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Opinión

La crisis que tiene el Gobierno de Jalisco a propósito del descubrimiento de unos 440 cadáveres que fueron depositados en una caja refrigerada, es un gran problema que es posible que ya se haya desbordado.

Es un problema que ha rebasado la capacidad de los servicios forenses, por lo menos en los estados de Jalisco, Guerrero y Veracruz, y muy probablemente en Tamaulipas, Durango y Coahuila. Estamos hablando de cientos de cuerpos que de manera legal se hayan en espera de un digno final, además de los cuerpos y restos humanos descubiertos, -y por descubrir, en fosas clandestinas.

El frente de crisis de comunicación hizo al Gobierno de Jalisco acusar al extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de irresponsabilidad en el manejo de los cuerpos. Pero se dispararon al pie, porque el IJCF depende del secretario general de Gobierno, Roberto López, personaje que lejos de operar a favor de la seguridad y gobernabilidad de Jalisco, trascienden señalamientos por sus intereses inmobiliarios en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

No fue suficiente que los Congresos locales hayan modificado los elementos estructurales del concepto de homicidio en los Códigos penales del fuero común, por el que se reestructuran las estadísticas y se modifica la cantidad de fallecidos, sin importar lo violento de las circunstancias de las defunciones.

Tampoco funcionó la figura de Fiscal General en algunos estados, por el que se fusionó la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, que suponía un esquema integral de combate a la inseguridad, pero sin tomar en cuenta la vulnerabilidad y la permeabilidad de la corrupción en algunas de estas instituciones, en perjuicio de la función de seguridad y demeritando el esfuerzo de las Fuerzas Armadas.

Las tácticas han sido superadas por la capacidad de fuego de las organizaciones delictivas; los operativos fracasan y el estado de fuerza es mermado por la capacidad de corrupción de la delincuencia, ante las substanciales diferencias de sueldos y prestaciones en las entidades y municipios.

El modelo de seguridad pública contenido en el artículo 21 constitucional no es suficiente, cuando solo está diseñado para una parte de la seguridad y la función de seguridad desatiende la seguridad interior y la seguridad nacional, como parte integral de un todo que, debiera de funcionar correctamente, como la función recaudatoria que está perfectamente engrasada por la federación, estados y municipios. Así debería funcionar la seguridad en el país.

Una de las deficiencias consiste, en que el modelo de seguridad diseñado en las leyes secundarias, no se interrelacionan entre sí, -como sucede con las leyes fiscales y hacendarias con las que opera la función de hacienda-, de tal modo que, cada estructura de coordinación que a manera de conferencia diseña la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la conferencia nacional de procuradores o la conferencia nacional de secretarios de seguridad, es una oda a la inoperancia e ineficiencia, convirtiéndose en una reunión de amigos con una escasa capacidad de resolución de problemas.

En esas conferencias conviven los buenos y los malos. Por ahí transitaron otroras Fiscales como los de Nayarit o de Jalisco, seriamente cuestionados por sus relaciones con la delincuencia y sin el menor recato en ser apoyados por sus gobernadores, en quienes ahora pende una grave responsabilidad por el estado de inseguridad en que mantienen a sus estados.

Además de la renovación moral de la seguridad del país, que incluya un solo tabulador nacional a los policías, es necesario insertar una reforma al sistema de seguridad que contemple una seguridad en la Constitución, como función de Estado, de donde se desprendan las funciones de gobierno de la seguridad, como la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública.

Es necesario ajustar las normas secundarias para que el esfuerzo ideológico y dogmático de la seguridad se vea sincronizado con el esfuerzo normativo.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Columna Brújula Pública: Lo barato es costoso

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La infraestructura crítica está constituida por aquellas instalaciones y los sistemas informáticos relacionadas con la provisión de bienes y de prestación de servicios públicos esenciales y cuya afectación pudiera comprometer la Seguridad Nacional en términos de la ley de la materia, como los sistemas informáticos que proveen o alimentan de información en alguna de las etapas de los procesos de producción o comercialización de bienes y servicios de los tres sectores de la economía, así como de los servicios que prestan los tres órdenes de gobierno de los tres poderes de la Unión. Esto también alcanza a los sistemas y subsistemas de la economía nacional que generan riqueza.

Su importancia radica en que por sus procesos es posible que transiten gran parte de información sensible para el país o sus ciudadanos, como transacciones o trasferencias de sumas cuantiosas de dinero, o bien, datos personales de los usuarios de la banca o de los derechohabientes de algún servicio público que proporciona alguna institución gubernamental y, por esta razón, es que son consideradas dentro de los parámetros de la seguridad nacional. 

En dos ocasiones en 2018 la infraestructura crítica del sistema financiero mexicano tuvo un par de crisis, que pusieron en alerta los sistemas de seguridad cibernética, cuando se tuvo conocimiento que los procesos en la infraestructura crítica que regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México (Banxico) afectó principalmente las transacciones en ese sistema que utilizan las instituciones Banamex, Banorte y BBVA Bancomer, cuyas últimas dos instituciones afirmaron que se trató de incidencias. Esta falla pudo haberse extendido a todas las instituciones del sector bancario mexicano, sin que haya sido del dominio público.

También el año pasado el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en los que se depositaron 68.8 millones de pesos, en un fraude que consistió en una repetición en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, entre cuyos beneficiarios, hubo quienes ni siquiera recibieron una tarjeta, en la que se evidenció la fragilidad informática de los sistemas financieros del gobierno mexicano. 

Además a inicios de enero de 2018 se supo que la infraestructura crítica del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también fue vulnerada, aunque hasta ahora sin que se sepa de algún daño patrimonial.

Desde el pasado 10 de noviembre, la infraestructura critica que aloja los programas y procesos en Petróleos Mexicanos fue víctima de piratas cibernéticos, que reclaman un rescate de 4.9 millones de dólares por liberar las computadoras de la paraestatal.

Este es un reflejo que la austeridad no siempre es una medida eficiente, ya que se abren frentes y se vulneran procesos informáticos de los que podría depender el suministro de crudo o productos procesados.

La Organización de Estados Americanos (OEA) genera reportes que señalan que desde 2017, México está entre los primeros 5 países con menos preparación para un ataque cibernético.Aquí la pregunta es, ¿que otros sistemas que prestan un servicio público han sido penetrados o presentan vulnerabilidades que pongan en riesgo la seguridad?.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

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Columna Brújula Pública: Los campos de batalla

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Algo sucede alrededor de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, cuando no solo se ciñe al plano de seguridad, y se amplía económica o socialmente. Se refiere también a sus dichos y algunos otros eventos de su administración, que han causado frentes de crisis de consideración.

Estos frentes se abren con la opinión pública, con los medios de comunicación, con las Fuerzas Armadas, con la oposición, en el que parece que el Ejecutivo no quiere hacerse responsable de lo que provocan sus dichos y los hechos de su administración.

La crisis por el operativo para capturar y liberar a Ovidio Guzmán en Culiacán, le trajo desencuentros con la opinión pública, con la comunidad de seguridad pública, con algunos integrantes en servicio y retirados de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la respuesta oficial a las críticas vino pasados unos diez días y trajo nuevos actores, generando más dudas que certezas.

Las explicaciones que ha dado el Ejecutivo Federal y el secretario de Seguridad, no han satisfecho la curiosidad de las preguntas que han sido formuladas, en cuanto al diseño del operativo, a la ausencia en la participación de otras dependencias, a la debilidad en los razonamientos para liberar al hijo de El Chapo, y a la fuerza que obtuvieron obtuvo el cartel con esa decisión, a los contenidos de la estrategia de seguridad, entre otros temas torales.

Lo más incongruente es, que de la misma Secretaría de Seguridad Pública desde donde se opera esta estrategia, estén más preocupados por divulgar los nombres de personajes de quienes afirman que dirigen equipos de promotores en redes sociales para criticar al Ejecutivo Federal, en vez de utilizar esos recursos para perseguir delincuentes. Esto solo favorece la tensión entre la opinión pública y se aleja de la veracidad.

Y como si no tuvieran crisis abiertos, el Ejecutivo Federal abre la posibilidad de un golpe de Estado y señala a sus opositores en su diseño. Este fue un desacierto cuando en el país, ningún actor político, económico o social hablaba de un evento de tal magnitud y de manera innecesaria, solo vino a reforzar el discurso de quienes dudan de la lealtad de las Fuerzas Armadas.

Y como si fuera para demostrar la ineficiencia de la estrategia de seguridad, vino el terrible asesinato de mujeres y niños integrantes de la familia Le Baron, en los límites entre Chihuahua y Sonora. La gravedad de este asunto supone que encenderá las alertas en Washington, para presionar al gobierno mexicano en la eficiencia de su planeación en seguridad.

La administración del presidente López Obrador tiene un serio problema de narrativa que la ha impactado en la relación con los medios de comunicación, con la opinión pública y en la estrategia de seguridad del país. Es un problema que trasciende fronteras, cuando medios como el neoyorquino Wall Street Journal o el británico The Guardian, se refieren a sus líneas discursivas, como “palabrería de izquierda” o “100 muertos al día”, respectivamente.

Culpar al expresidente Calderón, Fox o Peña Nieto, a los conservadores, a los fifís o a cualquier otra circunstancia interna o externa, solo sirve para que las hordas en redes sociales sigan denostando e insultando a la opinión pública, abre un frente en el campo social entre ciudadanos, mientras que permanecen sin ser solucionadas las causas en las batallas por la injustica, la corrupción e inseguridad en que vivimos en México.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

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El retrato de la seguridad

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Brújula pública:

Rodolfo Aceves Jiménez*

La administración del presidente López Obrador transita por una complicada etapa en la seguridad mexicana, cuyo uno de sus principales problemas consiste, en la conceptualización de la seguridad mexicana.

El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, -que constituyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad mexicana.

Por esta razón es, que la seguridad nacional y la seguridad interior no tienen cabida en el texto constitucional, porque dogmática e ideológicamente el diseño de la seguridad gira en torno a estos elementos de la seguridad pública y, por ende, al existir una confusión en el diseño contemplado en la Constitución, por inercia cae al Presupuesto de Egresos de la Federación y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La lógica de este planteamiento es la siguiente. Mientras que la Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, en el PND se definen las directrices como política de Estado o como política pública, mientras que el Presupuesto de Egresos les otorga recursos para ejecutarlos. Esto quiere decir que, el Presupuesto y el PND son complementos ejecutores de política pública, a los designios de la Constitución.

Desde el punto de vista de la ciencia política, el fin del Estado es, la seguridad. Esto quiere decir que, luego entonces, por encima de la seguridad pública se encuentra, la seguridad. Por esta razón es que el texto constitucional debería contener un concepto de seguridad, como función de Estado, de la que se desprendan las tres funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.

Esta seguridad nacional es una función de gobierno compartida, -junto con la función de Estado de la defensa nacional y-, por tanto, esta sería el vínculo dogmático y orgánico para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.

Esto quiere decir que en al ámbito civil, la seguridad nacional se ciñe al establecimiento de un sistema de inteligencia civil que sea capaz de detectar las debilidades del Estado mexicano y transformarlas en inteligencia para revertir condiciones de inestabilidad económica, política y social. Aquí subyace también el estabecimiento y permanencia de políticas de Estado, como la protección civil.

En el ámbito militar, la seguridad nacional se circunscribe a proteger los valores de independencia y soberanía, cuyos elementos son materia inmanente de las funciones de contenido estrictamente militar. Pero por extensión y por interés nacional, el concepto de seguridad nacional en las fuerzas armadas se extiende a proteger intereses nacionales, como las plataformas petroleras, las plantas generadoras de energía eléctrica o los oleoductos en tierra.

El retrato de la seguridad mexicana es una obsolescencia dogmática e ideológica, cuyos conceptos se confunden con la magnilocuencia que representa hablar de temas de seguridad nacional.

Este retrato viejo, cuyo modelo e implementación datan de 1992 es, en parte, una de las causas por las cuales no es posible actualizar métodos, procedimientos y protocolos y una de las causas por las que no hay sincronía entre la Constitución, el PND y el Presupuesto de Egresos.

Cada instrumento jurídico tiene conceptualizada a la seguridad, a su libre y leal saber, en el que parece que priva la descoordinación. Por eso el derecho de seguridad mexicano, constituido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional principalmente, no tienen sincronía mutua, sino que además de regular funciones distintas, no se complementan entre sí, ni son parte en el diseño del modelo de seguridad de los objetivos nacionales coyunturales o permanentes que se encuentran en el PND o en la Constitución y solo se constituyen en los elementos normativos para que Estados y Municipios obtengan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

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