La opinión del experto y Mtro. Rodolfo Aceves Jiménez*
En el diseño institucional del México moderno, pocas categorías han sufrido un extravío semántico y operativo tan agudo como la seguridad pública. Desde la instauración formal del Sistema Nacional de Planeación Democrática derivado de las reformas a los artículos 25 y 26 constitucionales, cada administración ha plasmado en su respectivo Plan Nacional de Desarrollo una promesa de pacificación que, lejos de consolidar un auténtico Estado de derecho, revela cómo el poder público confunde la edificación de instituciones con la retórica de la coyuntura.
Lo que nació como una función tutelar preventiva y de procuración de justicia subordinada a la legalidad republicana ha mutado, con el transcurrir de las décadas, en un laberinto castrense donde el despliegue de fuerza sustituye a la pericia ministerial y procesal.
A principios de los años ochenta, el diseño de la seguridad pública permanecía articulado como una atribución administrativa. En esa lógica, el orden material representaba un elemento para garantizar la estabilidad económica y la legitimidad del régimen. La seguridad no constituía un eje gravitacional en el texto constitucional; se asumía como una tarea de policía preventiva tradicional y vigilancia de caminos, confiada a estructuras sectoriales centralizadas y a corporaciones municipales de limitada sofisticación técnica. Sin embargo, conforme el tejido comunitario acusó el desgaste de las transformaciones económicas globales y el crimen organizado ensanchó su capacidad de penetración territorial, aquella visión burocrática reveló su agotamiento.
Hacia la década de los noventa, la irrupción expansiva de la criminalidad organizada forzó un primer viraje orgánico. El reconocimiento de que la seguridad ciudadana exigía estándares nacionales y una articulación profesional derivó en la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en reformas sustantivas para dotar al Estado de instrumentos de coordinación intergubernamental.
Fue en 1994 cuando la seguridad representó un salto cualitativo en la definición de la seguridad pública, pasando de ser una demanda social a un objetivo fundamental del Estado. El enfoque se centra en la consolidación del Estado de derecho y la respuesta institucional ante la creciente delincuencia. Aquí, la estrategia ya no es solo legalista, sino de combate directo y profesionalización. Se busca “prevenir eficazmente la delincuencia”, “combatir frontalmente las organizaciones criminales” y castigar los delitos. La gran diferencia es la propuesta explícita del establecimiento de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, con estándares nacionales y la creación de una carrera policial profesional. Se trata de un modelo enfocado en la capacidad de respuesta, la eficiencia del corpus policial y la persecución del delito, siempre bajo la salvaguarda de los derechos humanos. No obstante esta transformación, se quedó a mitad de camino: se multiplicaron las normas procesales y los consejos deliberativos, pero las policías estatales y municipales continuaron atrapadas en la precariedad salarial, la infiltración delictiva y la orfandad tecnológica.
El inicio del siglo veintiuno y la alternancia política profundizaron la brecha entre el discurso programático y la eficacia táctica. Los ejercicios sexenales comenzaron a fragmentar conceptualmente las atribuciones estatales. Por un lado, se diseñaron agendas que pretendían modernizar la investigación y transitar hacia el sistema penal acusatorio; por el otro, la gravedad de la violencia empujó al poder civil a refugiarse en las capacidades logísticas y de fuego del ámbito militar. Lo que en el papel se planteaba como una medida extraordinaria de contención terminó por fosilizarse como doctrina permanente de gobierno. La pretendida modernización institucional no logró abatir la impunidad, pero sí institucionalizó la dependencia castrense. Sin embargo, la seguridad pública a cargo de Alejandro Gertz en la administración de Vicente Fox, comenzó por desmantelar los hilos en que estaba suspendida la seguridad del país por considerarla adaptada a los criterios ideológicos del PRI, aunque así pudo funcionar por muchos años.
En los ciclos más recientes, la retórica oficial proclamó un quiebre de paradigmas centrado en atacar las causas socioeconómicas del delito, bajo la premisa de que el bienestar material disolvería espontáneamente las conductas antisociales. Sin embargo, la paradoja operativa no tardó en manifestarse: mientras el discurso rechazaba el punitivismo bélico, la práctica legislativa y administrativa consolidó a la Guardia Nacional bajo la estructura y disciplina militar, desmantelando las capacidades de investigación policial civil y postergando la reconstrucción del Ministerio Público. De cara al horizonte hacia 2030, el reto sigue intacto: el Estado mexicano insiste en responder a la sofisticación delictiva alternando el asistencialismo social con el patrullaje militarizado, dejando intacto el eslabón neurálgico de las fiscalías y la justicia de proximidad.
Superar el fracaso recurrente de la planeación sexenal exige desmitificar las consignas de campaña político electoral y reconstruir la policía desde el ámbito civil y local. La pacificación de México no se alcanzará agregando cuarteles a comunidades desoladas ni prometiendo planes quinquenales de corte corporativo. Requiere dignificar la carrera ministerial, dotar de certeza salarial y operativa a las policías municipales, y entender que la seguridad pública es, ante todo, un derecho humano tutelado por la justicia cotidiana, no un asunto de estrategia bélica.
Hoy la seguridad en el texto constitucional está divagando en una función de gobierno, como lo es la seguridad pública, en lugar de establecer un concepto de seguridad como función de Estado, que aglutine la seguridad pública y la seguridad nacional y que retome la seguridad interior, estas tres últimas con funciones de gobierno. El dilema es: La seguridad mexicana carece de ideólogos o la autoridad es sorda y no quiere escucharlos.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj
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