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Tiempo Nuevo

El debate al que prendió fuego inicial el presidente Andrés Manuel López Obrador parece tener la potencia para incendiar la sacrosanta catedral de nuestra madre de todas las leyes.

Para formalizar la terminación de la “perniciosa” reforma educativa construida por el PRI y sus aliados en el sexenio pasado es necesaria otra reforma constitucional, dicen los adversarios y algunos amigos y cercanos del detentado del poder nacional.

La reforma promovida durante el sexenio pasado es considerada “punitiva” por sus detractores, a ambos lados del oficialismo priista de entonces, desde las filas del gordillismo o desde la CNTE, dicen quienes defienden las convenciones.

El Presidente, dicen sus críticos, no puede suspender la vigencia de un acuerdo constitucional.

¿Puede el poder hacer sentir su ley o puede la ley hacer sentir su poder?

Al estilo del presidencialismo estadounidense, López Obrador reta con que las cosas se pueden resolver -cuando se atoran o es demasiado lento el proceso legislativo- con documentos administrativos que tienen el impacto concreto de nulificar ciertos acuerdos y/o contraindicaciones que provengan de las mayorías adversarias en los cuerpos legislativos.

Mandatarios como Bill Clinton y Obama, por ejemplo, acudieron al expediente de gobernar con una especie de “decretos” que les posibilitó deshacerse de mayorías adversarias a las cuales se calificó de “obstruccionistas”.

Es interesante que en contraste con el más reciente mandatario demócrata, AMLO tiene poder, popularidad, mayoría en la representación popular y su partido aumentará en las elecciones por venir el número de entidades gobernadas bajo la franquicia de Morena.

Todo al mismo tiempo… y sin tiempo para esperar porque, dice el político tabasqueño, hay que hacer dos sexenios en uno.

El presidente López Obrador instruyó a las Secretarías de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público suspender los efectos de la “mal llamada” reforma educativa que unió en contra de ella a tiros y troyanos del escenario político que han sido sustituidos aplastantemente por un incipiente nuevo régimen.

La argumentación del memorándum que incendió la pradera de las buenas conciencias constitucionales es inicial y fundamentalmente calificativa en el sentido de que descarta la validez de la reforma educativa situándola en el entorno “neoliberal” generador de “pobreza, violencia, corrupción y malestar social”.

La prensa amiga y enemiga hace notar que el Presidente podría estar ante un grave error, básicamente, como cualquier abogado está en disposición de sugerir, porque falta “fundar y motivar” las razones de la suspensión de la reforma, la cual solamente podría, sostienen, ser detenida y anulada por otra reforma constitucional.

Es probable que quienes aconsejaron al Presidente aplicar un decreto “que no lo tiene ni Obama” sepan que tienen la probabilidad de ganar en la acción, aunque puedan salir empatados o incluso perder en la discusión acerca de la validez de lo normativo.

A fin de cuentas, la ley es formalización del poder, y si el poder tiene prisa, puede dictar un memorándum que decrete la ausencia de vida de algo que ya está muerto.

@guerrerochipres

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Nacional

Tiempo Nuevo- El protocolo policial que merecemos

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Este lunes,  el Gobierno de la Ciudad de México desahogó el tema pendiente de la presentación del protocolo de uso legítimo de la fuerza, semejante al de todas las comunidades policiales civilizadas del mundo que respetan y ejercen como una manera de, como bien lo dijo el secretario de Gobierno José Alfonso Suárez del Real, “ser garantes de los derechos humanos de todos”.

 Sin excepción, en países donde se ha consolidado la construcción de un pleno Estado de Derecho, se formaliza la actuación institucional.

La Policía, con la ley de su lado y con la legitimidad del respaldo social amplio, la cual debe ser vigente y registrarse en todos los países, tienen la capacidad de ejercer el uso de la fuerza para defender los derechos de todos, que son desde la reforma del 2011 derechos humanos.

Entre esos derechos se encuentran los de la integridad de las personas —todas—, manifestación, expresión y de propiedad.

En otras palabras, en la medida en que el protocolo recientemente presentado sea una herramienta vigente para garantizar los derechos de los manifestantes, pero también de los periodistas, los peatones o de los propietarios de domicilios particulares o empresariales, será contundentemente evidente su utilidad y pertinencia.

Han habido 17 protocolos de actuación policial. En la historia de la capital nacional no han faltado. Lo ausente había sido la precisión técnica de su aplicación y lo omnipresente han sido las lecturas políticas de la intervención policial.

Para su aplicación, el presupuesto esencial es la existencia de policías debidamente capacitados, respetados por la ciudadanía y empoderados por sus propios jefes, con los límites impuestos por la ley. Lo saben bien los comprometidos subsecretarios de la SSC Pablo Vázquez y Bernardo Gómez.

Es de aplaudirse que el eje fundamental del protocolo sean los derechos humanos de la totalidad de los sujetos jurídicos que habitan la capital o pasan por ella. Aún con el posible riesgo de la presencia de los grupos de choque, la cultura de reivindicación humanitaria es resaltada en el documento presentado ayer.

La prevención de la violencia es indispensable. La apuesta gubernamental por la prevención, explicitada por el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, es tan actual como la indisposición democrática contra el abuso policial.

Se trata de un ejercicio de hacer compatibles los derechos con reglas mínimas de participación y usufructo del espacio público.

Hay pautas fundamentales: la integridad de los cuerpos policíacos es primordial, la dignidad de su oficio es requerida como instrumento de la legitimidad de la autoridad cuando resguarda las manifestaciones, pero también los demás derechos de quienes no son manifestantes.

En ese contexto, el enfoque de género es ahora más importante que nunca.

El respeto a los derechos humanos tiene frente a sí el compromiso de una manera de protección que excluye armas letales y ofrece garantías de diálogo, pero también de contención en beneficio de otros que se han sentido agredidos por excesos percibidos por la opinión pública.

@guerrerochipres

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Nacional

Trabajar por quien trabaja en el hogar

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Salvador Guerrero Chiprés*

Quien colabora en una casa, muchas veces es quien más la conoce, cuida y procura, aún más que los propietarios. Como lo mostró muy bien Roma, de Alfonso Cuarón, las personas trabajadoras del hogar se convierten en parte de la familia; en otros se vuelven las y los guardianes. Sin embargo, no siempre son bien recompensadas o informadas sobre sus derechos, ni cuentan con la cobertura de sus necesidades más básicas.

La contingencia por COVID-19 trajo consigo la reflexión y visibilización de antiguas problemáticas que ya se están combatiendo tanto en el Gobierno federal como en el local, encabezado por Claudia Sheinbaum: las brechas salariales, la polaridad económica, la desigualdad social.

Es ese sentido, la agenda política —construida por autoridades, organizaciones civiles y organismos contra la discriminación— ha hecho énfasis sobre las condiciones en las que se desenvuelven más de 193 mil 658 personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 91 por ciento son mujeres.

Desgraciadamente, la pandemia ha sido pretexto de algunos empleadores para no brindar salarios dignos y condiciones laborales seguras a este sector. Si bien, es cierto que muchas personas que antes podían contratar a una persona para estas actividades ya no pueden hacerlo, es necesario que se actúe conforme a la ley para que se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Aunque este grupo de la población ha alzado la voz para exigir condiciones dignas, acompañadas de asociaciones como el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, es necesario que la sociedad completa se involucre. Si hablamos de una nueva ciudadanía, hay que reconocer una nueva forma de hacer valer la labor doméstica. 

Por ello, conscientes de que no todas las personas trabajadoras del hogar cuentan con información útil para hacer valer sus derechos, en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México nos aliamos con la Secretaría de Trabajo local, a cargo de Soledad Aragón, para ofrecerles asesoría legal y psicológica gratuita.

Por medio de la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533-5533 más de 102 psicólogas y psicólogos, abogadas y abogados, podrán explicar a quien lo necesite cómo pueden actuar ante una negación de sueldo o de condiciones de salud y de seguridad mínimas, que las protejan ahora de contagiarse de COVID-19 y en caso de enfermar, mantengan sus derechos. Cuidar de quien nos cuida, y trabajar por quien trabaja en nuestra casa es una obligación y debe representar un privilegio para todos. Tenemos que fortalecer y empoderar a este segmento de trabajadoras y tenemos también que hacer conciencia sobre nuestro trato y nuestra responsabilidad. Hoy, más que nunca, es momento de ser solidarios y de comprometernos a favor de los derechos de todos.

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Gobierno

Tiempo Nuevo- Suárez del Real, integridad y contexto

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Salvador Guerrero Chiprés*

Integridad e integralidad son características indispensables de aquellas personas que son parte de equipos de Gobierno sujetos a una disciplina de trabajo sistemática y puestos a prueba en circunstancias extraordinarias, especialmente por la convergencia de problemas sanitarios o de seguridad.

A partir de sus propias exigencias y valores internos, y desde luego en relación con los que busca promover en el resto de la sociedad, los equipos de Gobierno son parte de un constante esquema de reajuste en el cual la valoración de sus perfiles y virtudes es la medida de todos los días.

Cuando existen en suficiencia o en abundancia, esas figuras se generan oportunidades que pueden fortalecer simultáneamente aspiraciones, trayectorias y compromisos.

Eso ocurrió con Rosa Icela Rodríguez al ser promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador al encargo de coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, y con José Alfonso Suárez del Real, quien fue invitado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a ocupar la Secretaría de Gobierno de la capital nacional.

La capacidad de reunir compromiso, eficiencia y versatilidad, lo que aquí propongo llamar integralidad de su servicio, explica las dos promociones y alerta sobre las dificultades de seguridad en lo nacional y de coordinación en lo local que deberán ser atendidas con la urgencia, siempre, “desde ayer”.

Suárez del Real es un destacado político y servidor público, además de periodista (Premio Nacional de Periodismo 2015 y 2017, Premio José Pagés Llergo 2016). Al frente de la Secretaría de Cultura ratificó las opiniones en su derredor como hombre de avanzada, conciliación, compromiso y de trabajo.

Como diputado federal en la LX Legislatura y diputado local en la VII Legislatura, fue un organizador y promotor de la defensa fundamental en los derechos culturales de la capital. Para retomar las palabras de Sheinbaum: “No es sólo un erudito de la cultura de la ciudad, tiene grandes conocimientos de la política”. Varios funcionarios locales y nacionales aplaudieron su arribo a la segunda posición en importancia del gabinete.

Ha promovido reformas para fortalecer la cultura como base de los Derechos Humanos y, como secretario, respaldó los programas a favor de la ciudadanía —un aliado incondicional del Consejo Ciudadano que presido— y los artistas.

A la historia de la ciudad, la de ayer y la que hoy se escribe, le es indispensable la sostenida provisión de políticos conscientes de la renovación de paradigmas que está en puerta en una nueva realidad cuya esencia y contornos apenas se insinúan.

Hombre cultivado como es, Suárez del Real comprende que los retos de la pospandemia suponen habilidades complejas, análisis, respeto por la inteligencia y la expectativa de los habitantes de la capital y ser capaces de insertarse en las estrategias.

A los empresarios, a los actores de la sociedad civil, a los observadores, nos queda construir de forma conjunta este nuevo tramo de la incertidumbre del contexto y de la certeza de su integridad.

                                                                                                           @guerrerochipres

 

 

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