Por Carlos Ramírez
Las cifras mensuales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen lecturas parciales. Los reclamos se acreditan al presidente de la república y a su gabinete de seguridad, pero su papel es más bien de responsables de la estrategia nacional y las cifras mensuales revelan delincuencia de orden común que corresponde a gobernadores y alcaldes.
El discurso oficial ha destacado en las cifras de enero-octubre de 2019 el argumento de que se llegó a un punto de inflexión; es decir, que los homicidios dolosos tocaron techo: de casi 300 más en enero de 2019 sobre 2018, en los diez meses hubo un aumento sólo de 205. Los datos oficiales están ahí, sólo que falta que el ritmo se mantenga cuando menos cuatro meses para asumir que en verdad ya se llegó al límite superior de asesinatos.
Pero el rubro de los homicidios dolosos refleja sólo el tema de la violencia criminal que impacta en los estados de ánimo del ciudadano; sin embargo, lo que daña la cotidianeidad de las personas es la delincuencia que afecta seguridad y patrimonio de las personas. Las bajas en balaceras son colaterales, en tanto que la delincuencia al menudeo busca dañar al ciudadano.
En las cifras enero-octubre de 2019 el total de los delitos contra el patrimonio de los ciudadanos fue de 857 mil 163, contra 855 mil 430 del mismo periodo de 2018. La cifra también revela un punto máximo de techo. Es decir, que en los hechos casi se dio el mismo número de delitos contra los ciudadanos. Pero el vaso medio vacío se debe medir en función de que son todavía muchos delitos cotidianos, cuando lo que los ciudadanos quieren es ver disminuir de manera sensible los delitos de robos.
Los delitos contra ciudadanos en los primeros diez meses de 2019 fueron altos:
– 66 mil 47 robos a casas.
– 156 mil 161 robos de vehículos.
– 66 mil 838 robos a transeúntes.
– 15 mil 434 robos a bordo de vehículos de pasajeros
– Y 93 mil 357 robos a negocios.
Y como dato adicional, aquí hemos insistido en señalar que se trata de robos denunciados, lo que quiere decir que hay que agregar la cifra de 95% de delitos no denunciados por falta de confianza en policías e instituciones. Por tanto, el ciudadano sigue a merced de los delincuentes.
La responsabilidad de los delitos a los ciudadanos es de gobernadores y alcaldes. La Guardia Nacional es un cuerpo de investigación y vigilancia sobre delitos de fuero federal, con facultades reducidas para perseguir delitos de fuero común a pesar de tener presencia en estados y municipios. La Guardia apoya a autoridades locales, pero con posibilidades restringidas de usar su fuerza.
Los datos revelan las intervenciones policiacas a posteriori o a petición de una autoridad después de realizado el delito. Gobernadores y alcaldes han sido reacios o incompetentes en construir policías preventivas que disminuyan las posibilidades del delito antes de cometerse. Hoy se ven más guardias nacionales que policías locales patrullando calles.
Los ciudadanos no quieren que la policía investigue delitos, sino que los evite. Y ahí seguimos con pasivos porque las policías no hacen su trabajo.
Ley de la Omertá
Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender al crimen organizado y la violencia, del director del CISEN 2006-2011, Guillermo Valdés Castellanos, revela, en esta segunda parte de análisis, la crisis de seguridad en los ochenta, justo después de la liquidación de la guerrilla armada. Las policías dejaron de tener enemigos políticos y buena parte de ellas se alió a las nacientes bandas de sembradores, primero, de la droga: los marihuaneros.
Valdés cuenta testimonios de expolicías sobre el acercamiento de comandantes a los incipientes jefes del narco en Jalisco y Sinaloa. Esa alianza se dio en función de servicios: los narcos controlan el mercado y la venta y reparten recursos con los policías que ofrecieron vigilancia e información de inteligencia. La Federal de Seguridad, la Judicial Federal y la policía capitalina hechura de Arturo El Negro Durazo Moreno como jefe de 1976 a 1982 construye una alianza diabólica entre policías y narcos.
De esa alianza nacen todos los cárteles que han sobrevivido hasta la fecha, algunos con menor fuerza, pero vigentes. Valdés ofrece datos estadísticos sobre el motor de la droga en México: el consumo. El salto cualitativo se dio de 1976 (Durazo en la policía del DF) con 1.1 millón de consumidores de cocaína y crack por primera vez a 1.4 millones de personas en 1990. Los traficantes dejan de recibir efectivo por el trasiego de droga y les pagan con droga que tienen que convertir en pesos vendiéndola al menudeo dentro del país.
Luego de que las policías comienzan a ser sometidas a control institucional, muchos agentes pasan a formar parte de las bandas criminales por su experiencia, información y capacidad de tráfico de armas. Las bandas, señala Valdés, asumen ya capacidad de organización formal, el poder se distribuye entre familiares y aliados y la demanda en los EE. UU. crece para impulsar una verdadera industria de la droga. El Estado no es capaz de reaccionar y los cárteles toman el control de ciudades.
Zona Zero
· El discurso gubernamental sobre seguridad quiere poner a las cifras oficiales de delitos como el punto de inflexión, porque el aumento de homicidios dolosos fue marginal, menos a 3%. Los datos de los especialistas registran estas percepciones; sin embargo, sí existe una menor violencia en los grandes cárteles, pero mayor en los medianos y chicos que disputan plazas.
· El caso de Nuevo Laredo ha echado la luz sobre el Cártel del Noreste, un desprendimiento de Los Zetas, por su violencia contra las autoridades y su capacidad de respuesta armada contra choques con las fuerzas de seguridad. Pero al mismo tiempo, la crisis en NL ha revelado un aumento en el uso del poder policiaco sin respetar límites en la aplicación de la fuerza.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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