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Por Carlos Ramírez*

El primer gran avance en el asunto de los feminicidios sería el manejo en medios de la totalidad de delitos que involucran a las mujeres. Los feminicidios son asesinatos por ser mujeres, pero existe una cifra más agresiva: las mujeres como víctimas de diferentes delitos.

En diciembre de 2016, en el contexto de la ofensiva gubernamental con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas contra cárteles del narcotráfico, el congreso discutió y aprobó una importante legislación: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.

A trece años de distancia, esa Ley es ignorada por las autoridades, se aplica con remilgos y la Secretaría de Gobernación no cumple con su función de construir un entramado jurídico para proteger a las mujeres en situaciones de violencia criminal.

Los datos oficiales hablan por sí mismos: en 2019 hubo 110 mil 200 mujeres víctimas de algún delito, el 33.3% del total; los feminicidios aumentaron 137% de 2015 al 2019; y el 59% de feminicidios ocurren en 100 municipios de la república, especialmente en siete de ellos ocurrió el 10% del total. Los principales municipios feminicidas son: Monterrey, Culiacán, Iztapalapa, San Luis Potosí, Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara.

Tienen razón los que señalan que la inseguridad afecta a todos por igual; sin embargo, han sido las mujeres las que iniciaron una ola creciente de protestas que llevará al paro del lunes 9 de marzo. Los opositores a las protestas de mujeres han escalado la agresividad, pero se trata de una respuesta del tamaño de la pasividad gubernamental y social.

La agresión delictiva contra las mujeres forma parte de la inseguridad de la sociedad. Por eso es necesario establecer una centralización de los feminicidios y delitos contra las mujeres como un asunto general de inseguridad de la sociedad. La protesta escalada de las mujeres podría ser el vehículo de aceleración de mayores demandas de atención al problema de la inseguridad.

Si las mujeres lograran que la Secretaría de Gobernación, a cargo de una mujer de la élite profesional de la Suprema Corte, decidirá aplicar la Ley contra la Violencia de género, la lucha contra la inseguridad ganaría muchos puntos. La agresividad de las protestas sólo hace visible el problema; pero debe seguir la exigencia a aplicar la ley y la creación de colectivos sociales de análisis, estudios y sobre todo denuncias contra la incapacidad gubernamental para detener las agresiones violentas contra las mujeres.

El paro femenino del 9 debe conducir a una agenda de exigencias mucho mayores, más institucionales y con mayor involucramiento de la sociedad en organismos mixtos público-privados para atender la crisis de seguridad del total de la sociedad.

Las marchas y protestas en las calles deben continuar en tanto no exista un cronograma de atención a las necesidades de seguridad. El gobierno debe ofrecer, después del 9, una agenda de objetivos judiciales, sociales, policiacos y políticos que contengan fechas concretas de realización. Todos los gobiernos apuestan al desgaste de las organizaciones de mujeres.

Por lo pronto, la protesta ya ganó: hizo pasar un problema judicial de feminicidios a una agenda política de feminismo. Ya soltaron al tigre, ahora a ver cómo lo tranquilizan.

 

Ley de la Omertá

El problema de mujeres asesinadas y agredidas es viejo. Y policiaco. ¿Quién no recuerda el caso de Las Poquianchis, unas matronas que controlaban un burdel de bajo nivel social en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, allá por los años sesenta? Eran cuatro hermanas crueles que constataban jóvenes campesinas, las explotaban. Mataban a fetos cuando quedaban embarazadas y les contabilizaron cuando menos 28 asesinadas e inhumadas en sus terrenos.

El caso estalló en 1964 cuando una de las muchachas escapó de ser asesinada y corrió a denunciar a la policía. El asunto fue tema central de la revista policiaca Alarma y luego dos escritores profesionales retomaron la historia: Elisa Robledo y Jorge Ibargüengoitia. En el cine el caso fue tomado por el director Felipe Cazals.

Por aquel tiempo el sistema penal carecía de tipologías de delitos. Pero las 28 asesinadas, y otras más que nunca se encontraron, fueron crímenes de género.

Las matronas abusaban de las muchachas, las maltrataban de manera cotidiana, les regateaban sus utilidades, las usaban hasta que se embarazaban en tiempos que los condones eran inexistentes, las torturaban y cuenta la historia oral que hubo hasta ritos satánicos. Luego de los 25 años las muchachas no servían y eran asesinadas por Salvador Estrada Bocanegra, conocido como El Verdugo.

Luego de ser arrestadas, las cuatrohermanas fueron condenadas a 40 años de prisión y tres de ellas murieron en la cárcel.

Zona Zero

·      La autoridad gubernamental no entendió las protestas femeninas desde octubre pasado. En 2019 hubo 51 mil 310 carpetas bajo el rubro de “delitos contra la seguridad sexual”. Y en enero de 2010 esos delitos aumentaron 19% sobre enero de 2019.

·      Todo el aparato de seguridad y justicia que tiene que ver con delitos contra las mujeres, tanto a nivel nacional como de Ciudad de México, está reprobado y no ha servido. Por ello, se requiere de una reorganización total basados en las nuevas necesidades.

·      Las presiones de los EE. UU. para que México regrese a la persecución de capos va a ser un problema para México porque su estrategia de seguridad se basa en no provocar violencias de resistencia criminales. Parece que lo que falta es una buena oficina mexicana de inteligencia para ir arrestando a capos con expedientes sólidos y con el apoyo de jueces. Esta estrategia se derivaría de la anterior y podría garantizar el desmantelamiento paulatino de banas criminales.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Coyuntura

Funciona plan de María Elena Limón: queda alcaldía a Betsabé Almaguer, deja candidata a Tlaquepaque y ella va a CDMX- Como va

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María Elena Limón venció al Club de Toby que hace muchos ayeres se formó en la preparatoria 5, que hoy gobierna Jalisco, cuyos miembros mitad dinosaurios mitad modernizadores ignoran la lucha de género, las leyes electorales en la materia y siempre pensaron en usar seres dóciles, de esos que abaratan los costos de las transacciones. María Elena los venció con estrategia y con plan, por lo que se ve que planea bien: se va a San Lázaro, dejó como candidata a una mujer y como presidenta a la regidora Betsabé Almaguer Esparza de quien solo se puede decir que la única batalla que tendrá será para no sobresalir tanto, de las demás interinas a las que escondieron y no formaron.

María Elena fácilmente sería magnífica secretaria general de gobierno, pero no es dinosauria política y sí respeta sus periodos vacacionales. María Elena Limón bien pudo irse al PAN, con Kumamoto o a la 4T pero decidió quedarse en Movimiento Ciudadano y hoy la gente de Tlaquepaque si quiere, va a tener continuidad.

La próxima presidenta interina de Tlaquepaque Betsabé Almaguer dijo en su cuenta de twitter: “Una Sesión muy importante para mí, puesto que rendí protesta como presidenta municipal interina. Periodo que inicio este lunes 1 de Marzo. Es un alto honor y responsabilidad que cumpliré de manera institucional, siempre al servicio y en beneficio de las y los Tlaquepaquenses”.

En ese mensaje se define cómo es la regidora Almaguer, quien va a tener su parte en el resultado de la contienda del próximo 6 de junio, si logra tener los hilos del juego en sus manos.

Mientras, bien María Elena Limón, ella va a encabezar la lista de mujeres candidatas a diputadas federales de representación proporcional en la próxima legislatura en su partido, y lo menos que será, es la coordinadora de los legisladores jaliscienses de MC. Y en Tlaquepaque deja la puerta cerrada a los ataques, claro, en esta administración con Betsabé Almaguer, de quien ya hablaremos pronto.

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Si o sí habrá clases (y uniformes); maestros del SNTE se oponen a Enrique Alfaro y dicen no o no

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Nadie -salvo la familia feliz y el jefe de gabinete del Gobierno de Jalisco, el tal Hugo Luna Vázquez- entiende por qué razones quiere el gobernador Enrique Alfaro que reanuden clases sí o sí, estando en plena pandemia. Ya van 10,172 muertos por Covid en Jalisco y el Gobierno del Estado ni suda ni se acongoja.

En Jalisco, entre los maestros de colegios particulares hay miedo, pero no tanto.

Ayer Mural publicó esto: “La Federación de Escuelas Particulares de Occidente (Fepoc) a la cual pertenecen alrededor de 150 instituciones en Jalisco, aseguró que no formará parte (sic) del llamado realizado por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares para retomar clases presenciales a partir del 1 de marzo, sin el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (sic)…

“…Hemos estado en las mesas de diálogo y estamos de acuerdo con que no es un regreso a clases (sic), sino un seguimiento académico con grupos pequeños de 9 niños máximo como lo planteó la SEJ y los colegios agremiados a nosotros estamos de acuerdo (sic) con lo que dice el Gobernador y el Secretario de Educación”, expresó”.

Los maestros de escuelas particulares parecen la chimoltrufia, y así como dicen una cosa dicen la otra, pero ahora falta ver qué dicen los padres porque nadie paga para que se les contagien o mueran los hijos. Nadie, pero a los del gobierno de Jalisco y los ayuntamientos metropolitanos como Guadalajara y Zapopan antes de que sus alcaldes se vayan a competir ya les urge adjudicar las compras como sea, en medio de sospechas altísimas, a dejar que se les vaya este negociazo. Aunque pongan en peligro grave a nuestros niños. Mientras los amigos de Pablo Lemus y Juan José Frangie ya recibieron por quinto año el contrato para proveerlos. Sí o sí, se llevan esas ganancias.

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Que el golpazo de Mural a Gobierno de Zapopan es para el Club de Toby; ahí ordenan esas compras sí o sí

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Ya empezaron las “aclaraciones” y de Zapopan se deslindan de la compra de los uniformes. Que no es un interés del empresario y candidato de MC a presidente de Zapopan Juan José Frangie -él tiene otros, je-, sino que lo ordenó alguien del Club de Toby o alfaroboes, y sí o sí se tienen que comprar porque es una empresa propiedad de “Ya Saben quién”, (YSQ).

No quisieron decir más pero esto es vergonzoso. Están saqueando las pobres arcas estatales, y municipales. Lo hacen a toda máquina y no parece haber quién les ponga un freno.

Entonces, ese hecho relevante hace suponer quién es Ya Saben Quién y por eso se entiende que la compra de uniformes se hace sí o sí. Y si no la sacan ya saben: vienen los regaños.

Mural publicó hoy: “Favorece Zapopan a empresa con compra de uniformes

“Si quiere venderle uniformes a Zapopan, además de una buena confección habrá de garantizar un bodegón en zonas pavimentadas, seguro contra incendios, y además, proporcionar las bolsas para entregar los insumos a estudiantes.

“Como cada año desde el 2016, el Ayuntamiento lanzó una licitación para adquirir prendas de vestir para estudiantes, una compra señalada de estar “dirigida” para un proveedor, que ha venido acaparando la empresa Uniformes a la Medida SA de CV”.

Mural va a seguir hurgando y nosotros más, para saber ahora sí, quién es Ya Saben Quién, que hace comprar sí o sí los uniformes a esa empresa, una de tantas consentidas de la familia feliz.

No se llenan.

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