Por Iván García Medina
Mientras miles de jaliscienses marchaban este domingo desde la Minerva hacia Casa Jalisco para exigir agua limpia, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, se encontraba de vacaciones en España. La protesta, que durante horas fue mayoritariamente pacífica y familiar, terminó en enfrentamientos frente a la residencia oficial: vallas derribadas, objetos lanzados, gas lacrimógeno, chorros de agua y decenas de detenidos. El gobierno habló de “grupos ajenos” y reportó policías lesionados; los organizadores denunciaron represión y detenciones arbitrarias. En ambos relatos hay algo en común: la ausencia del funcionario que, por ley y por función, debería haber estado al centro de la conducción política del conflicto. Nadie cuidó la gobernabilidad del domingo.
Zamora es Ingeniero Zootecnista Administrador por la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene especialidad en crianza de ganado de carne por la Universidad Estatal de Colorado. Su trayectoria política es larga, alcalde reelecto de Tlajomulco, diputado local y federal, pero su formación académica no tiene relación con el derecho, la ciencia política, la administración pública o la gobernabilidad.
La Secretaría General de Gobierno no es un cargo de gestión pecuaria ni de medio ambiente municipal. Sus atribuciones centrales son conducir las relaciones institucionales del Ejecutivo con autoridades de los tres órdenes, partidos y sociedad civil; vigilar el cumplimiento constitucional y de derechos humanos; elaborar y presentar iniciativas, y refrendar las disposiciones del gobernador. Es el corazón político-institucional del gabinete.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco exige para ser secretario ser ciudadano mexicano, mayor de 25 años y contar con título y cédula profesional “preferentemente en la materia” o acreditar experiencia. En la práctica, la discrecionalidad del gobernador prevalece y el requisito de “preferentemente” se vuelve decorativo. El resultado es que un puesto de alta especialización puede ser ocupado por un perfil cuya educación formal no es compatible con las funciones que debe desempeñar.
No se trata de menospreciar la zootecnia ni de sostener que solo los abogados o politólogos pueden gobernar. Se trata de reconocer que la gobernabilidad es una disciplina. Entender el equilibrio de poderes, anticipar la escalada de un conflicto social, diseñar canales de interlocución, medir el costo político de la represión y coordinar una respuesta institucional coherente no se adquiere automáticamente por haber sido alcalde o por tener un título en otra área. La experiencia política es necesaria, pero no sustituye la formación básica en la materia.
La crisis del agua en la Zona Metropolitana, meses de líquido turbio, maloliente y con sedimentos; el reconocimiento oficial de una situación “como nunca antes”; el anuncio de tandeos por seis meses, es multifactorial. Hay fallas de infraestructura histórica, de inversión y de gestión del SIAPA. Sin embargo, la forma en que se gestiona políticamente esa crisis sí es responsabilidad directa del secretario de Gobierno. Que el titular del cargo esté de vacaciones en el extranjero el día de la mayor manifestación del año no es un detalle menor: es un síntoma de desconexión entre el perfil y la función.
La incapacidad académica y las crisis no siempre son causa y efecto en sentido estricto, pero sí están vinculadas cuando la persona encargada de la gobernabilidad carece de las herramientas formativas mínimas para ejercerla. Un gabinete con funciones altamente especializadas no puede seguir siendo el espacio de la discrecionalidad pura. La ley debería exigir requisitos claros de formación o de preparación acreditada en las materias del cargo. Mientras no lo haga, seguiremos viendo secretarios de Gobierno de vacaciones cuando la ciudad está en la calle, y crisis que se administran con gas lacrimógeno en lugar de con interlocución. El domingo nadie cuidó la gobernabilidad. Y no fue por casualidad.
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