La opinión del Mtro Horacio Villaseñor
En la política metropolitana hay una maña tan vieja como perversa: manipular el lenguaje para diluir la responsabilidad. Frente a la emergencia cotidiana de miles de familias en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la narrativa oficial presenta el colapso del agua como un «reto de infraestructura», un «desafío técnico» o un efecto más del cambio climático. Nos piden paciencia y nos proponen resiliencia, como si el agua turbia, maloliente o de plano inexistente que sale, o no, de los grifos fuera un castigo divino al que hay que acostumbrarse.
Hay que ser categóricos frente a la trampa del eufemismo: esto no es un reto, es una crisis. El verdadero reto institucional era haberla evitado.
Hablar de un «reto» sugiere un escenario inédito, ante el cual la autoridad reacciona con heroísmo y buena voluntad. Pero la descomposición del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no ocurrió de la noche a la mañana. Es la consecuencia previsible de más de una década de advertencias ignoradas, mantenimiento diferido y obras subterráneas postergadas en favor del gasto en imagen y de los proyectos de relumbrón. Durante años, los diagnósticos sobre la obsolescencia de las plantas potabilizadoras, las fugas masivas en tuberías vetustas y la contaminación de las fuentes de abastecimiento estuvieron sobre las mesas de decisión. Y en esas mesas, durante los últimos 11 años, ha estado una misma figura política: el hoy gobernador Pablo Lemus.
Hagamos la suma mínima de la memoria metropolitana: seis años como presidente municipal de Zapopan, casi tres al frente de Guadalajara y lo que va de su gestión como titular del Ejecutivo estatal. No hablamos de un observador externo ni de un funcionario menor que acaba de heredar una oficina desconocida. Como alcalde de los dos municipios con más población, más riqueza y más usuarios del SIAPA, Lemus participó en las decisiones, conoció los balances del organismo, recibió las denuncias ciudadanas por agua “chocolatada” e insalubre y tuvo acceso a las alertas presupuestales del sector hídrico. El argumento del “acabamos de llegar”, “lo estamos atendiendo” o “la federación debe ayudar”, carece de todo sustento.
Gobernar Zapopan y Guadalajara durante casi nueve años significa haber administrado el corazón económico y social del estado. Significa también haber tenido el peso político y presupuestal para exigir la reestructuración del SIAPA, fiscalizar sus recursos, frenar la expansión urbana sin servicios garantizados y hacer de la calidad del agua una prioridad de salud pública.
Se optó, en cambio, por la omisión sistemática. Fue más rentable inaugurar la superficie, obras de o para espectáculo, que reparar las entrañas de la ciudad, aunque por las tuberías circulara una crisis silenciosa que tarde o temprano iba a estallar en la bañera, el fregadero y la cocina de las familias tapatías. Enterarse, callar y postergar también es gobernar, pero es gobernar por omisión consciente, es ¡ser sinvergüenza!
Hoy el agua potable ha dejado de serlo en decenas de colonias, y los hogares pagan tarifas elevadas por un servicio pésimo y además gastan en garrafones y pipas privadas. La responsabilidad ya no puede diluirse en dictámenes técnicos ni en culpables del pasado.
La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara no es un imponderable de la naturaleza ni un desafío técnico pendiente en la agenda. Es el expediente abierto de 11 años de poder, 11 años de alertas sobre el escritorio y 11 años de omisión política. Ni hablar.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
