Por Laura Gutiérrez Franco
La gestión de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos representa uno de los capítulos más oscuros y lamentables para la institucionalidad en México. Lo que en su momento se vendió como la llegada de una activista con legitimidad histórica para ciudadanizar el organismo, terminó convirtiéndose en una burda subordinación política y en el desmantelamiento de un contrapeso vital para la democracia.
A lo largo de su mandato, la CNDH abandonó por completo su papel de ombudsperson para mutar en una oficialía de partes del Poder Ejecutivo, operando como un auténtico escudo protector de los abusos cometidos bajo el cobijo de la llamada Cuarta Transformación. La sumisión ha sido tan descarada que la propia institución llegó a plantear su desaparición para transformarse en una supuesta Defensoría del Pueblo, un movimiento que los expertos interpretaron como el intento definitivo de sepultar la autonomía de los derechos humanos en el país.
El entreguismo de Piedra Ibarra ha sido especialmente doloroso en temas de seguridad y megaproyectos. Su descarado respaldo a la militarización del país y, en específico, al despliegue del Ejército en la construcción del Tren Maya, dejó en total indefensión a las comunidades indígenas y activistas ambientales que denunciaron el despojo de sus tierras y la violación sistemática de sus derechos territoriales.
Esta misma línea de encubrimiento y complicidad se replicó de forma vergonzosa en el Caso Ayotzinapa. Es bien sabido que cuando la Comisión de la Verdad, encabezada en su momento por Alejandro Encinas, estuvo cerca de tocar fibras sensibles y llegar al fondo de las responsabilidades, el propio Andrés Manuel López Obrador metió el freno de mano y el Ejército se enrocó en un absoluto hermetismo. Encinas se había comprometido públicamente a llegar al fondo y a señalar directamente la participación militar si esta existía; lo cumplió al presentar sus informes, y esa osadía le costó que el mandatario lo retirara fulminantemente de la Subsecretaría de Gobernación.
Para simular apertura tras la salida de Encinas, las Fuerzas Armadas recurrieron a una táctica tramposa y muy de abogado mañoso: entregar miles de hojas de paja y basura burocrática para presumir un supuesto “acceso a la verdad”, mientras mantenían deliberadamente oculta y bajo llave la información medular que pudiera inculpar a los militares.
Al final, este encubrimiento operó en los hechos como la extensión de aquel viejo pacto de impunidad entre AMLO y Peña Nieto; una red de protección transexenal donde la consigna quedó clara: no se quiere decir la verdad. Y en esa puesta en escena, la CNDH de Piedra Ibarra aceptó jugar el papel más degradante: convertirse en la mordaza oficial para silenciar el reclamo de los padres de los 43 normalistas.
Es en este punto donde la figura de Rosario Piedra se revela como una muestra de hipocresía y acomodo político sin precedentes. No se puede entender su silencio sin recordar el origen de su propio apellido: en 1975, tras la desaparición forzada de su hermano Jesús Piedra Ibarra, su madre, la mítica doña Rosario Ibarra de Piedra, inició una batalla histórica sosteniendo siempre que el Ejército Mexicano había secuestrado y desaparecido a su hijo Doña Rosario se enamoró ideológicamente de López Obrador, pero jamás claudicó en señalar la culpa castrense.
Al morir, heredó ese invaluable capital político y de legitimidad a su hija. Sin embargo, al asumir la titularidad de la CNDH de la mano de AMLO, Rosario Piedra sepultó la congruencia familiar: dio un giro de 180 grados y cambió por completo su postura histórica hacia el Ejército Mexicano, prefiriendo traicionar la memoria de su madre y de su hermano con tal de complacer los intereses y la militarización del régimen.
No en balde, referentes históricos e intachables de la lucha civil en México, como el prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de corte jesuita, han señalado abiertamente que Rosario Piedra no sólo ha sido omisa, sino que se ha consolidado como un auténtico obstáculo para las víctimas y la búsqueda de la justicia en el país.
A esta cadena de omisiones se suma una pasividad vergonzosa ante tragedias humanitarias de gran escala y abusos transfronterizos. La gestión de Piedra Ibarra ha mostrado una indolencia alarmante frente a casos aberrantes como el de los 17 mexicanos fallecidos bajo la custodia o por el uso de la fuerza del ICE y las patrullas fronterizas en Estados Unidos, ante los cuales no ha existido una sola defensa enérgica, condena internacional ni acompañamiento real para las familias, dejando claro que para el organismo la vida de los migrantes connacionales en el exterior carece de relevancia política.
De igual forma, la CNDH ha mirado hacia otro lado ante la masacre sistemática de la prensa en el país. Con una cifra acumulada que supera los 176 periodistas asesinados en México, decenas de ellos ejecutados durante este periodo, la comisión ha sido incapaz de activar mecanismos de protección reales o de exigir justicia de manera frontal al Estado, evidenciando que la libertad de expresión y la vida de los comunicadores no forman parte de su agenda de prioridades.
Por otro lado, la CNDH se convirtió en una institución sorda y selectiva ante el clamor ciudadano. Mientras las víctimas de la violencia y los colectivos de búsqueda eran ignorados, la inacción frente a los casos de opositores políticos violentados, periodistas perseguidos y defensores acosados evidenció que para Rosario Piedra los derechos humanos tienen partido.
A la par de este colapso institucional, las críticas hacia su persona no han dado tregua: se le acusa de ser una figura ausente que rehúsa el debate público y evita pararse en las zonas de conflicto, prefiriendo operar desde el aislamiento burocrático mientras percibe un sueldo millonario que contradice cualquier discurso de austeridad.
En este escenario de ruina institucional, plantear o consumar su continuidad al frente del organismo resulta un absurdo mayúsculo y una burla para las miles de víctimas en México, pues sólo garantiza la perpetuación de una comisión omisa, ciega y completamente entregada a los intereses del régimen.
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