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Anuncia Mural que Tribunal ordena a Guadalajara frenar licitación amañada de patrullas

Lo que todo mundo veía o sabía pasó: el Tribunal de Justicia Administrativa suspendió el proceso de licitación amañada de patrullas que quería hacer el ayuntamiento de Guadalajara que encabeza Pablo Lemus. Llegó el revés legal contra los funcionarios involucrados en esta licitación amañada, dirigida y a sobreprecio para el arrendamiento de patrullas, a oscuras, en periodo de festividades decembrinas para que pasara desapercibida y que en exclusiva dimos a conocer en A Fondo Jalisco y A Fondo Radio en Canal 58.
Hoy miércoles 19 de enero de 2022. Mural, da a conocer en una de sus notas de portada, el fallo de un Tribunal Federal y bajo el título de: Suspenden licitación de patrullas adjudicadas” dice: “Un juez federal concedió una suspensión provisional a un quejoso y ordenó suspender la adjudicación del proceso de compra de patrullas en Guadalajara.
“También resolvió que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado no ejerza la facultad de atracción y que sea la Cuarta Sala del mismo órgano, presidida por el Magistrado Armando García Estrada, la que emita un fallo respecto al Juicio de Nulidad promovido previamente por la parte que se inconformó.
“Que continúe la medida precautoria decretada en el juicio de nulidad 4524/2021 y no se continúe con la ejecución del proceso de adjudicación identificado con el número 010/2021 ‘Servicio de Arrendamiento Integral de Equipamiento de Seguridad’ de 21 de diciembre de 2021”, concluyó el Juez Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en Jalisco”. 
Ahora lo delicado de este asunto es que en aras de consumar la corrupción, se violó y desacató inicialmente una orden judicial lo que sin duda será de graves consecuencias legales para las y los funcionarios que carentes de experiencia o conocimiento, minimizaron estas disposiciones, ocultando al propio presidente municipal Pablo Lemus las consecuencias que habría por el desacato, y que de dar vista al Ministerio Publicó pueden derivar en acciones penales si no da marcha atrás en dicha adjudicación cara y mañosa.

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