Carlos Ramírez*
En la nueva definición de la estrategia nacional de seguridad pública, inclusive desde antes de tomar posesión, el gobierno del presidente López Obrador anunció seis decisiones clave para fortalecer el escudo de seguridad nacional en la soberanía y en la seguridad interior ante la expansión de bandas del crimen organizado/desorganizado.
Después de 17 meses, la seguridad nacional sigue a la espera. Los compromisos fueron los siguientes:
1.- El Programa para la Seguridad Nacional, porque no ha sido publicado y parece que sigue vigente, en cuanto a decisiones y doctrinas, el del gobierno de Peña Nieto 2014-2018.
2.- El sistema nacional de inteligencia, que es un servicio básico para el Estado porque tiene la función anunciada de “sustentar la toma de decisiones en materia de seguridad nacional”.
3.- El fortalecimiento de la seguridad interior del país, con la participación de las fuerzas armadas y la guardia nacional. Por ahora, la doctrina de seguridad interior del Estado sigue siendo la de Peña Nieto; lo más seguro es que no cambie, porque se basa en el bagaje doctrinario del Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional.
4.- Promover el concepto de cultura de seguridad nacional. Esta propuesta no dijo cómo, en qué sectores y con qué intenciones. En algunos niveles del gobierno lopezobradorista, formado por militantes de la oposición, el concepto de seguridad nacional les causa resquemores. Sin embargo, una cosa es gobernar como militante y otra cosa como funcionario de un Estado sometido a presiones de grupos adversarios a las instituciones.
5.- Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica y procuración de justicia.
6.- Y construir las bases para la creación de un documento único de identificación nacional biometrizado. En este tema se hicieron algunos movimientos ante el Instituto Nacional Electoral por el tema de la credencial de elector, pero no hubo una propuesta formal.
El proceso de organización de la Guardia Nacional y de establecimiento de nuevas reglas de coordinación y operación de las policías estatales y municipales pareció haber ido posponiendo el tema de la seguridad nacional. Sin embargo, el Centro Nacional de Inteligencia se apagó, sus tareas se diluyeron y hasta donde se tienen datos no ha podido diseñar un mapa de riesgos.
La misma estrategia se encargó de darle importancia mayor a la seguridad nacional como una forma de “anticiparse a los riesgos y amenazas” y por tanto se le dio el rango de “perspectiva estratégica”.
Por lo pronto, el área de seguridad nacional se fijó como prioritaria y por ello enlistó los “múltiples riesgos y amenazas”: flujos migratorios descontrolados, crimen organizado, corrupción gubernamental, cambio climático, fenómenos perturbadores, colapso de las instalaciones estratégicas o de infraestructura crítica de la información y problemas en las fronteras sur y norte”.
En la lista faltó el tema de salud que sí contenía el mapa de riesgos del anterior CISEN. Por eso el coronavirus sorprendió a las áreas de seguridad nacional. Por ello se debe tener claro que la actual crisis sanitaria por el virus es un asunto de seguridad nacional.
Ley de la Omertá
Cuando el Estado se preocupaba por generar debates y publicar ensayos de interés para el propio Estado, el tema de la seguridad comenzó a crecer en interés a partir del 2000, y eso que la crisis de seguridad había comenzado en 1984 con el asesinato del columnista Manuel Buendía.
En el 2002, la Iberoamericana, la UNAM y la PGR patrocinaron un libro que cobra actualidad: Los desafíos de la seguridad pública en México, coordinado por Pedro José Peñaloza y Mario A. Garza Salinas y con dieciséis colaboraciones de especialistas.
La presentación la hizo el entonces procurador general de la república, el general y licenciado Rafael Macedo de la Concha, y la intención fue abrir el obturador del debate sobre inseguridad que en el año 2002, el segundo de gobierno de Vicente Fox, comenzaba ya a ser bombardeado por acciones desbordadas del crimen organizado, además de que en enero de 2001 se les había escapado El Chapo Guzmán.
De todo el contenido aquí apenas hay espacio para rescatar la conclusión del prestigiado abogado José Elías Romero Apis que se ajusta a la actualidad: “en la lucha contra el crimen no existe ni el vacío ni la tierra de nadie. La tierra de nadie es una creación fantástica de los ingenuos. El espacio que no ocupa la ley, lo ocupa el crimen, pero no queda vacío. No debemos caer ni en la complacencia ni en la inconsciencia que nos hagan ceder los espacios de la ley, cuya recuperación cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho sufrimiento”.
La advertencia salió a tiempo. Por eso es que hoy el crimen organizado ha ocupado los vacíos de poder del Estado.
Zona Zero
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Una investigación del reporte especial de Eje Central sobre el COVID-19 reporta que nueve de los mayores focos infecciosos de contagio del virus son enclaves de Morena, lo que revela mala gestión de la crisis. Y como efecto, muchos de esas zonas han sido también detectados como de mayor número de delitos.
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Las autoridades han detectado mayor activismo del crimen organizado en las extorsiones y amenazas, cruzadas con apariciones de escuadrones de narcos armados repartiendo despensas. El problema es que accionar es de delincuencia el menudeo, es decir, sin zonas concentradas. Lo peor de las despensas es que forman partes, ya se dijo aquí, de actividades de relaciones públicas para promover las figuras del narco preso en los EE. UU. El Chapo Guzmán y para darle base social al jefe del Cártel Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, hoy el más buscado por la DEA y por los organismos de inteligencia y seguridad nacional de los EE. UU.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh
