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Cd. de México. – 28 de agosto de 2019

Posicionamiento del Foro Nacional de Periodistas

Una nueva amenaza contra la libertad de expresión y el periodismo libre aparece en el horizonte legislativo de México; el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo anunció con desparpajo y sin el menor respeto que van en contra de los medios de comunicación porque los consideran un obstáculo para su proyecto político en las elecciones del 2021 y el 2024.

México ya no solamente es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en el mundo, ahora también es una nación donde desde el gobierno se pretende acotar libertades y se anuncia la intención de “desmantelar” medios de comunicación que alcen la voz y establezcan críticas al gobierno en turno.

El diputado del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez no dejó dudas en torno a la intención de atacar a la prensa libre y a quienes, en uso de un derecho legal y reconocido universalmente, ejercemos el periodismo.

En México se han asesinado diez periodistas este año, esa cifra supera las del año pasado; eso no merece ningún comentario o iniciativa del Partido del Trabajo, pareciera que para ellos la Libertad de Expresión es un estorbo y los periodistas no necesitan la salvaguarda del Estado para garantizar su integridad física y el ejercicio de un periodismo libre, sin ataduras.

El Legislador cita la intención de su bancada de “regular” medios de comunicación y también utiliza expresiones como la de “desmantelar” los poderes fácticos ante la posibilidad que se conviertan en un instrumento que puede apoyar a la derecha en los siguientes dos procesos electorales. Esa es una visión reduccionista, electorera y antidemocrática.

Expresiones como “regular” solamente esconden la intención de limitar la libertad de expresión y acallar voces opositoras al régimen en turno; eso es atentar contra la tradición democrática en México; la regulación a través de leyes es la manifestación clara de llegar a un Estado totalitario donde los derechos fundamentales son restringidos con el afán de proteger a un régimen gubernamental de la crítica y la observación periodística.

Más peligroso resulta escuchar que van a “desmantelar” medios de comunicación por la línea editorial que manejan: eso no solamente es un retroceso a todo lo que se ha logrado en materia de periodismo y medios de comunicación en México, es también la intención de criminalizar la crítica, de someter a los medios de comunicación y periodistas a seguir un guion dictado desde el poder.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. rechaza esa intención restrictiva, en el entendido que la libertad no puede regularse a capricho de una ideología política en particular y menos cuando quienes lo proponen lo hacen bajo argumentos eminentemente electorales y no fundamentados en una auténtica realidad social.

La iniciativa del Partido del Trabajo, también la rechazamos por ser lesiva a los intereses de los ciudadanos quienes tienen derecho a recibir información de la más diversa pluralidad y con ella tomar sus decisiones sin acotar sus opciones, no es democrático limitarlos a expresiones periodísticas que solamente atiendan la postura gubernamental, eso es más desinformación que información.

Rechazamos este intento totalitario y dictatorial del Partido del Trabajo porque atenta directamente la Libertad de Expresión, buscando que solamente la opinión gubernamental permanezca sin permitir su escrutinio y discusión pública.

La expresión del gobierno es válida, pero no es la única y no siempre atiende a la verdad, por ello es importante el análisis de los medios de comunicación y los periodistas; se hizo antes y debe seguir haciéndose ahora porque justamente eso permitió descubrir yerros gubernamentales en el pasado, alertar sobre actos de corrupción y generar en la sociedad un deseo de cambio que cristalizó en una copiosa votación que llevó al poder a los que ahora no les gusta lo que antes les benefició.

Está claro que la iniciativa no dimana de una necesidad expresada mayoritariamente por los mexicanos, no lleva la intención de engrandecer a la sociedad, en todo caso es simplemente una intención minoritaria de un partido político que tiene representatividad legislativa gracias a su capacidad mimética para hacer alianzas coyunturales.

Si el Partido del Trabajo quiere evitar las críticas, el camino es fácil: cumplir las expectativas que los mexicanos esperan del gobierno; están equivocados si creen que serán los medios de comunicación los que definan las elecciones por venir, esa es una prerrogativa que corresponde exclusivamente a los ciudadanos quienes, por medio de su voto, libre y secreto, establecen sus preferencias electorales y aprueban o rechazan determinada propuesta de gobierno.

No debemos olvidar que el presidente Andrés Manuel López Obrador citó en su mensaje del 1 de julio del 2018 que no se convertiría en un dictador, pero iniciativas como la que propone el PT, un partido que lo apoyó electoralmente, lo lleva en esa dirección y por ello con todo el respeto que merece su investidura se le solicita no apoyar este tipo de manifestaciones legislativas dictatoriales, totalitarias, antidemocráticas y atentatorias a la Libertad de Expresión del pueblo.

Atentamente

Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.

Rafael Cano Franco

Presidente

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- COVID-19 en Palacio, una crisis de seguridad nacional que no se evitó

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Carlos Ramírez*

En su agenda nacional de riesgos de 2016 –gobierno del presidente Peña Nieto–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) delineó los trece temas centrales que tenían que ver con la estabilidad interior de la república y, por tanto, sin decirlo, los aspectos que referían la existencia del Estado mexicano; y en el número 7 fijo el tema del sistema de salud y las epidemias.

La infección del presidente de la república con el virus del COVID-19, en consecuencia, siempre fue un asunto de seguridad nacional del Estado; sin embargo, en las esferas que tienen que ver con la seguridad nacional nunca pudo permear el hecho de que había que proteger al jefe del Estado y del gobierno del contagio, porque, en el mejor de los casos, una contaminación presidencial iba a minar las bases de las certezas políticas nacionales con el tejido social de la estabilidad.

Y si bien el presidente López Obrador no fue un funcionario cooperativo con los enfoques de seguridad, en su entorno debieron ejercerse las funciones de autoridad institucional que siempre existen por encima del poder absolutista de la presidencia de la república. El secretario de Salud, el subsecretario de Salud y la secretaría de Gobernación carecieron de enfoques, decisión, autoridad y principios institucionales para someter al presidente a una disciplina sanitaria indispensable a su alto cargo.

La imagen del presidente López Obrador invulnerable al virus cuando aparecía sin cubrebocas en lugares aglomerados fue, en política, un factor de certeza social ante una población afectada por los casi dos millones de infectados y los casi 150,000 muertos; era, en sí misma, una imagen de confianza en una sociedad dependiente de los símbolos esotéricos del poder. El razonamiento era sencillo: si el presidente de la república era ajeno a la infección, entonces no todo estaba perdido.

Ahora viene el mensaje contrario. Sin conocerse a fondo los efectos reales de la infección en el cuerpo del presidente de la república, la sociedad va a mirar, con espanto, que nadieestá ajeno y que se hacen necesarias, ahora sí, decisiones de autoridad real: confinamiento, toque de queda, apoyos económicos a la planta productiva y el empleo. Asumir, en realidad, que el COVID-19 es una plaga que está destruyendo las bases institucionales, sociales y políticas del Estado y de la sociedad, lo que cualquier principiante de estudios de seguridad nacional podría ofrecer como primer corte sobre el virus.

Ahora debe venir un análisis severo de los funcionarios de segundo nivel que fallaron: la jefa de gobierno de la CDMX, los gobernadores y las autoridades del gabinete que no supieron, no pudieron o no lograron convencer al presidente de la república que el virus obligaba a un confinamiento institucional total y a un esfuerzo del Estado para apoyar con recursos presupuestales a los afectados. No se suspendieron labores económicas porque Hacienda nosupo fijar una narrativa de emergencia para ayudar a la planta productiva y el empleo y el funcionamiento irresponsable de las actividades económicas, sociales y productivas convirtieron una epidemia en una verdadera plaga sin control.

La falta de una agenda de riesgos para identificar posibles afectaciones a la seguridad nacional y la estabilidad social de la república y la carencia de instrumentos de autoridad –el congreso es una oficina no sólo irresponsable, sino inútil— para crear las circunstancias de un aparato de Estado que no dependa del presidente de la república han llevado al país a la orilla de un abismo inesperado, aunque de muchos modos previsto.

El problema no radicará en que la afectación del presidente de la república sea leve y en un par de días se vea de regreso a las conferencias matutinas, sino que queda instalado en la estructura desarticulada de un Estado presidencialista que de manera paradójica tampoco tiene mecanismos de emergencia para funcionar sin el presidente en turno. Ante la afectación de la salud presidencial el menor de los problemas era conducir las conferencias de prensa, sino crear mecanismos institucionales de funcionamiento del Estado.

La crisis del Estado mexicano por el virus en la salud del presidente de la república se exhibe en la ausencia de una estructura institucional para seguir operando la república. A dos años de gobierno el Centro Nacional de Inteligencia está desaparecido, la agenda de riesgos no existe y el virus como un elemento distorsionador de la estabilidad nacional carece de razonamientos de emergencia institucional.

 

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Política para dummies: La política, al final, siempre termina con el “se los dijeron”.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Agenda México-EE. UU. (1): narco como seguridad nacional y soberanía

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Carlos Ramírez*

 

A Jorge Suárez Vélez y

a la memoria de la tía Tere

Si en el gobierno del presidente Joseph Biden van a regresar los viejos halcones de la política de inteligencia, seguridad nacional y espionaje, entonces el narcotráfico será en los próximos cuatro años el problema número uno en las relaciones de la Casa Blanca con Palacio Nacional.

Los otros temas de la agenda –cambio climático, comercio internacional, migración centroamericana y mexicana, inestabilidad geopolítica en América Latina y el Caribe, penetración de China, Irán, Rusia y Corea del Norte en la región y el ciclo populista– pasarán a segundo término. En esa agenda la Casa Blanca suele no negociar con los países involucrados.

En las primeras semanas podrían conocerse los marcos de referencia de las agencias de seguridad en el sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca y el margen de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional. A nivel de gobierno operan las estructuras de alta burocracia en el área de inteligencia, seguridad nacional y defensa.

Los responsables de esas áreas regresarán a recuperar el espacio de reflexión, inteligencia y acción que les negó el presidente Trump por desconfianza y porque sólo saben operan en lógicas intervencionistas y bélicas, en tanto que él como empresario prefería el campo de batalla del comercio y la economía. En los cuatro años de gobierno Trump tuvo a cinco jefes de inteligencia nacional –la oficina que coordina y de manera supuesta controla a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares– y cuando consejeros de seguridad nacional, ambas dependientes de manera directa de la Casa Blanca.

La agenda de narcotráfico EE. UU.-México se mueve en tres parámetros: la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente en turno, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Estrategia de Control de la Frontera Sur. Las tres son injerencistas. Y el presidente Biden envío ya un mensaje codificado; la designación de la embajadora Roberta Jacobson –el último año de Obama y los dos primeros de Trump– como czar de la frontera México-EE. UU., aunque adscrita a la oficina de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional. La primera clave se localiza en la función no policiaca sino estratégica-política de la funcionaria.

La estrategia de la Casa Blanca en el tema del narco tiene dos puntos fundamentales: el combate a las adicciones dentro de los EE. UU. y la persecución de los cárteles en sus madrigueras de sus países de origen. En este escenario se deben analizar las relaciones de seguridad de Washington con Ciudad de México: el papel de la DEA dentro de México, ahora mismo en operaciones oficiales y secretas para atrapar y llevarse a los EE. UU. al Mencho, presunto jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y responsable en el Cártel de Sinaloa del área de drogas sintéticas de fentanilo que están matando a consumidores estadunidenses.

De ahí que buena parte de las relaciones bilaterales se vayan a redefinir en el tema del narco en dos campos: el de la cooperación mexicana para permitir el funcionamiento de la DEA sin restricciones –aunque cuidando no cometer errores como el del general Salvador Cienfuegos Zepeda– y el de las nuevas relaciones entre los ejércitos de los dos países y ahora con el dato mayor de que el secretario de Defensa de la Casa Blanca es un general que tuvo hasta hace poco mandos operativos en Irak y Afganistán y con poca experiencia en el manejo de la burocracia civil y sobre todo legislativa.

Si los EE. UU. han otorgado al tema del naco un rango de seguridad nacional estratégica, en México el tema del crimen organizado se mira como policiaco. Sin embargo, el impulso desde la Cancillería mexicana a reformas a la Ley de Seguridad Nacional para meter en cintura a los agentes antinarcóticos estadounidenses significó un salto cualitativo al asumir las relaciones de seguridad con nuevos marcos referenciales de una doctrina de seguridad nacional estratégica de México para salirse del paraguas condicionante de la seguridad nacional de los EE. UU.

En este sentido, las nuevas relaciones México.EE. UU. en la agenda López Obrador-Biden son más estratégicas que policiacas, tienen que ver con la soberanía y por primera vez involucran las doctrinas de Estado en defensa nacional, autonomía militar y, sobre todo, control estricto sobre la soberanía ante los abusos de las agencias de espionaje de Washington.

 

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Política para dummies: La política es un juego del gato y el ratón, donde la clave está en el perro.

 

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Nacional

Brújula Pública- Despropósitos de información

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Las conferencias matutinas que ofrece el presidente López Obrador sirven para informar a la población de las actividades de gobierno, pero se desvirtúan en cuanto comienza a denostar a quienes disienten de su forma de gobernar.

La narrativa utilizada se mezcla, entre el contenido informativo de las acciones de gobierno y lo conduce al campo político, pero incluso, la escritora Elena Poniatowska ha afirmado que ese ejercicio de comunicación ha provocado hartazgo, irritación, confrontación y consideró que resultan innecesarias.

En democracia un ejercicio informativo es necesario y se inserta en la función de Estado de la transparencia, hoy en riesgo de desaparecer a conveniencia.

Es a conveniencia debido a que se utiliza para no informar sobre acciones específicas de gobierno, como la reserva de información por un periodo de tiempo determinado sobre el operativo de detención de Ovidio Guzmán, la información relativa a la contratación sin concurso o a la contratación de vacunas para COVID19.

La información que producen las instituciones del Estado mexicano es elaborada por los servidores públicos, cuyos sueldos y recursos materiales para su elaboración, son pagados con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso. A su vez, los recursos aprobados por el Congreso provienen de los impuestos, multas, aprovechamientos, derechos y demás ingresos recaudados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno solo administra los recursos pero no es el dueño de la información.

Por la trascendencia que representa es de interés público conocer los pormenores del operativo que derivó en la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, las razones por las cuáles se opta por priorizar los contratos por asignación directa a los concursos públicos, o bien, el contenido de los contratos para comprar vacunas.

El argumento de austeridad para suprimir la institución de Estado de la transparencia, no se sostiene por sí sólo y es de pobre calidad. Es como si se pretendiera suprimir la salud o la educación públicos por el costo al erario que representa. Ambas se tratan de funciones derivadas de derechos humanos.

Pretender derogar la función de información, sólo aumentará el flujo de información en redes sociales de contenidos que sean sensibles para la presente administración.

Abriría demandas ante la Corte, porque se estaría suprimiendo el derecho humano a la información. Esto en el plano nacional.

En el plano internacional, la comunidad y organismos internacionales no verían con buenos ojos esta medida, debido a que se faltaría a la certeza en las inversiones o compromisos internacionales.

En síntesis no conviene a nadie suprimir la función de información.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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