Por Violeta Moreno Haro
El nombramiento de Héctor Pizano Ramos como secretario de Coordinación Territorial de Movimiento Ciudadano Jalisco no parece una decisión ornamental ni una concesión de cortesía interna. Se entiende mejor como una jugada de estructura. En un partido que acaba de completar la instalación de 100 comisiones municipales en el estado y que empieza a acomodar piezas rumbo a 2027, colocar a alguien con oficio político probado, lectura territorial y experiencia electoral en esa posición resulta, más que lógico, atinado.
La razón de fondo es simple: la operación territorial no se resuelve con entusiasmo ni con discurso. Requiere método, conocimiento del mapa, capacidad de interlocución y disciplina organizativa. Justo ahí encaja el perfil de Pizano. Su trayectoria combina formación jurídica y experiencia pública en varios niveles: ha sido coordinador distrital de la Comisión Local Electoral en Jalisco, síndico de Guadalajara, diputado local en dos legislaturas, presidente del Congreso del Estado, secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, director del Ipejal y hoy Procurador Social del Estado de Jalisco. No es un perfil improvisado ni de curva de aprendizaje inicial; es un operador que conoce tanto el territorio como la institución.
Por eso su llegada a esa secretaría puede leerse como una decisión de momento y de contexto. Movimiento Ciudadano Jalisco ya no está en la etapa de solo expandirse numéricamente; está en una fase de mayor densidad organizativa. La propia dirigencia estatal ha insistido en que las 100 comisiones municipales buscan traducirse en presencia activa, cercanía y trabajo de base en cada rincón del estado. En esa lógica, la Secretaría de Coordinación Territorial no es una oficina secundaria. Es una pieza clave para ordenar presencia, dar coherencia al despliegue municipal y evitar que la estructura quede solo en foto o inventario.
Hay además otro dato que ayuda a leer el momento de Pizano con más precisión. En paralelo a su responsabilidad como Procurador Social, recientemente fue electo presidente de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales de la República Mexicana para el periodo 2026-2028, en el marco del XXVI Congreso Nacional de Defensorías Públicas realizado en Jalisco. Ese nombramiento no pertenece al ámbito partidista, pero sí dice algo sobre su perfil: habla de reconocimiento técnico, interlocución nacional y confianza de pares en una materia tan delicada como el acceso a la justicia. Y eso, en política, también pesa.
Visto así, poner a Héctor Pizano en la coordinación territorial de MC Jalisco no solo suma experiencia; suma un tipo de operador que puede traducir estructura en eficacia. No llega a aprender el alfabeto de la política jalisciense, llega con archivo, con bagaje y con la capacidad de entender que un partido competitivo necesita organización real antes que simulación. Si además su trabajo al frente de la Procuraduría Social acaba de recibir un refrendo nacional en el ámbito de las defensorías públicas, la señal es todavía más clara: se trata de un cuadro que hoy combina oficio, resultados y una posición de confianza en dos planos distintos. Para una responsabilidad territorial, pocas cosas son más valiosas que eso.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
