Por Amaury Sánchez G.
México responde a las amenazas de intervención con Constitución, diplomacia y una línea roja que no admite ambigüedades
Ante los amagos del expresidente estadounidense Donald Trump de realizar acciones militares en territorio mexicano, el Senado de la República y la presidenta Claudia Sheinbaum fijan una postura clara: cooperación sí, subordinación no. La soberanía nacional, sostienen, no es materia de negociación.
Hay palabras que, cuando se pronuncian desde el poder, buscan medir reacciones.
Y hay otras que, cuando se dicen desde el Estado, fijan límites, las amenazas del expresidente Donald Trump sobre posibles acciones militares contra organizaciones criminales en México pertenecen al primer grupo, la respuesta mexicana, al segundo.
Desde Petatlán, Guerrero, la presidenta Claudia SheinbaumPardo fue categórica: la soberanía y la independencia de México no están sujetas a negociación. No habló de rupturas ni de confrontaciones. Habló de principios. Y en política exterior, los principios no son adornos retóricos; son anclas jurídicas.
La mandataria recordó que la relación con Estados Unidos se sostiene en el diálogo, la colaboración y la coordinación, y que existe comunicación permanente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero subrayó el punto que incomoda a Washington cuando suben los decibeles: nunca subordinación, nunca intervención.
El Senado de la República ya había marcado esa ruta, la posición expresada por su Mesa Directiva no fue un gesto simbólico ni una reacción improvisada, fue una respuesta institucional que descansa en la Constitución y en el derecho internacional.
México puede cooperar en el combate al crimen organizado, pero no puede aceptar que fuerzas armadas extranjeras actúen unilateralmente en su territorio sin violar su soberanía.
Durante un acto en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme en defensa de la independencia nacional, al tiempo que conserva los canales de cooperación bilateral. La fórmula no es nueva, pero sí cada vez más necesaria: cooperar sin ceder, dialogar sin someterse.
La política exterior mexicana no se conduce por impulsos ni por presiones coyunturales. Se rige por el artículo 89 constitucional, por los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias, y por una tradición diplomática que ha permitido a México navegar escenarios internacionales complejos sin renunciar a su dignidad.
La Doctrina Estrada no es una pieza de museo. Es un recordatorio incómodo para quienes confunden la fuerza con el derecho, México no juzga, no interviene y no acepta que lo intervengan, esa ha sido su posición histórica y sigue siéndolo hoy.
El respaldo ciudadano a la presidenta fortalece esa postura. Un gobierno con legitimidad democrática amplia no necesita elevar la voz para ser escuchado.
Le basta con sostenerse en la ley, en las instituciones y en la voluntad popular expresada en las urnas.
Porque conviene decirlo sin rodeos: ningún país que se respete permite que otro decida qué hacer dentro de sus fronteras. La cooperación no autoriza la ocupación.
La coordinación no justifica la amenaza, y la lucha contra el crimen no puede convertirse en pretexto para violar el derecho internacional.
México no desafía a Estados Unidos.
México se respeta a sí mismo.
Y esa, para algunos, sigue siendo la palabra que más incomoda.
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