Por Carlos Ramírez*
En una de las peores fases de la inseguridad –la de la impotencia– aparece un espacio de oportunidad para reconstruir la agenda de seguridad y defensa: el relevo de la cámara federal de diputados, en cuyos espacios debió de haberse ventilado el tema desde la crisis de 1985. Sin embargo, el perfil de algunos de los precandidatos conocidos mueve más al pesimismo que a la posibilidad del rescate ciudadano de una de las tres grandes crisis nacionales.
La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados facilitó la aprobación de reformas sobre las estructuras de seguridad, aunque hubo más deficiencias que posibilidades de poner orden en el marco jurídico de la seguridad y la defensa. Basta revisar los nombres de los actuales miembros de las comisiones referidas a esos temas en San Lázaro para profundizar el pesimismo en el tema: la seguridad y la defensa, que forman parte de la soberanía del Estado, está en manos de improvisados.
El relevo legislativo es, pues, oportunidad para, primero, abrir el debe para definir una nueva agenda social de seguridad y defensa y, después, afinar personalidades o especialidades al respecto. Sin embargo, parece ser que todos los partidos se han olvidado del hecho de que la lucha por políticas coherentes de seguridad y defensa se han dado en la sociedad civil con especialistas reconocidos y ninguno de ellos ha sido llamado para asumir alguna candidatura.
El relevo de la Cámara federal se dará en el tiempo político de mediados de sexenio, con cifras de acumulación de delitos, con estructuras profesionalizadas sin influencia en el control estatal de la seguridad y con la atomización de las actividades criminales, además, claro, de la persistencia de los grandes cárteles del crimen organizado que parecen haber formado verdaderos conglomerados de asociaciones delictuosas.
El poder legislativo tiene la facultad de crear leyes y, de manera especial, para vigilar, supervisar y exigir rendición de cuentas al ejecutivo y al judicial de los compromisos asumidos. No hay que perder de vista que en 2008, a propósito del asesinato del joven Alejandro Martí, todo el Estado y sus instituciones se comprometieron a una gran reforma de seguridad con plazos definidos con precisión, pero con resultados que nadie supervisó.
La próxima Cámara de Diputados debe incluir la agenda de seguridad y defensa como prioritaria para el fortalecimiento del Estado, con acciones de supervisión más estrictas. Y aún si Morena refrenda su mayoría absoluta o su primera minoría, la oposición debiera generar un programa prioritario de supervisión de acciones de seguridad y defensa porque la masacre cotidiana de homicidios dolosos y delitos de orden común está exigiendo desde hace mucho una acción decisiva de los legisladores.
La teoría tradicional de la división de poderes derivó de manera inevitable en el modelo de contrapesos de poderes y de supervisiones de poderes. El legislativo tiene la función de vigilar y supervisar a los dos otros poderes, pero por tradición priísta ha sido un poder sumiso al supremo poder ejecutivo, ahora y siempre. Y los candidatos opositores a diputados debieran de meter la agenda en las campañas para concitar de nueva cuenta el interés de la sociedad en uno de los problemas que los agobia y al que no le ofrecen soluciones.
Ley de la Omertá
Antes de ser arrestado en EE. UU. en diciembre de 2019, Genaro García Luna, uno de los superpolicía del poder político, tuvo largas entrevistas con dos especialistas en seguridad: Guadalupe Correa-Cabrera y Tony Payán. Las conversaciones están circulando en un libro digital titulado Las cinco vidas de Genaro García Luna, bajo el sello de El Colegio de México.
De entrada hay que decir que no se trata de un libro formal. Son las transcripciones de las respuestas de García Luna, con algunas precisiones de contexto, pero sin verificación de datos. Por eso queda en el lector el sabor de una entrevista de venganzas, porque García Luna aparece como un llanero solitario de la seguridad, incomprendido y rodeado de otros funcionarios a los que humilla con calificativos despectivos. Claro, los afectados están libres de culpas y García Luna se encuentra preso bajo cargos de haber estado al servicio del crimen organizado y el narcotráfico.
García Luna atravesó por la nueva etapa de la seguridad después de la debacle del PRI en 1997: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la AFI, la Secretaría de Seguridad Pública y la consultoría privada en temas de seguridad. Han sido veintidós rápidos años, entre ellos la fase de la oposición en la presidencia y la desconfiguración de la vieja política de seguridad basada en el control de as bandas como parte de las estructuras de funcionamiento del sistema.
Habrá que esperar más libros sobre los personajes de la seguridad en el periodo de la crisis de inseguridad 1985-2020. El de Las cinco vidas es más complaciente que analítico y no ayuda a entender algunas de las razones de su encarcelamiento y juicio en EE. UU.
Zona Zero
• Para los interesados en el caso de la periodista Lydia Cacho y el papel de la Suprema Corte y la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, se recomienda el libro Las costumbres del poder. El caso Lydia Cacho, escrito con las intervenciones de cuatro ministros de la Corte que votaron a favor del enjuiciamiento del entonces gobernador poblano Mario Marín Torres: Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza, bajo el sello de Porrúa.
• El voto de la ministra Sánchez Cordero salvó a Marín bajo el criterio de que sí había violado los derechos humanos de la periodista, pero no mucho. El artículo 97 Constitucional de entonces hablaba de “violaciones graves” a los derechos humanos. Ahora las doctrinas de derechos humanos señalan que toda violación de derechos humanos es grave.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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