La opinión del Dr Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué un gobierno contrata consultorías externas, si yamantiene funcionarios, dependencias y estructuras públicaspara ello?
La pregunta es pertinente en Jalisco, donde cada vez más tareas públicas terminan en manos de despachos y consultores. Cobran adeudos, recuperan recursos fiscales, elaboran planes, levantan encuestas y participan en fotomultas y verificación vehicular. La ciencia política tiene un término para describir lo que ocurre cuando la asesoría externa deja de ser excepcional y se vuelve forma ordinaria de gobernar. ‘Consultocracia’.
No hay nada extraño, en principio, en contratar conocimiento especializado. Ningún gobierno puede tener en nómina todas las competencias técnicas que necesita. El problema comienza cuando la excepción se convierte en método, y el gobierno paga a privados para hacer aquello para lo cual ya paga funcionarios.
La literatura académica ha documentado una paradoja inquietante. La contratación externa no necesariamente reduce el tamaño del gobierno. Pueden coexistir una burocracia obesa y un elevado gasto en consultores. No estamos ante menos gobierno. Podemos estar ante algo más caro, el costo doble.
En Jalisco sobran ejemplos. Despachos fiscales cobran un porcentaje de lo que recuperan para Hacienda. La operación de fotomultas está contratada por cientos de millones. La verificación vehicular compromete recursos durante casi dos décadas. Planeación contrata consultorías para planes y métricas. IMEPLAN paga estudios de satisfacción.Participación ciudadana tiene una nómina obesa y muchas consultorías.
¿Entonces, para qué existen las estructuras administrativas responsables de esas tareas? El caso del SIAPA resulta ilustrativo. Stratimex fue contratada para recuperar cartera vencida a cambio de una comisión de ¡32.48 por ciento! La Contraloría detectó una posible duplicidad de funciones y no encontró un beneficio sustancial en la eficiencia recaudatoria. En 2024, mientras la empresa recuperó alrededor de 99 millones de pesos, el organismo recuperó con su personal más de 732 millones.
La pregunta no es sólo cuánto se pagó. Es por qué pagar por fuera lo que podía hacerse por dentro. Hay un efecto institucional más profundo. Cuanto más externaliza las tareas del gobierno porque supuestamente carece de capacidad, menos incentivos tiene para construirla internamente. El conocimiento deja de acumularse en las oficinas públicas y empieza a concentrarse en quienes lo venden. Después habrá que volver a contratarlos porque son ellos quienes saben hacer lo que el gobierno decidió dejar de aprender. La dependencia produce más dependencia.
La consultocracia también plantea un problema democrático. Un funcionario está sujeto a controles, auditorías, responsabilidades administrativas, comparecencias y escrutinio político. Un consultor privado puede influir sobre decisiones públicas sin poseer la misma legitimidad democrática ni estar sometido a los mismos mecanismos de rendición de cuentas.
Por eso la literatura habla de una especie de servicio público invisible, un ‘shadow government’. Las decisiones formalmente siguen en manos del gobierno, pero parte del diagnóstico, el diseño y hasta la ejecución termina desplazándose hacia actores privados. Sí obliga a revisar competencia, adjudicaciones, concentración de contratos, beneficiarios recurrentes y resultados.
Una revisión acuciosa resume el problema en tres conceptos.Producto, beneficio y poder. Producto, porque debemos saber si lo contratado era necesario, especializado y útil. Beneficio, porque quien vende asesoría tiene incentivos para prolongar contratos y volverse indispensable. Poder, porque quien define el diagnóstico y propone la solución también influye en decisiones que corresponden a la autoridad pública.
El problema no son las consultorías. Comienza cuando la excepción se convierte en modelo de gobierno. Cuando los gobiernos pagan a empresas para hacer aquello para lo cual ya pagan funcionarios, puede no estar comprando conocimiento, sino financiando una burocracia paralela.
Y cuando un gobierno necesita particulares para cobrar, recaudar, planear, medir, comunicar, verificar y operar, lo relevante ya no es cuánto cuestan las consultorías. La pregunta es, ¿cuánto gobierno queda dentro del gobierno?
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
