Por Laura Gutiérrez Franco
En el México de las mañaneras, los spots de los informes de gobierno de cada año como el que está próximo y los producciones audiovisuales millonarias con las que el oficialismo promociona la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum, el país marcha sobre rieles de miel sobre hojuelas. La narrativa gubernamental desembolsa fortunas presupuestales para vendernos una realidad edulcorada, donde las inversiones se multiplican, el bienestar desborda y la economía nacional funciona de maravilla. Sin embargo, basta con alejarse de la pantalla y poner un pie en la calle para constatar que esa costosa maquinaria publicitaria no es más que propaganda electoral mañosa diseñada para encubrir el deterioro operativo del país.
Mientras los informes de gobierno -con los que nos quieren engañar- presumen cifras no creíbles y un país de fantasía, la verdadera economía se toma con los libros contables en la mano y el termómetro de la inseguridad a la vista. La lectura actual del sector productivo destruye por completo el discurso del régimen: hay un evidente y profundo desánimo para seguir invirtiendo. La cautela defensiva se ha impuesto como la única estrategia de supervivencia frente a un entorno adverso que el aparato oficial se empeña en minimizar.
Indicadores de confianza empresarial según DataCoparmex. Fuente: Coparmex
Este preocupante diagnóstico quedó al descubierto con la revelación de las métricas de #DataCoparmex, la herramienta de medición del sindicato patronal que en la entidad encabeza Luis Arturo Beas Gutiérrez. Frente al derroche de la propaganda oficial, la fotografía de los datos duros es fría y contundente: en Jalisco, apenas el 26.9 por ciento de los socios considera que es un buen momento para invertir. Es decir, más del 73 por ciento de los empresarios han decidido congelar sus proyectos o mantener sus recursos a la defensiva ante la flagrante falta de certidumbre.
Esta cifra ubica a Jalisco en la posición número 11 a nivel nacional en el indicador de ánimo para invertir, una llamada de atención directa para una entidad que históricamente presumió encabezar el desarrollo económico del occidente. Estar fuera del top 10 confirma que el ecosistema local ha dejado de marcar la pauta en optimismo patronal, golpeado por la incertidumbre jurídica, la burocracia sofocante y, sobre todo, por el verdadero monstruo que la narrativa pública intenta tapar con el dedo: la violencia impune.
Operar hoy en día implica lidiar con un desproporcionado “impuesto criminal”. Mientras en los boletines se niegan las crisis, las PyMES y los grandes corporativos desvían valiosos recursos —destinados a la innovación, apertura de plantas o mejora de salarios— para pagar guardias privados, monitoreo por GPS, blindajes y seguros desorbitados ante el incesante robo de mercancías en carreteras y la extorsión a las cadenas de distribución. Ninguna campaña gubernamental de marketing puede ocultar que el crimen organizado se ha convertido en el socio incómodo del comercio en México.
El impacto social de esta brecha entre la propaganda engañosa y la realidad es acumulativo. Cuando más del 70 por ciento de las unidades productivas locales frenan sus planes de expansión porque no le creen al discurso de paz y prosperidad, el mercado pierde su capacidad de absorción laboral, provocando la pérdida de registros patronales y arrojando a miles de trabajadores a la informalidad.
Como reflejo inevitable de este clima adverso —y como ya hemos analizado al revisar el drástico tijeretazo en las previsiones de empleo formal de Coparmex Jalisco—, la contratación de plazas laborales es el último eslabón que termina por fracturarse. Por más millones de pesos que el gobierno gaste en películas promocionales, spots mañosos e informes de fantasía, la realidad siempre termina imponiéndose. Si las autoridades en los tres niveles no devuelven la seguridad a las carreteras y negocios, las intenciones de inversión continuarán congeladas y el mentiroso optimismo oficial terminará de derrumbarse ante los ojos de los ciudadanos.
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