Por Horacio Villaseñor
Se ha vuelto un lugar común escuchar a los gobernantes de las últimas décadas encogerse de hombros ante el caos vial de Guadalajara y justificarlo con una sonrisa de resignación: “Es el precio del progreso; la ciudad ha crecido mucho”. Nos quieren hacer creer que el tráfico desquiciante que padecemos todos los días es una especie de fenómeno meteorológico inevitable, un castigo divino por habitar una metrópoli próspera. Pero esa narrativa es una trampa: la coartada perfecta para diluir responsabilidades. La realidad a ras de banqueta es mucho más cínica. El tránsito no es terrible porque la urbe haya crecido, sino porque ha sido pésimamente gobernada. Lo que hoy vivimos no es una crisis de crecimiento; es una crisis de diseño y de omisión institucional. Durante décadas, la planificación urbana se sustituyó por ocurrencias de relumbrón y negocios inmobiliarios, dejando una deuda histórica que hoy pagamos en “horas-nalga” atrapados en el asfalto.
El colapso actual tiene una causa raíz: la asfixia deliberada del transporte público. La reciente desaparición de 62 rutas, revelada por la investigación del diario NTR, no es un tropiezo administrativo ni un accidente; es el retrato hablado del rotundo fracaso de nuestro “urbanismo de escritorio”. Mientras las autoridades se esmeran en inaugurar macroproyectos de lucimiento y colgarse medallas pensadas para la foto, en las calles se destruyó el transporte de barrio. Ese camión que no buscaba cruzar la metrópoli, sino resolver la escala humana, acercarte al mercado de la colonia o dejarte en la avenida principal, simplemente fue borrado del mapa.
Hoy operamos exactamente al revés de la brújula que nos dejó el ingeniero Jorge Matute Remus. Él defendía una premisa que hoy suena revolucionaria, pero que debería ser el piso mínimo: el transporte debe ser una red pública total garantizada por el Estado, no un negocio de concesiones donde el camión solo se mueve si va lleno. No se puede gestionar un derecho humano con la lógica de una tienda de abarrotes, midiendo el bienestar social en el balance de ganancias de los transportistas. Si el criterio para que una ruta exista es que sea “rentable”, estamos condenando a miles de tapatíos al aislamiento y la exclusión.
Al desmantelar esta capilaridad barrial para centralizarlo todo en un par de ejes troncales de relumbrón, el sistema provocó el efecto contrario al deseado. Como el servicio en las colonias es hoy más deficiente, lento y escaso que nunca, las rutas masivas están perdiendo usuarios que no tienen tiempo para esperar una hora bajo el sol. ¿La consecuencia directa? El crecimiento explosivo de la motocicleta y la motorización individual. Ante el abandono institucional, las familias se han visto obligadas a endeudarse para comprar una moto, arriesgando su integridad en el tráfico diario solo para llegar a tiempo a sus empleos. No se compra un vehículo por lujo; se compra por supervivencia urbana frente a un transporte público fragmentado, indigno e insuficiente. El estallido del parque vehicular no es un indicador de progreso ni de autonomía; es el monumento vivo a la incompetencia de un Estado que claudicó en su obligación de mover a su gente.
Mientras sigan gobernando para la estética de Instagram y de espaldas a los barrios, Guadalajara seguirá atrapada en el tráfico de su propia simulación. Al fin y al cabo, las crisis no se notan desde el asiento trasero de un coche oficial. ¡Ni hablar!
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
