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Gabriel Torres Espinoza*

La Policía Metropolitana de Guadalajara acusa otro intento malogrado en la metrópoli. En 1983 aconteció el primer intento frustrado a propuesta del entonces Titular del Poder Ejecutivo, Enrique Álvarez del Castillo. Posteriormente, el otrora Gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, firmó el Convenio de Coordinación de Seguridad Metropolitana, en febrero de 1996, pero en los hechos nunca se constituyó tal corporación. En 2010, sucedió lo mismo a propuesta de los alcaldes metropolitanos que firmaron el Convenio Metropolitano de Seguridad, cuando el PRI le arrebató al PAN las alcaldías de la metrópoli. Nada ocurrió.

En 2015, a raíz de la tercera transición político-partidaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los alcaldes –respaldados por el entonces Gobernador– crearon la primera Agencia Metropolitana de Seguridad, que a la postre supuestamente se convertiría en el primer antecedente de la metropolización policíaca, pero resultó otro errático intento más. En julio pasado (2019), parecía que ahora sí podría prosperar la codiciada y fallida intención de una Policía Metropolitana en Guadalajara, toda vez que el Gobernador y los presidentes municipales de la metrópoli emanaban de un mismo partido. No obstante, el resultado fue otro fiasco.

En términos estrictamente policiales, ¿qué tan oportuna y viable resulta la creación de la Policía Metropolitana de Guadalajara? De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 30 de abril de 2020, tan sólo el 76 por ciento de las policías municipales tienen una aprobación vigente por los Centros de Evaluación y Control de Confianza. Esto es, 1 de cada 4 policías municipales en Jalisco no están debidamente certificados para ejercer esta responsabilidad. Asimismo, conviene mencionar que, de 2014 a la fecha, tres de las nueve corporaciones municipales de la ZMG, han sido intervenidas por el Gobierno del Estado ante la presumible infiltración del crimen organizado: Tlajomulco, Tlaquepaque y, recientemente, Ixtlahuacán de los Membrillos. La creación de una corporación así, planteada hasta ahora como la panacea, significaría dejar “la iglesia en manos de Lutero”.

Más allá de lo anterior, la Policía Metropolitana de Seguridad es a todas luces anticonstitucional. El artículo 115 de nuestra Carta Magna, fracción I, señala que “la competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado”. Una Policía Metropolitana representa una trasgresión a este principio. Incluso, el mismo artículo 115 constitucional, en su fracción VII, señala: “la policía preventiva estará al mando del presidente municipal”. Ahora bien, debe decirse que en un sistema de gobierno presidencial, no pueden existir autoridades ejecutivas, además electas democráticamente, sin mando de la fuerza pública. De forma que, un titular del Poder Ejecutivo (municipal, p. ej.) sin capacidad ejecutiva (mando de la fuerza pública) resulta un sinsentido y una antinomia. Lo cierto es que en un momento en que Jalisco atraviesa por graves problemas en la seguridad pública, la policía metropolitana resultó ser, un vil fracaso.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Pablo Lemus, ¿a dónde?

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Gabriel Torres Espinoza*

En entrevista para El Informador (11/Septiembre/2020), en el programa los ‘Sótanos del Joder’, Pablo Lemus mencionó que el Gobernador lo invitó directa y personalmente a encabezar la lista plurinominal de diputados locales por MC y coordinar la fracción parlamentaria (¿y la división de poderes?). Expresó: “eso claro que me interesa, me interesa darme a conocer en todos los municipios de Jalisco, hacer campaña en todo el estado (…) porque yo sí quiero ser gobernador (…) no me late el papel de ser diputado, pero sí me late el papel de moverme por todo Jalisco” (https://www.facebook.com/115103408384/videos/386604825659338). Pero no necesita ser diputado local para ‘moverse’ en todo el estado y construir un proyecto político estatal. López Obrador, sin ser servidor público, recorrió los 2,446 municipios del país, en al menos dos ocasiones, antes de ganar la presidencia de la República.

De acuerdo con la encuesta ‘100 alcaldes de México’, de Mitofsky, publicada el 12 de julio de 2020, Lemus Navarro ocupa el lugar número 11° como alcalde mejor evaluado del país, con una aprobación del 62.7 por ciento [el mejor evaluado, de Tampico, Tamaulipas, registra una aprobación de 70.2 por ciento]. Tal vez por su gestión, por la insistencia de marcar independencia política respecto del primer núcleo de MC, y como consecuencia, de hacer valer su derecho a disentir, el presidente municipal de Zapopan se sabe con personalidad propia y activos políticos suficientes para presentarse como candidato competitivo a un cargo de elección popular. Pero, ¿cuál?  

En mayo de 2019, Lemus terminó su relación institucional con Indatcom, por lo que él calificó como ‘errores sistemáticos y dolosos’ en que incurría esta empresa al administrar las redes sociales de Zapopan. En julio de 2019, rechazó públicamente la propuesta inicial de la Policía Metropolitana, y se opuso también a destinarle “recursos humanos, financieros y administrativos”. Durante el tercer trimestre de 2019, se negó sistemáticamente otorgar los permisos de habitabilidad para la venta de las Villas Panamericanas, y se comprometió a que mientras él sea presidente, no se autorizarán esos permisos.

Son, precisamente los legisladores, los servidores públicos peor evaluados del país en términos de confianza (INEGI, ENCIG: 2020). De forma que, ir al Congreso, y asumir una disciplina espartana (como ahora ocurre), no parece ser una acertada fórmula para cultivar el capital político derivado de su gestión como presidente.

Para el Poder Ejecutivo, las decisiones en el Legislativo son de mayor relevancia que las que ocurrieron en un municipio metropolitano. Ahí se crean, reforman y abrogan leyes para todos los jaliscienses. Se aprueba presupuesto, cuentas públicas y se designan cargos para el poder Judicial, para los órganos constitucionalmente autónomos, entre otras cosas. Si como coordinador de diputados, Lemus ejerciera la misma autonomía política que en Zapopan, con su estilo de diferir, podría terminar en un abierto enfrentamiento y aislado del resto de los legisladores de MC. Por el contrario, si fuese un legislador disciplinado (gris), su futuro dependería del primer círculo del gobernador, al que no pertenece, y en el que no conserva aliados. Tómalo o déjalo, el “dilema de Hobson”.

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Gabriel Torres Espinoza

20 años, para la línea 3 del tren

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Gabriel Torres Espinoza*

El sábado pasado fue inaugurada y puesta en operaciones la Línea 3 del Tren Ligero. Se trata una obra muy relevante para la ZMG: la Línea 1 y la Línea 2 representaban una extensión en conjunto de 24 kilómetros. Ahora, con la Línea 3, se suman 21.5 kilómetros más de vía a la red de Tren Eléctrico en la metrópoli. Habría que recordar que, desde 1994, quedó suspendido el proyecto que, en 1989, presentó el entonces gobernador de la entidad, don Guillermo Cosío Vidaurri, que consistía en la necesidad de construir en ese momento 4 Líneas de Tren con una red que se extendería en un total de 85 kilómetros dentro de la Ciudad.

El rezago que en materia de Tren Eléctrico registra la metrópoli se ejemplifica de mejor manera si nos comparamos con la Ciudad de México que, con una población de 8.8 millones de habitantes, actualmente cuenta con 12 Líneas de Metro; mientras que Jalisco, con una población de 8.2 millones de habitantes, cuenta con apenas tres Líneas de Tren Ligero. De tal suerte, mientras que la red del metro de la Ciudad de México es de 226.4 kilómetros; la de Jalisco es de apenas 45.5 kilómetros: es decir, nuestra red apenas representa una quinta parte (20%) de la existente en la CDMX.

Alberto Cárdenas, con un presidente de extracción priista, no construyó un solo metro de Tren Ligero. Lo mismo puede decirse de Ramírez Acuña, que no le apostó a un proyecto de movilidad colectivo-masivo a la ciudad, teniendo en la Federación a un presidente emanado de su mismo partido (Fox). Por otro lado, Emilio González Márquez, aunque rechazó sistemáticamente la construcción de otra línea de Tren Ligero en la urbe, apenas pudo gestionar ante el entonces primer mandatario, Felipe Calderón, un Macrobús plagado de irregularidades e inconsistencias que sólo denotaban corrupción. El otrora gobernador, Aristóteles Sandoval, hizo de la Línea 3 del Tren Ligero, una de sus principales promesas de campaña como alcalde de Guadalajara y como Gobernador, y el escenario político (2012-2018) facilitó la tercera Línea teniendo como Jefe del Ejecutivo a Peña Nieto.

Fue al Gobernador Enrique Alfaro, a quien correspondió finalizar la obra: cinco mil millones de pesos más para la retardada e inconclusa Línea 3 del Tren Ligero. Durante la inauguración, del fin de semana pasado, el Jefe del Estado Mexicano se comprometió para la inversión en 2021, de la Línea 4 del Tren Ligero –que no se encontraba contemplada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año–, y que se espera para 2024. Todo esto se ha afianzado en un contexto de gobiernos yuxtapuestos entre la Federación y el Gobierno estatal, al ser emanados de diversos partidos, aunado a los severos recortes presupuestales que padecerá todo el país derivado del choque económico de la pandemia.

Inexplicablemente Jalisco dejó décadas sin desarrollar en un servicio de transporte público efectivo como el Tren. Uno que es seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Un sistema de transporte que sí satisface las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios, como se advierte en las principales ciudades del mundo. Mientras tanto, la ‘solución barata’ pretendió mitigar la demanda de transporte de calidad, con el horrendo ‘Macrobús’.

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Gabriel Torres Espinoza

Checks and balances’ y derecho a la oposición

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Gabriel Torres Espinoza*

La teoría de ‘check and balance’, refiere al necesario equilibrio entre poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ahora incluye a los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA’s), para que ningún poder se extralimite en sus facultades, con injerencias ilegales en otro poder, que subordinen las funciones legislativas, judiciales, ejecutivas o las que ahora la Constitución fija en exclusiva a un Organismo Constitucional Autónomo (OCA). La doctrina norteamericana establece los ‘checks and balances’, para impedir que un poder sostenga una ‘excesiva primacía’ sobre el resto.

En un sistema presidencial -como el nuestro-, existe la proclividad reiterada de injerencia más allá de sus atribuciones, del Ejecutivo federal y de los ejecutivos estatales, sobre la autonomía del Legislativo, pero especialmente dentro del Poder Judicial. Precisamente aquí es donde el trabajo de la oposición debe ser efectivo. Pueden ser nocivas las actuaciones de un gobierno, como son igualmente gravosas las de una ineficiente oposición (una muy débil o cómplice).

La oposición es consustancial para la gobernabilidad democrática liberal. De forma que la participación política desde la oposición, no debería ser recibida con hostilidad o conflicto, puesto que su existencia e intervención, forma parte de los frenos y contrapesos democráticos al gobierno. El derecho a la oposición se ejerce desde los partidos, a partir las organizaciones de la sociedad, o incluso, mediante las tareas específicas de los organismos autónomos.

La división entre poderes debe funcionar para que éstos se equilibren entre sí, y se impida la sumisión de un poder a otro. Recordemos que la separación de poderes y la existencia de frenos y contrapesos, son resultado de un conjunto de normas destinadas a asegurar las libertades políticas y el control constitucional del gobierno. “Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo se subordinan, no puede asegurarse libertad… no hay libertad política si el Poder Judicial no se encuentra debidamente separado del Poder Legislativo y Ejecutivo…” (Montesquieu).Contribuir al aseguramiento y evolución de libertades políticas y sociales, es quehacer del partido en el gobierno, pero especialmente el rol fundamental de la oposición, de las organizaciones de la sociedad y organismos constitucionalmente autónomos.

El único poder que no se integra por voto popular, es el Judicial. Precisamente por ello, las designaciones de ministros, magistrados, consejeros de la judicatura y jueces, se ha convertido en realidad, en una disputa por el control político del Poder Judicial (federal y en Jalisco). La injerencia de otros poderes, para conseguir el sometimiento del Judicial, ha propiciado infortunados resultados que hoy padece la sociedad con niveles paupérrimos en la impartición de justicia. En Jalisco ee ha llegado a la insolencia de que algunos legisladores, ¡venden la designación de los cargos! De forma que resulta imprescindible ofrecer certeza en los tiempos y etapas, así como los criterios públicos para la designación de funcionarios en el Poder Judicial. Justo, a partir del fortalecimiento de la participación y fiscalización efectiva ciudadana, como del derecho a la oposición, dentro y fuera del Congreso.

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