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Por Carlos Ramírez*
No es tan malo el debate sobre las fuerzas armadas a labores de apoyo a la seguridad pública en modo de seguridad interior. Sólo que el asunto se ha desviado: los militares no van a realizar labores policiacas, sino que su tarea será la de atender una severa crisis de seguridad interior del Estado por el avance de bandas criminales en la ocupación territorial de zonas de soberanía del Estado.

La decisión oficial anunciada en el decreto del lunes 11 de mayo para enviar a militares a apoyo a la seguridad tampoco se preocupó por aclarar las responsabilidades constitucionales. La Constitución de Cádiz de 1812 le otorgó al rey la facultad de disponer a soldados para asuntos de “orden interior”. La Constitución de 1824 registró en la fracción X del 110 la facultad presidencial para usar las fuerzas armadas en casos de “seguridad interior”. La Constitución de 1857 registra la misma facultad, sólo que la coloca en la fracción VI del 85; y la Constitución de 1917, la original y la reformada, también otorga la facultad constitucional de “seguridad interior” como fracción VI del artículo 89.

Por lo tanto, el presidente de la república tiene la jurisdicción de orientar a las fuerzas armadas a tareas de seguridad interior, sin pasar por ninguna autorización del Congreso. Los legisladores sólo pueden aprobar declaraciones de guerra.

El problema radica en el hecho de que los legisladores y la sociedad se han negado a reglamentar la actual fracción VI del 89 constitucional. El intento del gobierno de Peña Nieto de diciembre de 2017 de aprobar la Ley de Seguridad Interior fue boqueado en 2018 y la ley resultó abrogada por mandato de la Suprema Corte de Justicia. La Ley daba marco jurídico a las labores militares en seguridad pública en modo de seguridad interior. La Ley dejó de funcionar, pero no prohibió la actividad castrense en seguridad interior.

A pesar de ser un argumento constitucional desde 1812, es la hora en que existe una ignorancia –real y fingida– sobre la seguridad interior. Las doctrinas de defensa nacional tienen muy claro los espacios de acción: la seguridad pública defiende al ciudadano y sus pertenencias, la seguridad interior defiende al Estado dentro de la república, sus instituciones y el territorio y la seguridad nacional defiende a México de invasiones extranjeras.

Las doctrinas del Colegio de Defensa Nacional definen la seguridad interior en los siguientes términos:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

Los cárteles del narcotráfico, las bandas del crimen y las organizaciones delictivas han tomado el control de zonas territoriales de la soberanía del Estado, como se ha visto en Guerrero, Michoacán, Chihuahua y ahora en alcaldías del sur de Ciudad de México, entre otras entidades de la república. Un nuevo Cñartel no confirmado se presentó para declarar el control del espacio aéreo de una zona municipal de Michoacán.

La estrategia de “abrazos, no balazos” fue respondida por los criminales con el asentamiento en zonas territoriales, no sólo desplazando al Estado sino asumiendo funciones productivas y fiscales, además de desarrollar estrategia de apoyo social con despensas en zonas abandonadas por el gobierno.

Las acciones criminales han aumentado a actividades de cobro de protección, cobro de cuotas para pequeños negocios y casi cobro de impuestos para proteger a los ciudadanos. Sin fuerzas de seguridad o con policías municipales sin capacitación ni control las bandas delictivas funcionan a veces como dominantes. La decisión de pagar becas a jóvenes de esos lugares no dio resultado y las únicas fuentes de ingreso son los apoyos de los delincuentes.

Los militares participaron en labores de seguridad pública en modo de seguridad interior y tuvieron resultados tangibles: capos muertos en combate, arrestos de los diez principales cabecillas, la captura y recaptura de El Chapo hasta que la justicia estadunidense lo sentencio a cadena perpetua más 30 años, decomiso de toneladas de droga, decomiso de aviones, lanchas, vehículos y cientos de miles de armas.

Sin embargo, se critica la violación de derechos humanos, aunque sin reconocer que la Secretaría de la Defensa Nacional creó su propia dirección general de derechos humanos y todos los miembros de las fuerzas armadas acusadas de abuso de fuerza fueron juzgados y sentenciados por tribunales civiles. En ninguno de los casos hubo intención directa de matar, sino que fueron casos de errores o daños colaterales.

Lo malo de todo radica en el hecho de que no hay otra instancia para enfrentar a las bandas criminales que los militares, que todos los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales y la Guardia Nacional han sido rebasados por la violencia criminal y que la pasividad oficial aumentó las cifras de inseguridad y violencia.

En este contexto, las fuerzas armadas van a seguridad pública para recuperar los espacios territoriales e institucionales capturados por las bandas criminales, para combatir los contrabandos de armas, para desarmar a los cárteles que tienen armas para derribar aviones y helicópteros y para llevar ante la justicia a las organizaciones criminales que han crecido en el último año y medio.

Si la gente no quiere a los militares, entonces sería bueno que dijeran quién va a con batir a los delincuentes. Al final de cuentas, las fuerzas armadas son la última línea de defensa de organizaciones criminales que, para colmo, ya son transnacionales y han extendido sus tentáculos a zonas políticas, económicas y de poder del extranjero y con ello amenazaban la soberanía territorial del Estado y de la república.

Lo que debe venir es la redacción de una nueva Ley de Seguridad Interior… o regresar a los militares a sus cuarteles y que la sociedad de defienda como pueda a sí misma.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Gabriel Torres Espinoza

Análisis- El pacto plural por la impunidad

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Gabriel Torres Espinoza*

Además de las designaciones ilegales que realiza el Congreso del Estado de Jalisco, no se puede aspirar a un Estado de Derecho mientras los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco devenguen una remuneración mayor que la del presidente de la República, en franco desacato al mandato constitucional del artículo 127 de nuestra Carta Magna –vigente desde el 24 de agosto de 2009– y que establece que ningún servidor público en el país podrá recibir una remuneración mayor a la del Titular del Ejecutivo Federal. El Presupuesto de Egresos 2020 establece una remuneración bruta anual para el jefe del Estado mexicano de dos millones 400 mil 118 pesos: Mientras que en Jalisco, en franco desacato a la Constitución de la República, los  magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco tienen presupuestado para este año (2020) una remuneración bruta anual de tres millones 081 mil 601 pesos.

La Fracción I, del artículo 127 constitucional federal señala textualmente que, “se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.” Para entonces señalar, en su fracción II, que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.” Incluso, el Quinto Transitorio de la reforma al 127 Constitucional señala que “Las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente (ojo) las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto”.

Tanto el Congreso de Jalisco y el Poder Judicial, dejan testimonio de que no existe voluntad política para hacer cumplir la ley, ni profesionalismo para hacer coincidir norma, con normalidad. De forma que no habrá reforma suficiente al Poder Judicial para auspiciar los cambios que demanda la deficiente impartición de justicia en Jalisco. Incluso, en nuestra entidad estuvo vigente la eliminación del fuero, de julio de 2016 a septiembre de 2019 –fecha en que la SCJN invalidó la reforma constitucional ‘de avanzada’ en Jalisco– sin ningún funcionario público procesado.

En agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Armando García Estrada, Alberto Barba Gómez y Celso Rodríguez González, por la sospecha de que poseen recursos de origen ilegal. Se ampararon, y obtuvieron la suspensión del acto reclamado. Resulta elocuente que ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía del Estado solicitaron una declaración de procedencia (quitar fuero) al Congreso de Jalisco para poder procesar a estos funcionarios, en razón del inicio de una investigación. Otro ejemplo más de que en Jalisco el “fuero” es de facto, por el ‘pacto plural de impunidad’, no de jure.

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Gobierno

Tiempo Nuevo- Lo individual es colectivo

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Salvador Guerrero Chiprés*

En el discurso político y periodístico los adversarios del Gobierno parecen estar más dispuestos a encontrar los detalles de “la polarización” que a buscar alternativas al fracaso de “eso” que han constituido como problema nacional. El espíritu comunitario indispensable en esta hora requiere a todos los sectores. Desde empleados y pequeños comerciantes hasta los grandes empresarios, los representantes de cámaras y las autoridades.

La secuencia de soluciones en la expectativa de quienes queremos encontrarlas depende de forma estrecha de las acciones individuales frente a la pandemia. Podemos pensar, por ejemplo, en las medidas estrictas para controlar el flujo de una de las zonas con más tránsito peatonal en la ciudad —el Centro Histórico—, la reapertura paulatina de mercados y centros comerciales, y la implementación de semáforos rojos locales.

El movimiento de la economía será proporcional a la responsabilidad ciudadana. En el compromiso propio está la oportunidad de que la entrada al semáforo verde sea cada vez más posible y, por ende, que el impacto, la pérdida vivida por ciertos sectores, se revierta. En tiempos de confinamiento, el apoyo mutuo se revela como una de nuestras mayores herramientas; el compromiso individual es el compromiso colectivo.

Tal contexto explica la relevancia de la reunión que en días recientes entabló el secretario de Economía, Fadlala Akabani Hneide, con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en su carácter representativo de la sociedad civil y con la presencia de los consejeros honorarios que representan a organizaciones como Canaco Ciudad de México, Anafarmex, Canirac y el Consejo de la Comunicación, así como abanderados de la iniciativa privada.

El sentido es comprender a fondo los nuevos retos que implican la pandemia y la nueva normalidad para el sector productivo. Las condiciones, por supuesto, dieron pie para una reunión virtual en la que se buscó el fortalecimiento de las aptitudes en cada sector.

No está de más puntualizar que las MiPyMES, término que designa a las micro, pequeñas y medianas empresas, han sido respaldadas por el Ejecutivo local y que la vinculación con los pequeños proveedores ha sido un principio fundamental de la estrategia.

Como señaló el presidente de Coparmex, a nivel local, y también consejero honorario, Jesús Padilla Zenteno, el cuidado hacia las empresas es necesario porque ellas son el motor de la economía, o, en otras palabras, la protección de un trabajador es la protección de un proyecto más grande.

El riesgo es latente y se expande al abordar cómo se relaciona el impacto empresarial con la crisis sanitaria, de desempleo o de inseguridad (todas paralelas al reto de la Covid-19 en todo el mundo), y justo por este nuevo orden de prioridades desplegado en todo el país, se llama a cerrar filas como un solo equipo.

El camino hacia el semáforo verde es una oportunidad de fortalecimiento. Los trabajadores, las empresas, los pequeños y grandes proyectos, con el sustento de la autoridad y la sociedad civil, pueden salir juntos de esto.

@guerrerochipres

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Cartón

De risa…

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El cartón de Miguel Parras

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