Por Iván García Medina
El gran fracaso de Carlos Aguirre no es solamente haber fallado, por segunda ocasión, en su intento por impulsar la designación del secretario ejecutivo del IEPCEJ. El problema verdaderamente relevante es institucional.
Un consejero electoral está obligado a preservar no sólo su independencia frente al poder político, sino también la apariencia de imparcialidad indispensable para generar confianza pública. Cuando una designación de esta importancia comienza a percibirse como una operación política, el daño trasciende a quien la promueve: compromete la credibilidad del propio Instituto.
Hasta hace dos días parecía que Aguirre había conseguido los apoyos necesarios entre las consejeras. Sin embargo, las filtraciones a medios sobre una deliberación que correspondía procesar institucionalmente terminaron por evidenciar y, finalmente, frustrar la operación.
El episodio resulta todavía más delicado por la relación que necesariamente mantiene el Instituto con el Gobierno del Estado para discutir asuntos tan sensibles como su presupuesto. Precisamente por ello, cualquier señal de cercanía, complacencia o intercambio político debe evitarse escrupulosamente. La autonomía electoral no sólo debe existir jurídicamente: debe ser visible y verificable en la conducta cotidiana de quienes integran el Consejo.
Por eso el fracaso de esta operación no debería analizarse como una simple derrota personal de Carlos Aguirre. La pregunta de fondo es otra: ¿hasta dónde puede involucrarse un consejero en la construcción política de una designación sin comprometer la independencia que está obligado a representar?
En un organismo electoral, los consejeros no están para agradar al gobierno, construir mayorías personales ni desempeñarse como operadores políticos. Están para garantizar imparcialidad, legalidad y autonomía.
Ese es el verdadero problema que este episodio vuelve a poner sobre la mesa.
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