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Por Carlos Ramírez* 

Agobiados por los jaloneos de coyunturas domésticas casi a nivel municipal, hoy ciudadanos, funcionarios y estrategas mexicanos han quedado rebasados por la dinámica de los intereses geopolíticos que se están jugando en la próxima elección presidencial en los EE UU entre el presidente Donaldo Trump y el candidato Joe Biden.

Si bien la vieja estrategia pasiva de gobiernos mexicanos de acomodarse a posteriori de las elecciones había dado resultados, México perdió espacios de definición estratégica de intereses propios y regionales en la reconfiguración de las relaciones de poder después del colapso soviético 1989-1991. Hasta finales del gobierno de López Portillo México jugaba la carta del ocultamiento de instrumentos y realidades, a fin de obtener de la Casa Blanca el beneplácito de la gestión propia de decisiones. Como los estadunidenses no podían romper la cáscara mexicana, prefirieron el camino cómodo de otorgarle al sistema priísta el manejo de los asuntos de seguridad nacional bilateral, con tal de que el PRI mantuviera la estabilidad interna, ahuyentara al comunismo y jugara las iniciativas de la Casa Blanca.

De 1983 a 1985 México fue sacudido con una ofensiva en tres pasos: la orden de Reagan a la CIA de construir escenarios catastróficos de México para justificar mayores intervenciones, la utilización del caso Camarena de 1985 para desestabilizar a México y la realización de audiencias en el Congreso para revisar la situación interna de México por primera vez con sentido crítico. Estas presiones coincidieron con el relevo en la élite política mexicana con la llegada de los tecnócratas educados en universidades estadunidenses y por tanto con enfoques menos nacionalistas. El ciclo se cerró en 1989-1993 con la negociación del Tratado de Comercio Libre que, a decir del estratega de inteligencia y seguridad nacional y embajador estadunidense en México, John Dimitri Negroponte, desmanteló la ideología nacionalista en la política exterior como parte de la política interior y dejó el pragmatismo comercial. La pasividad mexicana en la invasión de EE UU a Panamá en 1989 fue el comienzo.

Los gobiernos neoliberales de 1982 al 2018 se deslindaron del escenario internacional. Los EE UU pasaron del combate ideológico contra el comunismo soviético a la lucha contra el terrorismo islámico radical, un tema ajeno a México que ayudó a distender las relaciones bilaterales. Durante el periodo de Clinton, Bush Jr. y Obama, de 1993 a 2016, los años de consolidación del neoliberalismo mexicano salinista, el terrorismo quedó fuera de los enfoques de seguridad nacional mexicana. Más aún, la perspectiva de México como un problema de seguridad nacional para los EE UU que fijo Reagan se fue diluyendo hacia el final del reaganismo y sus sucesores –Bush Sr., Clinton, Bush Jr. y Obama– se quedaron en el modelo de la seguridad nacional ideológica y terrorista.

No se sabe si por ingenuidad, ignorancia o falta de reflexión estratégica, el gobierno de Peña Nieto y ahora el de López Obrador han carecido de enfoques de seguridad nacional a partir de la indefinición de los intereses nacionales dentro y fuera. Sin embargo, pasamos del tema mexicano como existente, incómodo y no determinante al agobio con Trump encima de nosotros. En realidad, los tres presidentes vieron inexistente y sin influencia el papel político de México en la seguridad nacional estadunidense, a pesar de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Obama intensificó la cacería de migrantes sin preocuparse de la reacción mexicana, que por lo demás fue nula.

Trump, en cambio, resultó un político con mayor pensamiento estratégico y de seguridad nacional que sus antecesores. En el tema México supo colocar el asunto de los migrantes en la seguridad nacional estadunidense por el cruce de potenciales terroristas, la acumulación de una presión laboral democrática en los EE UU y la falta de control de seguridad sobre los que cruzaron la frontera si pasar por las fronteras legales. Y tuvo razón: la migración legal e ilegal es un asunto de seguridad nacional porque afecta la composición de la población en términos de cultura, ideología y economía. En los EE UU todo migrante legal debe de pasar por un examen de nuevo nacionalismo, de conocimiento de las leyes estadunidenses y de compromiso de respetar el modelo capitalista.

Aunque ninguno de los enfoques de Trump y Biden le funciona a México, de todos modos, la política de seguridad exterior de México debe tener claro los riesgos de seguridad fronteriza entre los dos candidatos. Y, sobre todo, de los compromisos mexicanos con las oficinas militares y civiles de inteligencia y seguridad nacional que influyen en las políticas mexicanas de defensa.

A ello Trump ha agregado otro elemento: el crimen organizado mexicano ya instalado en los EE UU para configurar el modelo aprobado por Obama del crimen organizado transnacional que representa una pérdida mexicana de soberanía nacional. Ahora lo vemos: Trump ha autorizado la cacería de los cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio mexicano, con la presencia aquí de agentes encubiertos y otros aprobados por México para capturarlos y llevárselos a los EE UU.

En este sentido, las elecciones presidenciales en los EE UU son un asunto de seguridad nacional para México, pero sin tener claro si México ya tiene terminadas sus nuevas oficinas y su doctrina sexenal en esa materia. Sólo Fox hizo un intento de asentar a México de manera profesional en el mapa internacional de la seguridad nacional con Adolfo Aguilar Zínser, pero luego no entendió la lógica, los interese y las necesidades y prefirió dejarle el peso de la responsabilidad a las agencias estadunidenses.

La seguridad nacional es la identificación de los intereses nacionales y el desarrollo de los instrumentos para evitar que esos intereses estén bajo control de alguna otra potencia para sus propios intereses.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- COVID-19 en Palacio, una crisis de seguridad nacional que no se evitó

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Carlos Ramírez*

En su agenda nacional de riesgos de 2016 –gobierno del presidente Peña Nieto–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) delineó los trece temas centrales que tenían que ver con la estabilidad interior de la república y, por tanto, sin decirlo, los aspectos que referían la existencia del Estado mexicano; y en el número 7 fijo el tema del sistema de salud y las epidemias.

La infección del presidente de la república con el virus del COVID-19, en consecuencia, siempre fue un asunto de seguridad nacional del Estado; sin embargo, en las esferas que tienen que ver con la seguridad nacional nunca pudo permear el hecho de que había que proteger al jefe del Estado y del gobierno del contagio, porque, en el mejor de los casos, una contaminación presidencial iba a minar las bases de las certezas políticas nacionales con el tejido social de la estabilidad.

Y si bien el presidente López Obrador no fue un funcionario cooperativo con los enfoques de seguridad, en su entorno debieron ejercerse las funciones de autoridad institucional que siempre existen por encima del poder absolutista de la presidencia de la república. El secretario de Salud, el subsecretario de Salud y la secretaría de Gobernación carecieron de enfoques, decisión, autoridad y principios institucionales para someter al presidente a una disciplina sanitaria indispensable a su alto cargo.

La imagen del presidente López Obrador invulnerable al virus cuando aparecía sin cubrebocas en lugares aglomerados fue, en política, un factor de certeza social ante una población afectada por los casi dos millones de infectados y los casi 150,000 muertos; era, en sí misma, una imagen de confianza en una sociedad dependiente de los símbolos esotéricos del poder. El razonamiento era sencillo: si el presidente de la república era ajeno a la infección, entonces no todo estaba perdido.

Ahora viene el mensaje contrario. Sin conocerse a fondo los efectos reales de la infección en el cuerpo del presidente de la república, la sociedad va a mirar, con espanto, que nadieestá ajeno y que se hacen necesarias, ahora sí, decisiones de autoridad real: confinamiento, toque de queda, apoyos económicos a la planta productiva y el empleo. Asumir, en realidad, que el COVID-19 es una plaga que está destruyendo las bases institucionales, sociales y políticas del Estado y de la sociedad, lo que cualquier principiante de estudios de seguridad nacional podría ofrecer como primer corte sobre el virus.

Ahora debe venir un análisis severo de los funcionarios de segundo nivel que fallaron: la jefa de gobierno de la CDMX, los gobernadores y las autoridades del gabinete que no supieron, no pudieron o no lograron convencer al presidente de la república que el virus obligaba a un confinamiento institucional total y a un esfuerzo del Estado para apoyar con recursos presupuestales a los afectados. No se suspendieron labores económicas porque Hacienda nosupo fijar una narrativa de emergencia para ayudar a la planta productiva y el empleo y el funcionamiento irresponsable de las actividades económicas, sociales y productivas convirtieron una epidemia en una verdadera plaga sin control.

La falta de una agenda de riesgos para identificar posibles afectaciones a la seguridad nacional y la estabilidad social de la república y la carencia de instrumentos de autoridad –el congreso es una oficina no sólo irresponsable, sino inútil— para crear las circunstancias de un aparato de Estado que no dependa del presidente de la república han llevado al país a la orilla de un abismo inesperado, aunque de muchos modos previsto.

El problema no radicará en que la afectación del presidente de la república sea leve y en un par de días se vea de regreso a las conferencias matutinas, sino que queda instalado en la estructura desarticulada de un Estado presidencialista que de manera paradójica tampoco tiene mecanismos de emergencia para funcionar sin el presidente en turno. Ante la afectación de la salud presidencial el menor de los problemas era conducir las conferencias de prensa, sino crear mecanismos institucionales de funcionamiento del Estado.

La crisis del Estado mexicano por el virus en la salud del presidente de la república se exhibe en la ausencia de una estructura institucional para seguir operando la república. A dos años de gobierno el Centro Nacional de Inteligencia está desaparecido, la agenda de riesgos no existe y el virus como un elemento distorsionador de la estabilidad nacional carece de razonamientos de emergencia institucional.

 

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Política para dummies: La política, al final, siempre termina con el “se los dijeron”.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Agenda México-EE. UU. (1): narco como seguridad nacional y soberanía

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Carlos Ramírez*

 

A Jorge Suárez Vélez y

a la memoria de la tía Tere

Si en el gobierno del presidente Joseph Biden van a regresar los viejos halcones de la política de inteligencia, seguridad nacional y espionaje, entonces el narcotráfico será en los próximos cuatro años el problema número uno en las relaciones de la Casa Blanca con Palacio Nacional.

Los otros temas de la agenda –cambio climático, comercio internacional, migración centroamericana y mexicana, inestabilidad geopolítica en América Latina y el Caribe, penetración de China, Irán, Rusia y Corea del Norte en la región y el ciclo populista– pasarán a segundo término. En esa agenda la Casa Blanca suele no negociar con los países involucrados.

En las primeras semanas podrían conocerse los marcos de referencia de las agencias de seguridad en el sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca y el margen de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional. A nivel de gobierno operan las estructuras de alta burocracia en el área de inteligencia, seguridad nacional y defensa.

Los responsables de esas áreas regresarán a recuperar el espacio de reflexión, inteligencia y acción que les negó el presidente Trump por desconfianza y porque sólo saben operan en lógicas intervencionistas y bélicas, en tanto que él como empresario prefería el campo de batalla del comercio y la economía. En los cuatro años de gobierno Trump tuvo a cinco jefes de inteligencia nacional –la oficina que coordina y de manera supuesta controla a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares– y cuando consejeros de seguridad nacional, ambas dependientes de manera directa de la Casa Blanca.

La agenda de narcotráfico EE. UU.-México se mueve en tres parámetros: la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente en turno, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Estrategia de Control de la Frontera Sur. Las tres son injerencistas. Y el presidente Biden envío ya un mensaje codificado; la designación de la embajadora Roberta Jacobson –el último año de Obama y los dos primeros de Trump– como czar de la frontera México-EE. UU., aunque adscrita a la oficina de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional. La primera clave se localiza en la función no policiaca sino estratégica-política de la funcionaria.

La estrategia de la Casa Blanca en el tema del narco tiene dos puntos fundamentales: el combate a las adicciones dentro de los EE. UU. y la persecución de los cárteles en sus madrigueras de sus países de origen. En este escenario se deben analizar las relaciones de seguridad de Washington con Ciudad de México: el papel de la DEA dentro de México, ahora mismo en operaciones oficiales y secretas para atrapar y llevarse a los EE. UU. al Mencho, presunto jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y responsable en el Cártel de Sinaloa del área de drogas sintéticas de fentanilo que están matando a consumidores estadunidenses.

De ahí que buena parte de las relaciones bilaterales se vayan a redefinir en el tema del narco en dos campos: el de la cooperación mexicana para permitir el funcionamiento de la DEA sin restricciones –aunque cuidando no cometer errores como el del general Salvador Cienfuegos Zepeda– y el de las nuevas relaciones entre los ejércitos de los dos países y ahora con el dato mayor de que el secretario de Defensa de la Casa Blanca es un general que tuvo hasta hace poco mandos operativos en Irak y Afganistán y con poca experiencia en el manejo de la burocracia civil y sobre todo legislativa.

Si los EE. UU. han otorgado al tema del naco un rango de seguridad nacional estratégica, en México el tema del crimen organizado se mira como policiaco. Sin embargo, el impulso desde la Cancillería mexicana a reformas a la Ley de Seguridad Nacional para meter en cintura a los agentes antinarcóticos estadounidenses significó un salto cualitativo al asumir las relaciones de seguridad con nuevos marcos referenciales de una doctrina de seguridad nacional estratégica de México para salirse del paraguas condicionante de la seguridad nacional de los EE. UU.

En este sentido, las nuevas relaciones México.EE. UU. en la agenda López Obrador-Biden son más estratégicas que policiacas, tienen que ver con la soberanía y por primera vez involucran las doctrinas de Estado en defensa nacional, autonomía militar y, sobre todo, control estricto sobre la soberanía ante los abusos de las agencias de espionaje de Washington.

 

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Política para dummies: La política es un juego del gato y el ratón, donde la clave está en el perro.

 

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Nacional

Brújula Pública- Despropósitos de información

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Las conferencias matutinas que ofrece el presidente López Obrador sirven para informar a la población de las actividades de gobierno, pero se desvirtúan en cuanto comienza a denostar a quienes disienten de su forma de gobernar.

La narrativa utilizada se mezcla, entre el contenido informativo de las acciones de gobierno y lo conduce al campo político, pero incluso, la escritora Elena Poniatowska ha afirmado que ese ejercicio de comunicación ha provocado hartazgo, irritación, confrontación y consideró que resultan innecesarias.

En democracia un ejercicio informativo es necesario y se inserta en la función de Estado de la transparencia, hoy en riesgo de desaparecer a conveniencia.

Es a conveniencia debido a que se utiliza para no informar sobre acciones específicas de gobierno, como la reserva de información por un periodo de tiempo determinado sobre el operativo de detención de Ovidio Guzmán, la información relativa a la contratación sin concurso o a la contratación de vacunas para COVID19.

La información que producen las instituciones del Estado mexicano es elaborada por los servidores públicos, cuyos sueldos y recursos materiales para su elaboración, son pagados con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso. A su vez, los recursos aprobados por el Congreso provienen de los impuestos, multas, aprovechamientos, derechos y demás ingresos recaudados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno solo administra los recursos pero no es el dueño de la información.

Por la trascendencia que representa es de interés público conocer los pormenores del operativo que derivó en la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, las razones por las cuáles se opta por priorizar los contratos por asignación directa a los concursos públicos, o bien, el contenido de los contratos para comprar vacunas.

El argumento de austeridad para suprimir la institución de Estado de la transparencia, no se sostiene por sí sólo y es de pobre calidad. Es como si se pretendiera suprimir la salud o la educación públicos por el costo al erario que representa. Ambas se tratan de funciones derivadas de derechos humanos.

Pretender derogar la función de información, sólo aumentará el flujo de información en redes sociales de contenidos que sean sensibles para la presente administración.

Abriría demandas ante la Corte, porque se estaría suprimiendo el derecho humano a la información. Esto en el plano nacional.

En el plano internacional, la comunidad y organismos internacionales no verían con buenos ojos esta medida, debido a que se faltaría a la certeza en las inversiones o compromisos internacionales.

En síntesis no conviene a nadie suprimir la función de información.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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