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Indicador Político:

A la memoria del pintor Toledo, y a
sus figuras que fundaron una escuela

Sin ninguna solución a los graves problemas de la educación superior en la UNAM, el rector Enrique Graue Wiechers ha comenzado a maniobrar los hilos de poder universitario para quedarse otros cuatro años con el cargo, luego de un primer periodo de cuatro años sin ninguna iniciativa real.
La autonomía universitaria ha sido el escudo para excluir a la UNAM de la vigilancia de los usos de los dineros fiscales que le llegan como aportaciones. En el fondo, la autonomía debe defenderse en libertad de cátedra, libertad de pensamiento y programas de estudio para la sociedad.
Pero la organización interna de la Universidad le permite al rector en turno crear una especie de Virreinato –de esos tiempos viene su origen real– por el control sobre los organismos de gobierno. Desde su autonomía en 1929, la UNAM se mueve como una reproducción exacta del sistema político priísta. No por menos la mayoría de los rectores de 1973 a la fecha han debido de ser priístas militantes o in pectore.
La UNAM está controlada por diversos grupos de interés: por especialidades profesionales, por grupos políticos, por vinculaciones con los poderes reales priístas y por mafias clandestinas. El gigantismo ha creado una Universidad sin instrumentos de control interno: inseguridad, tráfico y consumo de drogas, grupos porriles que manejan facultades y pasillos, vinculaciones con cárteles externos de drogas; del lado académico, el control de profesores a través del manejo arbitrario de salarios como mecanismo de dominación; y como una victoria de grupos socialistas y comunistas, un sindicato que ha fijado una casta sindical que se engulle buena parte del presupuesto como mecanismo de control de la rectoría y que se ha convertido en un lastre educativo.
Los rectores han sobrevivido a cambio de permitir la existencia de estos grupos de poder dominante. Desde 1973 los rectores son meras figuras decorativas ajenas a la realidad social y los programas de estudio siguen produciendo egresados para el priísmo, la empresa privada o el subempleo. La única función de los rectores es la de moverse en la oscuridad de las relaciones de poder con instancias calificadoras para que la UNAM aparezca entre “las mejores” universidades de la región.
Pero en los hechos, la UNAM carece de vida estudiantil, sus profesores están mal pagados y sólo una casta se aprovecha de los mecanismos de premiación de lealtades para obtener prebendas millonarias anuales, la producción de ideas y conocimiento se ha trasladado a universidades privadas.
El rector Graue busca la reelección para seguir haciendo lo mismo que ha realizado en sus primeros cuatro años de rectorado: nada. Eso sí, ha generado algunas grillas tipo estudiantil para inventar el fantasma de la ocupación de la 4-T y con ello garantizar su reelección con el argumento de que más vale malo por conocido que bueno por conocer.
En 1989 el rector Jorge Carpizo McGregor tuvo un destello de congruencia y como constitucionalista se negó a la reelección; el otro argumento era más sencillo: lo que no pudo hacerse en cuatro años, nada garantiza que se pueda hacer en otros cuatro años. Los segundos periodos de los rectores disminuyen su fuerza porque ya no tienen el argumento de una tercera reelección.
La UNAM ha sido, eso sí, trampolín político: luego de los rectorados realmente universitarios de Ignacio Chávez (1961-1966, echado por porros priístas), Javier Barros Sierra (1966-1970, acosado por el autoritarismo de Díaz Ordaz) y Pablo González Casanova (1970-1972, derrocado por Echeverría), el cargo pasó a posición política del sistema priísta con el presidente de la república en turno como el responsable del dedazo universitario: Carpizo pasó de la rectoría a la posición clave del salinismo, Juan Ramón de la Fuente viajó del gabinete de Zedillo a la rectoría y se estrenó autorizando a la Policía Federal a ingresar a territorio universitario a arrestar a líderes estudiantiles, radicales y sin control, pero estudiantes al fin; y el priísta José Narro saltó de la rectoría a un cargo en el gabinete de Peña y luego peón del proceso amañado de sucesión presidencial priísta de 2017-2018.
El rectorado de Graue ha sido atropellado por las políticas de austeridad para las universidades y condujo a la participación de algunas universidades públicas que hoy apoyan a Graue a la famosa estafa maestra con la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora que las universidades aparecen zarandeadas por la austeridad de la 4-T y su exigencia de rendición de cuentas de presupuestos con dinero social, el rector de la UNAM se ha negado a encabezar la obligación moral de las universidades de explicarle a la sociedad –en el contexto de la lucha contra la corrupción– el uso de los fondos presupuestales.
Es obvio que la 4-T quiere engullirse a la UNAM, pero lo peor que le podría pasar a la Universidad sería defenderse manteniendo el statu quo de grupos de interés que han explotado a la UNAM sin rendir cuentas.
La reelección de Graue significaría otros cuatro años de cacicazgo en la UNAM.

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Política para dummies: La política es la habilidad para vender espejitos a cambio de piedras preciosas.

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@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- EU: primero los pobres y paquete disminuyó pobreza en pandemia

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Carlos Ramírez

Ante los indicios de qué el confinamiento antipandémico iba a generar mayores presiones sobre las clases bajas en Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden aprobó varios paquetes de ayuda y subsidios directos a la población de abajo y a la vuelta de un año lograr la disminuciónde casi veinte millones de pobres respecto a 2018, una baja de casi 45%.

El principal dilema de los gobiernos ante la recesión forzada por la pandemia fue optar entre el equilibrio macroeconómico con restricciones de gastos y efectos negativos en los sectores sociales bajos o decidir subsidiosextraordinarios para contener el desempleo, la marginación y el empobrecimiento masivo.

No es la primera vez que los gobiernos enfrentan dilemas de tal naturaleza. En la crisis de corporaciones financieras del 2008-2009, hasta el Fondo Monetario Internacional permitió el aflojamiento de las metas estrictas de déficit presupuestal y endeudamiento público, a fin de que los gobiernos pudieran financiar la salida de la crisis por la vía de la demanda subsidiada.

Hoy Estados Unidos ha puesto en marcha con eficacia programas de demanda subsidiada. En su reporte de los efectos sociales de la política económica ante pandemia, publicado el pasado 28 de julio, el periódico The New York Timesaportó cifras sobre la disminución de la tasa de pobreza, con efectos sobresalientes en los sectores hispano, asiático, blanco y afroamericano. Los costos fiscales de los programas se endosaron a la inflación, el déficit presupuestal y la deuda pública, aunque con la certeza de que había que salvar primero a los pobres.

La estrategia de demanda subsidiada de Biden se basó en la entrega de pagos mensuales específicos y extraordinarios a la mayoría de las familias con niños y a las comunidades sobre todo afroamericanas con dificultades en el ingreso y el empleo. Pocos países siguieron los pasos audaces de la Casa Blanca y todos ellos vieron aumentar de manera espectacular y negativa sus cifras de marginados, empobrecidos y desempleados sin expectativas de recuperación en los próximos de tres a cinco años.

El efecto adicional de los programas de apoyo a marginados se verá en las relaciones sociales de raza, pues, señala el diario neoyorquino, la pobreza afecta a grupos raciales y étnicos afroamericanos y latinos que ampliaban su brecha de marginación respecto a las comunidades blancas. Y en Estados Unidos la desigualdad racial de modo natural tiene efectos en los padecimientos de inseguridad y violencia.

La clave del paquete de ayuda social estadounidense radicó en el aumento de ingresos temporales a las familias marginadas para incrementar las posibilidades de crecimiento de la economía estadounidense en general, logrando que el hoyo recesivo por el confinamiento fuera menor. Mientras en EU el PIB de 2020 fue de -3.5%, en países como México en que no hubo apoyo a la planta productiva y el empleo el PIB en 2020 cayó -8.5% y el esfuerzo de reactivación para intentar estabilizarlo perdido tardará como mínimo cuatro años y aún así la recuperación del ritmo de bienestar social habrá perdido cuando menos diez años de ventaja. Datos del CONEVAL señalan que la población en pobreza laboral en México creció a niveles similares a 2017, el ingreso bajó 2.5% y la canasta básica aumentó 6.1%.

El paquete de ayuda social a los pobres en EU salvó a 10 millones de personas del empobrecimiento pandémico y los alejó de los márgenes de la pobreza extrema.

El costo de política económica se resentirá en la inflación, pero hubo de asumir la gran decisión en Estados Unidos entre endiosar la inflación y la estabilidad macroeconómica o aumentar el gasto social para evitar un empobrecimiento generalizado que hubiera tenido efectos desastrosos en el nivel social de los marginados y en el previsible aumento de la violencia y el consumo de drogas.

El efecto de la política económica de defensa del bienestar social en Estados Unidos será temporal, pero beneficiara el hecho de haber atenuado el desplome del PIB y la actividad económica de los próximos tres años absorberá paulatinamente la inflación.

Estados Unidos ofrece una imagenreal de lo que es un programa que coloca primero a los pobres.

 

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Política para dummies: La política no puede esconder sus resultados reales.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Pues sí, el INE tiene que explicar razones de desdén a la consulta

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Carlos Ramírez

 Si por ley sólo el Instituto Nacional Electoral podía promover la consulta, entonces la revisión de la difusión de la convocatoria consulta del pasado 1 de agosto acredita responsabilidad política al desdén de los funcionarios del organismo electoral hacia el primer experimento de la democracia participativa como paso previoa las presidenciales de 2024.

Al final de cuentas, también, hay que acreditar la falta de acompañamiento político, social y partidista a la estrategia política directa del presidente de la república hacia una convocatoria a consultapromovida como parte de sus facultades legales.

Y finalmente, la consulta se convirtió en un galimatías incomprensible por la intervención enredada del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, porque debió haber rechazadola pregunta original obligando al Congreso a redactar una nueva. Por andar de ofrecido, el ministro Lelo es de los principales responsables directos del fracaso de las consultas por redactar una nueva pregunta cantinflesca.

Lo que queda por aclarar son las razones del presidente de la república para seguir adelante con una consulta que había perdido su contenido y organización. Hay que partir del hecho de que no se trató de un capricho, sino, muy en el estilo presidencial, de decisiones estratégicascon sentidos políticos de mediano plazo que sólo el presidente puede operar.

En términos estrictos, la consulta nofue un fracaso porque se realizó y porque pudo montarse sobre el escenario indirecto de juicio a cinco expresidentes de la república por decisiones políticas y de poder susceptibles de ser perseguidas, en diferentes niveles, por investigaciones políticas, sociales y judiciales, pero que de nuevo salieron condenadas.

La institución que quedó en el centro del debate es el INE, porque en las últimas semanas sus funcionarios directivos dedicaron más tiempo a sus agendas políticas particulares que a la promoción ya no tanto de la consulta sino de la experiencia de democracia participativa. El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello condicionó la realización exitosa de la consulta a un presupuesto de gastoextraordinario que no le dieron. Y el consejero Ciro Murayama Rendón dedicó más esfuerzo a defender la existencia de los diputados plurinominales que están en la mira de una reforma electoral adelantada por el partido Morena.

Córdoba Vianello, además, tuvo más presencia en redes defendiendo la existencia del INE y tratando de blindarlo ante la reforma que busca desactivar el papel político-electoral del Instituto más allá de su función primaria, original y única de organizar elecciones y coordinar el conteo de votos, además de seguirse oponiendo a la decisión de seguridad nacional de crear una cédula única de identidad que haga obsoleta la credencial de elector que controla el Instituto.

La decisión de una reforma electoral no le corresponde defenderla a los funcionarios de la actual INE, sino que es facultad legal de los partidos en el Congreso de la Unión. Los dos consejeros que han sido pivotes del funcionamiento del INE como Ministerio de la Democracia, Córdoba Vianello y Murayama Rendón, terminan su periodo de funcionarios del Instituto en 2023, lo que ha adelantado el tiempo político para definir las posibilidades de una nueva reforma electoral que responda a la necesidad de garantizar el respeto al voto y no mantener una élite política activista de enfoques ideológicos de la democracia.

La consulta, también, permitió percibir la existencia de un establishment político-institucional vinculado a la sobrevivencia y extensión en tiempo político del actual régimen de gobierno inventado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para impedir instituciones político-electorales ajenas a esa corriente de funcionamiento sistémico priísta que ha impedido la construcción de una verdadera república de leyes e instituciones.

La lectura de la consulta sólo en función de asistentes podría dar una imagen equivocada del reacomodo de formaciones sociales que se preparan para la votación de revocación-confirmación de mandato presidencial y que entrarán de lleno a la madre de todas las batallas electorales: las presidenciales del 2024.

 

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Política para dummies: La política es una redistribución automática del poder.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Desigualdad, sigue: 70% con ingreso Igual al 10%; 20% con mitad de riqueza

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Carlos Ramírez

Desde que en 1968 el economista Enrique Padilla Aragón reveló que el modelo de desarrollo posrevolucionario había generado un proceso de crecimiento económico con pobreza y desigualdad social, los gobiernos populistas, neoliberales y posneoliberales han carecido de alguna propuesta para vincular el crecimiento y la distribución de la riqueza que define el desarrollo.

La última Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en los Hogares en 2020 del INEGI revela las cifras que desnuda la dimensión de la crisis populista, la crisis neoliberal y la crisis pandémica: la distribución del ingreso nacional entre familias perdió en el -8.5% del PIB el año pasado lo ganado en los anteriores dos años y el reparto de la riqueza regresó a la desigualdad de 2016.

Dos cifras son reveladoras del retroceso en desigualdad social padecida en los últimos dos años de PIB negativo:

1.- El 70% de las familias mexicanas entre pobres y clase media tienen el mismo ingreso que el 10% de las familias más ricas; a nivel más global el 80% de las familias tiene el mismo ingreso que el 20%de las familias ricas. Este 20% de las familias ricas acapara, sin que alguna política económica rompa esa concentración, el 51.7% del ingreso nacional.

2.- A nivel de ingreso corriente promedio, el 10% de las familias más ricas tiene ingresos por 18 veces más que el 10% de las familias más pobres.

La distribución de la riqueza representa una de las funciones prioritarias del Estado, si no es que la más importante, porque se utilizan instrumentos fiscales para repartir la riqueza nacional tratando evitar la concentración del ingreso. Al contrario, la crisis 2018-2020 disminuyóparticipación en el ingreso a los sectores más pobres y transfirió mayor riqueza a los sectores con mayor concentración.

Las cifras del INEGI exhiben que el 10% de las familias más pobres perdió lo ganado en 2016-2018 y en el 2020 regresó al punto de 2016. En cambio, el 10% de las familias más ricas había perdido 2.8 puntos porcentuales de su participación en la riqueza, pero la crisis permitió su recuperación.

Lo anterior quiere decir que la crisis económica, el tránsito del modelo neoliberal al modelo posneoliberal y el PIB negativo en 2019-2020 afectó más a los pobres y beneficio más a los ricos.

Otros datos de la encuesta 2020 del INEGI han sido ya referidos en medios: la disminución de 5.8% en el ingreso corriente trimestral y la baja de 12.9% en el gasto corriente, además del aumento de 45% del gasto en salud por la falta de una política estratégica del Estado para proteger a los sectores con bajos niveles de ingresos que dependen de los subsidios gubernamentales.

La encuesta, además, reconfirma la polarización en el ingreso regional: Nuevo León, el estado con mayor actividad industrial, encabeza la lista de sociedades más favorecidas, en tanto que en los cinco últimos lugares aparecen las entidades más abandonadas de las políticas redistributivas de la riqueza: Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y en último lugar Chiapas. Chiapas, por ejemplo, tiene seis veces menos ingreso corriente qué Nuevo León.

Las cifras de concentración de la riqueza a través del ingreso nacional han sido siempre los indicadores definitivos de la estructura de desigualdad social que existe en México y de la polarización entre ricos y pobres. Las tres políticas económicas existentes –populismo, neoliberalismo y posneoliberalismo– se han fijado las metas, con diferentes grados de eficacia, de evitar la profundización de la desigualdad a través de políticas públicas de carácter fiscal y de programas sociales, pero todas han fracasado.

La desigualdad estructural que existe entre las diferentes clases sociales se confirma en las evaluaciones del CONEVAL: en promedio el 80% de las familias mexicanas vive con una a cinco restricciones sociales, lo que indica padecimientos de desigualdad en diferentes niveles y puntos de bienestar por abajo de la media; y del lado contrario, solo el 20%de la población vive con un bienestar suficiente y sin ninguna carencia social.

 La encuesta del INEGI confirmó que México sigue siendo un país con desigualdades sociales estructurales que lo colocan entre las naciones de bajodesarrollo social.

 

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