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Por Carlos Ramírez*

En una de las peores fases de la inseguridad –la de la impotencia– aparece un espacio de oportunidad para reconstruir la agenda de seguridad y defensa: el relevo de la cámara federal de diputados, en cuyos espacios debió de haberse ventilado el tema desde la crisis de 1985. Sin embargo, el perfil de algunos de los precandidatos conocidos mueve más al pesimismo que a la posibilidad del rescate ciudadano de una de las tres grandes crisis nacionales.

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados facilitó la aprobación de reformas sobre las estructuras de seguridad, aunque hubo más deficiencias que posibilidades de poner orden en el marco jurídico de la seguridad y la defensa. Basta revisar los nombres de los actuales miembros de las comisiones referidas a esos temas en San Lázaro para profundizar el pesimismo en el tema: la seguridad y la defensa, que forman parte de la soberanía del Estado, está en manos de improvisados.

El relevo legislativo es, pues, oportunidad para, primero, abrir el debe para definir una nueva agenda social de seguridad y defensa y, después, afinar personalidades o especialidades al respecto. Sin embargo, parece ser que todos los partidos se han olvidado del hecho de que la lucha por políticas coherentes de seguridad y defensa se han dado en la sociedad civil con especialistas reconocidos y ninguno de ellos ha sido llamado para asumir alguna candidatura.

El relevo de la Cámara federal se dará en el tiempo político de mediados de sexenio, con cifras de acumulación de delitos, con estructuras profesionalizadas sin influencia en el control estatal de la seguridad y con la atomización de las actividades criminales, además, claro, de la persistencia de los grandes cárteles del crimen organizado que parecen haber formado verdaderos conglomerados de asociaciones delictuosas.

El poder legislativo tiene la facultad de crear leyes y, de manera especial, para vigilar, supervisar y exigir rendición de cuentas al ejecutivo y al judicial de los compromisos asumidos. No hay que perder de vista que en 2008, a propósito del asesinato del joven Alejandro Martí, todo el Estado y sus instituciones se comprometieron a una gran reforma de seguridad con plazos definidos con precisión, pero con resultados que nadie supervisó.

La próxima Cámara de Diputados debe incluir la agenda de seguridad y defensa como prioritaria para el fortalecimiento del Estado, con acciones de supervisión más estrictas. Y aún si Morena refrenda su mayoría absoluta o su primera minoría, la oposición debiera generar un programa prioritario de supervisión de acciones de seguridad y defensa porque la masacre cotidiana de homicidios dolosos y delitos de orden común está exigiendo desde hace mucho una acción decisiva de los legisladores.

La teoría tradicional de la división de poderes derivó de manera inevitable en el modelo de contrapesos de poderes y de supervisiones de poderes. El legislativo tiene la función de vigilar y supervisar a los dos otros poderes, pero por tradición priísta ha sido un poder sumiso al supremo poder ejecutivo, ahora y siempre. Y los candidatos opositores a diputados debieran de meter la agenda en las campañas para concitar de nueva cuenta el interés de la sociedad en uno de los problemas que los agobia y al que no le ofrecen soluciones.

 

Ley de la Omertá

Antes de ser arrestado en EE. UU. en diciembre de 2019, Genaro García Luna, uno de los superpolicía del poder político, tuvo largas entrevistas con dos especialistas en seguridad: Guadalupe Correa-Cabrera y Tony Payán. Las conversaciones están circulando en un libro digital titulado Las cinco vidas de Genaro García Luna, bajo el sello de El Colegio de México.

De entrada hay que decir que no se trata de un libro formal. Son las transcripciones de las respuestas de García Luna, con algunas precisiones de contexto, pero sin verificación de datos. Por eso queda en el lector el sabor de una entrevista de venganzas, porque García Luna aparece como un llanero solitario de la seguridad, incomprendido y rodeado de otros funcionarios a los que humilla con calificativos despectivos. Claro, los afectados están libres de culpas y García Luna se encuentra preso bajo cargos de haber estado al servicio del crimen organizado y el narcotráfico.

García Luna atravesó por la nueva etapa de la seguridad después de la debacle del PRI en 1997: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la AFI, la Secretaría de Seguridad Pública y la consultoría privada en temas de seguridad. Han sido veintidós rápidos años, entre ellos la fase de la oposición en la presidencia y la desconfiguración de la vieja política de seguridad basada en el control de as bandas como parte de las estructuras de funcionamiento del sistema.

Habrá que esperar más libros sobre los personajes de la seguridad en el periodo de la crisis de inseguridad 1985-2020. El de Las cinco vidas es más complaciente que analítico y no ayuda a entender algunas de las razones de su encarcelamiento y juicio en EE. UU.

 

Zona Zero

• Para los interesados en el caso de la periodista Lydia Cacho y el papel de la Suprema Corte y la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, se recomienda el libro Las costumbres del poder. El caso Lydia Cacho, escrito con las intervenciones de cuatro ministros de la Corte que votaron a favor del enjuiciamiento del entonces gobernador poblano Mario Marín Torres: Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza, bajo el sello de Porrúa.

• El voto de la ministra Sánchez Cordero salvó a Marín bajo el criterio de que sí había violado los derechos humanos de la periodista, pero no mucho. El artículo 97 Constitucional de entonces hablaba de “violaciones graves” a los derechos humanos. Ahora las doctrinas de derechos humanos señalan que toda violación de derechos humanos es grave.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Nacional

Seguridad y Defensa- Militares: debate sin adjetivos Nuevo paradigma: seguridad interior

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Por Carlos Ramírez

De manera recurrente y casi siempre como efecto de textos en publicaciones extranjeras, el tema de la participación de las fuerzas armadas en labores más allá de la seguridad nacional territorial pasa a formar parte del debate político e ideológico. La conceptualización más fácil es la de hablar de “militarización” de labores civiles de gobierno.

Pero el tema es más complejo. Ahora mismo el texto “Sargento López Obrador” de la revista The Economist ha movido algunas columnas periodísticas siguiendo el texto, pero de nueva cuenta sin aportaciones propias. Inclusive, el mundo de la academia mexicana de ciencias sociales sigue rezagándose en la exploración de nuevas formas de ejercicio de la policía, el poder y la sociedad y más atrás de la indagación de las nuevas realidades que pudieran englobarse en el espacio de la “seguridad”.

El punto clave sigue esperando debate: ¿es México un régimen militar? La respuesta es negativa, por más que el presidente actual le haya asignado funciones ajenas al uso de las armas, pero en base a la permisividad legal de la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional que permite su participación en obras sociales. Inclusive, para ser presidente no se debe ser activo en las fuerzas armadas o en alguna cofradía religiosa. Se puede discutir si el presidente de la republica tiene una mentalidad autoritaria o cerrada, pero no hay indicios de que tenga un ejercicio militarista del poder por encima de las leyes porque todas sus decisiones, mal que bien, tienen fundamentos legales constitucionales.

Aquí se propone un nuevo marco analítico: la construcción de la “seguridad interior” como un nuevo paradigma de entendimiento de las labores de oficinas de seguridad. Nos habíamos quedado en el Estado de bienestar social como la aportación histórica del régimen de la Revolución Mexicana, pero el neoliberalismo salinista sacó al Estado de las caracterizaciones sociales y definió las labores de gobierno como funcionales a los fundamentos administrativos.

La nueva fase del Estado neoliberal en 1980-1994 –del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 al Tratado de Comercio Libre– disminuyó el potencial del Estado en el sistema productivo. El relevo en la burocracia dirigente de los grupos políticos por los técnicos administrativistas –concepto de Octavio Rodríguez Araujo en una charla– terminó con la fase de control político de la delincuencia por parte de los funcionarios. En el vacío de poder de ese relevo se dio el fortalecimiento de las bandas criminales organizadas y desorganizadas.

Los delincuentes pasaron de actividades propiamente delictivas –quitarle a los individuos su riqueza– a labores de sustitución de funciones productivas, pasando por la fase de captura y sustitución del Estado. Ahí, en ese espacio, se dio la reformulación de la seguridad interior como eje de estabilidad. La doctrina de defensa nacional establece definiciones claras de seguridad interior:

Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

De la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus bienes se pasó al aseguramiento del ambiente del Estado para la inversión y el desarrollo. Ahí, en ese agudizamiento de la inseguridad personal a la inseguridad del Estado para generar desarrollo y bienestar se asumió el modelo de seguridad interior, por cierto caracterizada como orden interno por la Constitución de Cádiz de 1812 y como seguridad interior en las tres constituciones mexicanas. Es decir, el Estado expandió sus funciones de seguridad cuando la delincuencia afectó el territorio, la economía productiva y la soberanía territorial.

La nota de The Economist recupera las quejas mexicanas sobre la participación de las fuerzas armadas en labores administrativas ajenas a la guerra. Sin embargo, las principales tienen que ver con la seguridad vis a vis el activismo de las bandas criminales: narco, migración, oleoductos, carreteras, puertos, presas, hospitales y aduanas, entre otras. Esas actividades han sido afectadas por la corrupción, el poder y la criminalidad de las bandas delictivas. Y la presencia militar en los hechos introduce criterios de seguridad interior para recuperar el dominio sobre espacios, actividades y funciones.

La participación militar en labores de seguridad tiene que ver, como se ha explicado, con el hecho de que se trata de seguridad pública en espacios de seguridad interior y a partir del hecho permitido por las autoridades políticas y administrativas: la construcción de una capacidad de fuego por parte de los delincuentes en niveles superiores a la policía, pero inferiores a los militares. Las reglas aprobadas en este gobierno insisten en la temporalidad militar de cinco años.

El dato adicional radica en el hecho de que la estructura militar en México no es segregada de la civil; el hecho de que los jefes del ejército y la Marina-Armada sean también miembros del gabinete presidencial implica su pertenencia a las estructuras civiles de control administrativo. Y la observación critica civil será del nivel de independencia y autonomía real que esos organismos asuman para controlar las finanzas publicas. Y ya los miembros de las fuerzas armadas pueden ser juzgados por tribunales civiles, terminando con el fuero de guerra.

Hasta ahora y a pesar de las actividades en las que participa, el pensamiento militar y el espíritu de un cuerpo amado no ha definido las relaciones de poder. Todos los niveles de gobierno son civiles y los militares y marinos tienen que ajustarse a las leyes civiles en sus nuevas actividades no castrenses.

El tema da para mucho. Pero debe comenzar por la comprensión de un nuevo paradigma de funcionamiento y utilización de las fuerzas armadas sin que se contamine el espíritu civil de la sociedad y sus instituciones. Y, además, el presidente de la república no es sargento, sino comandante supremo de las fuerzas armadas con u a quinta estrella que lo coloca por encima de los generales de división con tres y cuatro el general secretario, así como el presidente de EEUU es comándate en jefe de sus fuerzas armadas.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Kamala en México como jefa de la DEA, no vicepresidenta

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Carlos Ramírez

A pesar de que los temas de migración y comercio son vitales para México y EE. UU., la vicepresidenta estadunidense Kamala Harris se va a centrar hoy, en su conversación vía internet con el presidente mexicano López Obrador, en narcotráfico. Y como tema especial, la segunda en mando en la Casa Blanca exigirá anular, desvirtuar o darle la vuelta a las reglas de operación y registro de las agencias de seguridad estadunidenses en Mexico.

La reunión significará una violación a las normas protocolarias entre dos naciones. Los contactos formales deben darse entre los mismos niveles de jerarquía; es decir, que el referente directo del presidente de México es el presidente de EE. UU.. En ese sentido, no se vería mal que el presiente Lopez Obrador designara a su canciller Marcelo Ebrard Casaubón como el interlocutor de la vicepresidenta estadunidense, toda vez que en México no existe el cargo equiparable, ni siquiera el de jefe de gabinete o primer ministro.

Las reglas de relaciones exteriores deben proteger al presidente de la república, toda vez que por presiones de su interlocutora se vea obligado a tomar decisiones que no debieran ofrecerse de manera tan directa. En los hechos, nadagana el presidente López Obrador con charlar con la vicepresidenta y ella viene con la agenda intermediada del presidente de EE. UU. que por alguna razón no la quiere formalizar en directo con el jefe del Estado mexicano.

 En los escasos cien días de gobierno, Biden ha tomado decisiones que representan una presión de seguridad nacional sobre México para obligarlo a asumir el enfoque, la agenda y los intereses de EE. UU. como prioritarios. Por decisiones de gobierno, López Obrador determinó –con aciertos o equivocaciones– una estrategia de seguridad interna a partir del principio de “construcción de la paz” y se alejó del modelo de la guerra contra los narcos que habían decretado los presidentes Calderón y Peña Nieto.

El modelo de eludir la confrontación violenta fue una decisión de gobierno, de Estado y de Plan Nacional de Desarrollo promulgado en el Diario Oficial de la Federación. En cambio, la estrategia de Biden quiere obligar a los países sede de la droga y de las organizaciones criminales a confrontar a los cárteles y capos porque así conviene a los intereses de seguridad nacional de EE. UU.. Obligar a México a anular su propia estrategia y a imponer la estadunidense implica un gesto imperial al viejo estilo vaquero del gobierno republicano de Ronald Reagan.

El problema en sí no se localiza en los objetivos diferentes, sino en los abusosintervencionistas de la Casa Blanca. Sin cumplir con los requisitos de registro de agentes y decisiones ante las autoridades mexicanas, como mandatan las reformas a la Ley mexicana de Seguridad Nacional, el gobierno de Biden autorizó operaciones de la DEA dentro de México sin cumplir con las nuevas reglas, con el pretexto de que México no está combatiendo a los cártelesproductores del fentanilo que llega a EE. UU. y que se ha convertido en la principal causa de muerte de adictos.

El principal argumento de México es impecable y debiera ser usado por el presiente López Obrador: el fentanilo llega a EE. UU. porque lo exige la demanda de droga de grupos delictivos y consumidores, porque la droga cruza la frontera del lado estadunidense con el aval de oficinas fronterizas locales y porque se vende al menudeo en más de tres mil ciudades del 85% de los estados de EE. UU.. Y en los planes sobre drogas de la Casa Blanca, el presidente Biden nada dice de las causas de la horadación de la seguridad nacional estadunidense por narcos mexicanos y la facilidad que tienen los cárteles mexicanos para controlar el mercado al menudeo de esa y otras drogas en las calles americanas.

La agenda mexicana de la vicepresidenta Kamala Harris no parece estar muy clara. Su forma de enfocar con autoritarismo la crisis de migración en la frontera provocó la renuncia de la embajadora Roberta Jacobson a la oficina especial que le abrió Biden en el Consejo de Seguridad Nacional. Y el encuentro de hoy va a mostrar que la Casa Blanca carece de entendimiento sobre la forma de negociar con México.

 

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Política para dummies: La política del nacionalismo ha sido el eje de la estrategia de relaciones México-EE. UU. después de la guerra de 1847 en la que la Casa Blanca le robó a México la mitad del territorio.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Línea 12: de Cárdenas a Morena, fin de ciclo; crisis de gobierno como 1985

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Carlos Ramírez

Aunque los candidatos de Morena mantengan su mayoría en las elecciones de junio próximo, el accidente en la Línea 12 del Metro será una espina clavada en el grupo político y de poder que tomó el control de la capital de la república en 1997.

Y el problema no será electoral de manera estricta porque Morena podría seguir manteniendo sus posiciones, sino de eficacia en la gestión de gobierno y de construcción de una corriente política dominante. Y en tanto en Ciudad de México no exista un relevo alternativo político-partidista-ideológico a Morena que tampoco sea el viejo PRI, la gobernanza y gubernamentalidad –el poder y la sociedad– en la capital deteriorarán la calidad de gobierno.

Más allá del lamentable accidente cuya investigación oficial reforzará o deteriorará la dirección política del presidente López Obrador rumbo al relevo legislativo de 2021 y al cambio presidencial en 2024, de nueva cuenta Ciudad de México será el foco del termómetro social, cultural, político, ideológico y de grupos.

La crisis en el Metro representa un desafío político al presidente López Obrador, cuya influencia en el manejo político electoral en la capital de la república viene desde 2000. El primer paso defensivo no fue el mejor: culpar a la prensa por sus criticas al gobierno, cuando la sociedad esperaba decisiones de investigación y responsabilidad más directas. Los tres niveles político-administrativos tocan el espacio de poder presidencial: los responsables directos del gobierno capitalino –Marcelo Ebrard, Miguel Angel Mancera y Claudia Sheinbaum–, los indirectos en posiciones de jerarquía administrativa y los operativoscomo responsables de protocolos de seguridad.

El sistema político priísta que se nutrió del modelo romano de tiempos de los Césares –por cierto, un detalle que recogió y proyectó de manera formal el Francisco I. Madero que invocó el presidente en su conferencia del martes– se basaba en el circo romano. Sí; la sociedad necesitaba desde el primer momento de renuncias, separaciones de cargo y deslindamiento superior de responsabilidades y la creación inmediata de una comisión independiente de investigación.

La más interesada en ofrecer mensajes inmediatos era la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como gobernante electa, pero la imagen sentadita en la conferencia de prensa mañanera del martes evidenció su nivel de regenta. Sus primeros mensajes intentaron congelar los efectos sociales de la crisis, pero fueron acallados con las imágenes de familiares devastados por las muertes. Ahí, en ese momento, se requirieron de decisiones de ajustes inmediatos de cargos.

Las primeras 24 horas fijaron la interpretación del accidente en una crisis política de gobierno. Centralizar las criticas en los medios no atenuaron el efecto brutal de las imágenes de noticieros y redes. Era difícil suponer un desplazamiento de Sheinbaum del cargo capitalino, pero debió de haberse formado de manera rápida una comisión oficial de investigación, un grupo político de control de daños y sobre todo una comisión legislativa indagatoria.

En la crisis en el Metro en 2015 en la estación de Oceanía, los partidos en el congreso local eludieron la presidencia de una comisión investigadora por la confrontación; de entre todos, el único que apareció sin preocupaciones fue el diputado de Nueva Alianza, Jorge Gaviño, quien de inmediato se potenció para dirigir la comisión investigadora; de manera hábil, el jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera, luego lo cooptó y lo designó director del Metro. El control de daños evitó una crisis.

El accidente del lunes en la noche tuvo una oportunidad para centrar la atención en las consecuencias, no en la elusión de responsabilidades: un nuevo director del Metro, una comisión de mantenimiento especial para realizar un reporte del estado del sistema y una comisión investigadora en el congreso capitalino le hubieran dado al gobierno lopezobradorista el control de los acontecimientos. Hacerlo después, sin duda, ineficaz y criticado. Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas de Gortari sacaron a De la Madrid de su miedo ante los terremotos de 1985 y tomaron decisiones que los pusieron delante de la investigación, aunque al final sus resultados fueran escasos.

Las crisis accidentales son las peores para las gestiones de las crisis de gobierno.

 

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Política para dummies: La política es el arte de atender accidentes para administrar los daños.

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