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Análisis

El concepto de justicia transicional no es un unívoco, pero si tiene elementos que deben aplicarse caso por caso: responsabilidad penal, búsqueda de la verdad, resarcimiento de las víctimas y garantías de no repetición.

Hay, por supuesto, diferentes modelos de esta política pública y reforma normativa; lo que puede funcionar en unos países podría ser inaceptable en otros. Incluso en un mismo país deben concretarse mecanismos que pueden tener algunas diferencias por regiones. La idea es aplicar ese vocablo, que agrupa varios rubros, para pasar de un régimen a otro, generalmente de un estado de derecho fallido o una dictadura a otro que no lo sea, a efecto de lograr la paz social y el cumplimiento gradual de la ley. En México esa política, que deberá tener su propio diseño para que funcione, es una iniciativa de la Academia Iberoamericana de Justicia Transicional, con sede en la Ciudad de México y cuyo presidente, el jurista Sergio Arturo Ramírez Muñóz, ubica al gobierno de Felipe Calderón como un punto de quiebre que desató la imparable violencia en el país.

Recuerda que “el pasado 11 de junio se cumplieron 12 años y medio de aquel 11 de diciembre de 2006 en el que se anunció el inicio de la política de Felipe Calderón para combatir al crimen organizado. El entonces secretario de Gobernación, Javier Ramírez Acuña; el de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván; el de la Marina, almirante Mariano Francisco Saynez; el de Seguridad Pública Genaro García Luna; y el titular de la Procuraduría General de la República Eduardo Medina Mora, presentaron ante los medios de comunicación la llamada operación conjunta Michoacán, que marcó el comienzo de lo que el mismo Calderón denominó posteriormente la guerra contra el narcotráfico. Sin importar los argumentos divergentes, el gobierno federal elaboró el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, en el que se estableció la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, y que mandató el despliegue de operativos conjuntos en Michoacán, Tijuana, Guerrero, Sierra Madre (Chihuahua, Durango y Sinaloa), Nuevo León- Tamaulipas, Culiacán- Navolato, Cancún, Aguas Calientes, Tamaulipas, La Laguna ( Torreón- Lerdo y Gómez Palacio), Veracruz, San Luis Potosí, y en las fronteras norte y sur, creando Grupos de Trabajo sobre violencia fronteriza.

“Estos operativos conjuntos implicaban la colaboración de la Defensa Nacional, La Marina, La PGR, la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades de seguridad pública y justicia para el desmantelamiento de los principales cárteles de drogas, ubicando y abatiendo a las cabezas de estos.

“Esto fue solo el inicio de una política fallida aplicada en los sexenios de Calderón y Peña Nieto y que tuvo como resultado miles de muertos y desaparecidos, comunidades enteras desplazadas y el debilitamiento de las instituciones de justicia y seguridad del Estado. La captura de algunas de las cabezas visibles de los cárteles fue una victoria pírrica”, sintetiza Ramírez Muñoz en su diagnóstico de porqué pasa lo qué pasa hoy en día. 

¿Cómo resolver este presente que se ha caracterizado por la violencia a lo largo y ancho del país? No basta con el cumplimiento mecánico del sistema legal vigente, porque nunca estuvo diseñado para entrenar la circunstancia que hoy se padecen de manera simultánea en diversas zonas del país. Para Ramírez Muñóz la solución pasa por “la posibilidad de recuperar la cohesión del tejido social, de sane el dolor social a través de la generación de la memoria histórica de los errores cometidos, de la dignificación  de las victimas y del abrazo colectivo de sus deudos. De limpiar las instituciones de corrupción y generar nuevas condiciones para el futuro; en resumen: lograr justicia para las víctimas y lograr un orden las justo y democrático para el pueblo de México”.

No será el modo alguno, una tarea sencilla; antes bien, será sinuosa y complicada, pero parece ser la vía adecuada para dar un giro a lo que se ha hecho en estos últimos años, pues no se han ofrecido soluciones sino ilusiones ópticas transitorias para regresar a la realidad que está convirtiendo la violencia en una conducta internalizada en cada vez una porción más amplia de la sociedad.

Veo con razonable expectativa que el modelo de justicia transicional puede ser el medio para recuperar gradualmente la paz perdida y la seguridad que se ha convertido en islas en un mar de violencia de que no cede. Hay que esperar que la propuesta de la Academia Iberoamericana de Justicia Transicional ofrezca razonablemente una forma distinta para transformar la realidad y generar cambios profundos en el sistema nervioso central de la sociedad mexicana. El diagnóstico y la propuesta de solución de Sergio Arturo Ramírez Muñóz y su institución abren- espero- caminos para dar un giro de 180 grados a los cotados de ánimos de todos, para reencauzarlos por el bien de México.

@evillanueva.mx 

ernestovillanueva@hushmail.com 

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es Investigador del IIJUNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM Columnista en (Proceso, Aristegui Noticias, SDP Noticias y Noroeste), Escritor.

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Ernesto Villanueva

La solución que nadie ve

“Este científico tiene todo un plan para reducir de manera importante los contaminantes que emiten los vehículos automotores en la CDMX”

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Análisis

La calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) va de mal en peor.
Las contingencias ambientales dejan de ser episodios eventuales para insertarse como parte del paisaje cada vez con mayor frecuencia. Por lo anterior se incrementado el programa Hoy no Circula a los engomados cero y doble cero. De seguir así, en poco tiempo será convertido en el programa Hoy sí Circula, en perjuicio de los capitalinos. Las autoridades buscan todo tipo de medidas para hacer frente a este reto que amenaza la integridad personal de millones de personas. El camino adoptado hasta ahora va a agotar su capacidad de contención, so pena de que la CDMX quede paralizada al movimiento vehicular estrictamente indispensable.
Miientras eso pasa, las autoridades no saben o no quieren saber que México tiene uno de los grandes expertos mundiales en el combate a la contaminación ambiental.
Se trata del doctor julio Mancilla, quien busca crear el Centro Nacional de Tecnología Vehicular en su institución académica de adscripción; el Instituto Politécnico Nacional. México, como en muchas áreas, asiste a la lógica del absurdo como política pública. Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera se le informó al doctor Mancilla que su idea era muy buena, pero ponerla en práctica afectaría presupuestalmente el fondo de capitalidad que recibe el gobierno de la CDMX, increíble, pero cierto. No sólo eso. A partir de que presentó su proyecto, el ameritado  doctor Mancilla fue objeto de presión para que no avanzara en su iniciativa, a solicitud del gobierno de la capital mexicana.
Con el cambio de gobierno él apostaba al sentido común y a que la salud de quienes vivimos en la zona metropolitana sería una prioridad. Las cosas empero, no han seguido esa ruta. Al menos hasta ahora.
Hasta el día de hoy no ha sido consultado, ni siquiera lo han llamado. Este científico tiene todo un plan para reducir de manera importante los contaminantes que emiten los vehículos automotores en la CDMX. De igual forma posee una propuesta de rediseño de los topes a lo largo de la ciudad-que, por ciento, han crecido sin ningún estudio, sino como mera-, ocurrencia,- de suerte tal que haya una sinergia con el proyecto anterior para reducir la inyección de combustible a los automotores que hacen que con ello se desprendan partículas de ozono.
Me dice el doctor Mancilla que con su  proyecto se podría reducir la contaminación ambiental a tal nivel, que gradualmente el programa Hoy no Circula dejaría de ser necesario. Por el contrario, si las cosas siguen como van el futuro inmediato (tres o cuatro años) es sombrío. Aparecerían nubes de contaminantes en diversas zonas de la CDMX, afirma, lo que haría peligroso vivir ahí y, por supuesto, niños y mujeres embarazadas tendrían que ser canalizadas a otras áreas de manera recurrente porque esas nubes se moverían primero de unas secciones de algunas colonias a otras; después crecerían esas nubes de tóxicos a colonias enteras, más tarde a toda una alcaldía hasta abarcar porciones no menores de la ciudad. También me comenta que lo anterior traería consigo un aumento sustantivo del cáncer y de diversas enfermedades autoinmunes que pondrían en jaque aquí la vida en la zona metropolitana. Ante ese escenario, resultó sumamente irresponsable la decisión del gobierno de Mancera de priorizar los negocios y el dinero público sobre la salud de quienes habitamos en la CDMX.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien tiene un perfil científico, debería tomar cartas en el asunto, valorar y apoyar la iniciativa del doctor Mancilla como un proyecto estratégico. Este científico, dicho sea de paso, colabora en la comunidad internacional con las principales figuras de la lucha contra la contaminación, incluido el ex vice presidente de Estados Unidos, Al Gore.
De igual modo, es de los muy escasos científicos mexicanos que, en lugar de enviar a sus doctorandos al extranjero a países del Primer Mundo, provoca lo contrario: hace que de universidades del Primer Mundo vengan doctorandos a formarse a México con él.
Esto pone de relieve el reconocimiento internacional de este científico que sufre un día sí y otro también porque lo oyen pero no le escuchan diversos funcionarios de la CDMX y del ámbito federal.
Los gobiernos, aun con la austeridad, gastan en muchísimas cosas, pero no lo hacen en el valor más importante: la vida humana, la salud son daños de pronóstico reservado; cada día que pasa el problema crece y, como es evidente, lo que se hace es contener en la medida posible la contaminación ambiental.
Hasta donde sé no hay proyecto alguno que prevea que se va a reducir gradual pero puntualmente el problema de la contaminación ambiental. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad serían las primeras víctimas si no se da un golpe de timón, ¡ya!.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
Este artículo fue publicado en la revista Proceso el día 26 de mayo de 2019
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Ernesto Villanueva

Contra los niños ¡no!

“Las lecciones que deben ser aprendidas son varias“

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Análisis

Una de las escasas medidas para reducir la asimetría entre ricos y pobres, para dar vida a la movilidad social, económica y cultural de los mexicanos (de suerte tal que quien nazca en una cuna humilde no esté casi condenado a morir igual) son los libros de texto gratuito que, desde 1959, con la creación de lo que hoy es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), se entregan ahora en preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, escuelas indígenas y en braille. Esa decisión fue, con todo y sus limitaciones uno de los instrumentos dirigidos a generar igualdad de oportunidades.
Celebro y comparto la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción.
Me parece que ese ánimo se inscribe la centralización de las compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder efectuar adquisiciones en las mejores condiciones del mercado (Se incluyen aquí las que hacían directamente los estados, donde había sobreprecios significativos en perjuicio del erario); representa, por ende, un parteaguas con el pasado inmediato y sus abusos endémicos.
 El diagnóstico es correcto, el camino adecuado, pero los tiempos y la planeación estratégica tienen varias oportunidades de mejoramiento. Eso pasa con los libros de texto gratuito.
En el caso de primaria se llevan seis libros por grado, lo que equivale a 36 libros anuales con tiraje de 2 millones 576 mil ejemplares, aproximadamente. La Conaliteg tiene una sola planta en Querétaro, con la que genera entre 15 y 18% del total requerido, La inmensa mayoría de los libros (poco más de 80 millones) se asigna a contratistas privados mediante licitaciones públicas, que en este caso organiza Hacienda a partir del presente gobierno con varios mecanismos de control para reducir la corrupción a su mínima expresión.
Esta nueva atribución de la SHCP no fue acompañada, sin embargo, de la reforma a la estructura del personal dedicado a la gestión de compras en la Oficialía Mayor de esa dependencia. y ello ha generado un cuello de botella con efectos negativos.
Estoy convencido de que existen las mejores intenciones, pero los resultados amenazan con ser inversamente proporcionales al propósito inicial. En efecto, la concentración de compras de los más diversos rubros requiere de un trabajo simultáneo como si fuera, valga el comparativo, un circo de cinco pistas, no de una, como era antes en el diseño institucional del régimen anterior. Ahora debe adaptarse a la política pública del nuevo.
Tradicionalmente el ciclo de producción, traslado y entrega de los libros de texto se  iniciaba en octubre del año anterior. para que estuvieran en las manos de todas las familias mexicanas con hijos en escuelas públicas o privadas el primer día de agosto del año siguiente.
Es entendible que por el cambio de gobierno y régimen hubiera modificaciones en este ciclo, pero ello debió haberse atendido desde los primeros días de diciembre del año pasado y no se hizo.
no fue sino hasta el 15 de marzo de este año cuando se empezó con la primera parte del ciclo.
La convicción (que comparto) de que había moches en el anterior régimen llevó a que se optara por reducir el costo de la compra de los libros.
El problema aquí fue de precisión.
No había datos puntuales sobre los montos exactos del moche, razón por la cual se optó por esperar el mayor tiempo para ver qué empresas eran las bajaban sus precios.
El problema es que lo que no se tenía era tiempo.
Si el Aeropuerto de la Ciudad de México se construye en  2021 o en 2024, el impacto directo percibido en las familias mexicanas de menores ingresos, que son la gran mayoría, es menor que si se trata de los libros de texto gratuitos que saben que llegan siempre a sus manos en agosto, o antes, de cada año.
Esas negociaciones tardaron del 15 de marzo al 29 de abril para adjudicar los primeros cinco títulos, con 10 diferimientos de los 18 licitados. Pero los cinco ya adjudicados no podían ser impresos porque la carátula y el primer pliego no habían sido autorizados por la SEP que tardó hasta el jueves 9 para autorizar la impresión de esos libros.
Ese mismo jueves finalmente fueron adjudicados los libros restantes a un costo aproximado de 15 pesos por ejemplar.
Si todo sale bien, los niños de las zonas más alejadas del país- y por ello las más marginadas- tendrán sus libros en noviembre de este año, tres meses después del inicio de clases, y los que viven en las zonas urbanas, en el curso de octubre, no en agosto cómo había sido la regla.
Primero se intentó que los niños de segundo año de primaria donaran a los de primero los libros que habrían utilizado, pero resulta que la mayor parte de ellos son cuadernos de trabajo y recortables, por lo que la solución no era viable, al menos en la actual factura.
Después se quiso regresar a los libros de papel periódico, a una tinta y sin barniz en la carátula, el ahorro era mínimo, porque en México no hay fábricas que produzcan altos tonelajes de ese papel, que se hubieran tenido que importar de Canadá o Suecia; el ahorro de colores a una tinta es prácticamente simbólico porque todas las máquinas de las imprentas con esa capacidad de tiraje en los tiempos requeridos tienen capacidad para ocho tintas, cuatro de frente y cuatro de vuelta. Al final el ahorro se evaporaría por el costo de fletes, además del impacto negativo desde el punto de vista pedagógico en perjuicio de la niña es mexicana.
Las lecciones que deben ser aprendidas son varias, entre ellas: a) el País no puede darse el lujo de esperar, en la curva de aprendizaje, tiempos no razonables de los tomadores de decisiones; b) sí hay cambios (y qué bueno que los haya) debe actuarse en consecuencia para que todo el proceso funcione y no sufra afectaciones de ningún tipo; y C) lo más grave es que jamás, en ningún caso, los niños -y además los más necesitados- deben estar sujetos a la política de la austeridad aplicada incorrectamente. Es de esperar que no se repita este error que, paradójicamente, agravia a quienes deberían ser la prioridad del nuevo régimen y de la sociedad entera.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
Este artículo fue publicado en la Revista Proceso el día 12 de mayo de 2019.

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Ernesto Villanueva

¿AMLO debe callarse?

“Otro problema para los detractores de AMLO reside en que la inmensa mayoría de los mexicanos coinciden con los dichos del presidente, incluso celebran que no guarde silencio ante la crítica con razón o sin ella“

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Análisis

El presidente Andrés Manuel López Obrador conduce su administración en los umbrales de la tolerancia de diversos actores sociales, entre ellos los representantes de algunos medios informativos.
Primero, esos actores han cuestionado mucho el tema relativo a los límites que a su juicio debería observar el ejercicio de la libertad de expresión por parte del titular del Poder Ejecutivo federal a propósito de los juicios de valor que éste viene formulando respecto de algunos medios, entre ellos el diario Reforma. El caso es que representantes de medios y comentaristas se duelen porque el presidente de la República practica su libertad de expresión aun cuando esté claro que lo hace dentro de los márgenes previstos en los artículos sexto y séptimo constitucionales. Así pues, se impone una pregunta: ¿El presidente de la República, por el hecho de serlo, debe abstenerse de ejercer sus derechos fundamentales? la respuesta es que no hay ningún artículo constitucional que establezca semejante disposición.
El hecho de que antes los mandatarios tuvieran por costumbre una política de comunicación distinta, dinero de por medio, a la de Andrés Manuel López Obrador, no significa que el estilo personal del actual presidente deba seguir las políticas de sus antecesores.
En suma, la Carta Magna no prevé ninguna limitante o disposición expresa que establezca que el titular del Poder Ejecutivo federal tenga restricciones adicionales a las del resto de los ciudadanos. Es menester dejar sentado que los dichos e imputaciones presidenciales se han hecho al amparo de lo previsto en el articulado de la Constitución, y ni por asomo actualizan los límites contenidos en ella en relación con las libertades de opinión e información.
Segundo. Algunos medios se duelen de que el presidente de la República emita opinión sobre ellos. ¿Hay alguna disposición constitucional que lo limite en tal sentido? La respuesta es: ninguna. Tan es así que quienes en teoría pudieran presumirse como afectados no han activado su derecho ante un órgano jurisdiccional competente. En última instancia el modelo apelaría a la sanción moral, pública, lo que carece de asidero constitucional. Otro problema para los detractores de AMLO reside en que la inmensa mayoría de los mexicanos coinciden con los dichos del presidente, incluso celebran que no guarde silencio ante la crítica con razón o sin ella. AMLO asimila sus dichos, como un conspicuo derecho de réplica, haciendo ajustes al modelo constitucional que había subvertido el papel presidencial a fuerza de la costumbre y de la subcultura del poder. En suma, en ningún tratado, convención o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contemplan excepciones en cuanto al ejercicio de la libertad de los gobernantes para discernir y hacer públicos sus puntos de vista. Así que este ejercicio de la libertad no encuentra ataduras o límites en el derecho positivo o convencional.
Tercero. ciertamente, en el ámbito jurídico hay quienes se han manifestado sobre la emisión del memorándum presidencial relativo a la reforma educativa. Pero por lo visto nadie en ese mismo ámbito, con interés legítimo, ha hecho valer sus inconformidades ante la inédita decisión de AMLO. Si bien es preciso puntualizar que el memorándum tiene debilidades jurídicas y puede ser recurrido ante el órgano jurisdiccional competente, nadie que se sepa, insisto, lo ha controvertido. Mi comentario al respecto es que el memorándum afectado de inconstitucionalidad emitido por el titular del Ejecutivo federal posee validez (vida jurídica) y eficacia (es decir, que va a tener efectos jurídicos) para los titulares de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública y para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Ante las dudas, queda claro que la resolución presidencial tendrá validez y eficacia hasta que la autoridad judicial competente decida en tal sentido. La inconstitucionalidad no es una disposición que nazca muerta; para que eso ocurra se precisa que las dependencias y el organismo constitucional autónomo hagan valer sus acciones ante el poder judicial de la Federación.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
(Publicado en la Revista Proceso del 28 de abril de 2019)
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