Por Carlos Ramírez
Detrás de las fricciones alrededor de los contratos del Tratado en sus dos versiones y de las quejas de empresas estadunidenses que han sido excluidas del área energética, se localiza y una etapa más de las muchas definiciones y redefiniciones de las relaciones entre dos países de niveles y poderes diferentes.
La relación económica asimétrica entre México y Estados Unidos tiene que ver con una realidad inocultable: la capacidad estadounidense para producir bienes y servicios y la subordinación de México por su incapacidad de construcción de tecnología y producción.
Hacia 1976, México enfrentó una severa crisis de viabilidad productiva, económica y de bienestar. El modelo de desarrollo nacional impulsado por las élites que hicieron la Revolución Mexicana de manera directa y luego la administraron no tuvo la capacidad productiva de ampliar las bases del bienestar, dejando porcentajes crecientes de mexicanos fuera de los beneficios del desarrollo.
La estrategia económica hasta 1976 se basó en el dominio político e ideológico del Estado a través de sus funcionarios, impidiendo primero, controlando después y marginando al final la posibilidad de construir una clase empresarial-productiva. La crisis de viabilidad en la construcción de bienes y servicios estuvo en un Estado en su doble función de administrador y productor, pero con el obstáculo principal que impidió la creación de la riqueza: la distribución del bienestar entre la sociedad para evitar luchas de clases que llevarán a procesos revolucionarios.
El agotamiento de vena económica del Estado intervencionista en el proceso productivo estalló en contradicciones al final de 1976 y produjo una nueva generación de funcionarios que iniciaron un cambio de rumbo económico que exigió al mismo tiempo una reorganización de las élites y los equilibrios políticos. El punto de inflexión estuvo en el Tratado de Comercio Libre de 1991-1993 que trastocó el modelo de generación y distribución de la riqueza de la Revolución Mexicana y obligó a México a dar el paso adelante hacia una economía de mercado sin mecanismos de distribución social de la riqueza.
El Tratado comercial se puede resumir en el tránsito de la economía de Estado a la de economía de mercado, modificando no solo las relaciones de producción sino también las relaciones sociales y de clases. El eje rector fue el tránsito del Estado de bienestar social que definió la élite revolucionaria y posrevolucionaria en el artículo tercero constitucional que defiende la democracia como el bienestar del pueblo al del Estado autónomo de los compromisos sociales y solamente regulador de las mínimas relaciones de producción.
El otro punto central del Tratado fue la conceptualización estadounidense de que la integración del mercado México-Estados Unidos debiera implicar una nueva etapa ideológica entre las dos naciones, pero a partir de la subordinación mexicana a las necesidades americanas. Así lo definió el Memorándum Negroponte enviado en 1991 por el entonces embajador estadounidense John Dimitri Negroponte –uno de los estrategas básicos de la geopolítica y la seguridad nacional desde el retiro de Kissinger en 1977–, quien se encargó de construir el pensamiento de inteligencia y seguridad nacional de la Casa Blanca desde su formación como oficial de inteligencia de la CIA y sobre todo como embajador en Honduras en 1981 para articular la estrategia de seguridad nacional contra las revoluciones centroamericanas.
Negroponte dejó muy claro el Tratado iba a liquidar los resabios nacionalistas y antiestadounidenses de México a partir del modelo económico de mercado del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, en el entendido de que el Tratado sería de enfoque exclusivo económico y comercial, pero que correspondía a los estrategas geopolíticos condicionar el apoyo estadounidense a México a cambio de alinear la política exterior mexicana autónoma, nacionalista y progresista a los intereses de Estados Unidos.
El Estado mexicano de 1994 a la fecha ha funcionado en el modelo del Estado autónomo de los compromisos sociales, hasta la llegada del grupo gobernante del presidente López Obrador que ha tomado iniciativas para reconstruir los compromisos sociales del Estado con las clases no propietarias –no solo con las marginadas–, vía decisiones operativas que han tenido que replantear la hegemonía productiva del mercado que hizo el Tratado en el periodo 1994-2018.
Los cambios en las coordenadas políticas y de seguridad mexicanas por el Tratado tuvieron un elemento adicional: en 1987 la Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México Estados Unidos –que tuvo rango gubernamental binacional– emitió un informe titulado “El desafío de la interdependencia: México y Estados Unidos” que logró la singularidad de meterse al fondo del conflicto cultural e histórico entre las dos naciones y proponer que un acuerdo de interdependencia debía de pasar por una modificación del modelo de educación mexicana que moldeaba la mentalidad de los ciudadanos a partir de la guerra que le quitó a México a la mitad del territorio.
El funcionamiento del Tratado se centró en las relaciones de mercado, pero tuvo una especial preocupación por abrir las áreas que el viejo nacionalismo otorgada el Estado y entregárselas a las empresas estadounidenses que rebosaban de capitales, tecnología y cadenas de producción. El gobierno del presidente López Obrador ha buscado la reconstrucción económica y productiva del Estado y por tanto ha comenzado a ir cerrando los márgenes de participación extranjera sobre todo en las áreas estratégicas del sector energético, la producción de electricidad y el control del petróleo.
El fondo de la disputa actual tiene que ver con el regreso del Estado a funciones estabilizadoras imperiales en lo económico y lo social, aunque pagando el costo de la incapacidad productiva que el propio Estado mexicano relegó en los años neoliberales del salinismo.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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