiva (Realpolitik) de Estados Unidos.
Hoy en día, en un mundo con relaciones complejas, aunadas a las tecnologías de comunicación, instituciones y organismos regionales y globales para incentivar la cooperación, procesos comerciales, así como los sistemas de protección a los derechos humanos regionales e internacionales (Corte internacional de Derechos Humanos), que, a pesar de existir aún un sistema anárquico, es decir, un sistema internacional sin un gobierno que regule el balance de poder, Estados Unidos queda más restringido en el uso del discurso sobre-usado de la necesidad de intervenciones para la protección de la libertad, la democracia, que inequívocamente, siempre afectan los derechos humanos de comunidades que afectan sus intereses nacionales, y no tanto su seguridad per-ce.
En este sentido, el uso del poder blando a inteligente como la diplomacia y cooperación internacional para el desarrollo, Estados Unidos ha podido tejer una red de países dependientes de estas prácticas y, por tanto, la persistencia de su influencia. Sin ir tan lejos, Latinoamérica o México, aparte de ser países vecinos, es receptor de alrededor de 6 mil 400 millones de pesos anuales para el desarrollo y seguridad (como la lucha contra el narcotráfico, trata y tráfico de personas o la delincuencia), siendo USAid la institución que más aporta.
Sin embargo, las recientes políticas del presidente Trumpcomo enviar las tropas nacionales a la frontera o la cancelación del DACA o Plan Mérida (que poco funcionó), son actos que directamente afectan los derechos humanos de las personas que se benefician en esto. Para dar un ejemplo más global, la antes mencionada intervención siria, juntos con Francia e Inglaterra, demuestran que hoy en día, la relación derechos humanos – seguridad, aún generan, y seguirán generando un dilema en el sistema internacional.
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