Por Mtro Horacio Villaseñor
La narrativa oficial tiene listo el guion para la Copa del Mundo: Guadalajara como epicentro del orgullo global y la bonanza económica. Sin embargo, debajo de este urbanismo de vitrina se esconde una realidad mucho más fría: un severo mecanismo de despojo territorial. Impulsado por la expectativa de capturar al turismo que paga en dólares, el mercado inmobiliario local sufre una mutación salvaje. El inventario de vivienda tradicional está siendo retirado masivamente para migrar a plataformas de corta estancia como Airbnb. El resultado es un “desalojo silencioso” que expulsa a los tapatíos de las zonas centrales por pura especulación temporal.
Esta crisis es el clímax de una degradación histórica. La metrópoli padece una agresiva mercantilización donde el suelo se rezonifica a conveniencia para beneficiar a unos cuantos desarrolladores. Consolidamos así una dolorosa paradoja: una ciudad sumamente atractiva para las torres verticales, pero hostil e invivible para sus propios habitantes al marginar por completo la vivienda social. Al tapatío común se le condena a vivir en las orillas, desterrado del tejido urbano que sus propias familias construyeron.
Ante este escenario, la misión del Ayuntamiento no puede limitarse a colgar banderas y rendirle culto al render. Por mandato del artículo 115 constitucional, el municipio es el único con la facultad exclusiva sobre el uso de suelo y el ordenamiento territorial. Mientras los gobiernos estatal y federal se enfocan en la recaudación macro, es la autoridad municipal la que debe contener la presión que el turismo masivo ejerce sobre los servicios locales. El colapso ocurre en los barrios; por ende, la omisión también es su responsabilidad directa.
Sin gobernantes de buen talante, capaces de anteponer la empatía, la sensibilidad social y la altura política al beneficio de unos cuantos, la entropía social aumentará drásticamente. El desorden, la desconexión comunitaria y el resentimiento urbano terminarán por quebrar la cohesión de la ciudad. No seamos ingenuos: intentar frenar este impacto con burocracia analógica garantiza el fracaso. Regular el sofisticado negocio digital exige obligar a las plataformas, mediante convenios de interoperabilidad, a bloquear automáticamente desde sus algoritmos los anuncios que violen los límites legales.
Administrar una metrópoli exige algo más que maquillar fachadas para la foto de inauguración. Si el gobierno insiste en reducir su papel al de un simple conserje de lujo, encargado de limpiar el vestíbulo para los visitantes mientras ignora la expulsión de sus ciudadanos, estará firmando la autopsia de sus comunidades. Continuar con los brazos cruzados no es neutralidad, es complicidad institucional. Si el Ayuntamiento prefiere seguir tratando a la ciudad como una mercancía, las luces del estadio se apagarán, pero nos dejará una Guadalajara vaciada: un estéril parque temático donde los tapatíos ya no tendrán cabida, salvo para servir las mesas de la ciudad que alguna vez fue suya. ¡Ni hablar!
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