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Agenda de Seguridad y Defensa

El problema de la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno lopezobradorista ha radicado en la ausencia de un método y de un enfoque organizado e integral sobre la inseguridad.
Desde la victoria electoral de julio del año pasado hasta la designación del comandante operativo de la Guardia Nacional el tema central ha estado en la participación de los militares sin entender tres cosas: los militares han sido apoyo, la inseguridad está las organizaciones delincuenciales y el fondo de la crisis se ubica en el fracaso de los cuerpos policiacos y judiciales para combatir los delitos.
Paradójicamente el replanteamiento de la estrategia de seguridad se ha centrado en el acotamiento a la participación de los militares en labores de apoyo a la seguridad pública y nada –pero nada de nada– se ha hecho para reorganizar a fondo los cuerpos policiacos estatales y municipales y las estructuras porosas de impartición de justicia.
A la nueva estrategia le falta un diagnóstico del estado en que se encuentra la inseguridad pública en México. Dicen –sólo como dichos– que luego de la Guardia vendría un programa urgente para depurar los cuerpos policiacos estatales y municipales, pero los datos no cuadran: existen más o menos 450 mil efectivos en policías estatales y municipales, de los cuales el 80% no ha sido capacitado y siguen cobrando salarios menores a los sobornos que pagan las bandas de delincuentes. Poner orden ahí exigiría presupuestos de gasto que sencillamente no existen.
Luego tendría que venir un reordenamiento de ministerios públicos y jueces, pero tendría que ser decisión del poder judicial autónomo. Por si fuera poco, uno de los nidos de la criminalidad se localiza en los penales que hoy, en su mayoría, están controlados por delincuentes en formas aceptadas de autogobiernos; es decir, las cárceles son extensiones reconocidas, avaladas y aceptadas de las propias organizaciones criminales.
Por lo tanto, puede decirse que la participación reorganizada y con mayores controles de miembros de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en la estrategia nacional sería el menor de los problemas. Lo que se designa de manera despectiva como “militarización” no es sino el reconocimiento que la seguridad pública (la policiaca) ha pasado a ser un tema de seguridad interior que tiene que ver con la afectación del Estado, de la sociedad y de la soberanía territorial del Estado ante bandas criminales que están asumiendo formas de gobierno en comunidades de la república.
A partir del fracaso de las organizaciones policiacas desde la corrupción de la Dirección Federal de Seguridad en 1983-1985 hasta la Policía Federal y la Gendarmería, la seguridad dejó de ser un tema policiaco de policías y ladrones para asumir las circunstancias de bandas criminales desplazando al gobierno y al Estado en zonas territoriales y tomando el control.
En este sentido, la militarización no es sino el punto en el que la doctrina de defensa nacional –la soberanía del Estado– tiene que aplicarse en la formación de nuevos cuerpos policiacos. Cualquier diagnóstico de la criminalidad en México debiera partir del hecho de que los delincuentes no son carteristas de los años cincuenta, sino verdaderas estructuras organizadas con capacidad económica y acopio de armas letales superiores a las policiacas y en algunos casos similares a las que usan los militares.
El tema de los derechos humanos es importante. Y no porque lo hayan descubierto los funcionarios que ganaron las elecciones el julio pasado, sino porque forma parte de la nueva doctrina constitucional con las reformas del 2011 que redefinió la Constitución como una Constitución de derechos humanos. Pero los derechos humanos tienen que ver con la aplicación de la fuerza del Estado ante organizaciones delincuenciales, no con el acotamiento de la funcionalidad de los cuerpos de seguridad. En quejas presentadas, el principal violador de los derechos humanos es el Instituto Mexicano del Seguro Social y las recomendaciones contra abusos de fuerza en operativos de seguridad no pasa de un centenar.
Los mandos civiles en los cuerpos de seguridad hasta la Gendarmería han sido incapaces de abatir la inseguridad y de organizar una policía eficaz. Aunque quisiera, la Guardia Nacional no será un batallón militar porque su función será combatir a los delincuentes. El problema podría estar en ponerle candados a la nueva Guardia Nacional para evitar abusos, pero al mismo tiempo dejarla inmovilizada ante la escalada de violencia criminal.
Zona Zero
·      El secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ha quedado atrapado en el fuego cruzado de las justificaciones oficiales contra las críticas al mantenimiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Y el acoso seguirá en tanto el gobierno federal lopezobradorista no reorganice el tema con la urgente Ley de Seguridad Interior.
·      Acostumbrados a las suspicacias, altos mandos militares no dejan ocultar su extrañeza por la forma en que se refieren a la militarización en algunos sectores sociales como sinónimo de represión y en la insistencia en firmar convenios a diestra y siniestra para respetar los derechos humanos. El problema radica en que los convenios internacionales sobre derechos humanos disminuyan la eficacia de la Guardia en la persecución del delito.
·      El aumento en la inseguridad en los primeros meses del gobierno actual puede explicarse por el repliegue de las fuerzas de seguridad a la espera de que los capos de las grandes organizaciones delincuenciales pacten una paz. Sin embargo, basta que una organización se niegue a hacerlo para que el modelo deje de funcionar. Y ese grupo en expansión es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
seguridadydefensa@gmail.com
@carlosramirezh 
Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Evo: Ebrard aplicó la doctrina Castañeda-Fox y no la Estrada

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Indicador Político:

Si México ha logrado un reconocimiento mundial por su política de asilo, el autorrenunciado presidente boliviano Evo Morales Ayma está violando las condiciones estrictas de su permanencia humanitaria en México haciendo política con efectos desestabilizadoras no sólo en Bolivia, sino en México.
El propio canciller mexicano Marceo Ebrard Casaubón, que fue en 1994-1995 subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Salinas de Gortari, también se ha salido de la doctrina tradicional de política exterior fijada como Doctrina Estrada que durante decenios le dio madurez política a la diplomacia en cumplimiento del mandato constitucional –fracción X del 89 constitucional– de respetar “la autodeterminación de los pueblos” y “la no intervención” en asuntos de otras naciones.
Junto al asilo al presidente autorrenunciado Morales, el canciller Ebrard ha calificado de manera negativa la crisis en Bolivia, ha acusado a las autoridades actuales en ese país andino y está haciendo campaña por Morales que implica una intervención en los asuntos internos de Bolivia.
Aunque no es ley, la Doctrina Estrada del canciller Genaro ‪Estrada en 1930‬ sí ha definido la diplomacia mexicana en el sentido de que “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos”.
Por tanto, la política exterior de México asumió con Estrada el concepto doctrinario de limitarse a “mantener o retirar” a sus agentes diplomáticos, sin calificar crisis de gobiernos. La explicación de esta doctrina es, inclusive, defensiva: México respeta el funcionamiento político de otras naciones, a fin de que esas otras naciones no califiquen el funcionamiento político y de gobierno de México.
La decisión de Ebrard de permitir que el autorrenunciado presidente boliviano Morales se mueva en México como rock star haciendo política se basa en la Doctrina Castañeda que definió Jorge G. Castañeda como canciller del gobierno panista de Vicente Fox en septiembre de 2001, a raíz del apoyo de México a la decisión del presidente Bush de atacar Irak por los ataques del 9/11.
Pero hay una diferencia entre una política exterior activa basada en principios de estabilidad, convivencia y reconocimiento a valores democráticos y una diplomacia convenenciera a los criterios del gobierno en turno. El derecho de asilo permitió a México proteger lo mismo al comunista Leon Trotsky que al Sha de Irán derrocado por la revolución islámica y a los republicanos que huyeron de la guerra civil española. Asimismo, muchos radicales latinoamericanos perseguidos por las dictaduras militares latinoamericanas encontraron asilo en México y contribuyeron a enriquecer el pensamiento político regional. Pero ninguno de ellos usó a México como plataforma para atacar a los países de donde salieron expulsados.
Lo que ha causado malestar en México ha sido el activismo del autorrenunciado presidente Morales y su falta de valor para quedarse en su país luchando por sus ideales. En los hechos, el asilo es incuestionable, aunque las autoridades migratorias de Gobernación debieran obligar a Morales a guardar compostura en México y evitar declaraciones que están embarcando a México a oponerse a los mecanismos locales para resolver la crisis que dejó Morales cuando salió huyendo de Bolivia al poner su vida por encima de sus ideales y sus compromisos jurados como presidente en funciones hasta enero de 2020.
Y el problema colateral para México será aguantar las reacciones no frontales de la comunidad diplomática de policía exterior y de seguridad nacional de los EE. UU. donde la autorrenuncia de Morales formaba parte de sus planes de reacomodo de los equilibrios políticos regionales. En los hechos, México ha quedado alineado al frente antiestadunidense populista de América Latina, aunque también en los hechos el presidente López Obrador no comulgué y ha marcado su distancia con los populismos de Argentina, el chavismo venezolano y el que representa Morales.

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Sinaloa y el PRI. En medio de tensiones entre la presidencia y los gobiernos estatales, las encuestas están revelando los posicionamientos de gobernadores. Y entre todos los priístas desacata, cuando menos en dos encuestas, México Elige y Consulta Mitofsky, el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sólo con el panista de Yucatán en primer sitio. El sinaloense logró 60% en México Elige y 59.3% en Consulta. De los morenistas aparece la regenta Claudia Sheinbaum en lugar 20. Y hasta ahora Ordaz Coppel sólo ha hecho política local.
Política para dummies: La política esta llena de pretextos, justificaciones y no-verdades.

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Columna Tiempo Nuevo: El varón violentado

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Salvador Guerrero Chiprés
Reconocer las nuevas realidades nacionales pasa por identificar las antiguas y, entre ellas, advertir que los varones son también víctimas de violencia familiar.
En un entorno ciudadano y público crecientemente incluyente, es una oportunidad cívica y política, es decir un espacio para la actuación y la educación que construye a nuestra comunidad nacional, identificar que los hombres son, con mucho mayor frecuencia de la que pudiera pensarse, víctimas de aquella violencia proveniente de quienes no solamente son víctimas sino también victimarias.
Los varones padecen la violencia familiar en sus dimensiones física y psicológica. La actitud de los agentes del Ministerio Público, en el escaso número de ocasiones en que existe disposición a denunciar, es doblemente inhibitoria de la acción jurídica de hombres respecto de mujeres. La burla es frecuente en ese pequeño número de incidencia que busca la apertura de una carpeta de investigación.
En este Día Internacional del Hombre, son útiles algunos datos para avanzar en esa conciencia de la diversidad de origen de las violencias que desborda comprensiones convencionales de género omisas de la visibilización de la violencia femenina contra el varón.
Hombres de entre 46 a 55 años, que se han atrevido a denunciar o reportar su condición de debilidad e incipiente empoderamiento, han sido quienes más se han comunicado, por ejemplo ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, para denunciar maltrato, con el 36% del total. Después de ese segmento, el grupo de quienes tienen entre 31 a 40 años representan el 27%.
En 45 de cada cien casos, se señala que quien ejerce la violencia es la pareja, el porcentaje restante se divide en familiares (incluidos los de la pareja), hijos y padrastro.
En la totalidad de los casos se reporta violencia física y en el 54% ésta va acompañada de psicológica. Así es, se incluyen insultos constantes y denigración por parte de la victimaria y existen casos de violencia patrimonial.
En una época en que tenemos la oportunidad, no menor, de crear un debate extendido y trascendente sobre las condiciones de género y su ubicación en el contexto de las maneras en que se está reconstituyendo un nuevo modelo de familia diversa, asumir que existe la violencia femenina contra los varones es una vertiente que debe ser recuperada.
El propio sistema sociopolítico, con sus pagos explícitos e implícitos de violencia sistemática machista y patriarcal, podría estar en condiciones de revisar el modo en que los hombres son también sujetos de una violencia que no tiene como origen un género exclusivo.
Conforme se estabilizan los componentes de las agendas progresistas de nuestro país y del mundo, podríamos aprovechar para repensar cuál es el lugar que podríamos asignar a la violencia contra los hombres, que forma parte de este “patriarcal machismo”

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Columna Brújula Pública: Lo barato es costoso

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La infraestructura crítica está constituida por aquellas instalaciones y los sistemas informáticos relacionadas con la provisión de bienes y de prestación de servicios públicos esenciales y cuya afectación pudiera comprometer la Seguridad Nacional en términos de la ley de la materia, como los sistemas informáticos que proveen o alimentan de información en alguna de las etapas de los procesos de producción o comercialización de bienes y servicios de los tres sectores de la economía, así como de los servicios que prestan los tres órdenes de gobierno de los tres poderes de la Unión. Esto también alcanza a los sistemas y subsistemas de la economía nacional que generan riqueza.

Su importancia radica en que por sus procesos es posible que transiten gran parte de información sensible para el país o sus ciudadanos, como transacciones o trasferencias de sumas cuantiosas de dinero, o bien, datos personales de los usuarios de la banca o de los derechohabientes de algún servicio público que proporciona alguna institución gubernamental y, por esta razón, es que son consideradas dentro de los parámetros de la seguridad nacional. 

En dos ocasiones en 2018 la infraestructura crítica del sistema financiero mexicano tuvo un par de crisis, que pusieron en alerta los sistemas de seguridad cibernética, cuando se tuvo conocimiento que los procesos en la infraestructura crítica que regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México (Banxico) afectó principalmente las transacciones en ese sistema que utilizan las instituciones Banamex, Banorte y BBVA Bancomer, cuyas últimas dos instituciones afirmaron que se trató de incidencias. Esta falla pudo haberse extendido a todas las instituciones del sector bancario mexicano, sin que haya sido del dominio público.

También el año pasado el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en los que se depositaron 68.8 millones de pesos, en un fraude que consistió en una repetición en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, entre cuyos beneficiarios, hubo quienes ni siquiera recibieron una tarjeta, en la que se evidenció la fragilidad informática de los sistemas financieros del gobierno mexicano. 

Además a inicios de enero de 2018 se supo que la infraestructura crítica del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también fue vulnerada, aunque hasta ahora sin que se sepa de algún daño patrimonial.

Desde el pasado 10 de noviembre, la infraestructura critica que aloja los programas y procesos en Petróleos Mexicanos fue víctima de piratas cibernéticos, que reclaman un rescate de 4.9 millones de dólares por liberar las computadoras de la paraestatal.

Este es un reflejo que la austeridad no siempre es una medida eficiente, ya que se abren frentes y se vulneran procesos informáticos de los que podría depender el suministro de crudo o productos procesados.

La Organización de Estados Americanos (OEA) genera reportes que señalan que desde 2017, México está entre los primeros 5 países con menos preparación para un ataque cibernético.Aquí la pregunta es, ¿que otros sistemas que prestan un servicio público han sido penetrados o presentan vulnerabilidades que pongan en riesgo la seguridad?.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

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