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Opinión

La crisis que tiene el Gobierno de Jalisco a propósito del descubrimiento de unos 440 cadáveres que fueron depositados en una caja refrigerada, es un gran problema que es posible que ya se haya desbordado.

Es un problema que ha rebasado la capacidad de los servicios forenses, por lo menos en los estados de Jalisco, Guerrero y Veracruz, y muy probablemente en Tamaulipas, Durango y Coahuila. Estamos hablando de cientos de cuerpos que de manera legal se hayan en espera de un digno final, además de los cuerpos y restos humanos descubiertos, -y por descubrir, en fosas clandestinas.

El frente de crisis de comunicación hizo al Gobierno de Jalisco acusar al extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de irresponsabilidad en el manejo de los cuerpos. Pero se dispararon al pie, porque el IJCF depende del secretario general de Gobierno, Roberto López, personaje que lejos de operar a favor de la seguridad y gobernabilidad de Jalisco, trascienden señalamientos por sus intereses inmobiliarios en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

No fue suficiente que los Congresos locales hayan modificado los elementos estructurales del concepto de homicidio en los Códigos penales del fuero común, por el que se reestructuran las estadísticas y se modifica la cantidad de fallecidos, sin importar lo violento de las circunstancias de las defunciones.

Tampoco funcionó la figura de Fiscal General en algunos estados, por el que se fusionó la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, que suponía un esquema integral de combate a la inseguridad, pero sin tomar en cuenta la vulnerabilidad y la permeabilidad de la corrupción en algunas de estas instituciones, en perjuicio de la función de seguridad y demeritando el esfuerzo de las Fuerzas Armadas.

Las tácticas han sido superadas por la capacidad de fuego de las organizaciones delictivas; los operativos fracasan y el estado de fuerza es mermado por la capacidad de corrupción de la delincuencia, ante las substanciales diferencias de sueldos y prestaciones en las entidades y municipios.

El modelo de seguridad pública contenido en el artículo 21 constitucional no es suficiente, cuando solo está diseñado para una parte de la seguridad y la función de seguridad desatiende la seguridad interior y la seguridad nacional, como parte integral de un todo que, debiera de funcionar correctamente, como la función recaudatoria que está perfectamente engrasada por la federación, estados y municipios. Así debería funcionar la seguridad en el país.

Una de las deficiencias consiste, en que el modelo de seguridad diseñado en las leyes secundarias, no se interrelacionan entre sí, -como sucede con las leyes fiscales y hacendarias con las que opera la función de hacienda-, de tal modo que, cada estructura de coordinación que a manera de conferencia diseña la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la conferencia nacional de procuradores o la conferencia nacional de secretarios de seguridad, es una oda a la inoperancia e ineficiencia, convirtiéndose en una reunión de amigos con una escasa capacidad de resolución de problemas.

En esas conferencias conviven los buenos y los malos. Por ahí transitaron otroras Fiscales como los de Nayarit o de Jalisco, seriamente cuestionados por sus relaciones con la delincuencia y sin el menor recato en ser apoyados por sus gobernadores, en quienes ahora pende una grave responsabilidad por el estado de inseguridad en que mantienen a sus estados.

Además de la renovación moral de la seguridad del país, que incluya un solo tabulador nacional a los policías, es necesario insertar una reforma al sistema de seguridad que contemple una seguridad en la Constitución, como función de Estado, de donde se desprendan las funciones de gobierno de la seguridad, como la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública.

Es necesario ajustar las normas secundarias para que el esfuerzo ideológico y dogmático de la seguridad se vea sincronizado con el esfuerzo normativo.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- No es militarización

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Rodolfo Aceves Jiménez*

El presidente López Obrador ha decidido poner en manos de las Fuerzas Armadas mexicanas, actividades sustantivas complementarias a las misiones que constitucional y legalmente les corresponden.

Qué ironía que siendo candidato, el presidente López Obrador se dedicó a desacreditar y descalificar las acciones de las Fuerzas Armadas y hoy, sea uno de los principales pilares en que se sustenta su transformación.

Principalmente son tareas que tiene qué ver con la construcción, funciones policiales, de salubridad.

Se trata de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, la construcción de las 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, dos tramos del Tren Maya, la remodelación de 32 hospitales de administraciones pasadas, la producción de árboles frutales en los viveros militares.

No sólo eso, también son los protagonistas en el combate al robo de combustible, que incluye custodia de pipas, vigilancia de las fronteras, la construcción cuarteles para la Guardia Nacional.

Recientemente el presidente les asignó tareas en aduanas y puertos, cuando en la narrativa pública hay quién afirma que se trata de la militarización del país. Nada más alejado de la realidad.

Las aduanas es el punto por donde ingresan unos 900 mil millones anuales de impuestos, pero también es uno de los principales puntos de ingreso de armas y contrabando a nuestro país, en el que gran parte de la capacidad de fuego de la delincuencia se ha abastecido por las fronteras.

Por lo que toca a los puertos, constituye otra fuente de ingresos al erario público, pero cuyo sector fue descuidado y desatendido con procesos obsoletos, y con serias sospechas de corrupción durante muchos años.

Un ejemplo de la desatención. En 1982 el Estado mexicano adquirió el Buque Escuela “Náuticas México” para que la SCT, a través del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) capacitara marinos mercantes, así mismo en ese mismo año se adquirió el Buque Escuela “Cuauhtémoc” para instruir cadetes y alumnos de la Secretaría de Marina, que fueron construidos en los astilleros Merwedw en Rotterdam, Holanda y de Bilbao en España, respectivamente.

En 2006 el “Náuticas México” fue prácticamente rematado por inservible, mientras que el “Cuauhtémoc” se calcula que le ha dado la vuelta al mundo unas 20 veces, y todavía sigue en funcionamiento, como embajador de México en los mares e insigne portador del mensaje de amistad y buena voluntad del pueblo mexicano.

No sólo eso, la afirmación de la militarización de las aduanas y puertos no se sostiene por sí sola, cuando en el periodo económico del milagro mexicano, conocido también como el desarrollo estabilizador, de 1955 a 1970, la Secretaría de Marina estaba a cargo de los puertos y marina mercante, contribuyendo con dicho periodo, al eficientar los procesos en puertos, mientras que el ejército mexicano custodiaba gran parte de las fronteras mexicanas.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- Componentes de la seguridad

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Rodolfo Aceves Jiménez*

En el diseño y elaboración de políticas de seguridad pública existen elementos que deben ser tomados en consideración, como el estado de fuerza o la capacidad de fuego.

El estado de fuerza representa la cantidad de elementos disponibles para la seguridad pública. Hay municipios que tienen unos cuantos elementos, hasta unos cuantos miles de elementos de las policías estatales. Obviamente las Fuerzas Armadas duplicarían el estado de fuerza.

Por lo que toca a la capacidad de fuego, mide el tiempo en que de manera intermitente las corporaciones pueden disparar un arma.

Se señala estos aspectos a propósito de la divulgación de un video en el que muestra una serie de camionetas de uso comercial acondicionadas con un blindaje rústico, rodeadas de personas con uniformes y portando armas de fuego.

Este grupo aparenta tener una organización militar, con una presunta capacitación, mando y estructura territorial, pero lo más importante es que muy probablemente se trata de un grupo delictivo, con una zona de influencia territorial, pero dedicado a actividades ilícitas.

Este grupo no es superior a la capacidad que tiene el Estado. Su propósito no es amedrentar a las Fuerzas Armadas, porque saben que militarmente serían derrotados.

Su objetivo es causar temor entre grupos delictivos rivales, la ciudadanía y entre las policías donde ejercen su influencia.

En cierta medida logran su propósito, porque impresiona a simple vista, la uniformidad en su vestir, sus armas y sus vehículos.

La seguridad del país proviene de las funciones de Estado en seguridad pública y en defensa nacional que tiene el Estado mexicano. Las primeras las realiza las policías del país y las segundas las Fuerzas Armadas.

La seguridad del país posee una planeación y obedece a objetivos estratégicos, tácticos y operativos, que se desprenden de la Constitución, del Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo.

Mientras que la Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, en el PND se definen las directrices como política de Estado o como política pública, y el Presupuesto de Egresos les otorga recursos para ejecutarlos. Esto quiere decir que, el Presupuesto y el PND son complementos ejecutores de política pública, a los designios de la Constitución.

La seguridad es estratégica, porque se trata de un deseo del pueblo mexicano, consignado en la Constitución. El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, -que constituyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad mexicana.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

 

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Gobierno

Brújula Pública- La seguridad de los estados

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Rodolfo Aceves Jiménez*

El presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una gira en Guanajuato, Jalisco y Colima, para revisar los avances en seguridad. Por principio de cuentas parece que se superaron diferencias que causaron controversias políticas.

En Guanajuato luego de la lamentable ejecución de 27 jóvenes de un centro de rehabilitación, de enfrentamientos en Celaya e Irapuato, con un cuestionable Fiscal.

Mientras tanto en Jalisco, se supo que ostenta el primer lugar en fosas clandestinas en el país, la inseguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior de Jalisco, además de la remoción del coordinador de seguridad y de la designación de una persona que carece de experiencia en seguridad y que en ese estado se suma al mal manejo en salud de la pandemia y del dengue.

Pero el común denominador entre Guanajuato y Jalisco es la desorganización en el modelo de seguridad. En Guanajuato es posible que las fuerzas de seguridad hayan omitido aportar pruebas a su Fiscalía, o bien, que esta dependencia haya carecido de origen de pruebas sólidas y consistentes para encarcelar a la madre de “El Marro”.

En el caso de Jalisco son una suma de factores. Hay una evidente falta de voluntad para modificar el modelo de seguridad, una planeación anacrónica y obsoleta, que le conviene a los intereses infiltrados y políticos en la Fiscalía de Jalisco, tal y como se evidenció recientemente, a propósito de los hechos de principios de junio pasado, en el que entre la confusión de una manifestación, indebidamente se arrestó a jóvenes que protestaban por el asesinato de Giovanni López Ramírez.

El Gobierno de Jalisco solo se ha encogido de hombros con los señalamientos de que la delincuencia organizada ha infiltrado la Fiscalía de ese estado y aquí cabe la posibilidad de que también haya ocurrido lo mismo con la Secretaría de Seguridad, pero no quiere, ni tiene, la voluntad para cambiar las cosas, prueba de ello es la designación de un coordinador de seguridad que tiene unos meses de antigüedad en el ejercicio de su profesión y sin experiencia en seguridad, en un momento de crisis para ese gobierno, en que una secretaria de despacho presenta su renuncia por carecer de título profesional para su desempeño.

Es en este sentido que las fuerzas federales podrían ver estas señales, como una confusión para combatir la delincuencia, ya que mientras el mando federal ordena una coordinación y compromiso con las fuerzas de seguridad en Jalisco, inteligencia informa que los mandos de seguridad locales hacen tratos con la delincuencia organizada. Así no puede ser posible.

La corrupción e ineficiencia a veces son producidas por factores externos a las instituciones, para provocar que el rumbo de las operaciones de seguridad sea dirigido a objetivos ficticios que desvíen la atención para simular eficiencia y un buen desempeño.

El problema de la seguridad mexicana es amplio y complejo. Se ha convertido en una vulnerabilidad para el Estado mexicano y los tres órdenes de gobierno.

Su solución compromete una gran convocatoria a sectores político y social, principalmente, y con una firme voluntad en cuyo convocante tenga autoridad moral para hacerlo.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

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