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Por Carlos Ramírez*

El primer gran avance en el asunto de los feminicidios sería el manejo en medios de la totalidad de delitos que involucran a las mujeres. Los feminicidios son asesinatos por ser mujeres, pero existe una cifra más agresiva: las mujeres como víctimas de diferentes delitos.

En diciembre de 2016, en el contexto de la ofensiva gubernamental con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas contra cárteles del narcotráfico, el congreso discutió y aprobó una importante legislación: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.

A trece años de distancia, esa Ley es ignorada por las autoridades, se aplica con remilgos y la Secretaría de Gobernación no cumple con su función de construir un entramado jurídico para proteger a las mujeres en situaciones de violencia criminal.

Los datos oficiales hablan por sí mismos: en 2019 hubo 110 mil 200 mujeres víctimas de algún delito, el 33.3% del total; los feminicidios aumentaron 137% de 2015 al 2019; y el 59% de feminicidios ocurren en 100 municipios de la república, especialmente en siete de ellos ocurrió el 10% del total. Los principales municipios feminicidas son: Monterrey, Culiacán, Iztapalapa, San Luis Potosí, Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara.

Tienen razón los que señalan que la inseguridad afecta a todos por igual; sin embargo, han sido las mujeres las que iniciaron una ola creciente de protestas que llevará al paro del lunes 9 de marzo. Los opositores a las protestas de mujeres han escalado la agresividad, pero se trata de una respuesta del tamaño de la pasividad gubernamental y social.

La agresión delictiva contra las mujeres forma parte de la inseguridad de la sociedad. Por eso es necesario establecer una centralización de los feminicidios y delitos contra las mujeres como un asunto general de inseguridad de la sociedad. La protesta escalada de las mujeres podría ser el vehículo de aceleración de mayores demandas de atención al problema de la inseguridad.

Si las mujeres lograran que la Secretaría de Gobernación, a cargo de una mujer de la élite profesional de la Suprema Corte, decidirá aplicar la Ley contra la Violencia de género, la lucha contra la inseguridad ganaría muchos puntos. La agresividad de las protestas sólo hace visible el problema; pero debe seguir la exigencia a aplicar la ley y la creación de colectivos sociales de análisis, estudios y sobre todo denuncias contra la incapacidad gubernamental para detener las agresiones violentas contra las mujeres.

El paro femenino del 9 debe conducir a una agenda de exigencias mucho mayores, más institucionales y con mayor involucramiento de la sociedad en organismos mixtos público-privados para atender la crisis de seguridad del total de la sociedad.

Las marchas y protestas en las calles deben continuar en tanto no exista un cronograma de atención a las necesidades de seguridad. El gobierno debe ofrecer, después del 9, una agenda de objetivos judiciales, sociales, policiacos y políticos que contengan fechas concretas de realización. Todos los gobiernos apuestan al desgaste de las organizaciones de mujeres.

Por lo pronto, la protesta ya ganó: hizo pasar un problema judicial de feminicidios a una agenda política de feminismo. Ya soltaron al tigre, ahora a ver cómo lo tranquilizan.

 

Ley de la Omertá

El problema de mujeres asesinadas y agredidas es viejo. Y policiaco. ¿Quién no recuerda el caso de Las Poquianchis, unas matronas que controlaban un burdel de bajo nivel social en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, allá por los años sesenta? Eran cuatro hermanas crueles que constataban jóvenes campesinas, las explotaban. Mataban a fetos cuando quedaban embarazadas y les contabilizaron cuando menos 28 asesinadas e inhumadas en sus terrenos.

El caso estalló en 1964 cuando una de las muchachas escapó de ser asesinada y corrió a denunciar a la policía. El asunto fue tema central de la revista policiaca Alarma y luego dos escritores profesionales retomaron la historia: Elisa Robledo y Jorge Ibargüengoitia. En el cine el caso fue tomado por el director Felipe Cazals.

Por aquel tiempo el sistema penal carecía de tipologías de delitos. Pero las 28 asesinadas, y otras más que nunca se encontraron, fueron crímenes de género.

Las matronas abusaban de las muchachas, las maltrataban de manera cotidiana, les regateaban sus utilidades, las usaban hasta que se embarazaban en tiempos que los condones eran inexistentes, las torturaban y cuenta la historia oral que hubo hasta ritos satánicos. Luego de los 25 años las muchachas no servían y eran asesinadas por Salvador Estrada Bocanegra, conocido como El Verdugo.

Luego de ser arrestadas, las cuatrohermanas fueron condenadas a 40 años de prisión y tres de ellas murieron en la cárcel.

Zona Zero

·      La autoridad gubernamental no entendió las protestas femeninas desde octubre pasado. En 2019 hubo 51 mil 310 carpetas bajo el rubro de “delitos contra la seguridad sexual”. Y en enero de 2010 esos delitos aumentaron 19% sobre enero de 2019.

·      Todo el aparato de seguridad y justicia que tiene que ver con delitos contra las mujeres, tanto a nivel nacional como de Ciudad de México, está reprobado y no ha servido. Por ello, se requiere de una reorganización total basados en las nuevas necesidades.

·      Las presiones de los EE. UU. para que México regrese a la persecución de capos va a ser un problema para México porque su estrategia de seguridad se basa en no provocar violencias de resistencia criminales. Parece que lo que falta es una buena oficina mexicana de inteligencia para ir arrestando a capos con expedientes sólidos y con el apoyo de jueces. Esta estrategia se derivaría de la anterior y podría garantizar el desmantelamiento paulatino de banas criminales.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Coyuntura

Fabrican y ofrecen alfaroboes más atole con el dedo; “crean” y exhiben Fuerza de Reacción ¡ya existente!

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A los alfaroboes se les da eso de destruir o querer destruir, pero no construyen nada, si acaso solo copian o disfrazan lo existente; inician, como la Refundación, pero no acaban nunca y hoy miércoles los diarios dan cuenta de la supuesta creación de una Fuerza de Reacción ¡que ya existía! y así no vamos a mejorar nunca en seguridad.

Hoy miércoles 23 de septiembre el diario El Informador de Jalisco, en su columna Allá en la fuente hace este diagnóstico: “El gobernador de Jalisco y los alcaldes metropolitanos presentaron la Fuerza de Reacción de la Policía Metropolitana, un grupo de élite formado por 330 elementos para atender la prevención del delito.

“Nada más que este grupo de alguna manera ya existía (sic), se llamó Fuerza Única Metropolitana (sic), la impulsó el mandatario priista Aristóteles Sandoval (sic), y estaba conformada por 650 municipales y Policías del Estado.

“Llegaron los naranjas a inventar el agua tibia (sic), desaparecieron el modelo anterior y ahora (sic) presentan una copia (sic) con nombre distinto (sic). ¿Hasta cuándo dejarán de vendernos espejitos (sic) sexenio tras sexenio? ¿O creen que no nos damos cuenta (sic)?

“Por el bien y la seguridad de los tapatíos, ojalá que este modelo policial sea más que una entelequia (sic) imaginada en las redes oficiales del Estado como la Policía Metropolitana”.

Farsas hasta en la atención a la inseguridad afectan hondamente la gobernabilidad en Jalisco y por mí, que se vayan hasta allá, pero muy hasta allá. Yo no bebo atole con el dedo. Y ya no les creo nada. 

Lo malo es que contagiaron a muchos alcaldes de la ZMG que son igualitos de farsantes.

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Coyuntura

Tiene Ismael del Toro un desastre en Guadalajara; Mural le tira oootra funcionaria y esto es selva peligrosa

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En su pleito absurdo con la prensa -no es ilógico en términos normales, pero sí en los regímenes tan corruptos como el de Jalisco- el alfarismo sigue mordiendo el polvo porque el ayuntamiento de Guadalajara es un desastre. Anoche, Susana Priscila Álvarez Hernández también dejó la titularidad del cargo que ocupaba, el podrido Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ) institución pervertida y saqueada desde la época de gobiernos del PAN, lo que arreció con Movimiento Ciudadano.

Mural publicó el tardío cese: “Susana Priscila Álvarez Hernández, directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ) de Guadalajara señalada de cometer presuntas irregularidades en el organismo a su cargo, decidió separarse del cargo temporalmente.

“MURAL publicó que Álvarez Hernández, suspendida 15 días sin goce de sueldo por irse en 2019 de vacaciones ilegalmente, enfrenta denuncias por supuestamente comprar bebidas embriagantes (sic) con cargo al Instituto, tener empleados que cobran sin trabajar (sic), “ordeñar” tarjetas de nómina (sic), y haber empleado a un primo (sic)”.

Este tema no es atípico en el ayuntamiento de Guadalajara que gobierna desastrosamente Ismael del Toro, el delfín de Enrique Alfaro para contender como candidato a gobernador de Jalisco en el 2024. Acaba de dejar el cargo de gerente de por lo mismo, Héctor Alejandro Hermosillo González y se acusa a la regidora Claudia Delgadillo de haber colocado a su hermano. Pero hay más, hay esposas, esposos, hijos, madres, madres, amantes, novias, novios, etcétera, etcétera, etcétera.

Para dar una muestra del desastre en el que está sumida Guadalajara, solo un botón más, publicado en Mural hoy: “Un total de tres presuntos criminales han fallecido por golpes a manos de ciudadanos en los últimos cuatro meses.

“El caso más reciente registrado se registró este domingo, cuando un hombre acusado de atracar un negocio fue seguido por vecinos y golpeado hasta morir, en Lomas de Polanco, Guadalajara.

“Antes, el 27 de julio, falleció otro varón en Juanacatlán luego de ser acusado de matar a un niño; lo golpearon delante de policías locales.

“Otro caso se registró el 26 de junio en una finca en Tlaquepaque, donde una familia mató a golpes un hombre que presuntamente les robaba, aunque en este caso se acreditó que se defendieron legítimamente”.

Si no se detiene este desastre, este desmán, esta selva donde sólo se salva el que pueda, Guadalajara no va a aliviar sus problemas pronto.

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Estalla escándalo en Los Ángeles, Sheriff y Consejo de Supervisores se acusan de corrupción

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Este jueves 17 de septiembre, el diario L.A. Times dio a conocer que dos miembros del poderoso Consejo de Supervisores (BOS) del condado de Los Ángeles, solicitaron públicamente la renuncia del Sheriff Alex Villanueva, por obstruir investigaciones contra sus elementos corruptos.

El Sheriff respondió hoy en su cuenta de twitter acusando corrupción generalizada en el gobierno de Los Ángeles dependiente del BOS.

El BOS es el órgano que ejerce los poderes gubernamentales del Condado de Los Ángeles, según su página oficial, lacounty.gov , el Consejo cuenta con funciones ejecutivas, legislativas y cuasi-judiciales.

Entre las funciones que desempeña el BOS está el de elaborar el presupuesto anual, asignar recursos, aprobar normas del condado y supervisar todos los departamentos del gobierno.

La petición de remoción del Sheriff fue secundada por miembros de la Comisión de Supervisión Ciudadana del departamento de policía.

La acción coordinada de estas dos poderosas instancias, (Consejo y Comisión) obedece a tres razones principales: 1) la impunidad rampante en la corporación, 2) los bloqueos del sheriff a la supervisión sobre el departamento y 3) omisiones graves en la implementación de reformas.

El Sheriff habría permitido que los elementos bajo su mando salgan intactos a pesar de notorias y continuas violaciones al marco legal.

Esta noche el Sheriff del Condado de Los Ángeles ha denunciado en su cuenta oficial de twitter la corrupción existente en todos los niveles del gobierno de Los Angeles, en un claro señalamiento al BOS, cúspide del gobierno condal.

Hay un lodazal en las instituciones de gobierno de Los Ángeles, no lo dice el público, no lo dicen los ciudadanos, no lo dice este medio, lo denuncian los propios gobernantes.

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