Por Carlos Ramírez
La iniciativa presidencial para adscribir a la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército parte de un criterio que ha estado presente como invitado de piedra, pero que no se ha querido reconocer por el significado político y social: la vieja complicidad seguridad-delincuentes, la corrupción de las diferentes policías, la narcoguerra y ahora la construcción de la paz han permitido el fortalecimiento de las bandas organizadas y desorganizadas de las diferentes formas del delito.
La disputa seguridad-delincuencia, es por el Estado.
La propuesta presidencial de ahora debe leerse en contrapunto con el Acuerdo de Seguridad firmado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y todas las élites sociales del país en agosto de 2008 para entrar en una ruta programática de reorganización total del sistema de seguridad y justicia, a través de 74 decisiones que llevaron explícitos los tiempos de operación concretos, pero que su impulso duró apenas unas semanas y después nadie se preocupó por llevar a la práctica las propuestas reorganizativas.
Diez años después de esa frustrada iniciativa, el candidato triunfador de las elecciones de junio de 2018 construyó la Guardia Nacional en el escenario de una reorganización del sistema nacional de seguridad pública, partiendo del criterio de que había que mantener un tiempo la presencia de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, pero en el contexto doctrinario que todavía no se alcanza a explicar y menos a entender de la seguridad interior como argumento para involucrar a los militares en asuntos de seguridad ante la captura de instancias del Estado y del territorio por parte de las bandas delictivas.
El paso siguiente de la Guardia Nacional para quedar bajo la tutela del Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional tampoco se ha explicado en función de la capacidad operativa del crimen organizado. La utilización del concepto cuasimilitar que se incluyó en la iniciativa de ley de finales de agosto debe haber sido un riesgo calculado de la autoridad del Estado porque implicó el reconocimiento en los hechos de que los delincuentes no son asaltacombis o carteristas, sino que cuentan con estructura criminal, recursos derivados de la cifra de 25,000 millones de dólares que implicarían las ganancias del narco y la realidad de que los principales cárteles y bandas tienen armamento superior al de las fuerzas de seguridad pública, aunque menores a las de la Guardia Nacional y desde luego abajo del poderío armado del Ejército.
El debate sobre la iniciativa en el Congreso será la oportunidad –una más– para explicar la diferencia entre militarización y militarismo y para aclarar que hasta ahora la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior no ha implicado la captura castrense del Estado, del sistema político y de las instituciones de Gobierno y que el sector militar sigue subordinado a la autoridad civil.
Existen razones suficientes para desconfiar del insistente argumento gubernamental de que la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública –por derivaciones de la seguridad interior y la seguridad nacional– no implica el militarismo en la lucha contra la delincuencia –es decir: las reglas militares de combate por encima de las civiles–, sino que en efecto solo buscan blindar la estructura del nuevo cuerpo policíaco para evitar la descomposición que han padecido todas las organizaciones policiacas por depender de autoridades civiles sin enfoques de seguridad.
La participación de las Fuerzas Armadas en seguridad está acotada por limitaciones constitucionales muy claras y por la decisión política de que ningún militar puede ejercer un cargo político a partir de su representación castrense, si antes no pasaba por su separación formal del Ejército. Desde hace ya muchos años, ningún militar retirado ha sido gobernador y cada vez menos tienen cargos en el Congreso y sin la titularidad de alguna comisión que tenga que ver con actividades castrenses. Los militares y marinos que han asumido la dirección de secretarías de seguridad estatales y municipales se separaron con anticipación del Ejército y se han sometido a la autoridad civil de alcaldes, gobernadores y presidentes de la República. Inclusive, la tarea del general Rafael Macedo de la Concha como procurador general de la República en el Gobierno de Fox en ningún momento implicó cualquier tipo mínimo de militarización de la justicia.
Circunscribir a la Guardia Nacional a reglamentaciones y controles civiles y por tanto a políticas de reducida capacidad de respuesta ante la expansión del poder criminal en la ocupación del ecosistema político y social en un riesgo. El caso concreto de Genaro García Luna ahora debatido en un tribunal estadounidense y el exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Calderón encarcelado en EU y casos anteriores de jefes policiacos que terminaron sirviendo al crimen organizado, deberían ser temas centrales y dominantes en la discusión del mecanismo de supervisión militar que se está buscando para la Guardia Nacional.
Si se impone el enfoque civil para oponerse a la tutela militar sobre la Guardia Nacional, entonces desde ahora tendrían que discutirse escenarios prospectivos de las limitaciones de un nuevo cuerpo de seguridad con funcionamiento policíaco frente al poder criminal económico y corruptor del crimen organizado que se advierte con claridad todos los días en los medios de comunicación.
Asimismo, la discusión política y social sobre la iniciativa de ley para pasar la Guardia a la tutela militar no debe agotarse solo en los temores sociales sobre la necesidad de decisiones de fondo para fortalecer la seguridad ante el embate de la delincuencia, sino abrir una reflexión profunda sobre el tema central que se encuentra en el fondo de la agenda delincuencia-seguridad: el paradigma del Estado social frente a las nuevas doctrinas que han definido el paradigma del Estado de seguridad interior como estructura republicana. Es decir, que no habrá bienestar social sin seguridad, porque las bandas del crimen organizado no están robando a los ciudadanos, sino que están tratando de tomar el control del Estado.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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