La opinión del experto y Mtro Rodolfo Aceves Jiménez*
Gobernar sin un mapa fidedigno de los riesgos estratégicos es el camino más directo para convertir la política de seguridad en un ejercicio de mera reacción espasmódica. En la doctrina de la defensa y la teoría del Estado, la seguridad nacional no constituye una simple acumulación de contingentes armados en las calles, sino una condición estructural de estabilidad, soberanía y preservación institucional.
Cuando se revisan con detenimiento los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 y las líneas operativas del Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030, resalta a primera vista una desconexión metodológica que raya en la ligereza técnica: la desvinculación formal de la Agenda Nacional de Riesgos que mandata expresamente la Ley de Seguridad Nacional.
La Ley de Seguridad Nacional concibe a dicha Agenda no como un catálogo decorativo o reservado para la burocracia civil de inteligencia, sino como el insumo supremo que identifica amenazas, presiones y vulnerabilidades contra el pacto republicano. Si la premisa central del análisis estratégico indica que las amenazas a la seguridad nacional determinan las capacidades defensivas del Estado, y que los riesgos a la seguridad interior condicionan la viabilidad del orden cotidiano, resulta un despropósito formular la planeación sexenal asumiendo la seguridad como un compartimento estanco de atribuciones policiales.
Esta omisión formal fractura la jerarquía lógica de la planeación democrática. Al eludir la integración explícita de los parámetros de la Agenda de Riesgos en el diseño de las políticas públicas y del programa sectorial, se diluyen los limites operativos y conceptuales entre dos bienes jurídicos sustancialmente distintos: la seguridad pública y la seguridad nacional. Por una parte, la seguridad pública, como función concurrente consagrada constitucionalmente, vela por el mantenimiento del orden, la salvaguarda de los bienes individuales y la prevención inmediata de los delitos en el fuero común y federal. Por otra parte, la seguridad nacional resguarda la integridad territorial, la continuidad de los poderes soberanos y la viabilidad del propio Estado de Derecho frente a desafíos existenciales.
Cuando la planeación del desarrollo carece de un marco de inteligencia estratégica que evalúe riesgos transversales —tales como la captura institucional por organizaciones criminales con capacidades paramilitares, la vulneración de infraestructuras críticas, los desequilibrios bioecológicos severos o las presiones geopolíticas fronterizas—, el Estado comete el error de abordar fenómenos de seguridad nacional con los instrumentos propios de la seguridad pública. El resultado práctico es una miopía institucional en la que los cuerpos civiles y la Guardia Nacional terminan desgastándose en tareas de contención territorial sin atender las causas estructurales que amenazan la soberanía interior.
En términos de efectividad gubernamental, la carencia de este hilo conductor estratégico deja a las policías y fiscalías a merced de una reactividad inútil. Sin una definición vinculante de los riesgos prioritarios, los recursos presupuestarios se dispersan en paliativos cuantitativos, y las fuerzas de seguridad pública absorben costos humanos y materiales que corresponden a una arquitectura de defensa integral. El Estado no puede aspirar a la pacificación si confunde la patrulla en la esquina con el resguardo de la supervivencia de sus instituciones. Rectificar este vacío exige articular normativamente los diagnósticos de inteligencia estratégica con la política criminal, garantizando que el diseño del desarrollo nacional deje de ser una declaración de buenos deseos y se transforme en un escudo riguroso de la República.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj
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