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Salvador Guerrero Chiprés*

A todos nos ha pasado: contestamos la llamada de un número desconocido y antes de poder saludar, ya escuchamos gritos del otro lado del teléfono. Una joven desesperada que pide ayuda porque la tienen secuestrada y en seguida, sus supuestos captores pidiendo dinero a través de tiendas de conveniencia.

Ese es uno de los modus operandi de extorsión telefónica más reproducidos. Y sí, uso ese verbo a propósito porque se ha estudiado que los delincuentes operan a través de guiones con los cuales buscan ofuscar a su víctima, enredarla en una trama verosímil pero que analizada carece de sentido —aunque ya inmersos en el juego emocional es difícil detectar— y para la cual no hay mejor respuesta que ¡colgar!

De este modus hay variantes, una en particular que aqueja a los huéspedes de hotel es la que sucedió hace unos días con 14 enfermeros que habían llegado a la capital desde Nuevo León para brindar apoyo durante la pandemia. El caso, en el que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actuó con pronta eficiencia, acaparó la atención popular.

Aunque existen nueve tipos diferentes de fraude que concentran el 90 por ciento de esos eventos, la mayoría coincide en que su principal vehículo son el teléfono, WhatsApp, redes sociales o, para decirlo de otra forma: los espacios públicos de la virtualidad.

El 92 por ciento de las extorsiones se dan a través de una llamada telefónica;  durante 2019, el Consejo Ciudadano recabó 27 mil reportes al respecto. Las coincidencias siguen: la presión psicológica y la intimidación crean escenarios para aterrar a la víctima, y no es raro escuchar que el criminal señale pertenecer a un cártel o una notoria célula del narcotráfico.

Mucho se ha hablado ya de las formas comunes de operar, como el sobre amarillo o gota a gota; gracias al trabajo de vinculación que hacemos entre ciudadanía y la autoridad encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, podemos detectar cómo muta el crimen y cuáles son las recomendaciones que deben aplicarse.

En el caso de los enfermeros secuestrados se sabe ya que la llamada se realizó desde el exterior de la Ciudad, lo cual precisará y esclarecerá pronto la Fiscal Ernestina Godoy. Si uno de los sectores más vulnerables en la crisis puede ser atacado, significa que la población también corre riesgo a padecer las adaptaciones tomadas por el crimen en el confinamiento.

Por difícil que suene, en el Consejo Ciudadano la principal recomendación que damos es mantener la mente fría y no dejarse intimidar frente a la arquitectura histriónica de los delincuentes. Se trata del triángulo virtuoso: cuelga, verifica y denuncia.

El primer paso para enfrentar un trabajo fundamentado en el miedo es cortar las vías de comunicación: colgar el teléfono o apagarlo, dejar de responder mensajes, para después contactar directamente a la persona que se alude.

Tras verificar el estado de la persona, los actos deben concretarse con la denuncia a través de laLínea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533 o directamente con la autoridad. Sin esto, es imposible detectar patrones y dar con los delincuentes.
@guerrerochipres

 

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- Replanteamiento de la estrategia de seguridad; cárteles rechazan abrazos

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Carlos Ramírez*

El decreto presidencial del 11 de mayo para enviar a las fuerzas armadas a labores de seguridad pública en grado de seguridad interior inició una serie de ajustes-desajustes y modificaciones circunstanciales de la estrategia gubernamental de “abrazos, no balazos” ante las ofensivas de grupos delictivos contra posiciones del Estado.

No se trata de modificar la estrategia de no-persecución de capos, pero sí de iniciativas contra organizaciones y jefes criminales que se han negado a ajustarse a las condiciones de pacificación virtual. La estrategia gubernamental de paz se ha encontrado con el principal problema criminal: las bandas no pueden quedarse quietas, la disputa por territorios carece de voluntades y cada organización está esperando que otra u otras bajenintensidad a sus actividades para ocupar esos territorios.

Lo que la estrategia de seguridad no ha podido usar como variable no dependiente es que las bandas, por razones de sus actividades, viven una permanente guerra de posiciones propia de la economía suma cero (Lester Thurow): lo que pierde un grupo lo gana, casi en automático, otro. Y la estrategia no ha podido, sin contaminarse, lograr un acuerdo no formal ni pactado de las organizaciones criminales para disminuir la violencia para bajar la respuesta autoritaria del Estado.

Los sobresaltos a la estrategia de seguridad han sido varios:

–El decreto del 11 de mayo para enviar militares a seguridad pública.

–El arresto de los padres de José Antonio Yépez El Marro y las amenazas del capo de usar terrorismo contra el Estado.

–La Operación Python de los EE UU para perseguir al jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, aún dentro de territorio mexicano.

–El encuentro y saludo del presidente López Obrador con la mamá de El Chapo Guzmán en territorio del Cártel de Sinaloa.

–El atentado brutal contra el secretario de Seguridad del gobierno de CDMX en la capital de la república y las amenazas posteriores contra otros altos funcionarios del gobierno de López Obrador, cruzando la línea de violencia de resistencia a la de violencia de ofensiva contra el Estado.

–El ambiente en la reunión AMLO-Trump respecto a los temas de seguridad que las autoridades de ambos países han intensificado para obligar a México a dejar la defensiva y pasar a la ofensiva contra los cárteles.

–Algunas técnicas de la guerrilla que han comenzado a usar algunos cárteles en su escalada de violencia.

–La presencia en México de agentes de inteligencia y seguridad nacional de los EE UU como parte de la Operación Python y las presiones a México para arrestar y extraditar a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapoy nieto de María Consuelo Loera Pérez.

–El retraso en la capacitación de policías locales por desidia o interés negativo de gobernadores y alcaldes por algunas economías estatales y municipales que viven del dinero del narco.

–Y la visita del presidente López Obrador, esta semana, a tres de los principales, hoy, entidades corroídas por el crimen, el narco y los cárteles: Guanajuato, Jalisco y Colima.

–La controversia constitucional presentada en la suprema Corte por la oposición en la Cámara de Diputados para bloquear, por enésima ocasión, el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior en zonas territoriales de la soberanía del Estado hoy en poder de grupos criminales. Al retirar por orden de la Corte a fuerzas armadas de zonas del narco, los grupos criminales habrán ganado la batalla jurídica de seguridad contra el crimen organizado. Las policías locales y la Guardia Nacional carecen hoy de capacidad de fuego y entrenamiento para responder a la fuerza violenta y criminal de los cárteles. Las fuerzas armadas estarán en seguridad pública en grado de seguridad interior hasta que la Guardia Nacional sea ya una fuerza armadas capaz de enfrentar la violencia criminal.

–Y el retraso en la construcción de un Sistema Nacional de Inteligencia que dote al Estado de la capacidad de percepción del grado de cooptación criminal de instituciones y funcionarios del Estado.

La lista, aún incompleta, de escenarios conflictivos apenas dibuja la guerra de posiciones de los grupos criminales para acotar al Estado y quedarse con manos libres en el control criminal de zonas territoriales de la soberanía del Estado.

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Política para dummies: La política es el instrumento del Estado para gobernar.

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@carlosramirezh

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Fracaso de Inversión Extranjera con TCL; no respetan Estado de derecho

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Carlos Ramírez* 

Ante la caída de las inversiones mexicanas por el desdén hacia los empresarios no afines, la expectativa en la visita presidencial a Washington giró hacia la Inversión Extranjera Directa (IED). Sin embargo, la principal exigencia de inversionistas extranjeros no tuvo respuesta: el respeto al Estado de derecho.

En la cena con inversionistas ocurrió un suceso que se ha difundido poco. Gretchen Walkins, presidente de Shell, y Jeffrey Martín, director de Sempra Energy, le dijeron al presidente López Obrador que deseaban invertir en México como parte del Tratado, pero que necesitaban confianza y certidumbre jurídica, algo de lo que ya había polemizado el embajador de los EE. UU. en México, Christopher Landau. El presidente mexicano dijo que él lo vería y le pidió al canciller Marcelo Ebrard y al asesor Alfonso Romo que atendieran el asunto.

Pero en la mesa también estaba Don Dignes, presidente de Cabot Oil & Gas, quien comentó en voz alta que el presidente mexicano dijera si había o no Estado de derecho, pero la respuesta fue un silencio tenso. Lo menos que quieren los inversionistas es que el presidente de México se involucre en persona en la garantía del Estado de derecho, porque distorsionan el papel de las instituciones y las leyes y canalizan las decisiones al presidencialismo centralista.

Pero el problema afecta no sólo a las empresas extranjeras que invierten en México, sino en las empresas mexicanas que no encuentran condiciones en México por el intervencionismo gubernamental y de funcionarios, la corrupción y el cambio sorpresivo de reglas y han preferido ir a invertir a otros países. Las cifras son contundentes de 2006 a 2019 la inversión mexicana que ha salido a invertir a otros países sumó 42,709 millones de dólares, alrededor de un billón de pesos en total, porque en México se carece del Estado de derecho para garantizar funcionamiento productivo. Sólo en 2019 salieron capitales mexicanos a invertir a otros países por 10,228 millones de dólares, algo así como 250,000 millones de pesos, el 0.4% del presupuesto de egresos de la federación de ese año o el 31% de la IED que ingresó en ese mismo año.

Para 2020 la IED caerá debido a la pandemia, a los problemas jurídicos de algunas empresas extranjeras, a la marcha atrás a apertura de sectores a la IED y con la falta de seguridad jurídica que señaló el embajador Landau y que conoció en directo el presidente López Obrador en su gira a Washington.

En un análisis de las cifras de IED en los años del TCL, el investigador Arnulfo R. Gómez concluyó que en el 2019 México quedó en el bajo lugar 19 como destino preferido y el porcentaje de captación descendió 2.14%. La razón es “consecuencia de la imposibilidad de lograr una integración comercial y productiva con sus socios, pues ninguno de los otros objetivos (del TCL) se alcanzó, ya que no hubo una estrategia que permitiera aprovechar las ventajas comparativas, lo que se tradujo en decreciente competitividad, por lo que México perdió atractivo para los inversionistas extranjeros”.

La crisis de la IED en México no sólo se percibe en las cifras y sectores de interés, sino en el hecho de que por falta de estrategias y políticas han salido del país más de 900 maquiladoras y se fueron a Asia.

En cifras consolidadas, la crisis de la IED en México se percibe con claridad en dos temas resaltados por Arnulfo R. Gómez:

–Como consecuencia de los retrocesos económicos de México durante la vigencia del TLCAN y particularmente a partir de 2001 en que entraron, además, en vigor los TCL con otros 54 países y los APPRIS con 33 países, México cayó de la posición 8 en la economía mundial a la 15, el valor agregado nacional en las exportaciones disminuyó de 59% a 37% y el PIB per cápita bajó del lugar 42 al 72.

–En las cifras, México tuvo mejor posición con la IED sin Tratado que con Tratado. De 1980 a 1993 la participación de México en la captación del IED fue de 2.37% y sin TCL ni APPRIS, en tanto que en los años del TCL 1994-2019 esa participación bajó a 2.12%.

Después de la Cumbre de Washington México debe decidir si necesita o no a la IED.

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Política para dummies: La política es la facilitación de la economía para responder a las demandas sociales que el Estado por sí solo no puede satisfacer.

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Nacional

Brújula Pública- Recuento de una relación

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Rodolfo Aceves Jiménez*

México y Estados Unidos poseen una relación compleja, derivada de una frontera geográfica, cultural, de seguridad, económica y política, con beneficios y perjuicios para ambas partes, en el que a veces se gana y a veces se pierde.

Desde siempre una de las preocupaciones del gobierno norteamericano en la relación con nuestro país lo constituye, además de los temas económicos, los temas de la agenda de seguridad.

Sobre los temas económicos, la noticia de la culminación de las negociaciones del acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, que substituye al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), abre una nueva etapa en las relaciones con nuestro vecino país del norte, a propósito de la visita del presidente López Obrador a Washington, D.C.

Pero la economía va muy de la mano con los temas de seguridad, agenda prioritaria del gobierno norteamericano, en el que ambos gobiernos han cometido excesos en seguridad.

En febrero de 2011 el gobierno del vecino país del norte comenzó a realizar vuelos espías con aviones no tripulados, con el objeto de recoger información de inteligencia sobre la actividad de los principales cárteles de la droga en la frontera con México.

También el operativo “rápido y furioso” dado a conocer por un agente norteamericano, en el que el gobierno de ese país señala que nuestras autoridades estaban debidamente avisadas, en el que se introdujeron armas de manera ilegal.

Pero de este lado el problema no es sencillo. El saludo que hizo el presidente López Obrador a la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y el reconocimiento a la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán no será pasado de largo en las pláticas sobre la preocupación de la seguridad mexicana.

Tampoco la liberación de la madre y la hermana de José Antonio Yépez Ortíz “El Marro”, así como el soborno al Poder Judicial para liberar a José Ángel Casarrubias “El Mochomo”, junto con el intento de asesinato del secretario de seguridad de la ciudad de México, presuntamente realizado por el CJNG.

Se trata de sucesos que exponen la corrupción sistémica en algunas dependencias de los órganos del Estado mexicano, pero que su impacto puede ser determinante para la permanencia de las inversiones extranjeras.

 Uno de los riesgos del avance de la violencia lo constituye, que Washington presione al gobierno mexicano, para nuevamente permitir que agencias de inteligencias norteamericanas instalen oficinas de coordinación, como sucedió en la administración del presidente Calderón Hinojosa, así como el debilitamiento de las instituciones democráticas mexicanas, entre otras acciones que pueden ser temerarias para el pensamiento de la #4T.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

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