Por Carlos Ramírez*
El primer gran avance en el asunto de los feminicidios sería el manejo en medios de la totalidad de delitos que involucran a las mujeres. Los feminicidios son asesinatos por ser mujeres, pero existe una cifra más agresiva: las mujeres como víctimas de diferentes delitos.
En diciembre de 2016, en el contexto de la ofensiva gubernamental con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas contra cárteles del narcotráfico, el congreso discutió y aprobó una importante legislación: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.
A trece años de distancia, esa Ley es ignorada por las autoridades, se aplica con remilgos y la Secretaría de Gobernación no cumple con su función de construir un entramado jurídico para proteger a las mujeres en situaciones de violencia criminal.
Los datos oficiales hablan por sí mismos: en 2019 hubo 110 mil 200 mujeres víctimas de algún delito, el 33.3% del total; los feminicidios aumentaron 137% de 2015 al 2019; y el 59% de feminicidios ocurren en 100 municipios de la república, especialmente en siete de ellos ocurrió el 10% del total. Los principales municipios feminicidas son: Monterrey, Culiacán, Iztapalapa, San Luis Potosí, Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara.
Tienen razón los que señalan que la inseguridad afecta a todos por igual; sin embargo, han sido las mujeres las que iniciaron una ola creciente de protestas que llevará al paro del lunes 9 de marzo. Los opositores a las protestas de mujeres han escalado la agresividad, pero se trata de una respuesta del tamaño de la pasividad gubernamental y social.
La agresión delictiva contra las mujeres forma parte de la inseguridad de la sociedad. Por eso es necesario establecer una centralización de los feminicidios y delitos contra las mujeres como un asunto general de inseguridad de la sociedad. La protesta escalada de las mujeres podría ser el vehículo de aceleración de mayores demandas de atención al problema de la inseguridad.
Si las mujeres lograran que la Secretaría de Gobernación, a cargo de una mujer de la élite profesional de la Suprema Corte, decidirá aplicar la Ley contra la Violencia de género, la lucha contra la inseguridad ganaría muchos puntos. La agresividad de las protestas sólo hace visible el problema; pero debe seguir la exigencia a aplicar la ley y la creación de colectivos sociales de análisis, estudios y sobre todo denuncias contra la incapacidad gubernamental para detener las agresiones violentas contra las mujeres.
El paro femenino del 9 debe conducir a una agenda de exigencias mucho mayores, más institucionales y con mayor involucramiento de la sociedad en organismos mixtos público-privados para atender la crisis de seguridad del total de la sociedad.
Las marchas y protestas en las calles deben continuar en tanto no exista un cronograma de atención a las necesidades de seguridad. El gobierno debe ofrecer, después del 9, una agenda de objetivos judiciales, sociales, policiacos y políticos que contengan fechas concretas de realización. Todos los gobiernos apuestan al desgaste de las organizaciones de mujeres.
Por lo pronto, la protesta ya ganó: hizo pasar un problema judicial de feminicidios a una agenda política de feminismo. Ya soltaron al tigre, ahora a ver cómo lo tranquilizan.
Ley de la Omertá
El problema de mujeres asesinadas y agredidas es viejo. Y policiaco. ¿Quién no recuerda el caso de Las Poquianchis, unas matronas que controlaban un burdel de bajo nivel social en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, allá por los años sesenta? Eran cuatro hermanas crueles que constataban jóvenes campesinas, las explotaban. Mataban a fetos cuando quedaban embarazadas y les contabilizaron cuando menos 28 asesinadas e inhumadas en sus terrenos.
El caso estalló en 1964 cuando una de las muchachas escapó de ser asesinada y corrió a denunciar a la policía. El asunto fue tema central de la revista policiaca Alarma y luego dos escritores profesionales retomaron la historia: Elisa Robledo y Jorge Ibargüengoitia. En el cine el caso fue tomado por el director Felipe Cazals.
Por aquel tiempo el sistema penal carecía de tipologías de delitos. Pero las 28 asesinadas, y otras más que nunca se encontraron, fueron crímenes de género.
Las matronas abusaban de las muchachas, las maltrataban de manera cotidiana, les regateaban sus utilidades, las usaban hasta que se embarazaban en tiempos que los condones eran inexistentes, las torturaban y cuenta la historia oral que hubo hasta ritos satánicos. Luego de los 25 años las muchachas no servían y eran asesinadas por Salvador Estrada Bocanegra, conocido como El Verdugo.
Luego de ser arrestadas, las cuatrohermanas fueron condenadas a 40 años de prisión y tres de ellas murieron en la cárcel.
Zona Zero
· La autoridad gubernamental no entendió las protestas femeninas desde octubre pasado. En 2019 hubo 51 mil 310 carpetas bajo el rubro de “delitos contra la seguridad sexual”. Y en enero de 2010 esos delitos aumentaron 19% sobre enero de 2019.
· Todo el aparato de seguridad y justicia que tiene que ver con delitos contra las mujeres, tanto a nivel nacional como de Ciudad de México, está reprobado y no ha servido. Por ello, se requiere de una reorganización total basados en las nuevas necesidades.
· Las presiones de los EE. UU. para que México regrese a la persecución de capos va a ser un problema para México porque su estrategia de seguridad se basa en no provocar violencias de resistencia criminales. Parece que lo que falta es una buena oficina mexicana de inteligencia para ir arrestando a capos con expedientes sólidos y con el apoyo de jueces. Esta estrategia se derivaría de la anterior y podría garantizar el desmantelamiento paulatino de banas criminales.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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