Por Iván García Medina
Sigue la robadera en el colegio de notarios, ahora arreglan el examen para obtener la autorización de notario
En Jalisco la autorización para ejercer como notario público, el famoso fiat, sigue siendo, en la práctica, un privilegio de linaje y de cuotas políticas más que un premio al mérito. Las convocatorias que publica el Periódico Oficial y los exámenes que organiza el Colegio de Notarios se presentan como mecanismos de selección técnica y transparente. La realidad que ha documentado Jaime Barrera durante años es otra: procesos opacos, calificaciones manipulables y espacios que ya están preasignados antes de que se abra el sobre.
El caso más ilustrativo sigue siendo el de María Guadalupe Sánchez González (“Lupita”). En 2018 presentó el examen para obtener el fiat. Obtuvo una calificación de 60 por debajo del umbral de 80 que normalmente se exige para quedar en posición de competir y, al exigir la revisión mediante amparo, descubrió que le habían arrancado siete hojas que contenían 27 de sus respuestas abiertas. Un juzgado federal ordenó que se le reaplicaran esas preguntas. Después de años de litigios y tácticas dilatorias, volvió a examinar y aprobó. Hasta la fecha, sin embargo, no se le ha asignado la notaría que, según las propias reglas del concurso y las resoluciones judiciales, le correspondía. Mientras tanto, en las entregas de fiats de fin de sexenio se ha privilegiado a hijos y familiares de notarios en ejercicio y a personas con vínculos directos con el gobierno estatal en turno.
Se ha señalado con claridad el patrón: se convoca, se aplica un examen y se revisa “reputación y capacidad”, pero los espacios de la zona metropolitana las más codiciadas ya están reservados para quienes tienen padrinazgo. La mutilación del examen de Lupita no fue un accidente aislado; fue la evidencia más cruda de que el Colegio y las instancias de gobierno que autorizan los fiats pueden ajustar el resultado cuando no conviene. Las tácticas posteriores (negación de la mutilación a pesar de la resolución judicial, solicitudes de recusación de magistrados, dilaciones) refuerzan la percepción de que se busca agotar a quien no forma parte del círculo.
Esa lógica de casta, herencia profesional combinada con tráfico de influencias, esa que Jaime Barrera ha llamado reiteradamente “robadera”. No se trata solo de un caso individual. Es el diseño mismo del acceso: convocatorias que simulan competencia mientras se preservan las plazas para los de adentro, opacidad en la revisión de exámenes y ausencia de consecuencias reales para quienes mutilan pruebas o preasignan plazas. Mientras no se transparenten de verdad los procesos, se permitan revisiones sin necesidad de amparo y se priorice el mérito sobre el apellido o la palanca política, seguirán arreglando los exámenes para obtener la autorización de notario. Y la casta seguirá resistiendo.
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