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Gabriel Torres Espinoza*

Es cierto, en Jalisco no es habitual una protesta como la que ocurrió el cuatro de junio de 2020. Aunque ya en 2004, los globalifóbicos protagonizaron un episodio muy similar. También es cierto que ocurren decenas de crímenes cada semana que no sacan a las calles a cientos de personas, como sucedió en esta peculiar ocasión. Esta vez, la protesta se organiza en las redes sociales, y detona con violencia en la puerta del palacio de gobierno. El caso de Giovanni López es uno de esos cientos de homicidios impunes que pesan sobre Jalisco. Pero esa normalización de la violencia parece que llegó a tope en la tolerancia social. El cuatro y el cinco de junio acudieron organizaciones e individuos dispuestos a manifestarse, incluso en medio de una pandemia. También se dieron cita infiltrados y agitadores profesionales que responden a consignas y agendas político-ideológicas, como en casi todos los movimientos sociales relevantes.

El conocimiento público masivo de la ejecución de Giovanni López, a cargo de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, agitaron la indignación de la sociedad jalisciense e hicieron constatable una trágica y constatable realidad entre las instituciones que son responsables la delicada función de ofrecer seguridad –tanto en el orden municipal como estatal– y procurar justicia en Jalisco. La responsabilidad de este asesinato no sólo recae en la corporación policial de un municipio, sino en la deliberada impunidad que obtuvo por un mes, por omisión de la Fiscalía del Estado: los elementos de seguridad municipales vinculados a este sanguinario caso siguieron en funciones –en su debido momento ni siquiera fueron separados del cargo–, a pesar de que el delito de homicidio doloso amerita prisión preventiva oficiosa.

El segundo día de manifestaciones (5 de junio), la circunstancia terminó por revelar un problema más complejo, exclusivamente inherente a Jalisco. Policías investigadores (exclusivamente ellos) incurrieron en la ‘desaparición forzada’ de jóvenes, con métodos propios de una organización criminal, a pesar de que éstos ejercían sus derechos humanos fundamentales y constitucionales, como la libre manifestación de ideas, la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión. Según lo dicho por el titular de la Fiscalía de Jalisco, a los jóvenes los detuvieron policías investigadores, “violentando todas las normas constitucionales y de derechos humanos”. Es importante destacar que el delito de ‘desaparición forzada’ no implica necesariamente el asesinato de una persona o su desaparición indefinida.

De forma que las protestas cobraron fuerza debido a un clima de impunidad que lleva años acumulando malestar social. Resulta innegable la grave crisis en el sistema de procuración e impartición de justicia en Jalisco, que son el origen y la causa de este justificado mal humor social y de las protestas que surgen por la ineficacia -comprobada ahora- con que operan estas instituciones. La exigencia pública sobre el gobierno debe evitar ser reduccionista: no sólo debe resolverse a la brevedad el ineludible e inaplazable deslinde de responsabilidades, sino la urgente y necesaria ‘refundación’ y depuración de la Fiscalía y del Poder Judicial en Jalisco.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

El partido ¿de Kumamoto?

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Gabriel Torres Espinoza

Que el movimiento ‘Wikipolítica’ se constituyera en un partido político representó un acierto. A final de cuentas, en los hechos, los ‘wikis’ parecían más un instituto político en el proceso electoral de 2017-2018 (que abanderaba a sus candidatos con el distintivo logo del ‘arbolito’) que un movimiento independiente. En no pocas ocasiones, los movimientos político-sociales son la antesala de un partido. Morena (en México) y Podemos (en España), son tan solo un claro ejemplo de lo anterior. 

Pero no puede dejar de observarse las contradicciones ideológicas en las que incurrieron los ‘wikis’, quienes construyeron una oferta política en un discurso monolítico: el estar en contra de los partidos. Aunque también, debe advertirse que la inconsistencia discursiva más importante que se les atribuye, no es única de Futuro, sino que parece ser un fenómeno esnob de la política y los políticos de nuestros días: hacer política, hablando mal de la política; y constituir partidos -y servirse de ellos- bajo la premisa de un supuesto rechazo antagónico a ellos. Sin embargo, las democracias modernas, son democracias de partidos.

Por supuesto, los partidos son tan solo una condición necesaria, más no suficiente de la vida en democracia. Más aún, la consolidación de ella pasa, necesariamente, por el perfeccionamiento del sistema de partidos, y no por la aniquilación de este. 

En todo caso, lo criticable en Wikipolítica, ahora ‘Futuro’, tiene que ver con ello: es decir, no tanto en su tránsito de movimiento a partido, sino en las debilidades que tiene como partido. Resulta un desacierto que este instituto político se centre en la figura de apenas una sola persona: Pedro Kumamoto. ¿Por qué? Porque los partidos políticos deben favorecer la institucionalización de la vida política, y no la personalización de ella. Como señala el jurisconsulto Rodrigo Borja: “aún sin proponérselo, los partidos han reducido el peso específico de los individuos en la vida política”. 

Porfirio Muñoz Ledo, sobre Morena, ha criticado que su principal problema es que “es más un movimiento, que un partido” basado en López Obrador. Lo mismo aplica para Futuro.

Los movimientos, por regla general, abanderan una causa, y desaparecen cuando cumplen su cometido social.

Lo que caracteriza a un partido es la permanencia de un programa político, que es uno de sus cuatro elementos constitutivos. 

¿Cuál es la ideología política de Futuro? Difícil saberlo. Constituirse en partido, parece que los dejó sin discurso. Ahora lucen ambiguos. Incluso, silentes. Sus posturas ideológicas sobre el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, así como los derechos de la comunidad LGBTTTIQ son temas que hora evitan. Este es el debate político del presente, pero sobre todo del FUTURO inmediato, mismo que ‘Futuro’ evade. A la vez, sí pesan entre sus filas diversas denuncias de acoso, pedofilia y violación, delitos que son minimizados o tolerados. 

Si los partidos políticos son “entidades de interés público”, no deben ser anticuados y antidemocráticos. Si estos viejos atavismos persisten en Futuro (un partido nuevo), y no permiten la democracia interna y la transparencia en la elección de sus dirigentes y candidatos, más que ‘futuro’, parecen esforzarse en representar el pasado.

gabriel.torres.espinoza@gmail.com

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Gabriel Torres Espinoza

Potencialmente autocráticos

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Gabriel Torres Espinoza*

Thomas Hobbes argumentó que es necesario construir instituciones fuertes, para proteger a la humanidad de sus peores instintos. Los gobiernos del país, federal y estatales, registran una proclividad a la concentración excesiva del poder, al debilitamiento de los equilibrios y a la personalización de la política. Se supedita la ley a voluntades individuales y sobreponer los argumentos que se consideran morales, sobre las normas vigentes. Precisamente, debido a la naturaleza humana de comportamiento frente al poder, Montesquieu propuso la necesidad de equilibrios en las estructuras público-políticas y sugirió las bases para la separación de poderes, que en esencia significa una forma de contener a gobiernos potencialmente autocráticos. En buena medida así se plasmaron las bases de la división y equilibrio entre poderes de Estados Unidos: ‘el gobierno de las leyes, no de los individuos’.

Básicamente, por que la ley es producto de la acción humana, que expresa los acuerdos que se adoptan por medios institucionales. La supremacía de la voluntad individual erosiona hoy las normas, leyes e instituciones. Las instituciones deben matizar el comportamiento excesivo individual de quienes ejercen la autoridad. Para que sea posible, los equilibrios son fundamentales. Instituciones versus individualismo. Leyes vigentes, versus, consideraciones morales personales. Órganos colegiados frente al individualismo. Descentralización como antídoto a la concentración. ¿Cómo alcanzar los equilibrios necesarios inmersos hoy en la soberbia de liderazgos que reúnen un excesivo poder político? Especialmente cuando otra fuerza democrática se encuentra ausente, cómplice o moralmente derrotada: la oposición.

Los éxitos electorales han alentado una suerte de rupturismo refundacional, cargado de un discurso inflamado por la soberbia y el autoelogio. Los mensajes dividen a los electores en buenos y malos, con enfermiza obsesión. Los que apoyan los intentos refundacionales merecen su elogio, y condescendencia; los que los critican, alcanzan su flamígera condena. Instalados en un puritanismo, constantemente llaman a adoptar bando. Los mexicanos se dividen entre ‘dignos e indignos’. Las etiquetas surgen rápidamente. Una conducta divisiva de la participación social. Instalados en un ejercicio de permanente refundación, plantean cambiar, para concentrar más poder, para anular equilibrios, para diseñar leyes a modo.

Viven en permanente mutación, en razón de los cambios del electorado. La democracia les gusta, pero con reservas. Siempre que no se exprese la crítica o les conminen a seguir reglas. Son los políticos profesionales, que se definen en contra de la política y los partidos. El discurso libertador se alimenta de una realidad insoportable, que ellos nutren con catastrofismo. Políticos cruzados con adhesión dependiente a la comunicación, mediante contratos millonarios para agencias de comunicación, pagadas con recursos públicos.

En los gobiernos potencialmente autocráticos, resulta evidente la ausencia de contrapesos, debido a la personalización de la política. Las soluciones sólo pueden surgir de las elecciones, y de la voluntad de los votantes para equilibrar las instituciones de nuestra democracia.

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Gabriel Torres Espinoza

Otro desfalco al Ipejal por 495 millones

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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó imponer un crédito fiscal [resarcimiento de los daños a la hacienda o patrimonio público] al IPEJAL por 495 millones de pesos, por anomalías registradas en la Cuenta Pública de 2017, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). El monto tendrá que ser reembolsado por los otrora director general del Ipejal, director de Finanzas; titular de Servicios Médicos; directora de Administración y Servicios; y el jefe de Contabilidad.

Se trata de un crédito fiscal del que no se tenga registro en la historia reciente de Jalisco. A efectos de dimensionar lo anterior, conviene destacar que, de 2009 a 2020, el Poder Legislativo había impuesto cargos por poco más de mil 146 millones de pesos, producto de la fiscalización que la ASEJ ejerce sobre los poderes estatales, gobiernos municipales, órganos constitucionalmente autónomos, fideicomisos y entes públicos de la entidad.

De forma que el crédito fiscal aprobado el día de ayer en el Congreso, representa el 43.2 por ciento –casi la mitad– del monto de total al que ascienden los 86 créditos fiscales (con valor de 1,146 mdp) que se han impuesto en prácticamente la segunda década de este siglo (2009-2020). De ese tamaño es la malversación de los recursos del IPEJAL, en tan sólo un año (2017), frente a la ocurrida en todas las entidades fiscalizables de Jalisco en 11 años. De Jalisco para el Mundo.

Irónicamente, en el Presupuesto de Egresos de 2017 del IPEJAL, se habían etiquetado 323 millones 488 mil 600 pesos al Objetivo “asegurar la salud financiera de la Institución”. Ayer, el Poder Legislativo Local evidenciaba lo verdaderamente ocurrido, que en realidad fue diametralmente opuesto al entonces fin esperado, toda vez que el insano manejo de los pillos de Ipejal superó en un 53 por ciento ese monto. De esta manera, el dinero destinado al supuesto saneamiento a IPEJAL (488.6 mdp), terminó superado por un crédito fiscal multimillonario (495 mdp) del que no se tengan precedentes en la entidad, para así retratar el cochinero que prevalecía en el manejo de las finanzas de los fondos de las pensiones y jubilaciones.

No sólo debe asegurarse el resarcimiento de ese daño al patrimonio del IPEJAL, que deriva de las aportaciones de los servidores públicos del Estado afiliados al Instituto, sino el saneamiento tanto administrativo, como penal de quienes perpetraron y dilapidaron los recursos de este organismo público descentralizado. Van varios botones de muestra.

En Brasil, por 234 mil dólares invertidos en la reestructuración de una finca que ni siquiera era suya, su ex presidente, Lula da Silva, fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel. Esos 234 mil dólares, a valor actual (20.23 pesos por dólar), equivaldrían a 4.73 millones de pesos. En una ‘maroma’, aunque con pocos grados de dificultad, un funcionario de primer nivel o super asesor externo del IPEJAL se los embolsa, sin que exista la mayor repercusión fiscal, administrativa, política y/o penal. Vamos, por poco menos (21.7 millones de dólares o 439 millones de pesos), durante 2017-2018, la entonces presidenta en funciones de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue destituida y condenada a 24 años de cárcel. Pero en Jalisco, quien la hace, no la paga.

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