Por Horacio Villaseñor
En Guadalajara, los ciudadanos salen a exigir agua potable y el gobierno les responde con chorros a presión. El gobernador admite que hubo excesos. Ahora falta saber quién dio la orden y quién va a pagar las consecuencias. Hay imágenes que retratan a un gobierno mejor que cualquier discurso. La marcha por el agua limpia en Guadalajara dejó una de ellas: ciudadanos que exigían un servicio público esencial y equipos de Protección Civil y Bomberos utilizados para lanzarles chorros de agua a presión frente a Casa Jalisco. El gobierno no ha podido garantizar agua de calidad, pero sí encontró cómo utilizar las mangueras contra quienes reclaman ese derecho. El problema no es solamente el operativo. Es la distorsión de una institución cuya misión es proteger vidas, prevenir riesgos y atender emergencias. Los bomberos no son un cuerpo antidisturbios ni sus equipos deben convertirse en instrumentos de contención política. La pregunta es elemental: ¿quién autorizó utilizar a los bomberos contra ciudadanos que exigían agua limpia?No se trata de una discusión menor. Los artículos 14 y 16 de la Constitución establecen principios fundamentales de legalidad para la actuación de las autoridades. Ningún servidor público puede actuar al margen de sus atribuciones. Por eso, lo ocurrido exige castigos ejemplares, por acción y por omisión y, para ello una investigación que determine quién dio la orden, quién la ejecutó y qué mandos autorizaron o permitieron el operativo. El gobernador Pablo Lemus reconoció públicamente que hubo excesos. Bien. Pero reconocerlos no equivale a asumir responsabilidades. Tampoco basta con lamentar lo sucedido, ofrecer explicaciones o esperar que el escándalo desaparezca de la conversación pública. Si hubo excesos, debe haber consecuencias. La investigación debe establecer las responsabilidades de cada participante, desde quienes operaron las mangueras hasta quienes dieron las instrucciones y los superiores que pudieron haberlas autorizado o tolerado. Si se acreditan faltas administrativas, las sanciones deberán corresponder a su gravedad. Cuando proceda, podrán incluir la destitución y la inhabilitación; si existen indicios de delito o personas lesionadas, deberá intervenir la Fiscalía competente. La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla sanciones por conductas como el abuso de funciones, pero su aplicación requiere investigar y acreditar los hechos. No se trata de condenar sin pruebas, sino de impedir que el poder público se proteja a sí mismo mediante el silencio y la impunidad. La Contraloría debe investigar y las autoridades competentes deben resolver. La ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados, las sanciones y las medidas para evitar que algo semejante vuelva a ocurrir. Porque aquí está la contradicción que el gobierno no puede explicar con discursos: mientras la gente sale a la calle a exigir agua limpia, la autoridad utiliza las mangueras de los bomberos para responderle. El agua que falta en las casas no puede sobrar en los operativos contra la ciudadanía. La protección civil tiene una misión que no admite confusiones: salvaguardar la vida, no ponerla en riesgo cuando las personas ejercen su derecho a manifestarse. Lemus reconoció los excesos. Ahora tiene que demostrar que su gobierno no confunde reconocer un error con resolverlo. Sin investigación transparente, responsabilidades y garantías de no repetición, sus declaraciones serán solamente eso: palabras. Porque para lanzar agua a presión sí hubo capacidad de respuesta. Para garantizar agua limpia, todavía hay una deuda. Y si no hay consecuencias del tamaño del daño efectuado a la sociedad y a las instituciones, será lo mismo de siempre, puro cuento.Ni hablar.
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