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Por Carlos Ramírez*

En un acto de redefinición de la doctrina mexicana de seguridad nacional que pasa de las conductas defensivas al establecimiento de límites a la extraterritorialidad imperial de la Casa Blanca en la lucha contra el crimen organizado en la variedad de cárteles del narcotráfico, el senado de México presentó reformas legales para someter a control a la DEA y a otras agencias estadunidenses que han violado la soberanía nacional.

La iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional que circuló el viernes 4 de diciembre el senador Ricardo Monreal Avila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, representa una redefinición integral de la doctrina aislacionista de seguridad nacional de México y da un paso adelante para mostrar que el principal problema de seguridad nacional de México está en la actividad intervencionista de los EE. UU.

En términos de contexto, la iniciativa de Monreal revela el enfoque bipartidista imperial de la Casa Blanca y deja ver indicios de que existen en México fuerzas políticas que están viendo la cola del imperio intervencionista en las sonrisas falsas del presidente electo Joseph Biden.

La doctrina bipartidista de seguridad nacional estadunidense que les permite invadir países como si fueran colonias e imponer criterios de seguridad de acuerdo con las prioridades de Washington fue fijada por el presidente Barack Obama, el profesor de derecho constitucional que tiene deslumbrados a muchos progresistas mexicanos, en septiembre de 2011 cuando aprobó y firmó la Estrategia de Combate al Crimen Organizado Transnacional. El presidente Trump explicó la estrategia, en su estilo de política brutal que lo caracteriza: “iremos por los narcos hasta sus madrigueras”, es decir, en los países de origen.

Más aún, este enfoque fue puesto en práctica, sin doctrinas, por el presidente George Bush Jr. cuando decidió invadir Irak y aumentar la presencia invasora den Afganistán para acelerar la violencia local, bajo el criterio de que había que alejar la violencia terrorista del territorio estadunidense. Desde 2003 los grupos islámicos radicales con tareas terroristas no han podio operar en los EE. UU., un poco en Europa, porque han sido arrinconados en el medio oriente.

La iniciativa de Monreal tiene una lectura estratégica de seguridad nacional. El 6 de noviembre Monreal entregó al embajador estadunidense Christopher Landau una carta firmada por la Junta de Coordinación Política y por todos los partidos para exigir acceso al expediente acusatorio contra el general mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, arrestado en Los Angeles a mediados de octubre en base a un expediente judicial armado de manera ilegal en México con información obtenida según las leyes estadunidenses que carecen de extraterritorialidad y jurisdicción en México.

En esa carta la Cámara de Senadores ejerció sus facultades constitucionales para intervenir en espacios de la política exterior de México, toda vez que el caso Cienfuegos involucraba relaciones con otro país. Ante el silencio de la embajada, Monreal promovió una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional de México para someter a agencias extranjeras de inteligencia y seguridad nacional que operan en México a acuerdos estrictos que impidan la velación de leyes locales. La acusación contra el general mexicano se hizo rompiendo con el Estado de derecho mexicano, una práctica común de los EE. UU. cuando quiere aplicar sus técnicas invasoras.

El expediente contra el general mexicano lo preparó la DEA en México sin respetar los acuerdos de colaboración e intercambio de información firmados a nivel oficial entre los dos países. Sin embargo, la arrogancia imperial de la Casa Blanca, lo mismo con George Bush Jr., que con Barack Obama y ahora con Trump, desdeñó las quejas mexicanas de violación de la soberanía de México. Pero en lugar de mirar hacia otro lado como había venido ocurriendo, el canciller Marcelo Ebrard también envió carta a los EE. UU. para exigir información y el Senado dio un paso más audaz al proponer reforma a las leyes para establecer criterios estrictos de operación de agencias extranjeras.

Los reclamos de Ebrard y la iniciativa de Monreal se unieron a las quejas de los altos manos militares mexicanos ante sus colegas estadunidenses por el mal trato institucional a un mando en activo –los generales secretarios nunca pasan a retiro– por acusaciones sustentadas muy al estilo de la DEA: rumores, conjeturas, interpretaciones, evidencias violando leyes locales e informantes de dudosa calidad informativa.

El caso Cienfuegos llevó, ahora sí, a actos de ejercicio mexicano de su soberanía y a la fijación de criterios legales bilaterales para evitar que las agencias de seguridad de los EE. UU. operen con impunidad en México. Las reacciones mexicanas están aprovechando el vacío de poder entre un presidente que no quiere aceptar su derrota electoral y un tibio presidente electo que carece de pensamiento estratégico y que ha sido un burócrata de la seguridad nacional. Los nuevos funcionarios del área de inteligencia y seguridad nacional del gobierno de Biden ha estado forjados en posiciones burocráticas, lo que adelanta el hecho de que la estrategia de inteligencia, seguridad nacional y política exterior de los próximos cuatro años de Biden estará definida por los halconesconservadores, neoconservadores y demócratas del intervencionismo estadunidense.

 

Zona Zero

• Las reacciones mexicanas al caso Cienfuegos están marcando el espacio urgente de replanteamiento de la doctrina de seguridad nacional de México frente a la seguridad nacional de los EE. UU. y a redefinir el nacionalismo defensivo mexicano que había sido olvidado o sacrificado por la subordinación de la soberanía nacional a las prioridades del Tratado de Comercio Liebre en vigor.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- En el capitolio, ruptura del consenso imperial

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Carlos Ramírez* 

Ya habíamos aprendido, en relecturas de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso de hace casi 2,500 años, que las grandes potencias crecen cuando hay unidad interna de objetivos y se derrumban cuando comienzan las divisiones en la sociedad. Ahora se calificó la protesta del 6 de enero como “terrorismo doméstico” y los demócratas preparan leyes para criminalizar el disentimiento.

Los EE. UU. se cimbraron en 1967-1972 con las protestas internas contra la guerra de Vietnam, aunque en 2001 Bush Jr. encontró la salida de unidad del consenso interno al convertir al terrorismo radical islámico como el gran enemigo histórico del imperio. Hoy el presidente Donald Trump le ha dado sentido irreconciliable y conflictivo al modelo bipartidista que ha promediado 60% demócratas y 40% republicanos, con periodos de republicanos en la presidencia.

Pero lo que era un modelo pendular –oscilando presidencias demócratas y republicanas– se descompuso en la confrontación violenta. El asalto de hordas de la ultraderecha al Capitolio fue operado con el objetivo de provocar una crisis constitucional al impedir el proceso de votación de colegios electorales para convertir de manera oficial al demócrata Joseph Biden en presidente electo. Ahí reventó el modelo conciliatorio bipartidista de democracia representativa dominada por los lobbies de poder real.

La peor crisis de protestas sociales contra la guerra en Vietnam ocurrió en dos tiempos. En 1967 miles de jóvenes irrumpieron en las instalaciones centrales del Pentágono en Washington –entonces con poca vigilancia restrictiva–, llegó al colapso con el bonzo que se prendió fuego en el estacionamiento principal de esas oficinas y en 1968 con las protestas contra la convención presidencial demócrata en Chicago en 1968 y el arresto de siete dirigentes juveniles que fueron juzgados, hecho acaba de revivir en la película “El juicio contra los siete de Chicago”. La protesta juvenil fue el punto de inflexión que mostró que la participación estadunidense se enfilaba a un fracaso y la salida nada elegante de las tropas en 1973.

Los comportamientos de los seguidores de Trump no inventaron alguna forma nueva de protesta; sólo dejaron asentado que no eran de exhibición. sino que buscaron crear una crisis constitucional al impedir la consolidación de los tiempos legales de la victoria de Biden.

Detrás de las protestas no hubo sólo el enojo de los seguidores de Trump y la reacción esperada al discurso del presidente azuzando a la turbamulta, sino la expresión de signos de ruptura. No se necesita invocar indicios de una latente guerra civil –que algunos han hecho–, ni advertir que esa violencia en el Capitolio mostró la ineficacia de las reglas institucionales de la democracia, ni ver en directo el agotamiento de la vieja cortesía en la que el candidato derrotado “concedía” la victoria a su adversario, inclusive en aquel incidente que pudo haber llevado a la ruptura en el 2000 cuando la elección llegó a la Corte Suprema y el demócrata Al Gore hubo de aceptar, sin convencimiento, su derrota para evitar las fracturas al régimen político.

Ahora hemos visto el choque interno entre masas armadas con los representantes del modelo de democracia de lobbies. Y la respuesta demócrata alimento los indicios de quiebra del acuerdo fundador de la nación: el juicio contra Trump sin aportar investigaciones o procedimientos político-judiciales, sino sólo con informes periodísticos y enojos de la líder demócrata Nancy Pelosi.

Lo de menos será la imposibilidad práctica, por tiempos políticos, para completar un verdadero procedimiento de impeachment legal, sino con el afán de bloquear por anticipado cualquier posible intento de Trump por querer regresar a alguna estructura de poder por la inhabilitación del juicio político. Nada más antidemocrático que usar las leyes políticas para cerrar el espacio a la competencia y participación entre diferentes posiciones políticas e ideológicas.

Si el sistema político estadounidense se declara, en los hechos, incapaz de resistir otra participación directa de Trump, entonces ese régimen carece de legitimidad. Y de nada servirá que el presidente en funciones Biden, a partir de hoy 20 de enero, trate de bloquear el juicio contra Trump, aunque no por voluntad democrática sino para sentar las bases de una unidad nacional que quedó inservible el pasado 6 de enero.

La imagen de la catedral simbólica de la democracia estadunidense, el Capitolio donde se cocinan las grandes intervenciones, guerras y avales para derrocar otros gobiernos, siendo asaltada por turbas violentas sin sentido de guerra civil quedará para las argumentaciones externas cuando la Casa Blanca quiera intervenir en procesos políticos en otros países. Los EE. UU. como faro de la democracia perdieron valor y presencia, porque el colapso provocado por Trump seguirá un tiempo más si acaso Pelosi quiere ir hasta el fondo con la inhabilitación o si Trump quiere regresar a la política de manera atrabancada.

La fuerza política en el exterior de los EE. UU. estaba en el consenso interno, aún de los sectores progresistas que a veces con rubor rechazaban la exacción de recursos de otras naciones o las decisiones para derrocar gobiernos o los casos de líderes políticos asesinados en aras de una estabilidad autoritaria. Esos sectores progresistas, en el poder, disfrazaban radicalismo con reformas sociales populares y sociales, aunque siguieran explotando a naciones pobres para consolidad su american way of life.

La crisis del 6 de enero fue una quiebra del consenso interno y no se ve en el corto plazo algún liderazgo que logre pegar los pedazos rotos en el Capitolio.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Biden: unidad interna… para reconstruir el imperio; “ya no nos temen”: halcones

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Carlos Ramírez*

Si la lectura progresista del mensaje del presidente Joseph Biden en torno a la unidad interna se leyó en modo Trump, en realidad el sesgo más importante radica en el hecho de que la fractura social doméstica le restólegitimidad al papel de los EE. UU. como el imperio dominante mundial.

A eso se refirieron, en septiembre pasado, los casi quinientos exfuncionarios de inteligencia, seguridad nacional y defensa de los EE. UU. cuando circularon una carta de apoyo al modelo de política exterior dura de Biden, frente al repliegue blando de Trump. En el texto de esa misiva dejaron su principal crítica al presidente republicano: “ya no nos temen”.

De todos los medios mexicanos, solo Excélsior entendió la lógica del conflicto doméstico en los EE. UU. Por ello presentó el discurso inaugural de Biden con este titular: “Unidos, EE. UU. volverá a ser la fuerza principal del mundo”.

Trump careció de un pensamiento estratégico y arribó al poder como un empresario anti Estado, anti fisco y anti seguridad nacional. La renegociación del tratado comercial con México fue un prototipo: no enfatizar la dominación estratégica de seguridad nacional, sino redinamizar los negocios dentro de los EE. UU.

Biden, en cambio, se forjó en la burocracia legislativa y fue durante muchos años presidente de la todopoderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, uno de los tres pivotes de la estructura imperial, junto al Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.

En este sentido, el discurso de Biden fue muy tucididiano, basado en el modelo de visión de seguridad nacional que narró Tucídides en la Guerra del Peloponeso en el siglo V a. C.: unidad interna para combatir a Esparta porque los espartanos se preparaban para superar a los atenienses en fuerza militar. Guerra estratégica preventiva, le dicen ahora.

Al sacar a los EE. UU. de los grupos multipolares de decisiones estratégicas, Trump debilitó la esencia imperial de la Casa Blanca. El caso central fue la OTAN: Trump vio a este organismo como una especie de fuerza militar subsidiaria de la comodidad de los países europeos para disminuir gasto militar, dejando a Washington con el peso de fondos y tropas. Trump obligó a los países de la Unión Europea a hacerse cargo de gastos y tropas, aunque con ello disminuyó el dominio imperial militar sobre esa parte estratégica del paneta.

Por lo tanto, Biden no estaba pensando en el modelo idealista de unidad nacional para encarar la crisis local, sino para regresarle la legitimidad al poder estadunidense basado en el apoyo interno. Durante decenios los estadunidenses, aun los progresistas y pacifistas, aceptaron el enfoque imparcial proactivo de la Casa Blanca porque era el único camino para consolidar el modelo del american way of life o modo de vida estadounidense; es decir, que el “sueño americano” de confort y riqueza se basaba en la explotación imperial de los EE. UU. de otros países del mundo, comenzado por el petróleo que ha animado la policía exterior estadounidense desde los años posteriores a la segunda guerra mundial.

La carta de exfuncionarios de inteligencia, defensa y seguridad nacional de septiembre estaba firmada por personal de los gobiernos militaristas de Reagan, Bush Sr., Clinton, Bush Jr., Obama y por los que renunciaron a la administración Trump por la falta de un espíritu estratégico imperial. Trump exploró la vía no militar con Rusia, China, Corea del Norte e Irán, aunque el asesinato del general Qasem Soleimani habría sido decisión no de Estado sino de la comunidad de seguridad nacional para reventar el plan nuclear de Trump para Irán.

La estrategia de seguridad nacional de Biden será la clásica militarista, de intervención en otros países y de dominación del discurso bipolar ante la amenaza rusa y china de apoderarse del mundo. En este sentido, Biden analizó el modelo Trump como una amenaza contra la estrategia de seguridad nacional militarista tradicional de intimidación del mundo y su tarea será la unidad interna para regresar a los EE. UU. al dominio de las estrategias de coexistencia imperial en el planeta.

El primer aviso de la militarización imperial de la estrategia de la Casa Blanca estuvo en la designación del general Lloyd Austin, recién retirado, como secretario de Defensa que de manera normal estaba bajo la dirección de un secretario civil. Esa designación fortaleció el poder militar de Biden.

 

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Política para dummies: La política es, de suyo, poder; por tanto, la dominación del otro.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Trump, tan culpable como JFK, LJ, RN, JC, RR, GB Sr., WC, GB Jr., BO y JB

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Carlos Ramírez*

A partir del criterio analítico de que Donald Trump es responsable/culpable de la violencia del 6 de enero en el Capitolio y que su acusación debe ser probada en tribunales, el juicio contra el hoy expresidente debe servir de portal de entrada para comenzar un enjuiciamiento penal contra todos los presidentes de los EE. UU. por decisiones de poder que pueden configurar delitos penales.

Sin embargo, en los EE. UU. aun prevalece lo que pudiera ser el principio político del poder absoluto estadunidense que fue definido en catorce palabras por el expresidente Richard Nixon en su entrevista en 1977 con el periodista británico David Frost:

–Si el presidente realiza el acto ilegal, quiere decir entonces que no es ilegal.

Todos los presidentes estadunidenses de los últimos setenta y cinco años, de Harry Truman en 1945 a Donald Trump en 2021 y desde luego el hoy presidente Biden como vicepresidente ocho años del gobierno de Obama, han violado las leyes externas y, como Nixon y Trump, las internas. Sin embargo, las complicidades del poder imperial han mantenido a los presidentes lejos de los tribunales y colocados en sus nichos respectivos por serviciosprestados a la patria.

En todo caso, el establishment liberal quiere juzgar a Trump no por sus delitos tipificados por las leyes, sino por haber tomado decisiones contra la legitimidad del régimen imperial; es decir, por atentar contra la estabilidad del modelo de gobierno vertical, de grupos de poderes fácticos y al servicio de una elite económica y política.

El régimen estadunidense ha sido, de muchos modos, shakesperiano: el poder y el crimen han ido de la mano. “Aquel que se ensucie las manos de sangre conmigo será mi hermano”, dice Enrique V. Pero la sociedad, cómplice del poder, ha avalado crímenes: le perdonó a Kennedy su relación con la mafia, el desastre de Cuba y la guerra de Vietnam y terminó como prototipo del escritor ¿izquierdista? Norman Mailer como un “héroe existencial” porque importaba su existencia, no su esencia. En cambio, condenó a Nixon por negarse a obedecer una orden de la Corte Suprema y no por los bombardeos secretos sobre la población civil en la guerra de Vietnam.

En este sentido, Trump no fue ni más abusivo ni menos responsable que sus antecesores. Pero en 2016 los colegios electorales –es decir: el establishment– le dieron la victoria que le negaron los votos populares y durante cuatro años mantuvo la aprobación suficiente para lograr el 47% de los votos populares en las elecciones del pasado 3 de noviembre de 2020. Y en las encuestas sobre su responsabilidad, Trump pierde confianza, pero no aprobación.

El sistema democrático estadunidense que tanto ha sido alabado en los EE. UU. y el mundo quiere sentenciar a Trump por los incidentes del 6 de enero, pero en el fondo su delito es otro: tener la iniciativa de fundar otro partido político, crear otra gran cadena de televisión y dejar entrever la posibilidad de competir por una senaduría en 2022 o por la presidencia en 2024. Como sistema político autoritario, populista, elitista y fundamentalista, el régimen estadunidense busca cerrarle las puertas de la democracia a Trump. Como no pudieron vencerlo en la lucha política, ahora buscan su muerte civil.

Pero al final de cuentas, Trump no es una anomalía; al contrario, dibuja todas las características típicas del político estadunidense: la ambición desmedida de poder. Las denuncias de irregularidades electorales fueron un dardo envenenado al corazón de la legitimidad del régimen imperial y el establishment se cerró como concha de ostión. Kennedy cometió irregularidades electorales, Bush Jr. apostó a esas irregularidades en el 2000, Hillary se quejó en 2006 de engaños en los colegios electorales y el propio Trump denunció manipulación en su contra del voto popular. Pero en lugar de investigar al sistema electoral, como en cualquier país con subdesarrollo democrático Nancy Pelosi persigue al denunciante y no indaga la denuncia.

Trump merece ser enjuiciado por crímenes del poder absoluto, basados en argumentaciones de crímenes del poder de sus antecesores en el cargo. Pero no será así porque seguirá prevaleciendo el principio del poder presidencial estadunidense definido por Nixon: las ilegalidades que cometan los presidentes en funciones no son ilegales.

 

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Política para dummies: La política es el reino de la impunidad.

 

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