Staff A Fondo.- El Gobierno de Jalisco acaba de dejar algo muy claro: la política de seguridad vial no será evaluada por resultados, sino garantizada por contrato. Con la firma del acuerdo multianual CTO-388/25 con la empresa WCD, S.A. de C.V., el Ejecutivo estatal se comprometió a pagar 10.9 millones de pesos mensuales durante 64 meses, del 8 de agosto de 2025 al 5 de diciembre de 2030, lo que suma 698.3 millones de pesos amarrados, sin importar si bajan los accidentes… o no.
La información, revelada por UDGTV / Canal 44 y retomada por distintos actores, expone un esquema que se aleja de cualquier lógica de evaluación pública y se acerca peligrosamente a un modelo de recaudación garantizada.
Pago asegurado, resultados irrelevantes
De acuerdo con los anexos financieros del contrato, el pago a WCD no está condicionado a metas de reducción de accidentes, ni a evaluaciones periódicas de desempeño. La empresa cobrará lo mismo mes con mes, haya o no mejoras en seguridad vial.
En otras palabras: el proveedor gana siempre; la ciudadanía asume el riesgo.
El contrato, derivado de la Licitación Pública 371/2025 y firmado el 8 de agosto de 2025, no solo cubre el mantenimiento de los radares actuales, sino que prevé la expansión progresiva del sistema, con más cámaras y más puntos de control conforme avance el sexenio. Traducido a números: más equipos, más multas, más dinero en juego.
Medio millón de multas al año: la meta que nadie quiere explicar
Uno de los hallazgos más reveladores es que el sistema deberá tener capacidad para automatizar el envío de al menos 500 mil notificaciones de infracción anualesvía SMS, correo electrónico y WhatsApp, incluyendo ligas directas de pago.
No se trata de un simple sistema de monitoreo. Es una infraestructura diseñada para la operación masiva de sanciones, con lógica de volumen y rapidez de cobro. La pregunta es inevitable:
¿Se diseñó para salvar vidas… o para exprimir bolsillos?
Radares sin mapa, decisiones sin transparencia
El contrato no define un listado público ni un mapa de ubicación de los nuevos radares. Su instalación y reubicación quedarán a “decisiones administrativas posteriores”, es decir, a discreción del gobierno. Sin criterios claros, sin participación ciudadana y sin controles visibles.
Esto abre la puerta a lo que históricamente ha ocurrido en otros estados: radares colocados en zonas estratégicas no por su peligrosidad, sino por su rentabilidad.
UDGTV lo expone; redes lo denuncian
La información difundida por Canal 44 (UDGTV) detonó una ola de críticas. El doctor Gabriel Torres fue directo en su señalamiento:
“$698 millones amarrados por contrato, sin importar si bajan los accidentes o no.
Un sistema listo para enviar 500 mil multas al año y cobrar con un click.
La vida no importa; prevenir tampoco, la recaudación sí.
No es seguridad vial, es el descarado regreso del #FotoNegocio”
Por su parte, Canal44TV sintetizó el hecho con crudeza informativa:
“El gobierno de Jalisco contrató a la empresa WCD S.A. de C.V. por casi 700 millones de pesos de aquí al 2030 para operar el servicio de instalación de radares y fotomultas en el área metropolitana.”
✍️ Liz Ortiz Tapia
¿Seguridad vial o negocio redondo?
Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve política y ética.
Porque cuando un gobierno:
• Compromete 700 millones de pesos sin cláusulas de desempeño,
• Diseña un sistema con capacidad para medio millón de multas al año,
• Permite la expansión automática del modelo durante todo el sexenio,
• Y no transparenta ni ubicación ni criterios,
la sospecha no es gratuita: el centro del modelo no es la prevención, es la recaudación.
Y detrás de la recaudación, siempre hay negocios.
Negocios para la empresa proveedora, que cobra pase lo que pase.
Negocios para intermediarios, integradores, proveedores de tecnología, plataformas de pago.
Y, como en otros episodios ya conocidos en México, posibles vínculos y beneficios cruzados entre funcionarios que autorizan, empresarios que ganan y sistemas que nadie audita en serio.
Un contrato que “amarra” al siguiente gobernador
El acuerdo reduce los márgenes de maniobra para cualquier revisión o replanteamiento de la política pública. El próximo gobierno recibirá un sistema ya comprometido, ya pagado, ya expandido, con un modelo que prioriza la automatización de la multa sobre la educación vial, la ingeniería urbana o la prevención real.
No es casualidad. Es diseño.
El viejo truco del “es por tu seguridad”
El discurso oficial será el de siempre: “salvar vidas”, “reducir accidentes”, “ordenar la movilidad”. Pero los números, los contratos y la arquitectura del sistema cuentan otra historia.
Una historia donde:
• La empresa gana fijo.
• El Estado paga fijo.
• El ciudadano es multado en masa.
• Y la prevención queda como coartada moral.
Conclusión: el #FotoNegocio vuelve, ahora con contrato blindado
Jalisco no está innovando en seguridad vial. Está reviviendo el viejo modelo de fotomultas como negocio, maquillado de modernidad tecnológica y envuelto en discurso preventivo.
Con 698 millones amarrados, 500 mil multas anuales como capacidad instaladay opacidad en ubicaciones, el mensaje es claro:
la caja registradora está primero; la vida, después.
Y mientras no se transparenten los vínculos, los criterios y los beneficiarios reales de este esquema, la sospecha seguirá siendo legítima:
no es política pública, es fotonegocio institucionalizado.
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