Por Rodolfo Aceves Jiménez*
La delincuencia ha experimentado una transformación profunda que redefine los conceptos tradicionales de seguridad, que se manifiesta entre los limites conceptuales del terrorismo y el narcotráfico.
Históricamente, estas amenazas se concebían como fenómenos independientes con motivaciones nítidamente diferenciadas: mientras el terrorismo perseguía objetivos ideológicos, políticos o religiosos mediante la imposición del miedo, el crimen organizado y el narcotráfico se estructuraban bajo una lógica netamente mercantilista orientada a la maximización de beneficios económicos.
Hoy en día las fronteras institucionales y metodológicas que separaban a ambos mundos se han vuelto sumamente porosas, dando paso a una transformación, en donde el terrorismo recurre de manera sistemática al tráfico de estupefacientes para sostener sus finanzas, y las corporaciones criminales adoptan tácticas terroristas extremas para someter a entidades federativas o municipios y controlar territorios con total impunidad, tal y como sucede en Guerrero o Michoacán.
Esta simbiosis criminal altera drásticamente los niveles de violencia y la capacidad operativa de las bandas locales y regionales. En el contexto mexicano los carteles de la droga ya no limitan su accionar al comercio clandestino de sustancias tácticas; ahora recurren al uso del terror urbano, atentados perpetrados de forma directa contra infraestructura civil, y demostraciones públicas de crueldad extrema como herramientas para amedrentar a las fuerzas de seguridad y condicionar las decisiones de los gobernantes, tal y como ha sucedido en Sinaloa o algunas otras entidades, regiones o municipios de nuestro país.
Por su parte, agrupaciones terroristas de alcance global que operan en regiones distantes consiguen ramificaciones en zonas de control laxo, en donde aprovechan las lagunas jurídicas regulatorias, el contrabando a gran escala, la triangulación de mercaderías y sistemas informales de transferencia de fondos. A través de este entramado financiero y comercial, las redes criminales canalizan capitales ilegítimos que terminan por financiar actividades desestabilizadoras en algunas otras zonas o regiones del mundo, demostrando que la delincuencia actual funciona como un ecosistema interconectado sin importar las distancias geográficas.
Ante la evolución de un crimen organizado que mueve capitales y mercancías ilícitas en tiempo real a través de plataformas virtuales, fronteras vulnerables y economías digitalizadas, las respuestas de los sistemas judiciales y de los Estados suelen verse superadas. Los tratados tradicionales de asistencia jurídica mutua resultan mecanismos excesivamente lentos y burocráticos que no logran seguir la velocidad del delito moderno.
El avance de la criminalidad organizada exige una reconfiguración de la seguridad transitando desde la simple ayuda burocrática hacia un reconocimiento mutuo operativo. Esto implica el despliegue de estrategias avanzadas como los Equipos Conjuntos de Investigación, la sincronización de detenciones simultáneas a nivel transfronterizo, el intercambio directo de información de inteligencia en tiempo real y la persecución activa de las finanzas criminales para ahogar su sustento logístico, pero, sin corrupción, claro.
Por otra parte, la conceptualización legal de la delincuencia organizada requiere de interpretaciones precisas para evitar la ineficacia del sistema penal. El tipo legal que castiga la asociación ilícita demanda una distinción nítida de aquellos casos que verdaderamente configuran una amenaza estructural para la paz pública.
Los análisis doctrinales modernos hacen énfasis que para aplicar los agravantes de la delincuencia organizada no basta con la concurrencia temporal de personas en la comisión de un delito. Se requiere la existencia probada de una estabilidad temporal, una organización mínima y la participación plenamente consciente de un número determinado de personas con permanencia en el tiempo.
Cuando el acuerdo delictivo resulta ser un hecho aislado o efímero limitado a un solo evento, las calificaciones penales de organización criminal no corresponden, ya que el verdadero peligro radica en la estructura corporativa y su permanencia en el tejido social y que parece que el Estado mexicano y sus instituciones no comprenden o prefieren lanzarse a los brazos de la comodidad que otorga la corrupción.
En definitiva, la delincuencia actual ya no se define de forma estática o local. Su evolución camina decididamente hacia redes líquidas, transnacionales y multifacéticas que borran las distinciones entre el lucro económico y la violencia política.
El desafío contemporáneo para las instituciones de seguridad, de procuración e impartición de justicia no consiste meramente en combatir focos delictivos aislados, sino en desmantelar un complejo entramado donde el flujo del dinero del narcotráfico financia armas y fanatismos, y donde en algunas zonas o regiones, el terror y la corrupción se ha convertido en la moneda de cambio para doblegar la soberanía del pueblo y el ejercicio de la autoridad en zonas o regiones del país.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj
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