Por Iván García Medina
El que confunde la gimnasia con la magnesia es el diputado federal y actual dirigente del Partido del Trabajo en Jalisco (PT), José Luis Sánchez, quien pretende curarse en salud frente al historial que arrastra desde hace mucho tiempo.
Recordemos que todo este tema mediático se detonó tras exhibirse en Mural que su allegado y actual diputado local Leonardo Almaguer tenía antecedentes penales.
A partir de ahí, el caso se extendió hacia el propio José Luis Sánchez, y no es menor. En días recientes se ha hecho público, tanto en medios nacionales como locales, un presunto fraude cometido, según versiones periodísticas contra un empresario. De acuerdo con lo publicado en una columna de Excélsior, Sánchez, apoyado por dos personajes que actualmente son diputados locales, habría ofrecido en venta un terreno con un valor de 75 millones de pesos, recibiendo como “amarre”cinco millones de pesos.
El problema es que los personajes mencionados no tenían facultades legales ni acreditaron que la propiedad estuviera a su nombre.
A continuación, hago un compendio de lo que distintos medios han publicado sobre José Luis Sánchez, no ahora, sino desde hace tiempo. Por ello, el dirigente y legislador no puede escudarse en que estas críticas sean producto de un episodio aislado o de una coyuntura reciente.
Esto es lo que dicen los expedientes del diputado del PT
En política hay dos tipos de biografías: las que se cuentan en tribuna… y las que aparecen en la hemeroteca.
El diputado federal del Partido del Trabajo,José Luis Sánchez González, ha sido objeto de diversas publicaciones periodísticas que refieren la existencia de denuncias y expedientes judiciales en su contra.
No es una afirmación editorial.
Es información publicada.
Por ejemplo, el diario Milenio difundió una nota titulada “Legislador aliado de Morena, José Luis Sánchez, acumula 16 expedientes”, en la que se señala que el diputado tendría expedientes abiertos en Jalisco y Nayarit por diversos conflictos legales.
Por su parte, el periódico Mural publicó una nota bajo el encabezado “Líder del PT arrastra más antecedentes además de denuncias”, donde se mencionan señalamientos presentados ante fiscalías estatales.
Repetimos: esto es lo que publicaron medios formales.
No es una sentencia judicial.
No es una acusación formulada aquí.
Es información difundida en la prensa.
Y ahí comienza la parte incómoda.
Cuando un ciudadano común enfrenta denuncias, el impacto social es inmediato. Cuando un diputado aparece reiteradamente en notas que hablan de múltiples expedientes, el estándar debería ser más alto, no más bajo.
La pregunta no es si las denuncias existen.
La pregunta es: ¿cuál es su estado procesal?
Porque si los expedientes están archivados, la aclaración pública fortalecería su posición.
Si fueron desechados, la transparencia lo beneficiaría.
Si continúan en trámite, la ciudadanía tiene derecho a saberlo.
El artículo 6º constitucional reconoce el derecho humano de acceso a la información, y la Suprema Corte ha sostenido que los funcionarios públicos deben soportar un umbral de crítica mayor que el ciudadano promedio.
Es decir: quien ejerce poder debe tolerar el reflector.
Aquí no se está declarando culpabilidad.
Se está señalando un hecho verificable: existen publicaciones periodísticas que mencionan expedientes y denuncias vinculadas al diputado.
Y cuando los medios hablan de “16 expedientes” o de “antecedentes y denuncias”, el silencio institucional no desactiva la conversación.
La alimenta.
En un contexto donde se exige probidad absoluta a servidores públicos de bajo nivel, resulta legítimo preguntar si el estándar moral para un legislador federal es distinto.
¿No debería ser más alto?
La política mexicana ha normalizado algo preocupante: que la existencia de denuncias se convierta en ruido pasajero. Pero la memoria digital no es pasajera.
Google no prescribe.
Y mientras el diputado conserve su curul en San Lázaro, la pregunta seguirá vigente:
¿Transparencia total, o transparencia selectiva?
Eso, exactamente eso, es lo que dicen los expedientes.
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