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Indicador Político

La crisis migración-aranceles en la relación México-EE. UU. mostró el modelo neoimperialista del gobierno del presidente Donald Trump: imponersus intereses a cualquier precio y por cualquier camino.
Agobiado por la invasión de decenas de miles de migrantes centroamericanos que fueron azuzadospor México para llegar a la frontera del Río Bravo, Trump decidió usar el Tratado de Comercio Libre firmado en 1993 para comercio preferencial como un instrumento de presión para que México pusieraun muro de nopal en el Río Suchiate, arrestara a los líderes de las caravanas de migrantes y recibiera a los solicitantes de visas especiales en tanto se desahogaban sus trámites porque por ley el gobierno estadunidense abre un juicio y debe liberar a los solicitantes dentro de su espacio social.
En juegos estratégicos, México no le dio valor político a su apertura migratoria en el sur de su frontera y sólo justificó razones humanitarias para no impedir el cruce sin registros, facilitar su traslado a la frontera de México con los EE. UU. y hasta darles alimentos y dinero. La justificación fuesocial, pese a las quejas y hasta advertencias de Washington de que México estaba jugando con fuego y, sobre todo, contra la política migratoria que fue la bandera de la elección del 2016 y será la misma bandera en la elección del 2020.
Como México decidió no frenar a la migración centroamericana, Trump usó el arma arancelaria contra México: impuestos especiales a las exportaciones mexicanas a los EE. UU. Ahí México se percató de su error estratégico de jugar a los derechos humanos de los migrantes sin sopesar las reacciones radicales estadunidenses. Sólo ante la amenaza arancelaria de Trump logró México reaccionar con preocupación. En su estilo de negociar con audacia, Trump sometió a México a su juego estratégico. Y logró que el gobierno de López Obrador funcione a partir de ahora como “tercer país seguro”, un mecanismo para dejar en México a los solicitantes de visas el tiempo sin límite y reducir las circunstancias para visas estadunidenses de asilo.
México volvió a perder una batalla más contra el gigante estadunidense. Pero México deberá reflexionar del caso aranceles-migrantes como un caso de relaciones bilaterales. Históricamente, México desarrolló una estrategia de diplomacia defensiva nacionalista (concepto del historiador Lorenzo Meyer) porque la vecindad entre un elefante y una liebre siempre favorecerá al paquidermo. Pero el Tratado de Comercio Libre negociado de 1991 a 1993 llevó a México a ceder su soberanía por el interés de aprovechar el acuerdo comercial como un detonador de una nueva fase del desarrollo.
Sin embargo, México desaprovechó el Tratado, no quiso usarlo como un factor de reformulación y modernización de la planta productiva y se conformó con participar como el socio pobre. De 1993 a 2017, el componente de productos mexicanos en las exportaciones vía el TCL bajó de 59% a 39%; es decir, México se ha ido conformado con ser una república maquiladora aportando sólo mano de obra para armado de bienes y no para aportar productos nacionales. Ello llevó a que el PIB promedio anual en los años del TCL haya sido de 2.4%, cuando venía de un periodo histórico de 1934-1983 con una tasa promedio de 6% e inflación de 2%-5%.
Con el Tratado, México perdió su ventaja nacionalista. Antes del Acuerdo de 1993, en 1986-1988 México impulso una Comisión Binacional oficial Sobre el Futuro de las Relaciones México-EE. UU., ahora se sabe que como paso previo al Tratado iniciado en 1991. Esa Comisión determinó el cambio en enfoques culturales entre ambas naciones, vía modificación de contenidos educativos, para pasar del conflicto histórico por la apropiación estadunidense en 1847 de la mitad del territorio mexicano a un modelo de interdependencia.
México sí cumplió su parte y modificó el tema EE. UU. en sus libros de texto oficiales y en sus enfoques culturales, en tanto que los EE. UU. sólo vieron a México como un mercado de consumidores de 100 millones de personas. Por eso Trump encontró una sociedad racista en su campaña anti migrantes en 2016 y ahora rescatada para su campaña de reelección del 2020. Pero a lo largo de un cuarto de siglo de funcionamiento del Tratado, México también fue desdeñoso en buscar nuevos enfoques culturales en los EE. UU., a pesar de la presencia de cuando menos 12 millones de mexicanos viviendo en territorio americano.
En la crisis aranceles-migración Trump sacó lo peor del viejo imperialismo estadunidense, convertido ahora en lo mejor de la imposición del modelo “América primero” y “hagamos a América grande otra vez”: usar el comercio para imponer a otro país políticas migratorias; son mecanismos legalmente válidos, pero desiguales por el poder de los EE. UU. en materia arancelaria y la dependencia mexicana de aranceles bajos dentro del acuerdo.
Lo que queda por analizar es la audacia mexicana de jugar con la migración a sabiendas de que era un tema vital para la reelección presidencial de Trump y por la falta de peso político de los demócratas en ese tema y en el apoyo a México. Hay que decir que la amenaza arancelaria de Trump fue provocada por la decisión mexicana de abrir sin controles su frontera sur y facilitar el traslado de los migrantes centroamericanos hacia las fronteras estadunidenses. Como se dice por estos lares, México quiso ponerse con Sansón a las patadas.
La apertura de la frontera migratoria sur de México fue un gran error estratégico del presidente López Obrador; dicen que lo hizo por convicción humanista ante la huida de decenas de miles de personas del caos en los gobiernos centroamericanos. Sin embargo, huboseñalamiento al interior de su gobierno de que habría represalias estadounidenses y que no se podía confiar en Trump.
Al final, México perdió fuerza ante los EE. UU. y mostró su vulnerabilidad comercial y Trump mostró la fuerza del neoimperialismo.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Evo: Ebrard aplicó la doctrina Castañeda-Fox y no la Estrada

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Si México ha logrado un reconocimiento mundial por su política de asilo, el autorrenunciado presidente boliviano Evo Morales Ayma está violando las condiciones estrictas de su permanencia humanitaria en México haciendo política con efectos desestabilizadoras no sólo en Bolivia, sino en México.
El propio canciller mexicano Marceo Ebrard Casaubón, que fue en 1994-1995 subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Salinas de Gortari, también se ha salido de la doctrina tradicional de política exterior fijada como Doctrina Estrada que durante decenios le dio madurez política a la diplomacia en cumplimiento del mandato constitucional –fracción X del 89 constitucional– de respetar “la autodeterminación de los pueblos” y “la no intervención” en asuntos de otras naciones.
Junto al asilo al presidente autorrenunciado Morales, el canciller Ebrard ha calificado de manera negativa la crisis en Bolivia, ha acusado a las autoridades actuales en ese país andino y está haciendo campaña por Morales que implica una intervención en los asuntos internos de Bolivia.
Aunque no es ley, la Doctrina Estrada del canciller Genaro ‪Estrada en 1930‬ sí ha definido la diplomacia mexicana en el sentido de que “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos”.
Por tanto, la política exterior de México asumió con Estrada el concepto doctrinario de limitarse a “mantener o retirar” a sus agentes diplomáticos, sin calificar crisis de gobiernos. La explicación de esta doctrina es, inclusive, defensiva: México respeta el funcionamiento político de otras naciones, a fin de que esas otras naciones no califiquen el funcionamiento político y de gobierno de México.
La decisión de Ebrard de permitir que el autorrenunciado presidente boliviano Morales se mueva en México como rock star haciendo política se basa en la Doctrina Castañeda que definió Jorge G. Castañeda como canciller del gobierno panista de Vicente Fox en septiembre de 2001, a raíz del apoyo de México a la decisión del presidente Bush de atacar Irak por los ataques del 9/11.
Pero hay una diferencia entre una política exterior activa basada en principios de estabilidad, convivencia y reconocimiento a valores democráticos y una diplomacia convenenciera a los criterios del gobierno en turno. El derecho de asilo permitió a México proteger lo mismo al comunista Leon Trotsky que al Sha de Irán derrocado por la revolución islámica y a los republicanos que huyeron de la guerra civil española. Asimismo, muchos radicales latinoamericanos perseguidos por las dictaduras militares latinoamericanas encontraron asilo en México y contribuyeron a enriquecer el pensamiento político regional. Pero ninguno de ellos usó a México como plataforma para atacar a los países de donde salieron expulsados.
Lo que ha causado malestar en México ha sido el activismo del autorrenunciado presidente Morales y su falta de valor para quedarse en su país luchando por sus ideales. En los hechos, el asilo es incuestionable, aunque las autoridades migratorias de Gobernación debieran obligar a Morales a guardar compostura en México y evitar declaraciones que están embarcando a México a oponerse a los mecanismos locales para resolver la crisis que dejó Morales cuando salió huyendo de Bolivia al poner su vida por encima de sus ideales y sus compromisos jurados como presidente en funciones hasta enero de 2020.
Y el problema colateral para México será aguantar las reacciones no frontales de la comunidad diplomática de policía exterior y de seguridad nacional de los EE. UU. donde la autorrenuncia de Morales formaba parte de sus planes de reacomodo de los equilibrios políticos regionales. En los hechos, México ha quedado alineado al frente antiestadunidense populista de América Latina, aunque también en los hechos el presidente López Obrador no comulgué y ha marcado su distancia con los populismos de Argentina, el chavismo venezolano y el que representa Morales.

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Sinaloa y el PRI. En medio de tensiones entre la presidencia y los gobiernos estatales, las encuestas están revelando los posicionamientos de gobernadores. Y entre todos los priístas desacata, cuando menos en dos encuestas, México Elige y Consulta Mitofsky, el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sólo con el panista de Yucatán en primer sitio. El sinaloense logró 60% en México Elige y 59.3% en Consulta. De los morenistas aparece la regenta Claudia Sheinbaum en lugar 20. Y hasta ahora Ordaz Coppel sólo ha hecho política local.
Política para dummies: La política esta llena de pretextos, justificaciones y no-verdades.

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Carlos Ramírez

Chile y Bolivia: lectura estratégica y política

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Aunque buena parte de los países de Iberoamérica se encuentra en zona de movilización social por razones políticas, los casos extremos hoy son Chile y Bolivia. Y aunque cada uno tiene razones diferentes, el punto de interés se localiza en la rebelión de las masas.

La semana pasada Luis María Anson recordaba una frase de La rebelión de las masasde José Ortega y Gasset, un filósofo cada día más contemporáneo: la irrupción de la muchedumbre a la realidad, cuando “no hay protagonistas: sólo hay coro”. La polarización de posiciones entre radicales y moderados, para evitar la de revolucionarios y reaccionaros, impide. Encontrar lo que Ortega llamaba el “claro en el bosque” permitirá tener un principio de entendimiento sobre lo que ocurre en Iberoamérica.

En Chile salieron por cientos de miles a protestar por el alza en precios en transportes y no hace mucho hubo protestas exigiendo educación gratuita y de calidad. El gobierno conservador de Sebastián Piñera aplicó un ajuste macroeconómico a las finanzas públicas disminuyendo subsidios a servicios populares. Se trataba de una crisis clásica de política económica de mercado: trasladar a los consumidores los costos del funcionamiento de los servicios públicos, en lugar de buscar un ajuste en los ingresos. Las protestas podrían derrocar al presidente Sebastián Piñera que ganó las elecciones de noviembre de 2017 con el 54,6% en segunda vuelta, contra el 45.4% para el candidato de la coalición de izquierda.

En Bolivia el pueblo salió a las calles a protestar contra la elección presidencial para una tercera reelección de Evo Morales y por denuncias de irregularidades electorales: el conteo de votos se suspendió varias horas y al reanudarse se le dio a Morales una ventaja de 10 puntos sobare el candidato conservador y con ello se proclamó la victoria de Evo. Grupos conservadores potenciaron las protestas en las calles y la violencia se salió de control. Luego de varios días de choques, el ejército pidió la renuncia del presidente (termina en enero de 2020 su periodo), Morales la entregó y solicito asilo político en México. En febrero de 2016 Morales pidió un plebiscito para violar la Constitución y reelegirse, pero en las urnas perdió: 51.3% dijo no a la reelección. Con la complicidad del Tribunal Electoral Evo Morales desobedeció el plebiscito legal y se presentó a elecciones, en las que sacó el 47% de votos, pero 10 puntos sobre el segundo lugar, Las protestas fueron contra el conteo electoral que acreditó de irregular una Comisión de la OEA.

Los dos casos exhiben las limitaciones de las democracias constitucionales en Iberoamérica y la solución de conflictos con movilizaciones en las calles. Y Chile y Bolivia muestran los dos extremos ideológicos: un gobernante de derecha en Chile y un gobernante de izquierda en Bolivia. Los dos llegaron por las urnas, pero sus seguidores y opositores resuelven controversias en las calles con expresiones de violencia. En este sentido, las democracias iberoamericanas siguen siendo frágiles, con instancias institucionales insuficientes y con sociedades acostumbradas a resolver sus demandas con muchedumbres fuera de control.

Iberoamérica padece una enfermedad de las democracias limitadas: la ingobernabilidad huntingtoniana, cuando las ofertas de modernización institucional son más lentas y reducidas que la dinámica de las exigencias sociales de cambios. Los países que han logrado controlar a sus sociedades con gobiernos autoritarios han permanecido en el poder, pero a costa del desprestigio de sus gobiernos: Cuba y Nicaragua; otros han utilizado el mecanismo estabilizador del péndulo, oscilando entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores.

El signo de los gobiernos iberoamericanos ha sido el de la inestabilidad. De todos, cuando menos Uruguay y Paraguay encontraron acomodo y estabilidad en el sistema pendular. Pero llego la izquierda excluyente en los sesenta a romper los equilibrios y el modelo Cuba de justificación ideológica y no de resultados es el que predomina. Evo Morales se queja diciendo que lo derrocaron por indígena y por amar al pueblo, sin reconocer sus trampas electorales y sobre todo su violación del plebiscito que le negó la reelección. El Tribunal Electoral en 2016 –el mismo que avaló el fraudé de las pasadas elecciones– dijo que negarle la participación electoral era una violación a sus derechos humanos.

Iberoamérica ha sustituido la democracia de los derechos por la fuerza de las bayonetas y la ideología social. De manera estricta, en Bolivia no hubo un golpe de Estado; los militares que fueron convocados por Morales a reprimir las protestas dijeron que no y le sugirieron al presidente que renunciara. No ha habido junta de gobierno, ni disolución del parlamento, ni ilegalización de partidos. Habrá un presidente interino que convocará a nuevas elecciones, mientras Morales se encuentra ya en México protegido por asilo político.

En esa vertiente de lo real-maravilloso de la realidad que aportó Iberoamérica a la literatura del boom de los sesenta, presidentes derrocados pueden regresar al poder: Perón, por ejemplo; y en Bolivia, el general Hugo Banzer: dio golpe de Estado en 1971, se quedó en el poder hasta 1978 en que fue derrocado, hizo su partido y regresó al gobierno por la vía electoral en 1997 y murió de cáncer sin terminar su periodo.

La inestabilidad política y los golpes de Estado cruentos o pacíficos seguirán interrumpiendo la vida institucional hasta que no existan leyes respetadas y canales institucionales de acceso al poder, y a nivel histórico están los dos golpes de los dos 18 brumario de dos Napoleón. Pero en Iberoamérica sólo hay golpes de Estado en la lógica de los intereses de los EE. UU. Al menos hasta que no maduren las democracias constitucionales sólidas.

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Carlos Ramírez

UNAM: burla de Graue y engaño de Junta de Gobierno causan protestas

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Carlos Ramírez
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La reelección del rector Enrique Graue Wiechers ha comenzado a desestabilizar la UNAM y ha causado molestias en los dos candidatos registrados por la decisión de la Junta de Gobierno asumida en Palacio Nacional. El proceso de designación de rector fue una farsa que lastimó a dos áreas importantes de la Universidad: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La nominación de Graue para un segundo periodo fue un tongo para disfrazar un proceso institucional manejado antes en el PRI y ahora en Morena. De nueva cuenta, los candidatos registrados de buena fe y la comunidad universitaria fueron defraudados por un esquema autoritario que ha convertido a la UNAM en un área paraestatal.
Graue ganó por un pacto Morena-PRI-mafia de exrectores. El programa de trabajo de Graue para inscribirse como candidato a la reelección fue el mismo que presentó hace cuatro años; es decir, se comprometió a realizar reformas que antes no pudo, no quiso o simplemente las enumeró como parte de su demagogia.
Desde 1999, con el arribo de Juan Ramón de la Fuente Ramírez a la rectoría procedente del gabinete presidencial de Zedillo y de su fracaso como precandidato presidencial priísta, la UNAM reconfirmó su dependencia absoluta del poder presidencial central y del partido en el poder: lo mismo con el PRI y el PAN y ahora con Morena.
Más que un rector, la UNAM ha necesitado desde el 68 a un administrador de intereses y un regulador de conflictos. Por sí misma, la autoridad legal del rector le impide ejercer un gobierno interno y su tarea es distribuir los recursos entre los grupos de interés que han desarticulado el funcionamiento académico, primero, y educativo, después.
Desde el rectorado sustituto de Guillermo Soberón por la decisión presidencial en 1973 de derrocar a Pablo González Casanova, los rectores de la UNAM han salido del gabinete presidencial o del PRI o han salido para ocupar posiciones de poder en el gobierno o en el partido en el poder. Existió el caso extremo de José Narro Robles, quien salió del PRI y del segundo nivel del gabinete presidencial para ir a la rectoría dos periodos, luego regresar al gabinete presidencial de Peña Nieto y competir como priísta por la candidatura presidencial del 2018 aceptando las humillaciones de Peña Nieto porque ya había decidido por José Antonio Meade Kuribreña y toda la competencia interna fue una pantomima.
Pero la UNAM es una bomba de tiempo de contradicciones y disputas por el poder. A los grupos estudiantiles y académicos se han agregado ya bandas delictivas que tienen el control de pasillos y jardines para la distribución de drogas y de grupos clandestinos violentos y armados que han abierto refugios para radicales anarquistas. En sus primeros cuatro años Graue no ha hecho sino lo que sus antecesores: congeniar con grupos de interés extrauniversitario y distribuir beneficios económicos y áreas de actividades clandestinas.
Desde el intento del rector Jorge Carpizo MacGregor de subir las cuotas a niveles aceptables que ayudaran a financiar a la Universidad, ningún rector ni ningún presidente de la república se ha atrevido a entrarle a la reforma estructural de la UNAM. El gigantismo, el deterioro salarial por el control presupuestal sindical, los grupos académicos que dominan las decisiones, la dependencia del rector de las decisiones presidenciales y la pérdida de influencia académica de la UNAM en la realidad nacional han convertido a la Universidad en una oficina de control estudiantil.
El gran desafío que presentó la pantomima de la reelección del rector obliga a Graue a cuando menos hacer un intento por plantear la reforma de la UNAM y a propiciar la multiplicación de universidades públicas que le quiten el dominio presupuestal y académico. Pero, sobre todo, la UNAM necesita un rector que ponga orden y autoridad en una rectoría que se dedica solo a redistribuir el poder entre grupos de interés universitario y extrauniversitario.
Sin embargo, desde ahora se sabe: Graue no es el rector para una tarea de esa envergadura y sólo administrará la crisis.

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CNDH, estreno. La nueva presidenta de la comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, tuvo un estreno previsible: la exhibición del desconocimiento de sus funciones y la falta de información sobre la crisis de derechos humanos en el sector específico de los periodistas. El problema es que los periodistas y activistas de derechos humanos hostigados y asesinados son esas “víctimas” que la nueva funcionaria dijo representar. Mal empieza quien no sabe qué ocurre en las tareas asignadas contra viento y marea.
Política para dummies: La política es la habilidad de tomar decisiones engañosas, pero que pasen como veraces.

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