La opinión del Mtro Horacio Villaseñor
Las recientes imágenes de dos diputadas locales abordando una motobomba de los bomberos municipales durante un recorrido por colonias afectadas por el desabasto, una de ellas sentada en el techo de la unidad y otra colgada del estribo lateral junto a las puertas, han desatado una indignación legítima. Más allá del oportunismo vulgar que exhibe la escena, el incidente desnuda una realidad alarmante: el gobierno municipal ni siquiera es capaz de gobernarse a sí mismo ni de hacer valer sus propias normas.
Desde el ámbito normativo, el manejo de vehículos oficiales está sujeto a reglamentos estrictos que prohíben tajantemente transportar personas en zonas externas como techos o estribos, debido al evidente riesgo físico que conlleva, además de restringir el abordaje exclusivamente a personal operativo de la corporación. Al tratarse de integrantes del Poder Legislativo estatal y no de servidoras públicas adscritas al ayuntamiento, su presencia en una unidad de emergencia carece de cualquier sustento técnico u operativo. Cuando una autoridad tolera que sus reglamentos sean letra muerta frente al capricho político, demuestra una grave descomposición interna y una total falta de mando.
Bajo las leyes de responsabilidades administrativas para los servidores públicos, la falta no recae únicamente en la imprudencia de las legisladoras, sino de manera directa en quienes tienen el deber legal de resguardar el patrimonio municipal. La responsabilidad primaria corresponde al conductor de la motobomba, obligado por reglamento a impedir el ascenso de personas ajenas y velar por la seguridad del trayecto, así como a sus jefes inmediatos, quienes autorizaron o solaparon el traslado por encima de la ley.
Este atropello a los protocolos ocurre además en un momento de profundo desgaste institucional. Apenas semanas atrás, durante las manifestaciones por la crisis del agua, otros elementos de “protección civil y bomberos” fueron duramente cuestionados tras lanzar chorros de agua a contra los ciudadanos que protestaban, desvirtuando una función que jamás debe usarse para contener reclamos sociales. Pasar de aventar agua a los ciudadanos a prestar las unidades de emergencia como escenografía política termina por destruir el prestigio de una institución que durante décadas fue orgullo y refugio de confianza para los tapatíos. Lamentablemente, ahora ya no lo son. Los políticos vulgares actuales, terminaron pudriendo todo, hasta al cuerpo de bomberos que era el menos cuestionado por la sociedad.
De nada sirven las justificaciones disfrazadas de cercanía social cuando el orden interno está roto. Si ante esta cadena de irresponsabilidades no hay castigos duros, si no se aplican sanciones ejemplares y despidos inmediatos tanto al operador como a los mandos que permitieron este abuso, la impunidad quedará institucionalizada y seguiremos viendo más de lo mismo: el reflejo de un ayuntamiento podrido que perdió el rumbo, el respeto a la ley y la dignidad de sus instituciones. Ni hablar.
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