La opinión del Mtro Horacio Villaseñor*
El anuncio de que el Gobierno del Estado adeuda 207.5 millones de pesos al SIAPA, acumulados desde 2006, desnuda una profunda falla en la capacidad administrativa y en los controles internos del gasto público en Jalisco. No es casualidad que este boquete financiero hunda sus raíces en el año 2006, coincidiendo con la llegada de administraciones panistas, como la encabezada por Emilio González Márquez, que inauguraron una etapa de profundo desconocimiento técnico, improvisación y desprecio por los principios elementales de la gestión gubernamental. Mientras que en el pasado Jalisco conoció épocas de visión metropolitana, rigor técnico y orden financiero gracias al legado de figuras como el ingeniero Jorge Matute Remus o el manejo hacendario responsable de administraciones de la talla de Arnulfo Villaseñor Saavedra, la supuesta “alternancia” política se tradujo en una lamentable degradación institucional. Aquellos gobiernos partidistas demostraron una absoluta ignorancia de la administración pública, permitiendo que las dependencias estatales, con la Secretaría de Administración a la cabeza concentrando más del 72% del pasivo, se convirtieran en los peores morosos de un organismo operador antes exitoso.Aquí cabe preguntarse con indignación: ¿Qué clase de administradores llegaron después y despachan en las oficinas del Gobierno del Estado y a quiénes contratan para dirigir el SIAPA? A menudo se ha creído falazmente que importar la lógica del sector privado y colocar a “exitosos empresarios” en el gobierno es la solución mágica para lograr eficiencia. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: el éxito corporativo no se traduce automáticamente en buena gestión pública, pues mientras la empresa privada busca rentabilidad financiera a toda costa, el Estado está obligado a garantizar valor público y cohesión social. Los perfiles gerenciales improvisados suelen carecer de la sensibilidad técnica y el respeto por los controles de legalidad, confundiendo la administración de lo público con la simple tiranía del recorte o el trato del ciudadano como cliente. Durante dos décadas se ha rumorado y señalado que el organismo del agua ha funcionado como la caja chica de las administraciones en turno, pero llegar al extremo de jinetear los recursos básicos y heredar un pasivo institucional de esta magnitud rebasa cualquier límite. Es el colmo absoluto de la cincha presupuestaria, fruto de esa visión gerencial reduccionista que desprecia la planeación y la legalidad. A diferencia de instituciones como la Universidad de Guadalajara, que han sustentado históricamente sus debates de pago en su régimen de autonomía, el Poder Ejecutivo carece por completo de un blindaje legal que lo exima; su morosidad responde única y exclusivamente a una crasa negligencia. Asumir hoy la responsabilidad y prometer pagos a partir de agosto es un paso táctico necesario para intentar legitimar la exigencia a otros deudores, pero evidencia que el verdadero cáncer del servicio hídrico ha sido la incompetencia oficial y el manejo faccioso heredado desde aquellos años. Sin capacidad administrativa ni control interno, el urbanismo y la gestión del agua seguirán siendo letra muerta frente al apetito de la simulación. En suma, la promesa de liquidar este boquete histórico no borra dos décadas de cinismo administrativo ni redime a una clase gobernante que, disfrazada de eficiencia gerencial, convirtió al agua y a sus instituciones en rehenes de la incompetencia; al final, la peor ironía de este desfalco institucional es que mientras el ciudadano común fue implacablemente requerido y sancionado por cada gota que adeuda, el propio Gobierno del Estado exhibe que su gran “alternancia” política no fue más que el arte de gobernar a espaldas de la ley y de las necesidades más elementales de la metrópoli. ¡Sinvergüenzas!
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