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Por Carlos Ramírez*

Esta vez las fuentes originales de la información, no los académicos ni organismos extranjeros, sino los titulares de importantes niveles: el presidente de la república afirmó que la desaparición y presunto asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa fue culpa del Estado y el responsable de inteligencia financiera de Hacienda reveló la existencia de diecinueve organizaciones delictivas y dos de ellas de “carácter supranacional”.

Las referencias encienden los focos de alarma de la estabilidad porque revelan la descomposición del Estado como autoridad máxima en la estabilidad. En el caso Ayotzinapa, la responsabilidad del Estado ha radicado en el hecho de que autoridades institucionales locales a nivel municipal y estatal en ese año de 2016, por cierto, del PRD, hayan permitido la penetración de los intereses criminales en las estructuras del Estado.

La consolidación de cárteles, que explica el aumento en la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública en situación de crisis de la seguridad interior, también se acredita al Estado en función de la estrategia del sexenio actual de no perseguir bandas ni capos y esperar a la rendición incondicional de delincuentes. Sin la presencia activa del Estado y sus instituciones de seguridad, las bandas criminales han proliferado no sólo en actividades del narco, sino que han comenzado a sustituir al Estado en temas de venta de seguridad o de protección, cobro de cuotas de extorsión y chantajes y secuestros.

La tarea del Estado es, de manera primordial, coercitiva porque el poder es la dominación del otro. Pero el Estado es la única institución que tiene el uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la estabilidad, a menos que de que esa fuerza se use, como en los casos de dictaduras civiles o militares, para oprimir al pueblo. Y en tanto que tiene la legitimidad, la fuerza del Estado es monopólico y no permite ni debe aceptar ninguna otra fuerza, porque grupos civiles carecen de legitimidad para imponer sus condiciones a la sociedad.

Si el Estado fue el responsable del secuestro y presunto asesinato de 43 estudiantes normalistas, entonces estamos frente a una acción represiva del Estado que merece condenarse sin miramientos en la figura de los responsables del Estado en ese momento: el presidente de la republica, el gobernador de Guerrero y el alcalde de Iguala. Pero una cosa es que la responsabilidad recaiga en descuidos o complicidades de funcionarios del Estado y otros que se quiera culpar al Estado nacional como represor y asesino.

Los datos que se tienen no prueban la responsabilidad directa del Estado en el hecho, aunque sí en los intereses para desviar la atención en la investigación y ocultar pistas intermedias. Los estudiantes fueron secuestros por la policía municipal de Iguala y entregados a un grupo criminal, quienes los asesinaron y quemaron sus restos. Sin embargo, las investigaciones primeras en el gobierno de Enrique Peña Nieto quisieron “ayudar” al PRD que tenia el control del gobierno estatal y de la alcaldía y no se indagaron con profesionalismo algunas pistas que se dejaron sueltas –como la de militares– porque no participaron, pero tampoco se deslindaron de manera puntual sus responsabilidades.

 

DE LOS CÁRTELES A LOS CUARTELES

El caso de los cárteles y su consolidación que reveló el jefe de inteligencia financiera Santiago Nieto tiene, de hecho, su propia lógica. Del primer cártel como unión de grupos de productores y comercializadores de mariguana para controlar el trasiego y los precios en 1984 a le fecha ha habido dos hechos centrales y contrastantes: la construcción de una estructura estatal de seguridad para atender el tema de la droga y el fortalecimiento de las bandas criminales dedicadas a la droga y expandidas por sí mismo o por alianzas a otras especialidades delictivas. A lo largo de treinta y seis años se perciben, como punto de partida, un fracaso del Estado en materia de seguridad antibandas, con la circunstancia agravante de que en 1984 el dato mayor era la complicidad de las policías con los criminales y hoy ese hecho sigue vigente porque ningún grupo delictivo puede asentarse en una parte del territorio del Estado sin la autorización o complicidad de algunas de las estructuras del Estado y sus funcionarios.

El dato ya conocido fue subrayado por Nieto: dos cárteles con funcionamiento supranacional; en efecto, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen presencia en más de tres mil ciudades de los EE. UU., están articulados a grupos delictivos de Sudamérica y mantienen oficinas de operación en Europa y otras partes del mundo. De nueva cuenta se debe aplicar el criterio formal del delito: ninguna fuerza criminal puede crecer y expandirse sin la complicidad del Estado y de sus funcionarios.

En 1984, el columnista Manuel Buendía iba a comenzar a publicar algunas evidencias de funcionarios y policías detrás de las primeras bandas de marihuaneros y fue asesinado y el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar entrego a su oficina evidencias de funcionarios detrás del cártel Jalisco de entonces, dirigido por Miguel Angel Félix Gallardo, y fue asesinado. No debe olvidarse que el entonces embajador estadunidense John Gavin, con impunidad, realizó una campaña para denunciar que jefes policiacos estaban detrás de los narcos y logró la renuncia del director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez.

Sí, hay evidencias de la gangsterización del Estado, pero nada se ha hecho para detenerla. 

 

Zona Zero

• La relación del gobierno federal con los gobiernos locales, estatales o municipales, entró en zona de tensión por el presupuesto, no sólo por menos participaciones en general, sino por recortes a programas de seguridad. Se trata de una crisis de ingresos fiscales por la decisión de no aumentar impuestos ni endeudarse, pero entonces la cobija se jala para tapar a algunos sectores, a costa de destapar a otros. Ante el mínimo repliegue de seguridad hay siempre un aumento delictivo.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Biden: unidad interna… para reconstruir el imperio; “ya no nos temen”: halcones

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Carlos Ramírez*

Si la lectura progresista del mensaje del presidente Joseph Biden en torno a la unidad interna se leyó en modo Trump, en realidad el sesgo más importante radica en el hecho de que la fractura social doméstica le restólegitimidad al papel de los EE. UU. como el imperio dominante mundial.

A eso se refirieron, en septiembre pasado, los casi quinientos exfuncionarios de inteligencia, seguridad nacional y defensa de los EE. UU. cuando circularon una carta de apoyo al modelo de política exterior dura de Biden, frente al repliegue blando de Trump. En el texto de esa misiva dejaron su principal crítica al presidente republicano: “ya no nos temen”.

De todos los medios mexicanos, solo Excélsior entendió la lógica del conflicto doméstico en los EE. UU. Por ello presentó el discurso inaugural de Biden con este titular: “Unidos, EE. UU. volverá a ser la fuerza principal del mundo”.

Trump careció de un pensamiento estratégico y arribó al poder como un empresario anti Estado, anti fisco y anti seguridad nacional. La renegociación del tratado comercial con México fue un prototipo: no enfatizar la dominación estratégica de seguridad nacional, sino redinamizar los negocios dentro de los EE. UU.

Biden, en cambio, se forjó en la burocracia legislativa y fue durante muchos años presidente de la todopoderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, uno de los tres pivotes de la estructura imperial, junto al Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.

En este sentido, el discurso de Biden fue muy tucididiano, basado en el modelo de visión de seguridad nacional que narró Tucídides en la Guerra del Peloponeso en el siglo V a. C.: unidad interna para combatir a Esparta porque los espartanos se preparaban para superar a los atenienses en fuerza militar. Guerra estratégica preventiva, le dicen ahora.

Al sacar a los EE. UU. de los grupos multipolares de decisiones estratégicas, Trump debilitó la esencia imperial de la Casa Blanca. El caso central fue la OTAN: Trump vio a este organismo como una especie de fuerza militar subsidiaria de la comodidad de los países europeos para disminuir gasto militar, dejando a Washington con el peso de fondos y tropas. Trump obligó a los países de la Unión Europea a hacerse cargo de gastos y tropas, aunque con ello disminuyó el dominio imperial militar sobre esa parte estratégica del paneta.

Por lo tanto, Biden no estaba pensando en el modelo idealista de unidad nacional para encarar la crisis local, sino para regresarle la legitimidad al poder estadunidense basado en el apoyo interno. Durante decenios los estadunidenses, aun los progresistas y pacifistas, aceptaron el enfoque imparcial proactivo de la Casa Blanca porque era el único camino para consolidar el modelo del american way of life o modo de vida estadounidense; es decir, que el “sueño americano” de confort y riqueza se basaba en la explotación imperial de los EE. UU. de otros países del mundo, comenzado por el petróleo que ha animado la policía exterior estadounidense desde los años posteriores a la segunda guerra mundial.

La carta de exfuncionarios de inteligencia, defensa y seguridad nacional de septiembre estaba firmada por personal de los gobiernos militaristas de Reagan, Bush Sr., Clinton, Bush Jr., Obama y por los que renunciaron a la administración Trump por la falta de un espíritu estratégico imperial. Trump exploró la vía no militar con Rusia, China, Corea del Norte e Irán, aunque el asesinato del general Qasem Soleimani habría sido decisión no de Estado sino de la comunidad de seguridad nacional para reventar el plan nuclear de Trump para Irán.

La estrategia de seguridad nacional de Biden será la clásica militarista, de intervención en otros países y de dominación del discurso bipolar ante la amenaza rusa y china de apoderarse del mundo. En este sentido, Biden analizó el modelo Trump como una amenaza contra la estrategia de seguridad nacional militarista tradicional de intimidación del mundo y su tarea será la unidad interna para regresar a los EE. UU. al dominio de las estrategias de coexistencia imperial en el planeta.

El primer aviso de la militarización imperial de la estrategia de la Casa Blanca estuvo en la designación del general Lloyd Austin, recién retirado, como secretario de Defensa que de manera normal estaba bajo la dirección de un secretario civil. Esa designación fortaleció el poder militar de Biden.

 

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Política para dummies: La política es, de suyo, poder; por tanto, la dominación del otro.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Trump, tan culpable como JFK, LJ, RN, JC, RR, GB Sr., WC, GB Jr., BO y JB

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Carlos Ramírez*

A partir del criterio analítico de que Donald Trump es responsable/culpable de la violencia del 6 de enero en el Capitolio y que su acusación debe ser probada en tribunales, el juicio contra el hoy expresidente debe servir de portal de entrada para comenzar un enjuiciamiento penal contra todos los presidentes de los EE. UU. por decisiones de poder que pueden configurar delitos penales.

Sin embargo, en los EE. UU. aun prevalece lo que pudiera ser el principio político del poder absoluto estadunidense que fue definido en catorce palabras por el expresidente Richard Nixon en su entrevista en 1977 con el periodista británico David Frost:

–Si el presidente realiza el acto ilegal, quiere decir entonces que no es ilegal.

Todos los presidentes estadunidenses de los últimos setenta y cinco años, de Harry Truman en 1945 a Donald Trump en 2021 y desde luego el hoy presidente Biden como vicepresidente ocho años del gobierno de Obama, han violado las leyes externas y, como Nixon y Trump, las internas. Sin embargo, las complicidades del poder imperial han mantenido a los presidentes lejos de los tribunales y colocados en sus nichos respectivos por serviciosprestados a la patria.

En todo caso, el establishment liberal quiere juzgar a Trump no por sus delitos tipificados por las leyes, sino por haber tomado decisiones contra la legitimidad del régimen imperial; es decir, por atentar contra la estabilidad del modelo de gobierno vertical, de grupos de poderes fácticos y al servicio de una elite económica y política.

El régimen estadunidense ha sido, de muchos modos, shakesperiano: el poder y el crimen han ido de la mano. “Aquel que se ensucie las manos de sangre conmigo será mi hermano”, dice Enrique V. Pero la sociedad, cómplice del poder, ha avalado crímenes: le perdonó a Kennedy su relación con la mafia, el desastre de Cuba y la guerra de Vietnam y terminó como prototipo del escritor ¿izquierdista? Norman Mailer como un “héroe existencial” porque importaba su existencia, no su esencia. En cambio, condenó a Nixon por negarse a obedecer una orden de la Corte Suprema y no por los bombardeos secretos sobre la población civil en la guerra de Vietnam.

En este sentido, Trump no fue ni más abusivo ni menos responsable que sus antecesores. Pero en 2016 los colegios electorales –es decir: el establishment– le dieron la victoria que le negaron los votos populares y durante cuatro años mantuvo la aprobación suficiente para lograr el 47% de los votos populares en las elecciones del pasado 3 de noviembre de 2020. Y en las encuestas sobre su responsabilidad, Trump pierde confianza, pero no aprobación.

El sistema democrático estadunidense que tanto ha sido alabado en los EE. UU. y el mundo quiere sentenciar a Trump por los incidentes del 6 de enero, pero en el fondo su delito es otro: tener la iniciativa de fundar otro partido político, crear otra gran cadena de televisión y dejar entrever la posibilidad de competir por una senaduría en 2022 o por la presidencia en 2024. Como sistema político autoritario, populista, elitista y fundamentalista, el régimen estadunidense busca cerrarle las puertas de la democracia a Trump. Como no pudieron vencerlo en la lucha política, ahora buscan su muerte civil.

Pero al final de cuentas, Trump no es una anomalía; al contrario, dibuja todas las características típicas del político estadunidense: la ambición desmedida de poder. Las denuncias de irregularidades electorales fueron un dardo envenenado al corazón de la legitimidad del régimen imperial y el establishment se cerró como concha de ostión. Kennedy cometió irregularidades electorales, Bush Jr. apostó a esas irregularidades en el 2000, Hillary se quejó en 2006 de engaños en los colegios electorales y el propio Trump denunció manipulación en su contra del voto popular. Pero en lugar de investigar al sistema electoral, como en cualquier país con subdesarrollo democrático Nancy Pelosi persigue al denunciante y no indaga la denuncia.

Trump merece ser enjuiciado por crímenes del poder absoluto, basados en argumentaciones de crímenes del poder de sus antecesores en el cargo. Pero no será así porque seguirá prevaleciendo el principio del poder presidencial estadunidense definido por Nixon: las ilegalidades que cometan los presidentes en funciones no son ilegales.

 

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Política para dummies: La política es el reino de la impunidad.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Trump, producto de contradicciones sociales del capitalismo depredador

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Carlos Ramírez*

No, no es Trump. El presidente que dejará hoy la Casa Blanca por el resultado electoral oficial no fue una anomalía, sino un sujeto histórico producto de las contradicciones del conflicto social estadunidense acumulado.

Tres datos deben anotarse:

1.- De acuerdo con el tracking diario de la empresa Rasmussen, Trump llegó a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre con 39% de aprobación fuerte, contra 43% de Biden; y en lo general, el total de la aprobación presidencial de Trump el día electoral fue de 49%, contra 50% de Biden. El 15 de enero, Trump registró una aprobación fuerte de 35%, contra 42% de Biden y una aprobación total de 48% contra 52% de Biden. El 6 de enero de la crisis en el Capitolio, Trump tuvo una aprobación fuerte de 36% y total de 48% y Biden de 43% fuerte y total de 52%.

2.- A pesar de la estridencia ideológica del establishment liberal/republicano colaboracionista y del discurso ideológico para caracterizar a las bases radicales de Trump como fascistas, en las calles hubo una especie de pasividad social. En la capital federal, D.C., mostró una especie de aceptación del estado de sitio.

3.- El establishment cometió el error estratégico de caracterizar a los grupos radicales de ultraderecha vinculados a Trump como expresiones de “terrorismo doméstico” porque colocó una grave fractura social en el consenso interno que le da fuerza al comportamiento imperial de la Casa Blanca. El pensamiento liberal real sigue sin olvidar los años oscuros y criminales del macartismo cuando la derecha en el poder persiguió, como parte de la guerra fría imperial, a los pocos grupos del espectro centro-progresista a comunista. Hoy parece ser al revés: el presunto progresismo en el poder quiere criminalizar a la derecha ideológica violenta.

Los EE. UU. siempre habían expresado una polarización electoral, aunque sin incidentes poselectorales: de las elecciones de William Clinton en 1996 a Biden en 2020 el Partido Demócrata ha tenido un promedio de voto popular de 50%, contra 40% de los republicanos a pesar de los dos periodos de Bush Jr. y el cuatrienio de Trump. La diferencia Biden/Trump es de 51.4%/47%, aunque ahora con republicanos violentos en las calles.

Por primera vez en la historia, el relevo presidencial se da sin el sentido de la fiesta, sin los bailes presidenciales nocturnos y sin el paseíllo de la nueva pareja presidencial por Pennsylvania Av. Las rejas, los guardias nacionales, los miles de policías y los comandos especiales de las fuerzas armadas, con la imagen intimidante de francotiradores oficiales van a opacar la victoria de Biden. En las plazas de capitolios estatales aparecieron milicias legales armadas.

Biden y la reina Nancy Pelosi fueron incapaces de construir una legitimidad política de su victoria. El presiden electo perdió la oportunidad de exhibir un verdadero liderazgo político al salirse de la refriega y refugiarse en el sótano de su casa como búnker de campaña, en tanto que la reina Pelosi profundizó el autoritarismo de Estado contra los grupos violentos consolidando el discurso de golpe de Estado que nunca ocurrió.

Con la respuesta de fuerza, el establishment demócrata/republicano privilegió su falta de comprensión al mensaje que envió el electorado duro de Trump: una protesta contra el Estado autoritario dominado por una veintena de lobbies de intereses nada populares. El próximo establecimiento de leyes patrióticas internas contra el “terrorismo doméstico” profundizará la estructura fascistoides de fuerza del Estado norteamericano, pero sin entender la dinámica ideológica de ese conservadurismo militante.

Durante gobiernos anteriores, demócratas y republicanos, los grupos radicales de la derecha fueron la base de una configuración de clases sociales dispares, polarizando a los beneficiarios del establishment y los sacrificados por la acumulación privada de riqueza. La desigualdad social ha sido, en el fondo, una desigualdad de raza, sin duda la peor herencia histórica del modelo de polarización de riqueza/pobreza que es la esencia del capitalismo estadunidense.

Con un presidente sin carisma, agobiado por la edad, anticlimático y una sociedad polarizada hasta la violencia, los EE. UU. entran a una nueva fase de gobierno con tensiones sociales que van a tratar de ser aplastadas con la fuerza del poder y no con la comprensión del conflicto social subyacente.

Y en el fondo, y ya no tan en el fondo, los primeros indicios de una nueva guerra civil.

 

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Política para dummies: La violencia es la política por otros medios.

 

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