Staff A Fondo.- Mientras la ciudadanía estaba fuera de oficinas públicas por el periodo de Semana Santa y Pascua, el Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura habría concretado en lo “oscurito” la adjudicación de más de 83 millones de pesos en contratos que hoy están bajo fuerte cuestionamiento.
La denuncia fue presentada por el diputado local Alberto Alfaro quien acusó directamente al gobierno municipal de ejecutar procesos de compra en días inhábiles, con oficinas cerradas y bajo condiciones que afirmó, vulneran la legalidad y la transparencia.
“Mientras las familias descansaban, el gobierno aprovechó el vacío institucional para concretar un madruguete financiero”, señaló.
Uno de los contratos más polémicos corresponde a más de 38.5 millones de pesosdestinados a un “servicio integral para los fans del Mundial”, que incluye actividades recreativas como futbolitos, bocinas y pinta-caritas.
El señalamiento no es menor: el gasto se considera fuera de prioridad frente a problemas estructurales del municipio como inseguridad, calles en mal estado y deficiencias en el suministro de agua.
Además, se advirtió que no existe claridad sobre los permisos o derechos relacionados con el uso de la marca del Mundial, propiedad de la FIFA lo que podría escalar a implicaciones legales de carácter internacional.
El segundo contrato observado asciende a cerca de 45 millones de pesos para la adquisición e instalación de luminarias.
Aunque se trata de una demanda legítima de la población, el legislador advirtió que el problema no es el fondo, sino la forma:
procesos acelerados, sin transparencia y con posibles sesgos en la adjudicación.
Esto ocurre subrayó, mientras desde el Congreso del Estado se gestiona una bolsa mucho mayor, cercana a los 950 millones de pesos, para modernizar el alumbrado público del municipio.
Entre las anomalías señaladas destacan:
- Procesos realizados en menos de 10 días, sin justificación legal.
- Registro de proveedores en días oficialmente inhábiles.
- Oficinas cerradas durante etapas clave del proceso.
- Restricción en la participación de empresas.
- Falta de transparencia y apego normativo.
- Presunta asignación a proveedores cercanos y algunos con antecedentes de sanción.
“No son errores administrativos, es un patrón que apunta a decisiones deliberadas fuera de la ley”, advirtió Alfaro.
Ante este escenario, el legislador anunció la presentación de una iniciativa formal, así como una denuncia ante la Contraloría Municipal para solicitar la nulidad de los procesos.
De no obtener respuesta, adelantó que el caso será llevado ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
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