Por Laura Gutiérrez Franco
La maniobra fue tan descarada como predecible: dinamitar una protesta justa desde adentro para que la nota del día no fuera el agua mugrosa que sale de las llaves tapatías, sino las pedradas y las vallas derribadas. Sin embargo, el intento por ahogar el reclamo ciudadano en la marea del vandalismo chocó de frente con una postura firme que devolvió el debate a su lugar: la de Coparmex Jalisco, un organismo empresarial que, fiel a su tradición de sacar la cara no solo por sus agremiados sino por el tejido social de la entidad, le puso nombre y apellido a la indignación general.
El pronunciamiento del sindicato patronal fue directo al grano. Mientras la narrativa oficial intentaba meter a todos en el mismo costal para justificar el descontrol, Coparmex fijó una raya clara: rechazo total a las agresiones, solidaridad absoluta con las familias que marcharon por su derecho al agua y una exigencia tajante para que la violencia no se vuelva a repetir.
Porque la violencia no resuelve un solo problema técnico del SIAPA, no limpia las tuberías ni le devuelve la dignidad a los hogares; solo destruye, desvía la atención y favorece a los irresponsables que prefieren el caos sobre la rinde de cuentas.
La marcha del domingo era una muestra ejemplar de civilidad. Miles de tapatíos salieron a las calles de forma pacífica, con sus hijos y sus adultos mayores, a exigir soluciones inmediatas ante un problema vital que el Gobierno del Estado no ha sabido atajar con la prisa que la crisis exige.
El trayecto de la Minerva a Casa Jalisco fue un ejercicio legítimo de exigencia ciudadana. La tragedia sobrevinieron cuando irrumpieron los grupos de choque: provocadores profesionales, embozados y mercenarios de la política que llegaron a reventar el movimiento, golpear policías y destrozar infraestructura, logrando que los ciudadanos de a pie terminaran atrapados entre el gas, los golpes y la zozobra.
Por eso resulta imprescindible el llamado de Coparmex Jalisco a detener la polarización. El sector empresarial entiende mejor que nadie que sin certeza, sin servicios básicos de calidad y sin paz social, el desarrollo de la región se paraliza.
Permitir que grupos radicales o intereses partidistas secuestren las causas populares para generar desestabilización es un lujo que Guadalajara no se puede permitir. La exigencia es doble y no admite evasivas: se debe investigar y castigar con todo el peso de la ley a los porros que operaron la violencia, pero bajo ninguna circunstancia se puede utilizar la gresca como pretexto para archivar los reclamos contra el SIAPA.
Las familias tapatías siguen esperando agua limpia en sus casas. La violencia de unos cuantos encapuchados no tapa la incapacidad institucional ni borra la deuda del Estado con la ciudadanía.
Es momento de que las autoridades dejen las excusas, escuchen el llamado sensato del sector productivo y la sociedad civil, y entiendan de una buena vez que a la gente no se le responde ni con gases ni con demagogia, sino con respuestas en la llave de su casa.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
