La opinión del Dr Salvador Guerrero Chiprés
Durante la última década del siglo XX, la relación entre el gobierno capitalino y la ciudadanía permaneció fracturada por inercias de abusos de autoridad y corrupción apenas aliviada por el cambio encabezado por la izquierda.
El surgimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en 1993 respondió incipientemente a tales desviaciones, proveyendo un mecanismo externo de supervisión civil indispensable para frenar detenciones arbitrarias, la tortura como método de investigación criminal y atropellos sistemáticos al debido proceso y a diversos derechos apenas percibidos como legítimos y accesibles.
Treinta y tres años después, la CDHCM se ha consolidado como pieza angular para el diagnóstico del entorno capitalino, promoviendo soluciones integrales y colectivas.
En esta etapa, la titular del organismo autónomo, Dolores González Saravia, ha formulado una hoja de ruta orientada a transitar hacia el combate frontal de las causas comunitarias de la vulnerabilidad social, reafirmado en el Informe Anual 2025 presentado ayer por la Ombudsperson. Es una funcionaria atrevida y no ha sido ajena a las tentativas disciplinarias de algunos actores.
Encabeza una evolución operativa con nexo dialógico con la perspectiva de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuya postura desprovista de temores frente a la fiscalización externa asume la exigencia civil como un dinamizador del servicio público. “No queremos ni silencio frente al abuso ni violaciones a los derechos humanos ni poder sin contrapesos”.
No viajan solas. En esta sinergia institucional son respaldadas por la Fiscal Bertha Alcalde, quien califica a la Comisión como aliada ineludible del aparato de procuración de justicia, abriendo canales directos para asegurar la centralidad de las víctimas y prevenir nuevas violaciones mediante esfuerzos compartidos.
La agenda contemporánea de las libertades civiles en la capital ha expandido sus fronteras conceptuales hacia derechos de vanguardia como el cuidado comunitario, la salud mental de los sectores jóvenes, la justicia ambiental y la equidad patrimonial.
Esta visión integral del espacio habitable abarca el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, la pacificación de las manifestaciones públicas, la protección de las mujeres en contextos de protesta y la dignificación de sectores históricamente invisibilizados, tales como la población privada de la libertad o quienes habitan en situación de calle.
Paralelamente, las demandas cotidianas sobre baches, saturación vial, obras y afectaciones por lluvias son asumidas con esa misma premisa de planeación participativa y derecho a la ciudad.
La radiografía de la vida urbana trazada en el informe de la Comisión de Derechos Humanos evidencia desafíos tanto como la expectativa realista de soluciones integrales a partir de la voluntad política a la vista y las alianzas sólidas proyectándola.
@guerrerochipres
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
