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Por Carlos Ramírez*

En una de las peores fases de la inseguridad –la de la impotencia– aparece un espacio de oportunidad para reconstruir la agenda de seguridad y defensa: el relevo de la cámara federal de diputados, en cuyos espacios debió de haberse ventilado el tema desde la crisis de 1985. Sin embargo, el perfil de algunos de los precandidatos conocidos mueve más al pesimismo que a la posibilidad del rescate ciudadano de una de las tres grandes crisis nacionales.

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados facilitó la aprobación de reformas sobre las estructuras de seguridad, aunque hubo más deficiencias que posibilidades de poner orden en el marco jurídico de la seguridad y la defensa. Basta revisar los nombres de los actuales miembros de las comisiones referidas a esos temas en San Lázaro para profundizar el pesimismo en el tema: la seguridad y la defensa, que forman parte de la soberanía del Estado, está en manos de improvisados.

El relevo legislativo es, pues, oportunidad para, primero, abrir el debe para definir una nueva agenda social de seguridad y defensa y, después, afinar personalidades o especialidades al respecto. Sin embargo, parece ser que todos los partidos se han olvidado del hecho de que la lucha por políticas coherentes de seguridad y defensa se han dado en la sociedad civil con especialistas reconocidos y ninguno de ellos ha sido llamado para asumir alguna candidatura.

El relevo de la Cámara federal se dará en el tiempo político de mediados de sexenio, con cifras de acumulación de delitos, con estructuras profesionalizadas sin influencia en el control estatal de la seguridad y con la atomización de las actividades criminales, además, claro, de la persistencia de los grandes cárteles del crimen organizado que parecen haber formado verdaderos conglomerados de asociaciones delictuosas.

El poder legislativo tiene la facultad de crear leyes y, de manera especial, para vigilar, supervisar y exigir rendición de cuentas al ejecutivo y al judicial de los compromisos asumidos. No hay que perder de vista que en 2008, a propósito del asesinato del joven Alejandro Martí, todo el Estado y sus instituciones se comprometieron a una gran reforma de seguridad con plazos definidos con precisión, pero con resultados que nadie supervisó.

La próxima Cámara de Diputados debe incluir la agenda de seguridad y defensa como prioritaria para el fortalecimiento del Estado, con acciones de supervisión más estrictas. Y aún si Morena refrenda su mayoría absoluta o su primera minoría, la oposición debiera generar un programa prioritario de supervisión de acciones de seguridad y defensa porque la masacre cotidiana de homicidios dolosos y delitos de orden común está exigiendo desde hace mucho una acción decisiva de los legisladores.

La teoría tradicional de la división de poderes derivó de manera inevitable en el modelo de contrapesos de poderes y de supervisiones de poderes. El legislativo tiene la función de vigilar y supervisar a los dos otros poderes, pero por tradición priísta ha sido un poder sumiso al supremo poder ejecutivo, ahora y siempre. Y los candidatos opositores a diputados debieran de meter la agenda en las campañas para concitar de nueva cuenta el interés de la sociedad en uno de los problemas que los agobia y al que no le ofrecen soluciones.

 

Ley de la Omertá

Antes de ser arrestado en EE. UU. en diciembre de 2019, Genaro García Luna, uno de los superpolicía del poder político, tuvo largas entrevistas con dos especialistas en seguridad: Guadalupe Correa-Cabrera y Tony Payán. Las conversaciones están circulando en un libro digital titulado Las cinco vidas de Genaro García Luna, bajo el sello de El Colegio de México.

De entrada hay que decir que no se trata de un libro formal. Son las transcripciones de las respuestas de García Luna, con algunas precisiones de contexto, pero sin verificación de datos. Por eso queda en el lector el sabor de una entrevista de venganzas, porque García Luna aparece como un llanero solitario de la seguridad, incomprendido y rodeado de otros funcionarios a los que humilla con calificativos despectivos. Claro, los afectados están libres de culpas y García Luna se encuentra preso bajo cargos de haber estado al servicio del crimen organizado y el narcotráfico.

García Luna atravesó por la nueva etapa de la seguridad después de la debacle del PRI en 1997: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la AFI, la Secretaría de Seguridad Pública y la consultoría privada en temas de seguridad. Han sido veintidós rápidos años, entre ellos la fase de la oposición en la presidencia y la desconfiguración de la vieja política de seguridad basada en el control de as bandas como parte de las estructuras de funcionamiento del sistema.

Habrá que esperar más libros sobre los personajes de la seguridad en el periodo de la crisis de inseguridad 1985-2020. El de Las cinco vidas es más complaciente que analítico y no ayuda a entender algunas de las razones de su encarcelamiento y juicio en EE. UU.

 

Zona Zero

• Para los interesados en el caso de la periodista Lydia Cacho y el papel de la Suprema Corte y la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, se recomienda el libro Las costumbres del poder. El caso Lydia Cacho, escrito con las intervenciones de cuatro ministros de la Corte que votaron a favor del enjuiciamiento del entonces gobernador poblano Mario Marín Torres: Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza, bajo el sello de Porrúa.

• El voto de la ministra Sánchez Cordero salvó a Marín bajo el criterio de que sí había violado los derechos humanos de la periodista, pero no mucho. El artículo 97 Constitucional de entonces hablaba de “violaciones graves” a los derechos humanos. Ahora las doctrinas de derechos humanos señalan que toda violación de derechos humanos es grave.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Biden, como Trump,  hace grande a América otra vez

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Carlos Ramírez*

Los primeros mensajes de Joseph Biden como presidente de EE. UU. insistieron en señalar que la Casa Blanca estaba de regreso al juego mundial del que nunca se fue. Lo único que cambio en los cuatro años de gobierno de Donald Trump fue el estilo: pasar de la arrogancia del poder grosera a… la arrogancia hipócrita del poder, una diferencia de estilos con los mismos objetivos. A su manera, Biden anunció su modelo trumpista de grandeza estadunidense.

En su primer discurso planetario en la Conferencia de Seguridad de Munich, el presidente Biden ha querido marcar una diferencia con respecto Trump. El problema, sin embargo, no son los estilos sino los objetivos estratégicos: los dos han representado la reconstrucción de la hegemonía militar, de modelo productivo y de confrontación dominante de EE. UU. ante China, Rusia, Corea del Norte e Irán.

La restauración de política de bloques con Biden restaura el poder centralizado a la Casa Blanca. La propuesta de Trump se basaba en la reconstrucción del poder económico e industrial interno y en la obligación de las potencias aliadas a compartir gastos militares. Biden regresa a los presupuestos militares estadunidenses basados en la lógica interna del complejo militar-industrial como motor de la economía.

El objetivo de Biden, según se desprende de su primer discurso mundial, se sustenta en el objetivo de regresarle centralidad al poder militar de EE. UU. Y el mensaje no ha sido disfrazado: la designación del general de cuatro estrellas y exjefe de un comando planetario estadunidense Lloyd Austin como secretario de Defensa y responsable de La Casa de la Guerra que es el Pentágono confirma las intenciones de dominación de Biden. Y los mensajes negativos hacia China y Rusia reafirmaron la estrategia de equilibrio dominante basado en la nueva amenaza militar mundial.

El análisis del discurso de Biden ante el Grupo Munich de jefes de Estado de la comunidad occidental deja muchas dudas sobre los enfoques estratégicos de Washington. Sobre todo, no presenta un diagnóstico acertado del mundo. Ante la crisis del viejo modelo de democracia occidental y cristiana que definió la seguridad nacional de la Casa Blanca desde Reagan (1981-1989) y el colapso del propio sistema político-electoral de EE. UU. con las recientes elecciones de noviembre y el asalto al Capitolio en enero, la participación de Biden quiso eludir explicaciones.

La conceptualización de Biden sobre la fragilidad del modelo de democracia no representativa sino de lobbies de EE. UU. no apareció en su discurso vía internet. La transcripción oficial de la Casa Blanca del discurso de Biden registra, inclusive, el tropiezo presidencial en el último minuto cuando dice: “demostremos a nuestros nietos, cuando lean sobre nosotros, que la democracia… democracia… democracia funciona y trabaja”.

Biden le debía a la comunidad mundial una explicación sobre la crisis política estadunidense de noviembre-enero. Y no era difícil de darse. El Capitolio como institución resistió el embate de los grupos ultraderechistas y milicianos que entraron a uno de los tres locales del poder –los otros dos: a Casa Blanca y la Corte Suprema–, se pasearon sin objetivos concretos, se robaron adornos y documentos y salieron protegidos por la policía.

No fue, pues, un golpe de Estado, sino una explosión popular de violencia de grupos simpatizantes de la ultraderecha estadunidense aliada a Trump. El sistema político quiso llevar al expresidente Trump a prisión y vestirlo con traje naranja de preso y las siglas de DOC —Department of Corrections–, pero el propio sistema político no solo salvo a Trump, sino que con su exoneración ayudó a evitar una fractura estructural en el avejentado edificio del poder de EE. UU.

Como presidente ganador y presidente en funciones, Biden ha enviado al mundo un mensaje insistente: EE. UU. “ha vuelto”. Se trata de una afirmación con muchas interpretaciones: en realidad, Washington con Trump nunca se fue del escenario internacional, mantuvo la línea militarista de largo ciclo Reagan-Obama, refrendó el poderío invasor de Bush Jr. en el medio oriente y marcó distancias no violentas con China, Rusia y Corea del Norte. En los hechos, Trump nunca quiso dinamitar la OTAN, sino que obligó a los países de la alianza atlántica a compartir gastos militares. En Iberoamérica dejó claro el mensaje imperial de “américa para los americanos” y acotó los avances de China, Irán, y Rusia en el continente.

Biden dijo que EE. UU. ha vuelto “para liderar al mundo”, pero en el entendido de que Trump, a su manera y con sus malos modos, siempre mantuvo ese liderazgo. El único cambio ha sido el estilo personal de imponer la fuerza: de forma arrebatada y grosera con Trump a tímida de Biden. Pero en el fondo se trata del mismo dominio imperial: militar, económico, comercial.

Al final de cuentas, el dominio hegemónico de EE. UU. es muy claro: el paraguas militar, la seguridad nacional estadunidense en sus incursiones armadas en el mundo y la vigencia del capitalismo de empresa privada de las grandes corporaciones estadunidenses. Al frente de estos objetivos se encuentra la mascarada de la democracia que defiende e impone EE. UU. en el mundo. Pero no se trata de la democracia de Jefferson (república de leyes e instituciones) ni de Lincoln (del pueblo, con el pueblo y para el pueblo), sino de la democracia de los lobbies de grupos económicos que financian legisladores vía los Comités de Acción Política y que cobran favores con apoyo a leyes para grupos empresariales.

Biden regresará a EE. UU. al liderazgo mundial porque los demás países capitalistas prefieren pagar protección para sus propios sistemas capitalistas internos. Por lo tanto, Biden regresa al mundo a la conocida guerra fría de modelos económicos, para vergüenza de Fukuyama y su fin de la historia que tampoco se fue.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Córdova usa dinero del INE para pagar estudios contra el populismo de AMLO

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Carlos Ramírez*

Con dinero del Instituto Nacional Electoral y bajo el criterio supuesto de que se estaría alentando la cultura cívica y democrática en modo de exclusión, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello ha emprendido ataques contra el populismo y sobre todo con referentes al caracterizado como populismo lopezobradorista.

En este sentido, el INE patrocinó la edición del libro Yo, el pueblo. Cómo el populismo transforma la democracia de Nadia Urbinati y ya circula bajo el sello Grano de Sal, una empresa editorial propiedad de Tomás Granados Salinas, hijo de Miguel Angel Granados Chapa, columnista fallecido, exconsejero electoral y excandidato del PRD a la gubernatura de Hidalgo. El editor fue obligado a renunciar al Fondo de Cultura Económica en 2016 por “usurpación de funciones”.

El libro antipopulista patrocinado por el INE de Córdova forma parte de una campaña del funcionario electoral en contra del populismo. Y si bien en lo personal puede tener las ideas políticas que desee, como encargado del organismo que debe garantizar imparcialidad política en procesos electorales ha decidido tomar partido a favor de las corrientes que se oponen al populismo: es decir, está alentando el voto contra Morena.

En diciembre de 2020 Córdova participó con una conferencia en el VIII congreso internacional de ciencia política y sus conceptos, vertidos desde su cargode consejero presidente del INE, lanzó una severa crítica al populismo para descalificarlo. El problema, sin embargo, radicó en el hecho de que como consejero presidente del INE no debería meterse a debates que involucren a partidos políticos e ideologías en curso porque estaría llevando al INE a conductas parciales de exclusión ideológica.

El INE parte de una aberraciónpotenciada: por mandato constitucional, el organismo tiene la tarea prioritaria de organizar elecciones y, en lo general, de contribuir a la cultura cívica. En la segunda nebulosa función, el INE se ha erigido en el Ministerio de la Virtud Democrática calificando, desprestigiando y excluyendo a toda corriente ideológica y partido que no comulgue con su enfoque ideológico propio. Con ello, no obstante, no garantiza la parcialidad electoral y se convierte en una oficina de exclusiónideológica por condena.

Si la función constitucional del INE fuera la de promover la democracia, entonces debería tener condición de poder autónomo como ocurre en la Venezuela de Chávez y Maduro. Las declaraciones de Córdova y la aparición del libro se han colocado a lomo de las elecciones de diputados federales, quince gobernadores y autoridades municipales y congresos locales en junio próximo, pero en el escenario en el que el presidente de la república y su partido Morena han sido catalogados como populistas. Pero una cosa es que entre partidos o fuerzas políticas se condenen entre sí con epítetos de campaña y otra que la autoridad electoral que debe garantizar imparcialidad haya caído ya en posiciones parciales al excluir del paraíso electoral a los presuntos populistas.

Como financista del libro Yo, el pueblo, Córdova se tomó la atribuciónautoritaria de escribir unas páginas de presentación y lo hace como consejero presidente del INE (así lo consigna al final del texto). Ahí el funcionario potencia las opiniones de la autora y llega a conclusiones que separan el populismo de las democracias, cuando toda democracia tiene la obligación de convivir con todas las ideas. El texto, es obvio, lleva de modo natural a una lectura en el contexto mexicano y cualquier lector medio identifica que el destinatario de las críticas de Córdova no es el populismo como práctica política, sino el modelo político acreditado al presidente López Obrador.

Córdova tiene el derecho a tener opiniones, pero al firmar el texto y usar dinero público del INE para financiar un libro debería de tener el consenso y el apoyo de todas las fuerzas políticas. Difícilmente un libro de crítica a una práctica política puede ser considerado una práctica democrática. En su ponencia de diciembre, Córdova descalificó al populismo, a pesar de que esta corriente política cumple con los requisitos de participación democrática. En todo caso, el sistema democrático tiene de instituciones y facultades legales y políticas para impedir los vicios del autoritarismo.

Con sus declaraciones y libros, Córdova se ha asumido como un adversario tramposo del populismo morenista porque lo hace con recursos públicos y violentando las reglas de la democracia.

 

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Política para dummies: La política se debe hacer con recursos propios, no con peculados políticos.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Biden refuerza estrategia de seguridad nacional de Bush Jr., Obama y Trump

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Carlos Ramírez*

 

A la memoria de Luis Martínez Fernández del Campo,

hermano mayor, amigo leal, inteligencia indispensable

El arresto y procesamiento de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Genaro García Luna, el general Salvador Cienfuegos Zepeda y ahora Emma Coronel forma parte de una estrategia de seguridad nacional de EE. UU. que en realidad no pasa por la Casa Blanca –aunque tiene todo el aval— sino que forma parte de las funciones de la comunidad de los servicios de inteligencia coordinador por la directora de Inteligencia Nacional.

Como dato adicional hay que incluir el hecho de que la hoy vicepresidenta Kamala Harris impulsó como procuradora estatal de California un programa de combate contra los cárteles mexicanos del crimen organizado en EE. UU. California es uno de los estados con mayor consumo de drogas. El documento californiano Gangs Beyond Borders: The Struggle Against Organized Crime in California and Transnacional –“Las bandas más allá de las fronteras. La lucha contra el crimen organizado en California y transnacional”– está fechado en marzo de 2014.

Este documento se debe cruzar con las evaluaciones anuales de la DEA sobre la presencia y operación, con impunidad, de los cárteles mexicanos traficando droga y lavando dinero dentrodel territorio estadunidense. En la lista de la DEA aparecen, sobre todo, el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán y el Cártel Jalisco Nueva Generación cuyo líder El Mencho tiene una recompensa ofrecida por la agencia antinarcóticos y es buscado no sólo en territorio estadunidense, sino dentro de territorio mexicano.

El documento de la procuradora Harris adquiere otra dimensión estratégica hoy que es vicepresidenta de EE. UU. y tiene a su cargo tareas de seguridad interior y seguridad nacional. En este sentido, hoy cobran importancia las apreciaciones que tuvo en su documento de 2014 señalado que “durante la última década, los líderes del Cartel de Sinaloa recibieron un trato prioritario por parte del gobierno mexicano, mientras que los analistas argumentaron que los rivales estaban siendo atacados”.

Asimismo, evidenció la complicidad institucional con el cártel del Chapo con las facilidades otorgadas para recibir información oficial sobre otros cárteles rivales, lo que mostraba una predilección oficial mexicana por la banda del Chapo; este punto es uno de los que tiene a García Luna en una cárcel estadunidense. Inclusive, algunos arrestos de capos beneficiaron al grupo del Chapo porque afectaron a jefaturas de otras bandas y cárteles.

El documento no razona a fondo el hecho de que pudiera haber habido un cambio de estrategia contra el Chapo en el gobierno de Peña Nieto, pero los investigadores de la procuraduría de california detectaron el cierre de información y de privilegios para el Chapo.

Para la procuradora Harris en 2014 los cárteles mexicanos habían cruzado la frontera no sólo con drogas de contrabando, sino con efectivos para operar dentro de territorio estadunidense el tráfico de drogas a gran escala y tomar el control de la venta al menudeo en las calles. La DEA ha señalado a cuando menos ocho cárteles mexicanos operando en EE. UU.

En el mismo tono de otras evaluaciones de la DEA y de las oficinas de inteligencia del gobierno estadunidense, el reporte de Kamala Harris señala la complicidad de los cárteles mexicanos con organizaciones de migrantes, pandillas callejeras y bandas que controlan los penales para operar desde ahí el tráfico de drogas. Inclusive, las oficinas de migración han revelado que los cárteles han tomado de manera paulatina el control del tráfico de personas que quieren entrar a EE. UU. sin pasar por los controles migratorios, con el hecho agravante adicional de que no los sueltan para que vayan a encontrar empleo, sino que a la fuerza los enganchan como distribuidores y vendedores de drogas.

La estrategia de lucha contra el crimen organizado transnacional fue definido por el presidente Bush en la agenda antiterrorista para combatir a los grupos violentos en sus comunidades en el medio oriente, fue definido de manera legal por el presidente Obama con su estrategia de lucha contra el crimen organizado trasnacional y puesto en operación por las oficinas de seguridad en el gobierno de Trump.

En este sentido, los ataques de la justicia estadunidense contra el cártel del Chapo y la persecución contra el cárteldel Mencho son una forma de meter a la autoridad estadunidense en la estrategia de seguridad del gobierno mexicano y agitar los panales de narcos. El arresto de Emma Coronel aumentará la lucha violenta en México entre el cártel de Sinaloa y el CJNG.

 

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Política para dummies: La política se mide por sus efectos, no por sus iniciativas.

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