Por Amaury Sánchez G.
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la renovación del acuerdo con empresarios gasolineros para mantener “estabilizado” el precio de la gasolina es, sin duda, un gesto político que busca enviar tranquilidad al pueblo mexicano. La fotografía oficial muestra a la mandataria rodeada de su gabinete económico y energético: Luz Elena González, secretaria de Energía; Alicia Bárcena, de Medio Ambiente; Edgar Amador Zamora, en Hacienda; y Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex. Acompañados todos de representantes del sector gasolinero, refrendaron el compromiso de que el litro de gasolina Magna no supere los 24 pesos.
Pero más allá del acto protocolario y del aplauso inmediato, conviene detenernos en la esencia de este acuerdo. El precio de la gasolina en México nunca ha sido una cifra fija ni un simple número en la bomba. Es el resultado de una compleja ecuación que involucra la geopolítica del petróleo, las limitaciones de la infraestructura nacional, la pesada carga de los impuestos y la necesidad política de preservar la estabilidad social.
La anatomía del precio de un litro
El litro de gasolina que el ciudadano paga al cargar su vehículo es el último eslabón de una cadena extensa:
El crudo internacional: México importa buena parte de su gasolina, lo cual nos hace dependientes de los vaivenes del mercado global. Si sube el precio del barril, inevitablemente sube el costo de refinación y de importación.
La refinación: nuestras refinerías trabajan por debajo de su capacidad óptima, lo que obliga a seguir comprando producto terminado en el extranjero. Esta debilidad estructural limita la soberanía energética y encarece el producto.
El transporte y almacenamiento: mover la gasolina desde las terminales de Pemex hasta las estaciones implica costos logísticos que varían según la región. No es lo mismo distribuir en la frontera norte que en la sierra del sur.
Los impuestos y subsidios: el IEPS actúa como un mecanismo de ajuste fiscal; cuando el precio internacional sube, el gobierno lo reduce o subsidia; cuando baja, lo aumenta. Este vaivén convierte al impuesto en un amortiguador, pero también en una carga incierta para las finanzas públicas.
El margen de los gasolineros: reducido en la mayoría de los casos, apenas alcanza para cubrir operación, nómina y mantenimiento. El acuerdo político los obliga a aceptar precios uniformes, pero la realidad regional es mucho más diversa.
Entre el precio oficial y la realidad cotidiana
El acuerdo de estabilización establece un precio máximo de 24 pesos por litro. Sin embargo, en los hechos, el consumidor enfrenta un mosaico desigual: en el norte del país, los precios suelen superar los 25 pesos, mientras que en el centro y sur pueden mantenerse ligeramente por debajo del tope. Esta disparidad desmiente la idea de un precio homogéneo y revela que el pacto es más un compromiso político que una realidad económica absoluta.
Beneficio inmediato, costo oculto
Es cierto: mantener el precio controlado evita un repunte de la inflación, protege el bolsillo de millones de familias y da certidumbre al transporte público y a la distribución de la canasta básica. Pero también es cierto que este beneficio inmediato tiene costos ocultos:
El erario público absorbe la diferencia mediante subsidios que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura.
Pemex reduce su margen de operación, comprometiendo su viabilidad financiera y aumentando su dependencia de deuda.
Los gasolineros, obligados a mantener precios tope, reducen su rentabilidad y, en algunos casos, operan al filo de la subsistencia.
El pueblo, en apariencia beneficiado, termina pagando el costo en otra factura: menos recursos públicos, más deuda estatal, más presión fiscal futura.
El espejismo de la estabilidad
La pregunta de fondo es si este esquema puede sostenerse a largo plazo. Si los precios internacionales del petróleo suben con fuerza, el margen de maniobra del gobierno se reduce drásticamente. ¿Podrá el Estado seguir subsidiando indefinidamente la diferencia sin comprometer su estabilidad financiera? ¿Podrá Pemex sobrevivir a esta camisa de fuerza, cuando ya arrastra un endeudamiento histórico?
El riesgo es evidente: la estabilidad puede ser un espejismo. Hoy se celebra el control, mañana se enfrentarán sus límites. Una política pública no puede reducirse a la administración coyuntural del precio de la gasolina.
Más allá del precio: la transición energética
México requiere mirar más lejos que el tablero de precios de las gasolineras. La verdadera estrategia nacional debería concentrarse en diversificar fuentes de energía, invertir en transporte público eficiente y masivo, fomentar el uso de biocombustibles y avanzar hacia la electromovilidad. El control artificial del precio de la gasolina es un paliativo, no una solución estructural.
Conclusión
El acuerdo entre el gobierno y los gasolineros no es irrelevante: evita un golpe inmediato al bolsillo ciudadano. Pero tampoco debe confundirse con una solución duradera. La gasolina no cuesta 24 pesos por milagro; cuesta menos de lo que debería porque alguien —el Estado, Pemex o el propio contribuyente— paga la diferencia.
El pueblo merece saberlo con claridad: la estabilidad que hoy se celebra es parcial, frágil y costosa. La política energética de México debe dejar de ser un ejercicio de contención momentánea y convertirse en una estrategia de largo plazo. De lo contrario, el precio real de la gasolina no se medirá en pesos por litro, sino en oportunidades perdidas para el futuro de la nación.
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